Seguridad: qué propone cada partido

El PP situó la seguridad ciudadana como prioridad en 2019: defendió más medios para Policía Nacional y Guardia Civil, mayor presencia en calles y fronteras, y una política más dura frente a la delincuencia y la ocupación ilegal.

En su programa y mensajes electorales, también reclamó reforzar la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, mejorar la coordinación policial y respaldar a las fuerzas de seguridad con más recursos, equipamiento y protección jurídica.

La propuesta conectaba con su línea de orden, control migratorio y defensa de la autoridad del Estado, con una orientación especialmente firme en fronteras, zonas sensibles y respuesta rápida ante delitos reincidentes.

El PSOE de 2019 situó la seguridad como una política de Estado basada en más medios humanos y materiales para Policía Nacional y Guardia Civil, con especial atención a la lucha contra el terrorismo, el cibercrimen y la violencia machista.

Su programa defendía reforzar la cooperación internacional y la coordinación policial, además de mejorar la protección de fronteras, la respuesta ante emergencias y la seguridad en grandes eventos, con un enfoque compatible con el mantenimiento del orden público.

También planteó modernizar infraestructuras, renovar equipamiento y aumentar la presencia en zonas rurales y costeras, combinando prevención e inteligencia. Frente a otras derechas, el discurso socialista fue menos punitivo y más orientado a la gestión y los recursos.

VOX situó la seguridad como eje central de su programa de 2019, defendiendo una política de tolerancia cero frente al delito, el refuerzo policial y una respuesta penal más dura ante reincidencia, agresiones y bandas organizadas.

En materia de orden público, propuso aumentar medios para Policía Nacional y Guardia Civil, endurecer el Código Penal en delitos graves y recuperar una mayor presencia del Estado en las calles y en las fronteras. También vinculó seguridad con control de la inmigración irregular.

Su discurso insistió en proteger a las víctimas y en priorizar la defensa del orden frente a okupación, multirreincidencia y violencia callejera, con una visión más estricta que la de otros partidos y claramente favorable a fortalecer a las fuerzas de seguridad.

Unidas Podemos situó la seguridad en clave de derechos y prevención, no de endurecimiento penal. Su programa apostó por reforzar la cercanía policial, la coordinación institucional y el control democrático de las fuerzas de seguridad.

Propuso más medios humanos y materiales para Policía y Guardia Civil, con especial atención a condiciones laborales, cobertura de vacantes y mejora de la atención ciudadana. También defendió mayor inversión en prevención social para reducir violencia y delincuencia.

En materia de seguridad ciudadana y protección de colectivos vulnerables, UP planteó combatir la violencia machista, el racismo y los delitos de odio, además de impulsar una gestión más transparente de datos y protocolos policiales.

Ciudadanos (Cs) defendió en 2019 reforzar la seguridad pública con más medios para Policía Nacional y Guardia Civil, mejor coordinación entre cuerpos y endurecimiento de la respuesta frente a la delincuencia y la violencia organizada.

En su programa para las elecciones generales de abril de 2019, el partido vinculó la seguridad con la lucha contra el terrorismo yihadista, la protección de fronteras y el control de la inmigración irregular, apostando por una política más firme y operativa.

Cs también planteó una mejor protección para víctimas y testigos, apoyo a la ciberserguridad y actualización de recursos tecnológicos para los cuerpos policiales, con el objetivo de agilizar investigaciones y elevar la eficacia frente a nuevas amenazas.

PACMA situó la seguridad dentro de una agenda muy centrada en el bienestar animal y la protección ambiental. En sus propuestas para 2019, defendió reforzar la prevención y la actuación pública frente a delitos contra animales y el medio ambiente, vinculando seguridad y control administrativo.

El partido apostó por endurecer el marco legal ante el maltrato animal y por mejorar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad y servicios veterinarios. Su enfoque fue más regulatorio que policial, con énfasis en inspección, sanción y respuesta rápida ante denuncias.

También planteó mayor vigilancia sobre actividades que implican riesgo para animales y para espacios naturales, como caza, abandono o tráfico de especies. Frente a otros partidos más centrados en orden público, PACMA priorizó la seguridad animal como parte de la seguridad pública.