Qué es
La Ley 1801 de 2016, el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana o, en el habla común, el Código de Policía, es la norma colombiana que regula la convivencia diaria: qué comportamientos son contrarios a ella, qué puede hacer un policía ante ellos y qué medidas correctivas, de la amonestación a la multa, puede imponer. Se publicó en el Diario Oficial 49.949 del 29 de julio de 2016, con la firma de Juan Manuel Santos, y entró a regir seis meses después, a finales de enero de 2017, en sustitución del Código de 1970. Lo firmaron, como presidentes de las cámaras, Luis Fernando Velasco y Alfredo Deluque, y como secretario del Senado, Gregorio Eljach.
El código cambió el lenguaje de la relación entre ciudadanía y Policía: ya no habla de contravenciones y sanciones sino de «comportamientos contrarios a la convivencia» y «medidas correctivas», y la Corte Constitucional lo leyó como un nuevo paradigma en el que la referencia es la convivencia y no el viejo orden público. Es también la ley más recortada por la Corte en sus primeros meses de vida: en 2017 tumbó, entre otros, los artículos sobre el derecho de reunión y la facultad de los alcaldes para ordenar registros domiciliarios. Y es la norma detrás de los más de un millón de comparendos que la Policía impone cada año.
Qué dice
El código tiene tres libros. El primero define el poder, la función y la actividad de policía. El segundo recorre las libertades, derechos y deberes en materia de convivencia: seguridad de las personas y sus bienes, tranquilidad, derecho de reunión, inmuebles, actividad económica, ambiente, minería, urbanismo y movilidad. El tercero regula los medios de policía, las medidas correctivas, las autoridades y el proceso único de policía. Lo que más afecta a la gente es esto:
- Comparendos y multas (artículo 180). Las multas generales son de cuatro tipos, graduadas en salarios mínimos diarios: en la redacción vigente, tras la Ley 2450 de 2025, van de 2 (tipo 1) a 16 (tipo 4). Hay multas especiales para organizadores de aglomeraciones complejas, infracciones urbanísticas y ruido. El dinero va a las administraciones municipales para proyectos de prevención.
- Comportamientos más sancionados. Portar armas blancas en espacio público, consumir o portar sustancias prohibidas, reñir, ocupar indebidamente el espacio público (artículo 140), evadir el pago del transporte público y desacatar la orden de un policía.
- Traslado por protección (artículo 155). La Policía puede llevar a una persona a un lugar de protección cuando esté en riña, en estado de indefensión, alterada o bajo efectos del alcohol o de drogas con conducta agresiva. Es el medio de policía más polémico del código.
- Derecho de reunión (título VI, artículos 47 a 55). El texto original regulaba el aviso previo de 48 horas de las manifestaciones, el uso de vías y la protección frente a señalamientos. La Corte lo declaró inconstitucional en 2017 por invadir la reserva de ley estatutaria, con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2019.
- Ingreso a inmuebles (artículos 162 y 163). La Corte anuló la orden escrita de los alcaldes; la Policía solo puede entrar sin orden en casos de necesidad, como socorrer a alguien o apagar un incendio.
- Autoridades (artículos 200 y 204). El gobernador es la primera autoridad de policía del departamento y el alcalde, la del municipio o distrito.
Marco legal
El código desarrolla el artículo 218 de la Constitución colombiana, que define a la Policía Nacional como un cuerpo armado civil cuyo fin es mantener las condiciones para el ejercicio de los derechos. Su límite es el artículo 152: los derechos fundamentales, como el de reunión y manifestación del artículo 37, solo pueden regularse por ley estatutaria, y por eso la Corte le quitó el capítulo de protesta. El Congreso nunca aprobó esa ley estatutaria, de modo que la protesta se rige por decretos: el Decreto 003 de 2021, de Iván Duque, y el Decreto 1525 de 2026, de Abelardo de la Espriella, que lo modificó. El Decreto 768 de 2025 reglamentó aspectos del código.
Reformas
| Fecha | Qué cambió | Presidente o tribunal |
|---|---|---|
| 5 de abril de 2017 (sentencia C-211 de 2017) | El artículo 140 sobre espacio público no puede aplicarse a vendedores informales en situación de vulnerabilidad hasta que haya alternativas de reubicación o trabajo | Corte Constitucional |
| Abril de 2017 (sentencia C-223 de 2017) | Inexequibles, con efectos diferidos hasta el 20 de junio de 2019, los artículos sobre reunión y manifestación (47, 48, 53, 54 y 55) por reserva de ley estatutaria, y el artículo 162 sobre registro de inmuebles con orden del alcalde | Corte Constitucional |
| 3 de mayo de 2017 (sentencia C-281 de 2017) | Las manifestaciones solo pueden disolverse por alteraciones graves e inminentes; inexequible el traslado por «irrespeto a la autoridad» y el traslado de habitantes de calle; el traslado por protección queda condicionado a lugares adecuados, informe escrito y control del superior | Corte Constitucional |
| 25 de enero de 2022 (Ley 2197 de 2022, de seguridad ciudadana) | Reescribe el traslado por protección (artículo 155) y las multas (artículo 180), añade los artículos 185A a 185C y 223A y amplía las atribuciones de los alcaldes (artículo 205) | Iván Duque |
| 25 de agosto de 2023 (Ley 2318 de 2023) | Prohíbe el uso de animales para disuadir manifestaciones, motines y asonadas | Gustavo Petro |
| 5 de marzo de 2025 (Ley 2450 de 2025, contra el ruido) | Reescribe el artículo 180 de multas y las competencias sobre calidad acústica | Gustavo Petro |
Aplicación práctica
En 2019, según la Policía Nacional, se impusieron más de 1,2 millones de comparendos; la infracción más común fue el porte de armas blancas (270.654), seguida del porte y el consumo de sustancias prohibidas, y Bogotá concentró 562.835. La tendencia no cede: en Cali, el Observatorio de Seguridad contó 121.736 comparendos entre el 1 de enero y el 12 de octubre de 2025, un 14 % más que en el mismo periodo de 2024, con las armas blancas (47.439) y el desacato a la autoridad (32.478) a la cabeza.
El código volvió al centro del debate con el Decreto 1525 del 13 de octubre de 2026, vigente desde el día 14, la víspera de la primera gran marcha contra el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El decreto fija cinco niveles de intervención, de la facilitación al restablecimiento del orden; permite saltar el diálogo cuando hay armas, retenciones, agresiones a terceros o a periodistas, destrucción de infraestructura u obstrucción de ambulancias; prohíbe los bloqueos permanentes de carreteras y la retención de ciudadanos; ordena corredores para ambulancias y alimentos; y obliga a las autoridades locales a publicar un balance en 72 horas. El entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, lo calificó de «garantista y democrático» y desplegó la fuerza pública en el Valle del Cauca, el Cauca y Nariño para evitar cierres de la vía Panamericana.
Críticas y debates
La Policía ha defendido el código como una herramienta pedagógica: al estrenarlo en 2017 insistió en que su objetivo era «la interacción pacífica, respetuosa y armónica entre las personas», y sus mandos han negado que exista una cuota diaria de comparendos. Las organizaciones de derechos humanos lo discutieron desde el principio con demandas ante la Corte, que en 2017 les dio la razón en el traslado por protección y en el capítulo de la protesta.
Sobre la protesta, la oposición y las ONG leen el Decreto 1525 como un retroceso. La senadora Jennifer Pedraza lo calificó de «regresivo e inconstitucional» y sostiene que solo el Congreso, por ley estatutaria, puede fijar cuándo se limita la protesta; congresistas del Pacto Histórico como Laura Daniela Beltrán, Daniel Monroy y Alejandro Ocampo anunciaron una demanda ante el Consejo de Estado, y la ONG Temblores teme que estigmatice y criminalice la movilización. El Gobierno responde que el decreto presume que las manifestaciones son pacíficas, no exige permiso y prohíbe el uso de armas de fuego, y que solo diferencia a quien protesta de quien bloquea o agrede. El vacío de fondo sigue siendo el mismo desde 2019: no hay ley estatutaria de la protesta, y mientras tanto cada Gobierno la regula por decreto.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la Ley 1801 de 2016? El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Colombia, el Código de Policía, vigente desde enero de 2017.
¿Cuánto vale una multa del Código de Policía? Las multas generales van de 2 a 16 salarios mínimos diarios según el tipo, en la redacción vigente tras la Ley 2450 de 2025.
¿Qué es el traslado por protección? La facultad de la Policía de llevar a una persona en riesgo a un lugar de protección, condicionada por la Corte en la sentencia C-281 de 2017.
¿El Código de Policía regula la protesta? No desde 2019: la Corte anuló ese capítulo por exigir ley estatutaria y hoy la protesta se rige por los decretos 003 de 2021 y 1525 de 2026.
¿Qué cambió el Decreto 1525 de 2026? Permite intervenir sin agotar el diálogo ante violencia, prohíbe los bloqueos permanentes y obliga a publicar un balance en 72 horas.