Caída de la Ley de Tierras y freno a la desregulación (2026)

La Ley de Tierras (Ley 26.737) se ha convertido en uno de los frentes más inestables del Gobierno de Javier Milei. En agosto de 2026 el Senado tumbó el capítulo de extranjerización de tierras que impulsaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el Ejecutivo frenó sus paquetes desreguladores. El 29 de septiembre la Corte Suprema dejó vigente la derogación de esa ley por decreto al rechazar una demanda por falta de legitimación, pero el 9 de octubre suspendió de forma cautelar el artículo 154 del DNU 70/2023 hasta que un juzgado federal de Bariloche resuelva otro amparo. El 13 de octubre la justicia contencioso-administrativa federal cerró, por ese motivo, el pedido de cautelar de los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, y el 15 de octubre la sesión especial con la que la oposición quería derogar el decreto en Diputados cayó por falta de quórum.

Contexto previo

La Ley 26.737, sancionada en 2011, fijaba límites a la propiedad rural en manos extranjeras: un tope del 15 % de la superficie rural a escala nacional, provincial y departamental; un máximo del 30 % de ese cupo para personas de una misma nacionalidad, y 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo o su equivalente en otras regiones.

En diciembre de 2023, recién llegado a la Casa Rosada al frente de La Libertad Avanza, Milei firmó el DNU 70/2023, cuyo artículo 154 derogaba la Ley de Tierras. El Senado rechazó el decreto en marzo de 2024, pero Diputados nunca lo trató, y un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan ambas cámaras. Ese mismo mes, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo 154 en un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, al considerar la soberanía nacional un bien colectivo.

Paralelamente, a finales de diciembre de 2023 la asociación civil Árbol de Pie, junto con otros actores —entre ellos comunidades mapuches y la dirigente rionegrina Magdalena Odarda—, presentó un amparo colectivo ante la justicia federal de Bariloche por el impacto ambiental de la derogación. En febrero de 2024 ese juzgado remitió la causa a La Plata sin pronunciarse, y en julio de 2024 la Cámara la envió a la Corte, también sin resolver sus planteos.

Qué ocurrió

En 2026 el Ministerio de Desregulación incluyó un capítulo sobre tierras rurales en el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La versión original eliminaba las restricciones y se fue suavizando en la negociación. A comienzos de agosto de 2026 el capítulo cayó en el Senado: los senadores alineados con los gobernadores de Salta (Gustavo Sáenz), Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Neuquén (Rolando Figueroa) retiraron su apoyo y el apartado se suprimió por falta de consensos.

El 29 de septiembre la Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la sentencia de La Plata y rechazó la demanda del CECIM. El tribunal sostuvo que la soberanía territorial no es un bien colectivo que una asociación pueda defender en juicio y que, por tanto, no existía «caso» o «controversia». Aclaró que no se pronunciaba sobre la constitucionalidad del DNU ni interfería en las facultades del Congreso. El efecto práctico fue que la derogación volvió a regir.

Al día siguiente, Árbol de Pie pidió a la Corte que aclarara si ese fallo le alcanzaba y reiteró su solicitud de cautelar. El 9 de octubre el tribunal dictó una medida cautelar interina que suspende los efectos del artículo 154 hasta que el juzgado federal de Bariloche resuelva sobre la legitimación de los demandantes y sobre la cautelar pedida. Firmaron la mayoría Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, convocados ante la falta de mayoría entre los tres miembros titulares. La mayoría invocó la tutela ambiental y la necesidad de evitar daños irreparables. Rosenkrantz votó en disidencia: aceptó que la situación de Árbol de Pie difería de la del CECIM, pero sostuvo que la Corte no tenía competencia para dictar una medida así y propuso devolver la causa a Bariloche sin resolución, lo que habría mantenido la derogación.

Con la cautelar, según la prensa judicial, los límites de la Ley 26.737 vuelven a aplicarse de forma provisional.

En paralelo, los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot habían presentado ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 1 una medida cautelar autónoma para frenar la aplicación del artículo 154. Sostenían que, según el artículo 24 de la Ley 26.122, los derechos adquiridos mientras rige un DNU se mantienen aunque el Congreso lo rechace después, y querían evitar que se consolidaran compras de tierras por extranjeros sin límites. El Ministerio de Justicia, que conduce Juan Bautista Mahiques, pidió rechazar el planteo por falta de un perjuicio concreto y personal, y recordó que un día antes de presentarlo ambos legisladores habían firmado el pedido de sesión especial sobre el mismo decreto. El 13 de octubre el juez Enrique Alonso Regueira declaró inoficioso el pedido: como la Corte ya había suspendido el artículo, un nuevo pronunciamiento habría sido abstracto.

Respuesta del Gobierno

Tras la derrota de agosto, el Ejecutivo optó por no insistir con el capítulo de tierras y frenó los paquetes de desregulación del ministerio de Sturzenegger. Dentro del oficialismo se apuntó a la conducción del bloque libertario en el Senado, que encabeza Patricia Bullrich, sin consecuencias formales. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, estableció que ningún proyecto de ese ministerio avance sin una evaluación previa de su viabilidad parlamentaria.

Después del fallo del 29 de septiembre, el Gobierno convocó en Diputados un plenario de comisiones para el 14 de octubre, encabezado por Asuntos Constitucionales, con el objetivo de dictaminar un nuevo régimen de topes a la compra de tierras por extranjeros dentro de la ley de Propiedad Privada. El dictamen, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, está en el temario de la sesión que el presidente de la Cámara, Martín Menem, convocó para el 21 de octubre. El oficialismo advirtió de que un rechazo íntegro del DNU 70/2023 provocaría un «caos administrativo y procesal» en numerosos sectores, y ante el Juzgado N.º 1 defendió la desregulación del mercado inmobiliario rural como una política para atraer inversiones.

Posición de los partidos

Los bloques opositores, con Unión por la Patria como principal fuerza y con dirigentes como Pichetto entre los firmantes, convocaron una sesión especial en Diputados para el 15 de octubre con la derogación del DNU 70/2023, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar en el temario. Como el Senado ya rechazó el decreto en 2024, un voto negativo de Diputados lo habría hecho caer completo, porque la Ley 26.122 obliga a aceptar o rechazar un DNU en bloque, no artículo por artículo. La sesión no se abrió: solo se sentaron 121 de los 129 diputados necesarios. No dieron quórum La Libertad Avanza, el PRO, parte de la UCR y legisladores que responden a gobernadores aliados, entre ellos los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez. Martín Menem celebró que «una vez más, quisieron ponerle un freno a la Argentina y se quedaron en el intento».

En el plano jurídico, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó el razonamiento del fallo del 29 de septiembre de «trampa formalista» y propuso que, si el Congreso no legisla, las provincias aprueben sus propios límites a la adquisición de tierras por extranjeros.

Lo dicho frente a lo hecho

El Gobierno derogó la Ley de Tierras por decreto en 2023 y en 2026 llevó al Senado una propuesta que, en su versión inicial, eliminaba las restricciones. Tras perder esa votación, impulsa ahora reinstalar topes por ley para separar el debate de tierras del resto del DNU. La Corte, por su parte, afirmó el 29 de septiembre que no juzgaba la validez del decreto, pero su decisión dejó vigente la derogación; diez días después, en otra causa, la suspendió de forma provisional sin pronunciarse tampoco sobre el fondo.

Impacto político y social

El episodio ha mostrado el poder de veto de los gobernadores en el Senado y la dependencia del oficialismo de los bloques provinciales. En la calle, la CTA Autónoma y otras organizaciones marcharon a Tribunales el 6 de octubre contra el fallo de septiembre, y la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, incorporó el reclamo por la Ley de Tierras.

Conclusiones

La cuestión de fondo sigue abierta. La constitucionalidad del artículo 154 no ha sido examinada por la Corte, y la vigencia de los topes depende ahora de lo que resuelva el juzgado federal de Bariloche; la vía judicial paralela de Pichetto y Massot quedó cerrada. En el Congreso, la caída de la sesión del 15 de octubre alejó la derogación completa del DNU 70/2023, y el debate se traslada al proyecto oficialista de propiedad privada, que incluye topes a la compra de tierras por extranjeros y está previsto para el 21 de octubre.

Preguntas frecuentes

¿Qué pasó en el Senado en agosto de 2026? El capítulo de extranjerización de tierras impulsado por Sturzenegger cayó después de que los senadores ligados a los gobernadores de Salta, Tucumán y Neuquén retiraran su apoyo.

¿Qué resolvió la Corte Suprema el 29 de septiembre de 2026? Revocó la sentencia que declaraba inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/2023 y rechazó la demanda del CECIM por falta de legitimación, sin pronunciarse sobre el fondo.

¿Qué decidió la Corte el 9 de octubre de 2026? Suspendió de forma cautelar el artículo 154 hasta que el juzgado federal de Bariloche resuelva el amparo de Árbol de Pie, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz.

¿Está vigente la Ley de Tierras? Sus límites vuelven a aplicarse de forma provisional mientras dure la cautelar; la validez constitucional de su derogación sigue sin resolverse.

¿Qué límites fijaba la Ley 26.737? Un 15 % de tierras rurales en manos extranjeras, un 30 % de ese cupo por nacionalidad y 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.

¿Qué pasó con la cautelar de Pichetto y Massot? El juez Enrique Alonso Regueira la declaró inoficiosa el 13 de octubre de 2026, porque la Corte ya había suspendido el artículo 154.

¿Qué pasó en la sesión del 15 de octubre? La sesión opositora para derogar el DNU 70/2023 cayó por falta de quórum: hubo 121 diputados de los 129 necesarios.