Estado y CCAA: qué propone cada partido

El PP defendió en 2019 una España de la Constitución, con más unidad nacional, seguridad jurídica y una reforma del modelo territorial basada en el cumplimiento de la ley y la lealtad institucional entre administraciones.

Propuso reforzar la igualdad de los españoles en todo el país, frenando privilegios territoriales y cualquier vía de independencia, y apostó por una financiación autonómica más justa, transparente y multilateral.

También planteó mejorar la cooperación Estado-CCAA mediante una reforma de los organismos de coordinación, junto con más control del gasto, estabilidad presupuestaria y defensa firme del artículo 155 ante desafíos al orden constitucional.

El PSOE planteó reforzar el Estado autonómico sin recentralizar competencias, apostando por una España federalizada de corte plurinacional, con mejor coordinación entre administraciones y un encaje territorial más claro.

Entre sus propuestas figuraban mejor financiación autonómica, solidaridad entre territorios y más lealtad institucional, junto a la reforma de órganos como el Senado para que actuara como verdadera cámara territorial.

También defendió diálogo dentro de la Constitución, especialmente en Catalunya, rechazando vías unilaterales y priorizando acuerdos que preservaran la unidad del Estado y el autogobierno de las CCAA.

VOX planteó en las generales de 2019 una recentralización del Estado: defendía devolver al Gobierno central competencias clave como educación, sanidad, justicia y seguridad, limitando al máximo el poder autonómico. Su programa situaba la unidad de España como eje político prioritario.

También proponía suprimir o transformar profundamente el modelo autonómico, al considerar que las CCAA generaban duplicidades, gasto político y desigualdad entre españoles. En su discurso, la administración debía ser más simple, con menos estructuras territoriales y más control desde el Estado.

En materia territorial, VOX rechazaba los nacionalismos periféricos y defendía aplicar la Constitución con más firmeza, incluyendo medidas frente al desafío independentista y la recentralización de competencias educativas y culturales para reforzar una identidad nacional común.

Unidas Podemos defendía una reforma federal del Estado para encajar mejor la pluralidad territorial, con más autogobierno para las comunidades y una redefinición clara de competencias. También proponía reconocer explícitamente la naturaleza plurinacional de España.

En el plano institucional, apostaba por blindar servicios públicos comunes y reforzar la cooperación entre administraciones, evitando recentralizaciones. Frente a las lecturas más rígidas, su enfoque buscaba ampliar derechos y estabilizar el modelo territorial con pactos.

Sobre Cataluña, UP defendía el diálogo político y rechazaba la vía exclusivamente judicial para resolver el conflicto. Planteaba una solución acordada, dentro de la legalidad, que abriera un proceso de negociación sobre la relación entre el Estado y las CCAA.

Ciudadanos propuso una España unida y descentralizada, con defensa firme de la Constitución, la igualdad de derechos en todo el territorio y el refuerzo del Estado autonómico sin privilegios ni cupos bilaterales.

En su programa para las elecciones de 2019 defendía recentralizar competencias clave para garantizar servicios iguales, especialmente en educación, sanidad y políticas básicas de cohesión, además de limitar el uso partidista de las instituciones autonómicas.

También apostaba por reformar la financiación autonómica con criterios de transparencia y solidaridad, mantener la colaboración entre administraciones y rechazar tanto el independentismo como una recentralización total, buscando un modelo más eficiente y claro.

PACMA defendía en 2019 un Estado más descentralizado y coordinado, con mejora de la cooperación entre administraciones para evitar duplicidades. También apostaba por reforzar la transparencia y el acceso igualitario a los servicios públicos en todo el territorio.

En su programa, la relación entre Estado y comunidades autónomas se enfocaba menos en recentralizar y más en armonizar competencias, especialmente en materias sociales, educativas y de protección animal. Buscaba una gestión común que garantizara derechos homogéneos sin vaciar el papel autonómico.

El partido también vinculaba este enfoque territorial a una administración más eficaz y cercana, con controles claros sobre la financiación y el reparto competencial. Su planteamiento era técnico y poco ideologizado, con prioridad en la coordinación institucional.