La crisis de 2001
En 1999 ganó la Alianza entre la UCR y el Frepaso, con Fernando de la Rúa como candidato y el 48,37 % de los votos. Prometió mantener la convertibilidad y combatir la corrupción, pero la recesión iniciada en 1998 se agravó. En 2000 las denuncias de sobornos en el Senado para aprobar una reforma laboral llevaron a la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez. Cavallo volvió al Ministerio de Economía en 2001, aplicó el «déficit cero» y, ante la fuga de depósitos, impuso el corralito el 1 de diciembre.
La crisis de 2001 estalló el 19 y 20 de diciembre: saqueos, cacerolazos al grito de «¡Que se vayan todos!» y una represión que dejó al menos 38 muertos en todo el país, según los recuentos de la prensa y de las comisiones investigadoras (otros balances suman 39). De la Rúa decretó el estado de sitio, renunció el 20 de diciembre y dejó la Casa Rosada en helicóptero. En once días hubo cinco presidentes; uno de ellos, Adolfo Rodríguez Saá, declaró la cesación de pagos de la deuda, y el 1 de enero de 2002 la Asamblea Legislativa eligió al senador Eduardo Duhalde.
Duhalde puso fin a la convertibilidad, devaluó y «pesificó» depósitos y deudas. La pobreza llegó al 57,5 % de las personas en octubre de 2002, el máximo de la serie del INDEC. La sociedad respondió con asambleas barriales, clubes de trueque, fábricas recuperadas por sus trabajadores y el plan Jefes y Jefas de Hogar. El asesinato de los piqueteros Maximiliano Kosteki y Darío Santillán por la policía bonaerense en junio de 2002 llevó a Duhalde a adelantar las elecciones. La economía empezó a recuperarse ese mismo año, con el ministro Roberto Lavagna.
El kirchnerismo (2003-2015)
En las elecciones de abril de 2003 Carlos Menem obtuvo el 24,45 % y Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz apoyado por Duhalde, el 22,25 %. Menem renunció a disputar la segunda vuelta y Kirchner asumió el 25 de mayo con apenas el 22 % de los votos. Construyó su poder con rapidez: renovó la Corte Suprema, impulsó la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que el Congreso votó en 2003 y la Corte declaró inconstitucionales en 2005, lo que permitió reabrir los juicios por crímenes de lesa humanidad, y convirtió la ESMA en un espacio de memoria. Renegoció la deuda en default con una quita del 65,4 % (2005) y canceló la deuda con el FMI. La economía creció a tasas altas, impulsada por los precios de la soja, y el desempleo y la pobreza bajaron. Desde 2007 la intervención del INDEC puso en duda las estadísticas oficiales de inflación.
Cristina Fernández de Kirchner lo sucedió tras ganar en 2007 con el 45,28 % de los votos, al frente del Frente para la Victoria. En 2008 el aumento de las retenciones móviles a la exportación de granos (Resolución 125) desató un conflicto de cuatro meses con las entidades del campo, que terminó cuando el vicepresidente radical Julio Cobos desempató en el Senado contra el proyecto de su propio Gobierno. Siguieron la estatización de los fondos de pensiones privados (2008), la Asignación Universal por Hijo (2009), la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009), que la enfrentó con el Grupo Clarín, y el matrimonio igualitario (2010), el primero de América Latina en una ley nacional. Néstor Kirchner murió en octubre de 2010 y en 2011 su viuda fue reelegida con el 54,11 %, el porcentaje más alto desde 1983. Su segundo mandato trajo el cepo cambiario, la expropiación del 51 % de YPF (2012), la Ley de Identidad de Género (2012), el estancamiento económico y la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015. Ese año la consigna Ni Una Menos llevó a cientos de miles de personas a las calles contra los femicidios.
El kirchnerismo partió en dos a la sociedad argentina, y su lectura sigue siendo política. Para sus defensores, entre ellos el filósofo Ernesto Laclau, teórico del populismo y defensor público de esos gobiernos, recuperó el Estado, la industria y los derechos humanos y sacó al país de la crisis. Para sus críticos, como la Coalición Cívica de Elisa Carrió o la UCR, avanzó sobre la Justicia, la prensa y las estadísticas, y toleró una corrupción que los tribunales castigaron después: en junio de 2025 la Corte Suprema dejó firme la condena de Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua en la causa Vialidad, que cumple en arresto domiciliario.