Caso ANDIS: las coimas en la agencia de discapacidad (2025-2026)

El caso ANDIS es el mayor escándalo de corrupción que ha afectado al Gobierno de Javier Milei. Estalló el 19 de agosto de 2025 con la difusión de unas grabaciones atribuidas a Diego Spagnuolo, entonces director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en las que se describía un presunto circuito de retornos en la compra de medicamentos y en la contratación de prestaciones. Spagnuolo fue destituido y la causa quedó radicada en el juzgado federal de Sebastián Casanello, que el 9 de febrero de 2026 lo procesó junto a otras dieciocho personas, señalándolo como jefe de una asociación ilícita. Desde entonces la instrucción gira en torno a la pericia de los audios: el 5 de septiembre de 2026 el peritaje detectó cortes y ediciones en las grabaciones y el día 13 identificó voces distintas a la de Spagnuolo, hallazgos que la defensa esgrime para cuestionar la validez de la prueba. El 22 de septiembre de 2026 la Cámara Federal porteña confirmó los diecinueve procesamientos, y al día siguiente el mismo tribunal le negó a Spagnuolo ser querellante en la causa paralela por el presunto espionaje de los audios. Ninguno de los imputados ha sido juzgado ni condenado: el procesamiento es una decisión de mérito provisional, no una declaración de culpabilidad.

Qué es la ANDIS y de dónde salió el escándalo

La Agencia Nacional de Discapacidad es el organismo descentralizado que gestiona en Argentina las pensiones no contributivas por invalidez, el Certificado Único de Discapacidad y las prestaciones para personas con discapacidad, y compra medicamentos de alto coste, lo que la convierte en un área especialmente sensible para el control del gasto público.

Diego Spagnuolo, abogado y hombre de confianza del presidente Javier Milei desde antes de su llegada a la Casa Rosada, fue designado al frente del organismo en diciembre de 2023. Su gestión ya estaba bajo escrutinio por la revisión masiva de pensiones por invalidez y los recortes en prestaciones.

El 19 de agosto de 2025 se publicaron las grabaciones que dieron origen a la causa. En ellas, una voz atribuida a Spagnuolo describe un sistema de comisiones sobre las compras del organismo. Los audios mencionan porcentajes de retorno y aluden a personas del entorno político más próximo al presidente, entre ellas su hermana Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Conviene precisar el alcance de ese dato: la mención en una grabación no equivale a imputación, y la investigación judicial no ha escalado hasta esas figuras, que no han sido acusadas formalmente en la causa.

La apertura de la causa y la primera instrucción

La denuncia que abrió el expediente fue presentada en agosto de 2025 por el abogado Gregorio Dalbón. Spagnuolo fue destituido pocos días después de la difusión de las grabaciones, una decisión que el Gobierno presentó como una medida de transparencia y la oposición como un intento de contener el daño político.

La instrucción recayó en el juzgado federal a cargo de Sebastián Casanello, y la investigación se apoyó en allanamientos, documentación de compras, movimientos financieros y el análisis de la cadena de proveedores, más que en los audios.

El 9 de febrero de 2026 Casanello dictó el procesamiento de Spagnuolo y de otras dieciocho personas, entre ellas antiguos funcionarios de la agencia —como el exdirector ejecutivo Daniel Garbellini— y empresarios del sector farmacéutico. A Spagnuolo se le atribuyó el papel de jefe de una asociación ilícita, además de delitos de defraudación contra la administración pública, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública. El procesamiento se dictó sin prisión preventiva. El auto de procesamiento indica que el juez ve elementos suficientes para avanzar hacia el juicio oral, pero no prejuzga la culpabilidad.

Al fundamentar los procesamientos, Casanello no tomó los audios como prueba de cargo, sino la documentación y la prueba financiera.

La pericia de los audios y la disputa sobre la prueba

La defensa de Spagnuolo sostuvo que los audios son falsos, manipulados o generados con inteligencia artificial, y pidió en junio y en septiembre de 2026 suspender el peritaje, sin éxito.

Tras el fin de la subrogancia de Casanello en febrero de 2026, el expediente pasó a otro magistrado, Ariel Lijo, que en junio de ese año ordenó a la Gendarmería Nacional practicar un examen oficial sobre las grabaciones. El peritaje comenzó a finales de agosto de 2026, con la incógnita de si Spagnuolo se presentaría a aportar una muestra de voz.

Los resultados tuvieron un efecto directo sobre el caso. El 5 de septiembre de 2026 el peritaje detectó cortes y ediciones en los audios. El 7 de septiembre Lijo rechazó frenar la pericia, desestimando el nuevo planteo de la defensa. El 13 de septiembre el informe identificó voces distintas a la de Spagnuolo en las grabaciones. La defensa utiliza estos hallazgos para sostener que el material carece de valor probatorio; la acusación responde que la edición de un audio no implica necesariamente la falsedad de su contenido y, sobre todo, que los procesamientos no se apoyaron en esas grabaciones sino en la prueba documental y financiera.

La confirmación de la Cámara Federal

El 22 de septiembre de 2026 los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah, de la Cámara Criminal y Correccional Federal porteña, confirmaron el procesamiento de Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita, junto con los cargos de administración fraudulenta, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, y ratificaron también los de los otros dieciocho imputados. Entre ellos figuran Daniel Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete y la exfuncionaria de Economía Ornella Calvete. Según la resolución, la presunta organización habría operado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 manipulando los sistemas de compra para invitar solo a droguerías vinculadas a ella, cuyos ganadores se conocían de antemano en licitaciones simuladas. La instrucción sigue a cargo de Lijo, con decisiones pendientes sobre otros investigados.

Al día siguiente, el mismo tribunal rechazó el pedido de Spagnuolo para ser querellante en la causa por el presunto espionaje ilegal que habría dado origen a las grabaciones, abierta por denuncia del Gobierno en septiembre de 2025 y a cargo del juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli. Los camaristas confirmaron así la negativa previa de Ercolini: consideraron contradictorio que Spagnuolo se presentara como víctima de la interceptación mientras se negaba a aclarar si era su voz la que se oía y a aportar muestras para cotejarla, una ambigüedad admisible para un imputado pero, según Farah, incompatible con el papel de querellante.

Impacto político

El caso golpea directamente el eje del discurso oficialista. La Libertad Avanza construyó su irrupción sobre la denuncia de «la casta» y la promesa de acabar con la corrupción estructural del Estado argentino; que el escándalo se produzca en el organismo encargado de las políticas de discapacidad, en plena polémica por la revisión de pensiones y el recorte de prestaciones, multiplicó su coste simbólico.

La oposición —con Unión por la Patria a la cabeza— convirtió el asunto en munición parlamentaria y de campaña de cara al ciclo electoral de 2027. El Gobierno sostuvo desde el principio que la destitución de Spagnuolo demuestra que no hay encubrimiento, subrayó que ningún funcionario en ejercicio del círculo presidencial está imputado y apuntó a la manipulación de los audios como prueba de una operación política en su contra.

Estado de la causa y consecuencias

A finales de septiembre de 2026 la causa sigue abierta y en instrucción, sin fecha de juicio oral. Los diecinueve procesados, con sus procesamientos ya confirmados en segunda instancia, conservan íntegra la presunción de inocencia y el expediente afronta dos frentes simultáneos: la consolidación de la prueba documental y financiera, por un lado, y la resolución definitiva sobre el valor probatorio de las grabaciones, por otro.

El caso ha reforzado el debate sobre los controles internos de los organismos descentralizados y las compras de medicamentos de alto coste. Ha instalado además una discusión técnica de fondo, extensible a otras causas: qué valor probatorio tiene una grabación de origen anónimo cuando la manipulación digital y la síntesis de voz son accesibles.

Preguntas frecuentes

¿Qué es el caso ANDIS? Es la causa penal abierta en agosto de 2025 por un presunto circuito de retornos en la compra de medicamentos y prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, tras la difusión de grabaciones atribuidas a su entonces director, Diego Spagnuolo.

¿Está Diego Spagnuolo condenado? No. Fue procesado el 9 de febrero de 2026 junto a otras dieciocho personas, sin prisión preventiva, y la Cámara Federal confirmó esos procesamientos el 22 de septiembre de 2026. El procesamiento no es una condena: solo un tribunal oral puede dictarla, y rige la presunción de inocencia.

¿Qué dijo la pericia sobre los audios? El peritaje de la Gendarmería Nacional detectó el 5 de septiembre de 2026 cortes y ediciones en las grabaciones y el 13 de septiembre identificó voces distintas a la de Spagnuolo. La defensa usa esos hallazgos para cuestionar la prueba; el juez instructor ya había fundamentado los procesamientos sin apoyarse en los audios.

¿Está imputada Karina Milei? No. Los audios difundidos mencionan a personas del entorno presidencial, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, pero la investigación judicial no ha escalado hasta esas figuras y no han sido acusadas formalmente en la causa.

¿Puede Spagnuolo ser querellante en la causa por el espionaje de los audios? No. El 23 de septiembre de 2026 la Cámara Federal confirmó el rechazo del juez Julián Ercolini, al considerar incompatible su pedido con su negativa a aclarar si la voz de las grabaciones es la suya.