Reforma de la Ley de Glaciares: Ley 27.804 (2026)

La reforma de la Ley de Glaciares fue sancionada por la Cámara de Diputados en la madrugada del 9 de abril de 2026, con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La Ley 27.804, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, modifica la norma de 2010 y traslada a las provincias buena parte de la decisión sobre qué formaciones se protegen. El oficialismo la presenta como una aclaración que da seguridad jurídica a la minería. La oposición y las organizaciones ambientales la consideran un retroceso inconstitucional. A 31 de octubre de 2026 la ley está vigente y su validez sigue en discusión en los tribunales. Esta página resume el debate político y no es asesoramiento legal.

Contexto previo

La Ley 26.639, sancionada en 2010, define a los glaciares y al ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos y los trata como bienes públicos. Prohíbe actividades que puedan afectar su condición natural, como proyectos extractivos, y ordena elaborar un Inventario Nacional de Glaciares, según La Capital. El instituto científico a cargo del inventario es el IANIGLA.

El Gobierno envió el proyecto al Senado en diciembre de 2025, en sesiones extraordinarias. Sostuvo que había que corregir «falencias interpretativas» que generaban inseguridad jurídica y frenaban inversiones. La senadora Edith Terenzi, miembro informante, dijo que los gobernadores pidieron el cambio. El senador sanjuanino Bruno Olivera (La Libertad Avanza) atribuyó la redacción al Consejo de Mayo.

La discusión está ligada al cobre. Según LM Neuquén, proyectos como Los Azules, El Pachón, Agua Rica y Vicuña suman cerca de 23.000 millones de dólares y están en zonas de alta montaña de San Juan, Salta, Catamarca y Mendoza.

Qué ocurrió

Senado. El 26 de febrero de 2026 la Cámara alta dio media sanción por 40 votos contra 31, con una abstención. La Libertad Avanza sumó radicales, PRO, provinciales y a dos peronistas de provincias mineras: el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci. Ese día, doce activistas de Greenpeace fueron detenidos tras saltar las rejas del Congreso. El senador pampeano Daniel Bensusán denunció que los cambios al dictamen llegaron a las bancas durante el debate.

Audiencias públicas. En Diputados, La Libertad Avanza propuso una sola audiencia. La oposición consiguió dos jornadas, el 25 y el 26 de marzo. Hubo más de 100.000 inscriptos, pero el oficialismo fijó un esquema en el que unas 380 personas hablaban y el resto enviaba un escrito o un video. Pablo Villagra, presidente del IANIGLA, rechazó allí el texto del Senado: dijo que dejaba áreas con hielo sin proteger y que subordinaba el papel científico a decisiones políticas provinciales. Según Noticias NQN, la mayoría de los expositores se opuso a la reforma.

Sanción. La sesión empezó el 8 de abril y terminó pasadas las 2.30 del 9. El resultado fue de 137 a 111. Votaron a favor el PRO, la UCR y bloques provinciales de San Juan, Catamarca, Tucumán, Salta y Misiones, entre otros. El rechazo llegó sobre todo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica. Dos diputados sanjuaninos de Unión por la Patria votaron a favor. Dos legisladores de Provincias Unidas, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres, dieron quórum: él se ausentó en la votación y ella votó a favor, según ANBariloche. Fuera del Congreso hubo marchas bajo el lema «La Ley de Glaciares No Se Toca» e incidentes con el operativo policial.

Qué cambia. La protección deja de ser general y se limita a los glaciares y formas periglaciales con funciones hídricas. Cada provincia verifica ese criterio, y la prohibición general da paso a la evaluación de impacto ambiental caso por caso. El IANIGLA pasa de un papel central a uno registral, según El Cronista. Lo inscrito en el inventario sigue protegido hasta que la autoridad ambiental compruebe que no cumple esas funciones.

Respuesta del Gobierno central

El Ejecutivo promulgó la ley con el Decreto 271/2026, publicado el 24 de abril. La Oficina del Presidente la llamó «reforma histórica» y afirmó que protege las formaciones con función hídrica y permite explotar minerales en «terrenos que estaban mal catalogados como glaciares».

En los tribunales, el Estado apeló la cautelar que suspendía la ley en Santa Cruz y la Procuración del Tesoro informó de que la Cámara le dio la razón. En julio, el Ministerio de Economía aprobó con la Resolución 1154/2026 la adhesión al RIGI del proyecto Vicuña, de BHP y Lundin Mining, con una inversión inicial declarada de 9.737 millones de dólares, según Ámbito.

Posición de los partidos y debate parlamentario

A favor. El senador Agustín Coto (La Libertad Avanza) sostuvo que «si aquí hay una concesión, es a la ciencia y no a una industria en particular». Patricia Bullrich habló de una «lógica ridícula y retrógrada entre ambiente y economía». El diputado sanjuanino Carlos Quiroga dijo que el proyecto venía a aclarar ambigüedades. El argumento federal lo resumió Olivera: la reforma devuelve la decisión a las autoridades locales.

En contra. Miguel Ángel Pichetto, impulsor de la ley de 2010, sostuvo que esa norma era autosuficiente y que el IANIGLA «pasa prácticamente a ser liquidado». Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) la calificó de «totalmente regresiva e inconstitucional». Bensusán, del peronismo pampeano, habló de «feudalismo ambiental». El argumento constitucional de la oposición es que el Congreso fija un piso ambiental común que cada provincia no puede rebajar.

La división no siguió las líneas de partido en las provincias mineras: el peronismo sanjuanino y catamarqueño aportó votos al oficialismo, y el pampeano encabezó la impugnación.

Lo dicho frente a lo hecho

El oficialismo aceptó las audiencias públicas, pero el texto del Senado se sancionó pese a que la mayoría de los expositores lo rechazó.

El Gobierno afirma que la protección se apoya en criterios científicos, mientras que el titular del organismo científico que elabora el inventario dijo ante Diputados que la reforma no mejora la ley vigente. Por su parte, las organizaciones ambientales advierten de un riesgo concreto para los glaciares, y hasta ahora dos resoluciones judiciales han entendido que no se acreditó un daño inminente suficiente para suspender la ley.

Impacto político y social

La disputa judicial tiene cuatro frentes conocidos:

El juez Juan José Baric, de Santa Rosa, sostuvo que suspender una ley del Congreso con alcance general es una medida excepcional y que la impugnación se hizo «en abstracto». La Cámara de Comodoro Rivadavia, según El Cronista, dijo que ni el intendente de El Calafate ni los legisladores podían arrogarse la representación de toda la provincia. En octubre, Baric rechazó además el amparo de una asociación mendocina de pesca con mosca por falta de legitimación.

Greenpeace y otras organizaciones pidieron el 23 de junio una cautelar para que el glaciar GE110, que según ellas está en la zona del proyecto Vicuña, no salga del inventario. A 8 de octubre, según Greenpeace, ese pedido seguía sin respuesta.

Conclusiones

La reforma muestra cómo el oficialismo armó mayorías con gobernadores de provincias mineras, incluso peronistas. La pelea se trasladó después a los tribunales. La Cámara de Bahía Blanca abrió la vía a la Corte, pero La Arena precisa que el recurso se refiere al rechazo de la cautelar, no a la sentencia de fondo. La Corte aún no se ha pronunciado y la Ley 27.804 sigue en vigor.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo se aprobó la reforma de la Ley de Glaciares? Diputados la sancionó en la madrugada del 9 de abril de 2026 y se promulgó el 24 de abril.

¿Cómo fue la votación? En Diputados hubo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones; en el Senado, 40 a favor, 31 en contra y una abstención.

¿Qué cambia la Ley 27.804? Limita la protección a formaciones con función hídrica y da a las provincias la evaluación caso por caso.

¿Está suspendida la ley? No: la cautelar de Santa Cruz fue revocada en junio y la pedida por La Pampa fue rechazada en mayo.

¿Qué falta por resolver? La Corte Suprema debe examinar el recurso de La Pampa y el juzgado de Santa Rosa debe decidir la constitucionalidad.