El orden conservador y la generación del 80 (1880-1916)
La presidencia de Roca (1880-1886) abrió un periodo de estabilidad política y crecimiento que la historiografía llama el orden conservador, por el título del libro de Natalio Botana (1977). Gobernaba el Partido Autonomista Nacional (PAN), una red de gobernadores y notables provinciales que controlaba la sucesión: las elecciones existían, pero el voto era cantado, los padrones se manipulaban y los gobiernos «electores» decidían de antemano quién ganaba. Botana describió ese sistema con la fórmula de Alberdi: una «república posible», con libertades civiles amplias para todos y derechos políticos efectivos para pocos, a la espera de una «república verdadera».
La élite de esos años, la generación del 80, tenía un programa liberal y laico. La Ley 1420 de Educación Común (1884) estableció la escuela primaria obligatoria, gratuita y laica en la Capital y los territorios nacionales, y las leyes de registro civil (1884) y de matrimonio civil (1888) quitaron a la Iglesia el control de los nacimientos y los casamientos. El choque con la Iglesia llevó a la ruptura de relaciones con la Santa Sede entre 1884 y 1900.
La Conquista del Desierto y los pueblos originarios
El orden conservador se asentó también sobre la expansión territorial. Entre 1878 y 1885, las campañas militares que se conocen como Conquista del Desierto, dirigidas por Roca primero como ministro de Guerra, ocuparon la Pampa y la Norpatagonia; en el Chaco las campañas siguieron en las décadas siguientes. Miles de indígenas murieron, fueron trasladados a la isla Martín García, repartidos como servidumbre o confinados, y las tierras se distribuyeron entre pocos propietarios.
Durante un siglo la versión oficial presentó esas campañas como la consolidación de la soberanía nacional frente a Chile y la incorporación de tierras productivas. Desde los años noventa, investigadores de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena, como Walter Delrio y Diana Lenton, las analizan como un genocidio de los pueblos originarios. La reforma constitucional de 1994 reconoció «la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos», y en mayo de 2022 un juzgado federal de Resistencia declaró crimen de lesa humanidad la masacre de Napalpí (Chaco, 1924), en la que la policía y civiles armados mataron a cientos de indígenas qom y moqoit que reclamaban por sus condiciones de trabajo.
Inmigración masiva, granero del mundo y cuestión social
Entre 1880 y 1914 Argentina vivió la gran expansión agroexportadora. Con capitales británicos se tendieron decenas de miles de kilómetros de ferrocarril que convergían en el puerto de Buenos Aires; la lana primero y después el trigo, el maíz y la carne congelada y enfriada de los frigoríficos hicieron del país el «granero del mundo». La tierra de la Pampa húmeda quedó en buena parte en manos de grandes propietarios agrupados en la Sociedad Rural Argentina, fundada en 1866, y muchos inmigrantes trabajaron como arrendatarios o peones. La Unión Industrial Argentina nació en 1887, cuando la industria aún era pequeña.
La inmigración masiva transformó la sociedad. Según los censos nacionales, la población pasó de 1,7 millones de habitantes en 1869 a 3,95 millones en 1895 y a 7,9 millones en 1914, cuando casi el 30 % había nacido en el extranjero, la proporción más alta de la historia del país; italianos y españoles fueron las comunidades más numerosas. En Buenos Aires y Rosario, los recién llegados se hacinaban en los conventillos; en 1907 una huelga de inquilinos contra los alquileres se extendió por la capital.
Obreros, anarquistas y socialistas
Con los inmigrantes llegaron las ideas del movimiento obrero europeo. El Partido Socialista, fundado en 1896 por Juan B. Justo, llevó en 1904 al Congreso a Alfredo Palacios, elegido por el barrio de La Boca, el primer diputado socialista de América. El anarquismo, más fuerte entre los trabajadores, dominó la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), y las grandes huelgas generales de comienzos de siglo se respondieron con represión: la Ley de Residencia de 1902 permitió expulsar a extranjeros considerados peligrosos, y la Ley de Defensa Social de 1910 restringió las organizaciones anarquistas, en un clima de estado de sitio en torno a los festejos del Centenario. El informe que el médico Juan Bialet Massé elaboró en 1904 para el Gobierno nacional sobre el estado de las clases obreras documentó jornadas de doce y más horas y condiciones de vida extremas en el interior.
Las mujeres empezaron a reclamar derechos en esos años. Cecilia Grierson fue en 1889 la primera médica del país; la médica Julieta Lanteri, que había obtenido la ciudadanía, votó en una elección municipal de Buenos Aires en 1911, y el Partido Socialista y los centros feministas impulsaron proyectos de sufragio femenino. La Ley 11.357 de 1926 amplió los derechos civiles de las mujeres casadas, que ya podían trabajar y administrar sus bienes sin permiso del marido.