Qué es
El artículo 19 de la Constitución argentina contiene dos principios en dos frases. El primero es el de reserva: «las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados». El segundo es el de legalidad: «ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe». Es texto de 1853 y ninguna reforma lo tocó.
Es el artículo más citado fuera de los tribunales porque define hasta dónde llega el Estado en la vida de cada uno. Con él la Corte Suprema despenalizó dos veces la tenencia de drogas para consumo personal, en 1986 y en 2009, y con él se argumentaron el matrimonio igualitario, la muerte digna y el aborto legal. Hoy lo invocan a la vez el liberalismo de Javier Milei y el progresismo, que lo usa contra el protocolo antipiquetes y a favor de la eutanasia.
Qué dice
- Las acciones privadas. No son solo las que ocurren en la intimidad, sino las que no dañan a otros: lo que una persona adulta hace consigo misma, con su cuerpo, sus creencias o su patrimonio.
- Tres límites. El orden público, la moral pública y el perjuicio a terceros. La discusión de todos los casos es qué cabe en «moral pública» y cuándo hay un tercero perjudicado.
- «Reservadas a Dios». La fórmula de 1853 significa que esas conductas no las juzga ningún magistrado: no hay delito sin daño.
- El principio de legalidad. Solo una ley puede imponer obligaciones o prohibiciones; lo que la ley no prohíbe está permitido. Es la base del principio de legalidad penal del artículo 18 y el límite a los decretos y resoluciones que crean deberes sin ley.
Marco legal
El artículo 19 se complementa con el 18 (inviolabilidad del domicilio y los papeles privados), con el artículo 14 (culto, asociación, prensa) y con el 75 inciso 22, que desde 1994 da jerarquía constitucional al Pacto de San José de Costa Rica, cuyo artículo 11 protege la vida privada y familiar. Lo ponen a prueba las leyes sobre el cuerpo y la conciencia: la Ley 23.737 de estupefacientes de 1989, cuyo artículo 14 castiga la tenencia para consumo personal; la Ley 26.618 de matrimonio igualitario (15 de julio de 2010); la Ley 26.742 de muerte digna (9 de mayo de 2012), que permite rechazar tratamientos pero excluye la eutanasia; la Ley 27.350 de cannabis medicinal (2017); y la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo (30 de diciembre de 2020), que la permite hasta la semana 14. La Constitución Nacional cierra el sistema con el artículo 28: ni siquiera una ley puede alterar el derecho que reglamenta.
Reformas
| Fecha | Qué cambió | Gobierno o mayoría |
|---|---|---|
| 1 de mayo de 1853 | Texto original, inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789 | Convención de Santa Fe, Confederación de Justo José de Urquiza |
| 24 de octubre de 1957 | Sin cambios; la Convención ratificó el texto de 1853 | Convención Constituyente de Santa Fe |
| 22 de agosto de 1994 | Sin cambios; el 75 inciso 22 incorporó el derecho a la vida privada del Pacto de San José | Pacto de Olivos entre Carlos Menem y Raúl Alfonsín |
Aplicación práctica
Drogas: tres fallos en veintitrés años. En «Bazterrica» (29 de agosto de 1986), bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, la Corte sostuvo que castigar la tenencia para consumo personal por sus daños potenciales violaba el artículo 19. En «Montalvo» (11 de diciembre de 1990), con la Corte de la era de Carlos Menem, volvió a penarla. En «Arriola» (25 de agosto de 2009), por unanimidad de sus siete jueces, declaró inconstitucional el párrafo de la Ley 23.737 que castiga con un mes a dos años de prisión la tenencia de escasa cantidad para consumo: protegió a cinco consumidores con hasta tres cigarrillos de marihuana cada uno, en el ámbito privado, sin menores y sin perjuicio a terceros, y aclaró que no habilitaba el consumo público ni la venta. El Congreso nunca cambió la ley: la tenencia sigue tipificada y cada caso depende del juez.
Autonomía personal. El matrimonio igualitario se aprobó en el Senado el 15 de julio de 2010 por 33 votos a 27 y 3 abstenciones; la muerte digna, en 2012; el aborto legal, el 30 de diciembre de 2020 por 38 a 29 y una abstención, con objeción de conciencia individual pero no institucional. El cannabis medicinal tiene marco legal desde 2017 y una cadena productiva regulada por la Ley 27.669 de 2022.
Eutanasia. La ley de 2012 no permite la eutanasia activa ni el suicidio asistido. En 2026 el Congreso recibió varios proyectos: el del diputado Esteban Paulón, presentado en mayo, reconoce el derecho a pedir asistencia médica para morir desde los 16 años, con dos solicitudes, revisión de una comisión y objeción de conciencia solo individual; Miguel Ángel Pichetto y la exsenadora Silvina García Larraburu impulsan textos propios; ninguno tiene dictamen. Milei rechazó la idea el 6 de abril de 2026: «La vida es un regalo que debemos honrar».
Protesta. El amparo del CELS contra el protocolo antipiquetes de diciembre de 2023 invocó el artículo 19 junto a los artículos 14, 14 bis y 28: una resolución ministerial no puede crear deberes ni restringir derechos que solo una ley puede reglamentar. El juez Martín Cormick lo aceptó el 29 de diciembre de 2025 y la Cámara lo revocó en marzo de 2026.
Críticas y debates
El artículo tiene dos lecturas enfrentadas sobre la «moral pública». La restrictiva, dominante en la Corte durante buena parte del siglo XX y en «Montalvo», entiende que el Estado puede castigar conductas privadas por su efecto social potencial. La amplia, la de «Bazterrica» y «Arriola», exige un daño concreto a terceros. El constitucionalista Roberto Gargarella sostiene que la redacción misma genera lecturas confusas; otros autores lo consideran la clave del «sistema de las libertades individuales».
Políticamente, el principio de reserva es territorio compartido. Milei define el liberalismo como «el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión», la idea que subyace al artículo; sin embargo, su Gobierno no impulsa cambios en la Ley 23.737 ni acompaña la eutanasia, y el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger concentra la agenda de «lo que la ley no prohíbe» en la economía. Unión por la Patria y la izquierda lo reivindican para el consumo personal, la autonomía reproductiva y el final de la vida, pero defienden la intervención estatal en el trabajo y el mercado que el liberalismo rechaza. Cada bando lee el artículo 19 como principio en su terreno y como excepción en el ajeno.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice el artículo 19 de la Constitución argentina? Que las acciones privadas que no dañan a terceros están fuera del alcance de los jueces y que solo la ley puede obligar o prohibir.
¿Qué es el principio de reserva? La primera frase del artículo: el Estado no puede castigar conductas que no ofendan el orden ni la moral pública ni perjudiquen a otros.
¿La tenencia de drogas para consumo personal es delito en Argentina? La Ley 23.737 la castiga, pero la Corte la declaró inconstitucional en «Arriola» (2009) para el consumo privado sin daño a terceros.
¿Qué fallos de la Corte aplican el artículo 19? «Bazterrica» (1986), «Montalvo» (1990) y «Arriola» (2009), sobre tenencia de estupefacientes para consumo personal.
¿La eutanasia está permitida en Argentina? No; la ley de muerte digna de 2012 solo permite rechazar tratamientos, y los proyectos de 2026 no tienen dictamen.