Qué es
La Constitución Nacional es la norma suprema de la República Argentina: fija la forma de gobierno, reparte el poder entre la Nación y las provincias y enumera los derechos que ninguna ley puede suprimir. Fue sancionada el 1 de mayo de 1853 por el Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe, con los diputados de todas las provincias salvo Buenos Aires, que se había separado de la Confederación tras rechazar el Acuerdo de San Nicolás. Su redacción se apoyó en las Bases que Juan Bautista Alberdi publicó en 1852 y tomó del modelo de Estados Unidos el presidencialismo y el federalismo.
El texto vigente es el de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994. La de 1949, impulsada por Juan Domingo Perón, fue derogada por una proclama militar en 1956. Hoy tiene 129 artículos numerados más el artículo 14 bis y 17 disposiciones transitorias.
Importa porque define las reglas del juego político actual: el mandato de cuatro años con una sola reelección consecutiva, el balotaje, el tercer senador por provincia, los decretos de necesidad y urgencia (DNU) y la jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos salieron todos de la reforma de 1994, y cada choque entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación se discute con ella en la mano.
Qué dice
La Constitución se abre con el Preámbulo, que fija sus fines y los extiende «a todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino». Después se divide en dos partes:
- Primera Parte: Declaraciones, derechos y garantías. El capítulo primero (artículos 1 a 35) contiene las declaraciones, empezando por la forma representativa, republicana y federal del artículo 1, y los derechos clásicos. El capítulo segundo, Nuevos derechos y garantías (artículos 36 a 43), es obra de 1994: defensa del orden constitucional, partidos políticos, iniciativa y consulta popular, ambiente, consumidores y amparo.
- Segunda Parte: Autoridades de la Nación. El título primero regula el Gobierno federal: Poder Legislativo (Cámara de Diputados, Senado, Auditoría General y Defensor del Pueblo), Poder Ejecutivo (presidente, jefe de Gabinete y ministros), Poder Judicial y Ministerio Público. El título segundo trata los gobiernos de provincia y la Ciudad de Buenos Aires.
Los artículos más consultados, en una línea cada uno:
- Artículo 14. Los derechos civiles de todos los habitantes: trabajar, comerciar, peticionar, entrar y salir del país, publicar sin censura previa, usar la propiedad, asociarse, profesar el culto, enseñar y aprender, «conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio».
- Artículo 14 bis. Añadido en 1957: jornada limitada, salario mínimo vital y móvil, protección contra el despido arbitrario, sindicatos libres, huelga, jubilaciones móviles y protección integral de la familia.
- Artículo 17. La propiedad es inviolable y solo se expropia por ley y con indemnización previa; es el artículo que invoca el Gobierno de Javier Milei en su proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.
- Artículo 18. Las garantías penales: juicio previo y ley anterior al hecho, juez natural, defensa en juicio, inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados.
- Artículo 19. Las acciones privadas que no ofenden la moral pública ni perjudican a terceros quedan fuera del alcance de los jueces; nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda.
- Artículo 30. La Constitución puede reformarse en todo o en parte, pero solo por una Convención convocada tras la declaración de necesidad votada por dos tercios del Congreso (reforma constitucional).
- Artículo 75, inciso 22. Diez tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional; para sumar otros hacen falta dos tercios de cada Cámara.
- Artículo 99, inciso 3. El presidente no puede legislar, salvo por decreto de necesidad y urgencia en circunstancias excepcionales, nunca en materia penal, tributaria, electoral o de partidos.
Marco legal
La Constitución está por encima de toda ley, decreto y norma provincial; los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, y los diez instrumentos de derechos humanos del artículo 75, inciso 22 (la Convención Americana, los dos Pactos de la ONU o la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros) comparten rango con la propia Constitución. Las provincias dictan sus constituciones «bajo el sistema representativo republicano» (artículo 5) y conservan todo el poder no delegado (artículo 121). La Ley 26.122 (2006) regula el control del Congreso sobre los DNU y el Código Electoral Nacional organiza las elecciones directas que fijó la reforma de 1994.
Reformas
| Fecha | Qué cambió | Gobierno o mayoría |
|---|---|---|
| 1 de mayo de 1853 | Sanción en Santa Fe por todas las provincias salvo Buenos Aires | Justo José de Urquiza |
| 23 de septiembre de 1860 | Convención de Santa Fe tras el Pacto de San José de Flores: Buenos Aires se incorpora, «Confederación» pasa a «Nación», se limita el control del Congreso sobre las constituciones provinciales | Acuerdo Confederación–Buenos Aires |
| 12 de septiembre de 1866 | Convención de Santa Fe: los derechos de exportación quedan como impuesto nacional permanente (artículos 4 y 67), para financiar la guerra del Paraguay | Bartolomé Mitre |
| 24 de febrero – 15 de marzo de 1898 | Convención de Buenos Aires: base de los diputados de 20.000 a 33.000 habitantes y ministerios de cinco a ocho; rechazo de las aduanas libres del sur | Convención convocada por la Ley 3507 de 1897 |
| 11 de marzo de 1949 | Nueva Constitución: reelección presidencial indefinida, derechos del trabajador, la familia y la ancianidad (artículo 37), intervención del Estado en la economía (artículo 40) | Juan Domingo Perón; Ley 13.233 de 1948 |
| 27 de abril de 1956 | Proclama que deroga la reforma de 1949 y declara vigente el texto de 1853 con las reformas de 1860, 1866 y 1898 | Dictadura de Pedro Eugenio Aramburu |
| 24 de octubre de 1957 | Convención de Santa Fe, con el peronismo proscripto y el voto en blanco como primera fuerza: sanciona el artículo 14 bis y se disuelve sin quórum | Convocatoria por decreto de la dictadura |
| 22 de agosto de 1994 | Convención de Santa Fe y Paraná: mandato de cuatro años con una reelección, balotaje, tercer senador, jefe de Gabinete, DNU, Consejo de la Magistratura, autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, tratados con jerarquía constitucional, nuevos derechos | Pacto de Olivos: Carlos Menem (PJ) y Raúl Alfonsín (UCR) |
La reforma de 1994 explica el sistema actual. El Pacto de Olivos del 14 de noviembre de 1993 entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín se convirtió en la Ley 24.309, sancionada y promulgada el 29 de diciembre de 1993, que fijó un «Núcleo de Coincidencias Básicas» que la Convención debía votar en bloque, sin poder tocar la Primera Parte. Los más de trescientos convencionales sesionaron entre el 25 de mayo y el 22 de agosto de 1994 en Santa Fe y Paraná y juraron el texto el 24 de agosto en el Palacio San José. La UCR aceptó la reelección de Menem a cambio de atenuar el presidencialismo: jefe de Gabinete, Auditoría General en manos de la oposición y límites a los DNU y a la delegación legislativa (artículo 76).
Aplicación práctica
- DNU 70/2023. El 20 de diciembre de 2023 Milei firmó un decreto de necesidad y urgencia de 366 artículos que derogó, entre otras, la Ley de Alquileres y la Ley de Tierras. El Senado lo rechazó el 14 de marzo de 2024 por 42 votos a 25, pero la Ley 26.122 solo lo deja sin efecto si lo rechazan las dos Cámaras, y Diputados nunca lo trató: el 15 de octubre de 2026 la sesión opositora para derogarlo cayó por falta de quórum (121 de los 129 diputados necesarios). La Corte Suprema, el 29 de septiembre de 2026, revocó sin entrar en el fondo la sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 (el de la Ley de Tierras) y el 9 de octubre lo suspendió de forma cautelar, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz.
- Delegación legislativa (artículo 76). La Ley Bases 27.742 delegó facultades durante un año en materia administrativa, económica, financiera y energética; el Senado la aprobó en general el 12 de junio de 2024 por 37 votos a 36 con el desempate de Victoria Villarruel y Diputados la sancionó el 28 de junio por 147 a 107.
- Jefe de Gabinete (artículos 100 y 101). Debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes y puede ser removido por moción de censura de la mayoría absoluta de ambas Cámaras. Diego Santilli ocupa el cargo desde junio de 2026, tras la renuncia de Manuel Adorni.
Críticas y debates
El primer debate es el uso de los DNU. La oposición sostiene que el artículo 99 los permite solo en «circunstancias excepcionales» y que un decreto de 366 artículos las desborda; el Gobierno responde que la emergencia de diciembre de 2023 las justificaba. El Senado aprobó el 4 de septiembre de 2025 (56 votos a 8) una reforma de la Ley 26.122 que exige la aprobación de ambas Cámaras en 90 días; Diputados la votó el 8 de octubre de 2025 (140 a 80), pero el artículo del plazo no alcanzó la mayoría absoluta y el texto volvió al Senado, cuya Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Alejandra Vigo, preparó desde noviembre de 2025 la insistencia con la versión original. Milei anticipó que la vetaría.
El segundo es la Corte Suprema, que funciona con tres jueces de los cinco que fija la ley desde las salidas de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda; el Senado rechazó en 2025 los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Ricardo Lorenzetti dijo el 25 de octubre de 2026 en Radio Con Vos que «tres personas que decidimos de todo es demasiado poder» y pidió que el Ejecutivo envíe pliegos y que el Senado los apruebe con los dos tercios del artículo 99.
El tercero es la reelección. El artículo 90 permite un único período consecutivo, así que Milei puede presentarse en las presidenciales del 24 de octubre de 2027 sin tocar la Constitución; Infobae informó el 18 de julio de 2026 de que Karina Milei y Martín Menem ya organizan esa campaña, mientras un sector del Gobierno la considera prematura. Una nueva reforma solo podría llegar por el artículo 30, con dos tercios del Congreso y una Convención Constituyente, una mayoría que hoy nadie reúne.
El cuarto es el federalismo fiscal: la Convención de 1994 ordenó dictar una ley-convenio de coparticipación antes de fin de 1996 (disposición transitoria sexta) y treinta años después sigue rigiendo la Ley 23.548 de 1988, prorrogada de forma automática, como recuerdan los gobernadores en cada negociación con la Casa Rosada.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se sancionó la Constitución Nacional argentina? El 1 de mayo de 1853, en Santa Fe, por el Congreso General Constituyente de las provincias, sin Buenos Aires, que se incorporó con la reforma de 1860.
¿Cuántas reformas tuvo la Constitución argentina? Cinco vigentes (1860, 1866, 1898, 1957 y 1994), más la de 1949, derogada por la proclama militar del 27 de abril de 1956.
¿Qué cambió la reforma de 1994? Mandato presidencial de cuatro años con una reelección, balotaje, tercer senador, jefe de Gabinete, Consejo de la Magistratura, DNU regulados y tratados de derechos humanos con rango constitucional.
¿Puede Milei reformar la Constitución por decreto? No: el artículo 30 exige que dos tercios del Congreso declaren la necesidad de la reforma y que una Convención Constituyente la apruebe.
¿Cuántos artículos tiene la Constitución Nacional? 129 artículos numerados más el 14 bis, divididos en un Preámbulo y dos partes, y 17 disposiciones transitorias añadidas en 1994.