Narcotráfico, paz frustrada y guerra sucia (1974-1990)
Desde mediados de los setenta, primero con la marihuana y después con la cocaína, Colombia se convirtió en el centro del narcotráfico mundial. Los carteles de Medellín, dirigido por Pablo Escobar, y de Cali acumularon fortunas que compraron tierras, equipos de fútbol, políticos y policías. El Gobierno de Julio César Turbay (1978-1982) respondió a las guerrillas con el Estatuto de Seguridad, que dio a la justicia penal militar competencia sobre civiles y del que organizaciones de derechos humanos documentaron torturas. En 1981, tras el secuestro de la hermana de unos narcotraficantes por el M-19, nació el grupo Muerte a Secuestradores (MAS), uno de los antecedentes del paramilitarismo.
El conservador Belisario Betancur (1982-1986) abrió la primera negociación con las guerrillas: los acuerdos de La Uribe de 1984 con las FARC permitieron que en 1985 naciera la Unión Patriótica (UP), un partido legal promovido por la guerrilla y el Partido Comunista. El proceso se rompió entre acusaciones mutuas y la UP fue exterminada: sus candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal (1987) y Bernardo Jaramillo (1990) fueron asesinados, como cientos de concejales, alcaldes y congresistas. La Jurisdicción Especial para la Paz estableció en 2022 que al menos 5.733 personas fueron asesinadas o desaparecidas en ataques contra la UP entre 1984 y 2016, una violencia sistemática atribuida principalmente a agentes del Estado y paramilitares, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por ese exterminio en una sentencia notificada en enero de 2023.
El Palacio de Justicia
El 6 de noviembre de 1985 un comando de 35 guerrilleros del M-19 tomó el Palacio de Justicia, en la plaza de Bolívar de Bogotá, y retuvo a magistrados y empleados. El Gobierno de Betancur no negoció y el ejército, al mando del general Jesús Armando Arias Cabrales, recuperó el edificio con tanques y artillería en una operación que duró hasta el día siguiente, mientras el Palacio se incendiaba. Murieron más de cien personas, entre ellas once magistrados de la Corte Suprema, y al menos once personas que salieron con vida, la mayoría empleados de la cafetería, desaparecieron después. La Corte Interamericana declaró en 2014 la responsabilidad del Estado en esas desapariciones, y la Corte Suprema confirmó en 2019 la condena de 35 años de Arias Cabrales. Una semana después, la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasó Armero.
La guerra de los carteles
Virgilio Barco (1986-1990) se enfrentó a la mayor ofensiva del narcotráfico contra el Estado. Los Extraditables de Escobar, que exigían prohibir la extradición a Estados Unidos, asesinaron al ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (1984), a jueces, periodistas y policías, y el 18 de agosto de 1989 al candidato liberal Luis Carlos Galán, favorito para la Presidencia y fundador del Nuevo Liberalismo. Siguieron la bomba en un avión de Avianca en noviembre de 1989 y la del edificio del DAS en diciembre. En 1990 fueron asesinados otros dos candidatos presidenciales, Bernardo Jaramillo, de la UP, y Carlos Pizarro, del M-19, que había firmado la paz y entregado las armas en marzo de ese año. Fue también la época de la expansión de los grupos paramilitares en el Magdalena Medio y Córdoba, financiados por narcotraficantes y ganaderos y en connivencia con sectores de la fuerza pública, según establecieron después la justicia y la Comisión de la Verdad.