Qué es
La Ley 1952 de 2019 es el Código General Disciplinario (CGD) de Colombia: la norma que define qué conductas de los servidores públicos (y de los particulares que ejercen funciones públicas) son faltas disciplinarias, qué sanciones acarrean, desde la amonestación hasta la destitución con inhabilidad de veinte años, y cómo se investigan y juzgan. Fue sancionada por Iván Duque el 28 de enero de 2019 y publicada ese día en el Diario Oficial 50.850, en reemplazo de la Ley 734 de 2002, el anterior Código Disciplinario Único, y de las disposiciones disciplinarias del Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011). Su entrada en vigor se aplazó hasta el 29 de marzo de 2022.
El código es la herramienta con la que la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las oficinas de control interno disciplinario vigilan la conducta de alcaldes, gobernadores, congresistas, ministros y funcionarios de todos los niveles. Importa en la política colombiana por una razón concreta: desde que el procurador Alejandro Ordóñez destituyó a Gustavo Petro como alcalde de Bogotá en 2013, el país discute si un órgano administrativo puede sacar del cargo a quien fue elegido por voto popular. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo en 2020 que no, el Congreso respondió con la Ley 2094 de 2021 y la Corte Constitucional recortó esa reforma en 2023.
Qué dice
El código tiene 265 artículos: una parte general (principios, faltas, sanciones), una parte especial con el catálogo de faltas y el procedimiento.
- Titularidad (artículo 2, reformado en 2021). El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. La Procuraduría tiene poder preferente y competencia privativa sobre los servidores de elección popular; las oficinas de control interno conocen de los asuntos de sus propias entidades; la Comisión Nacional de Disciplina Judicial juzga a jueces, fiscales y empleados judiciales.
- Ilicitud sustancial (artículo 9). Solo hay falta cuando la conducta afecta sustancialmente el deber funcional sin justificación.
- Faltas. Se clasifican en gravísimas, graves y leves, y se cometen con dolo o culpa. Entre las gravísimas están las relacionadas con la contratación pública (artículo 54): contratar con personas inhabilitadas, omitir estudios previos, aplicar la urgencia manifiesta sin causa o no exigir la calidad de lo contratado.
- Sanciones (artículos 48 y 49). Destitución e inhabilidad general de 10 a 20 años para las faltas gravísimas dolosas y de 8 a 10 años para las cometidas con culpa gravísima; suspensión de 3 a 18 meses con inhabilidad especial para las graves dolosas y de 1 a 12 meses para las graves culposas; multa de 10 a 180 días de salario para las leves dolosas; amonestación escrita para las leves culposas. La destitución termina la relación con la administración «sin que importe que sea de libre nombramiento y remoción, de carrera o elección».
- Revisión judicial. Las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores de elección popular pasan de forma automática a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, y su ejecución queda suspendida hasta que decida el juez.
- Procedimiento. Indagación, investigación, auto de citación a audiencia y formulación de cargos, fallo de primera instancia y segunda instancia, con doble instancia y derecho de defensa en todas las etapas.
El certificado de antecedentes disciplinarios que piden empleadores y entidades se expide gratis en el portal de la Procuraduría.
Marco legal
El código desarrolla el artículo 277 de la Constitución, que encarga al procurador «ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular», y el artículo 278, que le permite desvincular del cargo a quien incurra en ciertas faltas. Choca, sin embargo, con el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, según el cual los derechos políticos solo pueden restringirse «por condena, por juez competente, en proceso penal».
Ese choque explica la Ley 2094 de 2021 (29 de junio de 2021, Diario Oficial 51.720), que intentó salvar la competencia de la Procuraduría dándole «funciones jurisdiccionales» y creando un recurso de revisión ante el Consejo de Estado. La sentencia C-030 de 2023 (16 de febrero, ponentes José Fernando Reyes Cuartas y Juan Carlos Cortés González) declaró inexequible la atribución de funciones jurisdiccionales, porque la función disciplinaria es administrativa y el artículo 116 de la Constitución no permite trasladarla en bloque, y condicionó el resto: la determinación de las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores de elección popular «corresponderá al juez contencioso administrativo», y mientras dura esa revisión la sanción no se ejecuta. La Corte exhortó al Congreso a ajustar el régimen a los estándares internacionales; no lo ha hecho.
Reformas
| Publicación | Qué cambió | Gobierno |
|---|---|---|
| 28 de enero de 2019 | Diario Oficial 50.850: se expide el Código General Disciplinario y se deroga la Ley 734 de 2002 | Iván Duque (Centro Democrático) |
| 29 de junio de 2021 | Ley 2094: funciones jurisdiccionales a la Procuraduría, recurso de revisión ante el Consejo de Estado, nueva escala de sanciones, vigencia general desde el 29 de marzo de 2022 | Iván Duque |
| 16 de febrero de 2023 | Sentencia C-030: inexequibles las funciones jurisdiccionales; las sanciones a elegidos las decide el juez contencioso-administrativo y se suspenden mientras tanto | Gustavo Petro (Pacto Histórico) |
| 29 de diciembre de 2023 | Entra en vigor el artículo 33 (última disposición diferida) | Gustavo Petro |
Aplicación práctica
El caso fundacional es el de Gustavo Petro. El 9 de diciembre de 2013 el procurador Alejandro Ordóñez lo destituyó como alcalde de Bogotá y lo inhabilitó por quince años por el cambio del esquema de recolección de basuras de 2012; el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado rechazaron en 2014 las tutelas contra la sanción, aunque el Consejo de Estado terminó anulándola. La Corte Interamericana, en la sentencia Petro Urrego vs. Colombia del 8 de julio de 2020, concluyó que una autoridad administrativa no puede destituir ni inhabilitar a un funcionario elegido y ordenó adecuar el derecho interno; en su resolución de supervisión del 25 de noviembre de 2021 declaró que el Estado no había cumplido. En agosto de 2020, sin embargo, el Consejo de Estado ratificó la competencia de la Procuraduría al confirmar la destitución e inhabilidad de 18 años del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por corrupción.
Tras la C-030 la regla es que el elegido sigue en el cargo hasta que decida el juez. Así ocurrió con el alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, contra quien la Procuraduría pidió en 2024 la destitución por un presunto enriquecimiento ilícito cercano a 1.000 millones de pesos, mientras el Consejo de Estado tenía el expediente. En agosto de 2025 la Procuraduría destituyó en primera instancia al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, con inhabilidad de catorce años, por haberse inscrito y posesionado estando inhabilitado; el alcalde anunció recursos y siguió en el cargo. En septiembre de 2025 el organismo confirmó en segunda instancia la destitución e inhabilidad de diez años del excanciller Álvaro Leyva por declarar desierta en 2023 la licitación de pasaportes en la que participaba Thomas Greg & Sons, al considerar que la oferta cumplía los pliegos y que la decisión desconoció los principios de la contratación estatal. Desde enero de 2025 el procurador es Gregorio Eljach.
Críticas y debates
El debate de fondo sigue abierto: ¿puede la Procuraduría sacar del cargo a un elegido? Rodrigo Uprimny sostuvo desde el caso Petro que, aun aceptando la competencia, el organismo debe respetar las garantías del proceso penal (tipicidad estricta, apelación efectiva), y que las faltas gravísimas invocadas eran demasiado abiertas. Los magistrados que salvaron el voto en la C-030 criticaron que la sentencia mantuviera competencias sancionatorias de la Procuraduría pese al estándar interamericano y que el exhorto al Congreso fuera «una mera invitación»; el magistrado Alejandro Linares, en su aclaración, defendió que la sanción solo es definitiva con la intervención del juez y que la solución es temporal, y advirtió que una reforma de fondo podría exigir un acto legislativo.
Para la Procuraduría y para el Consejo de Estado, en cambio, el artículo 23.2 de la Convención no impide sancionar cuando se trata de combatir la corrupción, como dijo el alto tribunal en el caso Moreno. Y en los municipios la regla de la C-030 produce situaciones como la de Tocancipá, donde un alcalde con decenas de procesos siguió gobernando a la espera del juez. El Congreso no ha aprobado la reforma que la Corte le pidió en 2023, ni durante el Gobierno de Petro, beneficiario de la sentencia interamericana, ni en los primeros meses del de Abelardo de la Espriella.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el Código General Disciplinario? La Ley 1952 de 2019, que fija las faltas, sanciones y procedimiento disciplinario de los servidores públicos; rige desde el 29 de marzo de 2022.
¿Qué sanciones prevé la Ley 1952 de 2019? Destitución e inhabilidad de 8 a 20 años, suspensión de 1 a 18 meses, multa de 10 a 180 días de salario y amonestación escrita.
¿Puede la Procuraduría destituir a un alcalde o congresista? Puede investigarlo y fallar, pero desde la sentencia C-030 de 2023 la sanción solo se ejecuta cuando la confirma el juez contencioso-administrativo.
¿Qué cambió la Ley 2094 de 2021? Dio a la Procuraduría funciones jurisdiccionales y un recurso de revisión ante el Consejo de Estado; la Corte Constitucional anuló lo primero en 2023.
¿Qué dijo la Corte Interamericana en el caso Petro? Que solo un juez penal puede restringir los derechos políticos de un elegido y que Colombia debía reformar su régimen disciplinario.