Acuerdo de Paz con las FARC y aplicación de la JEP (2016-en curso)

Contexto previo

El conflicto armado en Colombia, que se extendió durante 52 años, tuvo como protagonista a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), un grupo guerrillero que emergió en la década de 1960 bajo una ideología marxista-leninista. Durante estos años, se produjeron millones de desplazamientos forzados, miles de muertes y una crisis humanitaria sostenida. El gobierno de Juan Manuel Santos Calderón, quien asumió la presidencia en agosto de 2010, marcó una nueva etapa en el movimiento por la paz cuando priorizó el diálogo con grupos insurgentes.

En concreto, el proceso de negociación formal con las FARC se inició en 2012 en La Habana, Cuba, generado por un contexto interno fortalecido por el apoyo internacional y una creciente presión para encontrar una solución pacífica al conflicto. Esta serie de negociaciones continuó durante su mandato, llegando a su punto culminante con la firma del Acuerdo Final en el Teatro Colón de Bogotá, el 24 de noviembre de 2016.

Qué ocurrió

El Acuerdo Final de Paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP se conformó para abordar diversas temáticas, entre las que destacan la reforma rural agraria, participación política de los excombatientes, y la solución al problema de las drogas ilícitas. Un aspecto central del acuerdo fue la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un sistema judicial diseñado para investigar y sancionar conductas relacionadas con el conflicto, proporcionando tanto justicia a las víctimas como garantías de no repetición para los excombatientes.

Después del rechazo en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 con un 50,21% de votos en contra del acuerdo, se hizo necesario buscar su refrendación mediante aprobación legislativa en el Congreso. A pesar de este tropiezo, se llevó a cabo una aprobación el 30 de noviembre de 2016, y el acuerdo pasó a formar parte de la legislación colombiana.

Desde la creación de la JEP, más de 13.000 individuos, incluidos excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública, se han presentado ante este tribunal. Hasta 2024, se proyecta que se dicten las primeras macrosentencias correspondientes, tratando de garantizar reparaciones a las víctimas y cerrando el ciclo de violencia.

Respuesta del Gobierno central

Durante el mandato de Juan Manuel Santos, se realizaron esfuerzos significativos para implementar los acuerdos. Esto incluyó la implementación gradual de medidas para el desarme y reintegración de los excombatientes. La presión internacional fue notable, con países que apoyaban e institucionalizaban el proceso mediante asistencia técnica y recursos económicos.

No obstante, su sucesor, Iván Duque Márquez, quien asumió la presidencia en agosto de 2018, mostró un enfoque crítico hacia los acuerdos y propuso revisiones. Duque justificó su postura declarando en repetidas ocasiones que se debía priorizar la seguridad de los colombianos y mejorar algunos aspectos en la JEP. Su Gobierno fue acusado de desatender la implementación eficaz del acuerdo, asegurando un entorno de polarización política que dificultó el apoyo a los compromisos pactados.

A partir de agosto de 2022, la llegada al poder de Gustavo Francisco Petro Urrego representó una continuación, y a la vez una ampliación, del enfoque pacifista. Petro ha impulsado la iniciativa de “paz total”, integrando a otros actores armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la disidencia de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos. Aunque esto ha conllevado dificultades y un contexto de legalidad logística, el avance con entidades de justicia puede aportar factores de transformación.

Posición de los partidos y debate parlamentario

La discusión en torno al Acuerdo Final y la JEP se ha mantenido en el centro del debate político. Partidos como el Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez, mostraron desde un inicio una posición crítica y reacia al acuerdo. La preocupación primaria de este sector se centra en las garantías de justicia y seguridad aplicada a las víctimas, considerando que muchos de los excombatientes aún son un peligro para la sociedad. Aparte, hubo un fuerte apoyo a la eficacia en el sistema judicial para juzgar crimen organizado y narcotráfico.

Mientras tanto, partidos como el Partido Verde, el Pacto Histórico, y algunos miembros del Partido Liberal firmaron pactos de lealtad a la implementación y defensa de las políticas de paz presentadas también con la línea estatal de renovación.

Este debate en el Parlamento ha llevado a tensiones constantes entre grupos afines al acuerdo y otros que demandaban en diligencia los requisitos a la seguridad nacional.

Del discurso a los hechos

Una parte relevante del análisis radica en la coherencia entre los discursos —podridos de buenas intenciones— sobre la paz y su correspondiente implementación. Juan Manuel Santos hablaba de reconciliación y tolerancia en múltiples ocasiones, logrando un avance notable en la firma y aceptación generalizada del acuerdo tras varios meses de6975805 negociación.

Luego, en la administración de Iván Duque, se evidenció reticencias en sectores claves sobre acceso a mecanismos de paz e integración, con valores poco alineados entre lo prometido y lo practicado como lo es el aumento en asesinatos a líderes sociales relacionados al contexto agrícola y de paz. Este desacuerdo se observa, por ejemplo, cuando Duque sostiene políticas endurecedoras ante delitos, contrastando así con la idea paz y amnistía al conflicto.

Posteriormente, Petro, a su llegada a la Casa de Nariño, reafirmó el compromiso económico en la resolución de conflictos pero enfrentó críticas dado que sus acciones prometidas por el reconocimiento de acuerdos no han llegado con la respuesta espiritual o integral integral.

Impacto económico y social

El Acuerdo de Paz y la JEP han tenido implicaciones significativas tanto económicas como sociales. Las proyecciones sostenían que, durante los primeros años, había una posible mitigación de costos menores al gasto provocado por el conflicto armado. En relación con la crisis de desplazamientos, se podría acceder a promedios que explorarían una disminución de población forzada zona rural según encuestas consultadas, zanjando poco a poco el arraigo en la violencia disruptiva allí.

Se estima que, en términos económicos, inversiones por valor de aproximadamente 8.000 millones de euros han circulado para reintegrar a excombatientes a la población civil, fomentando programas de desarrollo rural y microempresariales en lugares tradicionalmente impactados por el conflicto. Sin embargo, los niveles de crimen, especialmente en regiones como el Catatumbo, han continuado generando intranquilidad.

Poblaciones beneficiarias reales también son cifradas en actores socioeconómicos adicionales, contenidos por más de 1,200 líderes sociales. Denunciar asesinatos estimulando cambios en la política frente derechos humanos económica han llevado a momentos críticos los tratados zanjadores respeto y cambios en paradigmas.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el Acuerdo de Paz con las FARC? El Acuerdo de Paz firmado el 24 de noviembre de 2016 se propuso el cese de hostilidades entre el gobierno colombiano y las FARC-EP, buscando reconceptualizar ideologías un tema total en dispuesto para alcanzar la normalización.

¿Cuál es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)? La JEP es una entidad judicial creada para prosecutar violaciones a los derechos humanos relacionadas con el conflicto armado, publicada como sistema para reintegrar en paz a excombatientes y miembros de la sociedad civil.

¿Qué impacto ha tenido la JEP en Colombia? La JEP ha promovido que más de 13.000 excombatientes se reubiquen tratando de reconstruir dinámicas familiares mientras enfrentan el temor de instación violencia parcialmente alertada con nuevas acciones en campos como el narcotráfico evidenciados en niveles de inseguridad.

¿Cómo han actuado los presidentes sucesivos frente al Acuerdo de Paz? Los presidentes Iván Duque y Gustavo Petro han mantenido posicionamientos abridores pero críticamente contradictorios respecto a iniciativas acordadas por Juan Manuel Santos, oscilando en enfoque por seguridad y reconciliación.

¿Qué es la paz total promovida por Petro? La “paz total” es una estrategia del gobierno de Gustavo Petro que busca negociar no solo con las FARC sino también con otros grupos armados dentro del territorio colombiano, sosteniéndose que los procesos deben apostarle víctimas afectadas a garantizarseles amplio tiempo comprendido protectivo.