Qué es
El artículo 14 de la Constitución argentina es el catálogo de los derechos civiles: trabajar, comerciar, peticionar a las autoridades, entrar y salir del país, publicar ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de la propiedad, asociarse, profesar el culto y enseñar y aprender. Es texto de 1853 y ninguna reforma lo tocó: la de 1957 le añadió a continuación el artículo 14 bis y la de 1994 lo rodeó de tratados con jerarquía constitucional.
Su frase decisiva es la condición que precede a la lista: los derechos se gozan «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio». El Congreso puede limitar cada derecho, y la Corte Suprema decide desde 1922 cuándo una limitación es razonable y cuándo, en palabras del artículo 28, lo «altera». Por eso el artículo 14 está detrás de los tres conflictos jurídicos más visibles del Gobierno de Javier Milei: el protocolo contra los cortes de calle, las medidas judiciales sobre la prensa y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Qué dice
- Quiénes. «Todos los habitantes de la Nación», no solo los ciudadanos; el artículo 20 iguala a los extranjeros.
- La condición. Ningún derecho es absoluto, pero solo una ley del Congreso puede reglamentarlos.
- Trabajar, ejercer toda industria lícita, navegar y comerciar. Libertad de empresa y de comercio.
- Peticionar a las autoridades. Reclamar y protestar.
- Entrar, permanecer, transitar y salir del territorio. La libertad de circulación que los cortes de ruta ponen en tensión con la anterior.
- Publicar las ideas por la prensa sin censura previa. La única libertad blindada contra la reglamentación anticipada: solo caben responsabilidades posteriores.
- Usar y disponer de la propiedad. El uso y la venta; la inviolabilidad y la expropiación están en el artículo 17.
- Asociarse con fines útiles, profesar libremente el culto, enseñar y aprender. Partidos y sindicatos, libertad religiosa, libertad de cátedra y de elegir escuela.
Marco legal
El artículo 14 funciona en pareja con el 28, que prohíbe que las leyes reglamentarias alteren los derechos que reconoce: es el test de razonabilidad. Lo completan el 17 (expropiación solo por ley y con indemnización previa), el 19 (principio de reserva) y el 75 inciso 22, que desde 1994 da jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 13 prohíbe la censura previa. Cada derecho tiene sus leyes reglamentarias: la Ley 21.499 de Expropiaciones, la Ley 26.737 de Tierras Rurales, la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Modernización Laboral de 2026. El artículo 194 del Código Penal, que castiga el entorpecimiento del transporte, es la figura de cada corte de calle, y el artículo 18 de la Constitución Nacional garantiza el juicio al acusado.
Reformas
| Fecha | Qué cambió | Gobierno o mayoría |
|---|---|---|
| 1 de mayo de 1853 | Texto original de la Convención de Santa Fe | Confederación de Justo José de Urquiza |
| 1949 | La Constitución peronista lo mantuvo y añadió derechos sociales; derogada el 27 de abril de 1956 | Juan Domingo Perón; gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu |
| 24 de octubre de 1957 | El artículo no se tocó; la Convención añadió el 14 bis a continuación | Convención Constituyente de Santa Fe, con el peronismo proscripto |
| 22 de agosto de 1994 | Sin cambios; jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos | Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín |
Aplicación práctica
La reglamentación razonable. La doctrina la fijó la Corte en «Ercolano c/ Lanteri» (28 de abril de 1922), al validar el congelamiento de alquileres: ningún derecho es absoluto y la reglamentación debe servir al bien común, con la disidencia de Antonio Bermejo. En «Cine Callao» (22 de junio de 1960) validó la obligación de contratar «números vivos» en los cines con la tesis amplia del poder de policía: el Estado puede limitar derechos también por razones económicas y a la Corte solo le toca revisar la razonabilidad del medio.
Protesta y circulación. La Resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, firmada por Patricia Bullrich el 14 de diciembre de 2023, ordena a las fuerzas federales despejar las vías cortadas. El CELS presentó un amparo colectivo el 26 de diciembre de 2023 invocando los artículos 14, 14 bis, 19, 28 y 75. El juez Martín Cormick declaró nula la resolución el 29 de diciembre de 2025: el Ejecutivo había reglamentado derechos constitucionales sin ley del Congreso. El Gobierno, con Alejandra Monteoliva ya en el ministerio, apeló, y a fines de marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó el fallo: el protocolo es una «limitación legítima» que prioriza la libre circulación. Otra causa, iniciada por la dirigente de izquierda Celeste Fierro ante el juez Sebastián Casanello, llegó en octubre de 2026 a la Corte Suprema solo como conflicto de competencia.
Prensa. A comienzos de septiembre de 2025 el juez civil Alejandro Maraniello dictó, a pedido de Karina Milei, una cautelar que prohibió difundir audios grabados en la Casa Rosada y atribuidos a la secretaria general de la Presidencia. Constitucionalistas como Daniel Sabsay y Andrés Gil Domínguez la calificaron de censura previa; el juez la defendió como restricción «provisoria y excepcional». En octubre de 2026 FOPEA denunció ante la ONU un récord de agresiones a periodistas: 278 casos en 2025 y, en 2026, más del 60 % atribuidos al presidente.
Propiedad. El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por Federico Sturzenegger, reforma la Ley 21.499: la utilidad pública debe ser «idónea, necesaria y proporcional», el lucro cesante no supera el 30 % del daño emergente y los desalojos pasan al juicio sumarísimo. El Senado le dio media sanción el 6 de agosto de 2026 por 37 votos a 33, sin los capítulos de tierras, fuego y barrios populares; Diputados lo aprobó el 21 de octubre por 124 a 119 y restituyó por 239 a 4 la Ley de Tierras que el DNU 70/2023 había derogado. El texto volvió al Senado, sin dictamen a fines de octubre.
Críticas y debates
El primer debate es quién reglamenta. Para el CELS y Amnistía Internacional, el protocolo limitó por resolución ministerial un derecho que solo el Congreso puede reglamentar; para el Gobierno de La Libertad Avanza solo instruye a las fuerzas ante un delito flagrante, y Bullrich respondió al fallo de Cormick con «el orden no se negocia».
El segundo es la prensa. FOPEA habla de hostigamiento sistemático desde la Presidencia; la discusión jurídica es más estrecha: la Constitución admite responsabilidades posteriores, no prohibiciones anticipadas, y por eso la cautelar sobre los audios de Karina Milei reunió críticas de juristas de distinto signo.
El tercero es la propiedad. El bloque libertario la presenta como una «política de Estado» contra el avance «caprichoso» del Estado; Unión por la Patria sostiene que restringe potestades públicas y derechos sociales, y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, resumió que «quedó bastante poco» del proyecto original. Detrás está la disputa entre la tesis amplia del poder de policía de 1960 y la lectura liberal de Bermejo en 1922.
Preguntas frecuentes
¿Qué derechos garantiza el artículo 14 de la Constitución argentina? Trabajar, comerciar, peticionar, circular, publicar sin censura previa, usar la propiedad, asociarse, profesar el culto y enseñar y aprender.
¿Qué significa «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio»? Que ningún derecho es absoluto: el Congreso puede limitarlos por ley, siempre que no los altere, como exige el artículo 28.
¿El protocolo antipiquetes viola el artículo 14? Un juez lo anuló en diciembre de 2025 y la Cámara lo validó en marzo de 2026; la Corte Suprema aún no decidió el fondo.
¿El artículo 14 prohíbe la censura previa? Sí: la prensa publica sin autorización anticipada y solo responde después, como también establece el Pacto de San José.
¿Cuántas veces se reformó el artículo 14? Ninguna: conserva el texto de 1853; la reforma de 1957 añadió el artículo 14 bis a continuación.