Economía: qué propone cada partido

El PP centró su programa económico de 2019 en bajar impuestos, reducir la presión fiscal sobre familias, autónomos y empresas, y simplificar el sistema tributario. También defendió una política orientada a incentivar el crecimiento y la creación de empleo.

Planteó medidas para favorecer la estabilidad presupuestaria, contener el gasto público y reforzar la competitividad de la economía española. Entre sus prioridades figuraban el apoyo a la inversión, la mejora del mercado laboral y menos trabas administrativas para emprender.

Su oferta económica combinó liberalización y disciplina fiscal con una defensa explícita de la clase media y del tejido productivo. El mensaje era claro: más crecimiento mediante menos impuestos, más empleo y mayor seguridad para la actividad empresarial.

El PSOE propuso en 2019 una política económica centrada en el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la subida progresiva de ingresos públicos. Defendió una reforma fiscal para que contribuyeran más las rentas altas, las grandes empresas y las transacciones financieras.

También planteó elevar el salario mínimo, reforzar la inversión pública en innovación, transición ecológica y digitalización, y proteger el Estado del bienestar. Su programa apostaba por consolidar las cuentas públicas sin frenar la actividad, con una orientación más expansiva que la de la derecha.

En materia laboral y social, el PSOE priorizó combatir la precariedad, recuperar derechos recortados en la crisis y mejorar la calidad del empleo. La propuesta económica combinaba redistribución, impulso al consumo interno y apoyo a autónomos y pymes.

VOX planteó en 2019 una rebaja intensa de impuestos y una simplificación fiscal para impulsar el consumo, la inversión y la actividad empresarial. Defendió reducir IRPF, Sociedades y cotizaciones, además de suprimir trabas regulatorias.

También propuso disciplinar el gasto público y recortar estructuras administrativas consideradas duplicadas o innecesarias, con especial atención al gasto político. Su enfoque económico combinaba menor presión fiscal, más margen para empresas y autónomos y una administración más austera.

En el ámbito laboral, VOX apostó por flexibilizar el mercado de trabajo, reducir la burocracia y favorecer la contratación, vinculando la mejora del empleo a la libertad económica y a la seguridad jurídica para la actividad privada.

Unidas Podemos (UP) presentó para las elecciones generales de 2019 una agenda económica centrada en subir salarios, reforzar la negociación colectiva y elevar el SMI. También defendió reducir la temporalidad y combatir el fraude laboral con más inspección.

En fiscalidad, propuso una reforma progresiva con más impuestos a grandes patrimonios, rentas altas y beneficios empresariales, además de revisar figuras como sucesiones y patrimonio. Buscaba aumentar la recaudación para sostener servicios públicos y políticas sociales.

En gasto y modelo productivo, apostó por más vivienda pública, reindustrialización verde, transición ecológica y apoyo a cuidados. Su enfoque era más intervencionista que el de las derechas, priorizando protección social y control de sectores estratégicos.

Cs propuso una reducción de impuestos para familias y empresas, con rebajas en IRPF, Sociedades y cotizaciones, y una senda de déficit cero combinada con disciplina presupuestaria para contener el gasto público.

En su programa para las generales de 2019 defendió simplificar el sistema fiscal, eliminar trabas y mejorar la competitividad con menos carga a autónomos y pymes, buscando incentivar la inversión y el empleo en un marco más liberal.

También planteó reforzar la unidad de mercado, reducir duplicidades administrativas y apoyar la economía digital y la innovación como palancas de crecimiento, junto a medidas para atraer talento y facilitar la creación de empresas.

PACMA, en su programa para las elecciones generales de 2019, vinculó la economía a un cambio de modelo productivo más ético y sostenible. Planteó orientar el gasto público y los incentivos hacia actividades compatibles con el bienestar animal y la protección ambiental.

Entre sus prioridades figuraban la reconversión de sectores ligados a la explotación animal, el apoyo a empleos verdes y la eliminación de subvenciones a prácticas que considera dañinas. También defendió reforzar la economía social y el consumo responsable como motores de actividad.

Su enfoque económico evitó las grandes reformas fiscales clásicas y se centró más en redistribuir recursos hacia sanidad, educación, protección animal y transición ecológica. La propuesta buscaba reducir costes públicos derivados de modelos productivos intensivos y favorecer una economía más moderna y menos dependiente de actividades controvertidas.