Qué es
La Ley 2013 de 2019 obliga al presidente de la República, a los congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, magistrados, ministros, superintendentes y demás altos funcionarios de Colombia a publicar su declaración de bienes y rentas, su registro de conflictos de interés y una copia de su declaración del impuesto sobre la renta. Fue sancionada por Iván Duque el 30 de diciembre de 2019 y publicada ese día en el Diario Oficial 51.182. Hasta entonces los servidores públicos presentaban una declaración juramentada de bienes (Ley 190 de 1995), pero era un documento interno de cada entidad; la ley de 2019 la convierte en información pública que cualquier ciudadano puede consultar en el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Importa porque es la herramienta más directa para saber si un político se enriquece en el cargo o decide sobre asuntos en los que tiene intereses. Y porque su cumplimiento ha sido desigual: en 2020 apenas el 31 % de los alcaldes había declarado, en 2022 la prensa encontró que faltaba la declaración de renta de la propia procuradora general y en 2025 un tribunal ordenó a Función Pública hacer cumplir la ley a los ministros del Gobierno de Gustavo Petro.
Qué dice
Son seis artículos:
- Objeto (artículo 1). Dar cumplimiento a los principios de transparencia y publicidad mediante la «publicación y divulgación proactiva» de las tres piezas: declaración de bienes y rentas, registro de conflictos de interés y declaración de renta.
- Sujetos obligados (artículo 2). Los servidores elegidos por voto popular; los magistrados de las altas cortes, tribunales y de la Justicia Especial para la Paz, el fiscal general, fiscales y jueces; los magistrados del Consejo Nacional Electoral; el procurador, el auditor, el defensor del pueblo, el contralor y el registrador; los ministros, superintendentes, directores de departamentos administrativos y de unidades administrativas especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado; el presidente de la República; el gerente del Banco de la República, los directores de las corporaciones autónomas regionales y los rectores de universidades públicas; los directivos de las entidades adscritas y vinculadas; los embajadores y cónsules; y los particulares que presten función pública o administren recursos públicos, respecto de esa información. La publicación es requisito para posesionarse, ejercer y retirarse del cargo.
- Actualización (artículo 3). Cada año mientras dure la condición de obligado; los cambios en bienes o conflictos de interés se registran en los dos meses siguientes; la declaración de renta, en el mes siguiente a presentarla ante la DIAN.
- Dónde (artículo 4). En el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP) o la herramienta que lo sustituya, que administra Función Pública.
- Qué es público (artículo 5). Nombre y cédula, lugar de nacimiento y domicilio, ingresos y rentas del último año por concepto y valor, cuentas bancarias (tipo, país y saldo a 31 de diciembre), bienes (tipo, municipio y valor), deudas, participación en juntas directivas, calidad de socio y actividades económicas privadas. Los elegidos deben añadir los aportes recibidos en campaña según el aplicativo Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral.
La consulta pública se hace en el aplicativo «Por la Integridad Pública – Consulta Ciudadana» de Función Pública.
Marco legal
La ley se apoya en el artículo 209 de la Constitución (publicidad y moralidad de la función administrativa) y complementa la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información, que convierte en pública la información de los sujetos obligados: la de 2019 concreta qué parte del patrimonio de los funcionarios es de acceso público y qué parte sigue reservada. No deroga la obligación de la Ley 190 de 1995 (el antiguo Estatuto Anticorrupción) de presentar la declaración juramentada en la propia entidad.
La responsabilidad de que el sistema funcione es de Función Pública: el Decreto 1083 de 2015 (artículo 2.2.17.4) le asigna el diseño y administración del SIGEP y el deber de garantizar el acceso a la información, y el Decreto 830 de 2021 le ordena mantener una lista consultable de las personas expuestas políticamente con sus declaraciones. La ley no fija sanciones propias: el incumplimiento se persigue como falta disciplinaria ante la Procuraduría, y no publicar impide, en teoría, posesionarse o retirarse del cargo.
Reformas
| Publicación | Qué cambió | Gobierno |
|---|---|---|
| 30 de diciembre de 2019 | Diario Oficial 51.182: se expide la ley; Función Pública habilita el aplicativo | Iván Duque (Centro Democrático) |
| 2021 | Decreto 830: lista pública de personas expuestas políticamente vinculada a las declaraciones | Iván Duque |
| 19 de mayo de 2025 | Fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en acción de cumplimiento: ordena a Función Pública vigilar, reportar incumplimientos y asegurar la publicación | Gustavo Petro (Pacto Histórico) |
| 20 de enero de 2026 | Circular 002 de la Corte Suprema de Justicia recuerda a sus magistrados la obligación para la vigencia 2026 | Gustavo Petro |
La ley no ha sido modificada por el Congreso desde 2019.
Aplicación práctica
El primer balance lo dio Función Pública en diciembre de 2020, cuando su director, Fernando Grillo, informó de 124.274 declaraciones registradas: habían cumplido el 100 % del presidente y la vicepresidenta, el 86 % de los senadores, el 77 % de los representantes, el 59 % de los gobernadores, el 54 % de los diputados, el 31 % de los alcaldes, el 24 % de los concejales y el 2 % de los ediles, según La República.
En enero de 2022 Semana encontró que la declaración de renta de 2020 de la procuradora Margarita Cabello, la funcionaria encargada de investigar a quienes incumplen, no aparecía en el aplicativo, aunque sí las de 2018 y 2019; la Procuraduría dijo que revisaría el asunto. En el mismo artículo, la Procuraduría abrió indagación preliminar al alcalde de Medellín Daniel Quintero por no publicar a tiempo sus declaraciones, y este difundió su declaración de renta en redes tras una queja de Abelardo de la Espriella, entonces abogado litigante y hoy presidente de la República.
Con el Gobierno de Gustavo Petro el problema llegó a los tribunales. La Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) presentó en mayo de 2024 una acción de cumplimiento contra Función Pública por la publicación incompleta de las declaraciones de ministros y directores de departamentos administrativos; el 19 de mayo de 2025 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón, verificó que la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, el de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la de Ciencia, Yesenia Olaya, no tenían sus declaraciones completas, y ordenó a la entidad, en cinco días, hacer seguimiento efectivo, reportar a los órganos de control y asegurar la publicación. Función Pública había alegado que la vigilancia correspondía a los jefes de control interno de cada entidad. En enero de 2026 el presidente de la Corte Suprema, Francisco Ternera, recordó por circular a los magistrados que debían cumplir la ley durante 2026 en los aplicativos de Función Pública y del Consejo Superior de la Judicatura. Con el relevo del 7 de agosto de 2026 (evento), los ministros de Abelardo de la Espriella quedaron sujetos a la misma obligación desde su posesión.
Críticas y debates
La crítica principal es que la ley depende de la voluntad de cumplirla: no tiene sanción propia, el aplicativo no bloquea en la práctica la posesión de quien no declara y el control recae en Función Pública y en la Procuraduría, que en 2022 tuvo que explicar la ausencia de la declaración de su propia jefa. Andrés Caro, director de FEDe, sostuvo tras el fallo de 2025 que «cuando el gobierno oculta la información que por ley debe ser pública, debilita la confianza ciudadana».
El segundo debate es el de la privacidad: el artículo 5 limita lo público a conceptos y valores (no publica números de cuenta ni direcciones), y deja el resto bajo la reserva de la Ley 1581 de 2012 de datos personales, un equilibrio que la ley fijó sin que el Congreso lo haya revisado. El tercero es el de la calidad del dato: las declaraciones se cargan sin verificación, de modo que una omisión solo se descubre cuando un periodista, una fundación o un rival político la busca, como muestran los casos de Cabello, Quintero y los ministros de Petro.
Preguntas frecuentes
¿Qué obliga a publicar la Ley 2013 de 2019? La declaración de bienes y rentas, el registro de conflictos de interés y la declaración de renta de elegidos y altos funcionarios, en Función Pública.
¿Quiénes están obligados? Presidente, congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, magistrados, fiscales, jueces, ministros, superintendentes, directivos públicos, embajadores y particulares que administran recursos públicos.
¿Dónde se consultan las declaraciones? En el aplicativo «Por la Integridad Pública – Consulta Ciudadana» de la web de Función Pública, de acceso libre.
¿Qué pasa si un funcionario no publica su declaración? Incurre en falta disciplinaria que investiga la Procuraduría; la publicación es requisito legal para posesionarse y retirarse del cargo.
¿Se cumple la ley? De forma desigual: en 2025 un tribunal ordenó a Función Pública hacerla cumplir porque tres ministros del Gobierno Petro no tenían sus declaraciones completas.