Qué es
La Ley 26.737 de Tierras Rurales, conocida como Ley de Tierras, limita cuánta tierra rural argentina puede estar en manos de extranjeros: no más del 15 % del total nacional, provincial y municipal, no más del 30 % de ese cupo para una misma nacionalidad y no más de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo, además de prohibir la compra de campos junto a grandes cuerpos de agua y en zonas de seguridad de frontera. La Cámara de Diputados la aprobó el 16 de diciembre de 2011 por 153 votos a 26 y el Senado la sancionó el 22 de diciembre por 62 a 1; Cristina Kirchner la promulgó el 27 de diciembre y se publicó el 28.
El Gobierno de Javier Milei la derogó por el artículo 154 del DNU 70/2023, publicado el 21 de diciembre de 2023, once días después de asumir. Desde entonces vive en los tribunales y en el Congreso. Condensa dos ideas de país: la tierra como recurso estratégico o como propiedad que se vende a quien quiera.
Qué dice
Son 19 artículos de orden público:
- Alcance (artículos 1 y 2). Toda tierra fuera del ejido urbano, cualquiera sea su uso: agrícola, forestal, turístico u otro.
- Quién es extranjero (artículos 3 y 4). Personas físicas extranjeras y sociedades con más del 51 % de capital extranjero o controladas desde fuera, incluidos fideicomisos. Quedan exceptuados los extranjeros con diez años de residencia continua, o cinco con hijos argentinos o cónyuge argentino.
- Topes (artículos 8 a 10). 15 % de la tierra rural del país, de cada provincia y de cada municipio o departamento; dentro de ese 15 %, no más del 30 % para una misma nacionalidad; 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo o la «superficie equivalente» que fije cada jurisdicción; prohibición de titularidad sobre tierras con cuerpos de agua de envergadura y permanentes.
- Registro (artículos 14 y 15). Crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el Ministerio de Justicia, con un relevamiento en 180 días.
- Derechos adquiridos (artículo 17). No afecta las propiedades anteriores a la ley.
Marco legal
Es una ley nacional de orden público que se apoya en el poder del Congreso de reglar el dominio y en la cláusula del artículo 124 de la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias el dominio originario de sus recursos naturales; por eso la reglamentación deja a cada provincia proponer las equivalencias de la zona núcleo. Fue reglamentada por el Decreto 274/2012 y retocada por los Decretos 820/2016 y 729/2022. Su derogación por el DNU 70/2023 se discute por la vía del artículo 99, inciso 3, de la Constitución (si un decreto de necesidad y urgencia puede derogar una ley) y del artículo 41 (ambiente sano), que es el fundamento del amparo de Bariloche.
Reformas
| Publicación | Qué cambió | Gobierno |
|---|---|---|
| 28 dic 2011 | Ley 26.737: el proyecto del Ejecutivo fijaba un 20 %, que Diputados bajó al 15 % | Cristina Kirchner |
| 2012 | Decreto 274/2012: reglamentación y puesta en marcha del Registro Nacional de Tierras Rurales | Cristina Kirchner |
| 30 jun 2016 | Decreto 820/2016: presunción de extranjería solo por encima del 51 %, zonas industriales fuera del cómputo, equivalencias de zona núcleo al alza, fin de las auditorías por incumplimiento | Mauricio Macri |
| 4 nov 2022 | Decreto 729/2022: nuevos ajustes a la reglamentación | Alberto Fernández |
| 21 dic 2023 | DNU 70/2023, artículo 154: deroga la ley entera | Javier Milei |
| 9 oct 2026 | Cautelar de la Corte Suprema: suspende el artículo 154 del DNU y la ley vuelve a regir hasta que resuelva el juzgado federal de Bariloche | Javier Milei (fallo de la Corte) |
Aplicación práctica
El relevamiento de 2015 contó un 6,09 % de tierra rural en manos extranjeras, unas 16,2 millones de hectáreas, y el de 2017 un 5,6 %, con Misiones (12,6 %), Salta (11,8 %), San Juan (10,8 %) y Corrientes (10,7 %) como las provincias más expuestas. La caída entre relevamientos responde en parte al cambio de criterios de cómputo del decreto de Macri, no a ventas a argentinos.
La caída de la Ley de Tierras de 2026 tuvo tres escenarios. En el Senado, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada de Federico Sturzenegger subía el tope al 25 % por provincia; los gobernadores Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Rolando Figueroa retiraron a sus senadoras, tres radicales se opusieron, el Gobierno retiró el capítulo el 5 de agosto y el proyecto obtuvo media sanción el 6 por 37 a 33 sin él. En la Corte, el 29 de septiembre Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación, porque el Centro de Ex Combatientes de Malvinas carecía de legitimación, sin pronunciarse sobre el fondo; el 9 de octubre, en el amparo colectivo de la asociación Árbol de Pie de Bariloche, Rosatti, Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci suspendieron el artículo 154 con la disidencia de Rosenkrantz. En Diputados, el 15 de octubre cayó por falta de quórum la sesión para derogar el DNU 70/2023, pero el 21 la Cámara aprobó la ley de propiedad privada por 124 a 119 y, por 239 votos a 4, le añadió dos artículos que anulan el artículo 154 y restituyen la Ley 26.737; el texto volvió al Senado, cuyas comisiones lo retomaron el 28 de octubre.
Críticas y debates
La Sociedad Rural Argentina, con Nicolás Pino, apoyó la liberalización: cada propietario debe poder decidir el uso de su tierra y cualquier regulación debe reconocer la diversidad productiva y geográfica del país. La Federación Agraria defendió una ley que mantenga el control estatal sobre la compra por extranjeros, porque el debate es cómo preservar la soberanía sobre la tierra, el agua y los recursos estratégicos. El Gobierno sostuvo primero la derogación total y luego el 25 %; el Observatorio de Tierras, por Pablo Volkind, calificó esa oferta de «engañosa», porque sin tope departamental hay departamentos con más del 40 % de tierra extranjera.
El debate de 2011 fue parecido: la UCR, por Mario Cimadevilla, dudaba de que la ley lograra su fin y objetaba que la Nación, y no las provincias, llevara el registro; el Frente para la Victoria, con Graciela de la Rosa, la presentó como una cuestión de «soberanía argentina». Quince años después, el oficialismo libertario perdió la votación en su propio proyecto y la ley que el DNU derogó rige por una cautelar, con el fondo pendiente en Bariloche y la última palabra en el Senado.
Preguntas frecuentes
¿Qué dice la Ley de Tierras? La Ley 26.737, de 2011, limita la tierra rural en manos extranjeras al 15 % nacional, provincial y municipal, con un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo.
¿Quién aprobó la Ley 26.737? El Congreso en diciembre de 2011, por 153 a 26 en Diputados y 62 a 1 en el Senado; la promulgó Cristina Kirchner el 27 de diciembre.
¿Milei derogó la Ley de Tierras? Sí, por el artículo 154 del DNU 70/2023, pero la Corte Suprema suspendió ese artículo el 9 de octubre de 2026 y la ley volvió a regir de forma cautelar.
¿Cuánta tierra argentina está en manos extranjeras? Un 5,6 % según el relevamiento de 2017 del Registro Nacional de Tierras Rurales, unas 15 millones de hectáreas, con Misiones y Salta por encima del 11 %.
¿Qué pasó con la Ley de Tierras en el Congreso en 2026? El Senado rechazó subir el tope al 25 % en agosto y Diputados votó restituir la ley el 21 de octubre por 239 a 4; el texto volvió al Senado.