Ley de Inocencia Fiscal: dólares del colchón y debate en el Congreso (2025-2026)

La Ley de Inocencia Fiscal es la norma con la que el Gobierno de Javier Milei busca que los ahorros no declarados, los llamados dólares del colchón, entren en el sistema financiero. El Senado sancionó la Ley 27.799 el 26 de diciembre de 2025 y, ante la baja adhesión que advertían los contadores, el Congreso aprobó en septiembre de 2026 una segunda versión, conocida como Inocencia Fiscal II (Ley 27.826). El oficialismo la presenta como una defensa del contribuyente frente al Estado. El peronismo la acusa de ser un blanqueo. Esta página resume el debate político y no es asesoramiento fiscal.

Contexto previo

Los umbrales del Régimen Penal Tributario habían quedado desfasados por la inflación: la evasión simple se castigaba desde $1.500.000. El senador Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza) habló de un «sistema anacrónico» y recordó que el tema ya se había intentado debatir en el Senado por otra vía.

El Gobierno estima que hay unos 170.000 millones de dólares fuera del sistema. Su argumento político es que esos ahorros son fruto de años de restricciones. Según El Observador, el discurso oficial habla de lo que los argentinos «se vieron forzados a esconder durante el kirchnerismo».

Qué ocurrió

Primera ley. El Senado la sancionó tras el Presupuesto 2026 por 43 votos a 26. El Gobierno la promulgó el 2 de enero de 2026 con el Decreto 933/2025. La norma:

• establece que no se puede tratar a los contribuyentes como incumplidores sin pruebas;
• eleva la evasión simple a $100 millones y la agravada de $15 millones a $1.000 millones;
• permite evitar la denuncia penal pagando la deuda antes de que se presente, una sola vez por persona;
• crea un régimen simplificado de declaración de Ganancias;
• multiplica las multas formales, de $200 a $220.000 para personas físicas.

Según Diario Río Negro, el texto no incorpora un régimen de blanqueo de capitales ni altera la estructura del impuesto.

Segunda ley. El 22 de julio de 2026, Luis Caputo y María Ibarzabal Murphy anunciaron el proyecto. «Si no depositan los dólares del colchón en el banco, es porque están muy mal asesorados», dijo el ministro. Diputados le dio media sanción a fines de agosto por 139 votos a 110. El Senado la convirtió en ley el 17 de septiembre por 44 a 23, sin cambios. Rige desde el 9 de octubre, y el 23 de octubre se publicó el Decreto 1253/2026 que la reglamenta, según Abogados.com.ar.

La reforma:

• elimina los topes de $1.000 millones de ingresos y $10.000 millones de patrimonio;
• extiende el plazo de los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027;
• fija que una diferencia de hasta $5 millones con ARCA no se considera significativa, aunque supere el 15 %;
• obliga a quienes adhieran a operar por el sistema financiero formal;
• reduce un 25 % las multas formales a las pymes.

Respuesta del Gobierno central

La Oficina del Presidente sostuvo que los ciudadanos quedarán resguardados de «cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes». La senadora Patricia Bullrich afirmó en septiembre que «el enemigo más grande de esos ciudadanos que han ahorrado ha sido el Estado».

Ante las quejas por las multas, Caputo anunció en diciembre de 2025 un acuerdo con ARCA: primero un recordatorio y después la intimación y la sanción. Para la segunda ley, el oficialismo aceptó en comisión excluir de los beneficios a los funcionarios.

Posición de los partidos y debate parlamentario

En Diputados, según Tiempo Argentino, votaron a favor La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros aliados. En contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y parte de Provincias Unidas.

El jefe del bloque justicialista en el Senado, José Mayans, sostuvo que «esta es una ley de blanqueo, de lavado fiscal y a medida para algunos funcionarios» y añadió que no beneficia a asalariados ni jubilados. Propuso con ironía declarar el 17 de septiembre «día de los inocentes». Bullrich respondió que los funcionarios podrán usar la simplificación, «pero no los beneficios».

Ese punto tiene una lectura política: C5N recuerda que la exclusión cobró relevancia por la adhesión al régimen original de Manuel Adorni, entonces jefe de Gabinete.

Lo dicho frente a lo hecho

El Gobierno presentó la primera ley como la vía para que salieran los dólares, pero volvió al Congreso siete meses después. La diputada Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza) sostuvo que el funcionamiento de la norma mostró que requería retoques.

El oficialismo asegura que ARCA mantiene sus facultades sobre los grandes contribuyentes. El peronismo pone el foco en los límites al control, según C5N.

No se han localizado cifras oficiales de adhesión que permitan medir el resultado. En El Economista, especialistas valoran el régimen simplificado, pero se mantienen escépticos sobre su éxito para captar esos dólares.

Impacto político y social

La ley obliga a la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo antilavado, a dictar una resolución en 15 días hábiles desde su publicación. Un tributarista citado por El Economista resume la tensión así: «la política fiscal invita al contribuyente a usar sus ahorros; el sistema antilavado exige al sujeto obligado que demuestre haber evaluado el riesgo de cada operación».

Conclusiones

Las dos leyes aprobadas consolidan una idea central del Gobierno: cambiar la relación entre el Estado y el contribuyente. Se aprobaron con el apoyo de los aliados del oficialismo y el rechazo del peronismo. El resultado económico dependerá de los dólares que entren en el sistema, un dato que aún no está disponible.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Ley de Inocencia Fiscal? Es la Ley 27.799, que eleva los umbrales penales de la evasión y crea un régimen simplificado de Ganancias.

¿Qué cambia Inocencia Fiscal II? Elimina los topes de ingresos y patrimonio del régimen simplificado y extiende el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027.

¿Cómo se votó? El Senado aprobó la primera por 43 a 26 y la segunda por 44 a 23.

¿Pueden usarla los funcionarios? Pueden usar la declaración simplificada, pero quedan fuera de las protecciones del régimen.

¿Es un blanqueo? El peronismo la llama blanqueo; según Diario Río Negro, el texto de 2025 no incorpora un régimen de blanqueo de capitales.