Vivienda: qué propone cada partido

La vivienda es el asunto que precipitó las elecciones: el PP votó con Vox, Junts y UPN contra los decretos del Gobierno que topaban las subidas del alquiler. Su alternativa, recogida en el decálogo de septiembre de 2026, apuesta por la oferta: un millón de viviendas en cuatro años. Propone silencio administrativo positivo si el ayuntamiento no responde en 90 días a una licencia, reducir de diez a cuatro años la tramitación urbanística, una nueva Ley del Suelo e inventariar el suelo público para que las casas construidas en él salgan hasta un 30 % por debajo del precio de mercado.

Para los jóvenes plantea avales públicos del 95 % al 100 % de la hipoteca, una "hucha hogar", IVA de la vivienda nueva del 10 % al 4 %, transmisiones patrimoniales al 4 % y exenciones del IRPF en los primeros años de vida laboral; según el PP, el ahorro sería de 21.000 a 26.000 euros por comprador.

Frente a la Ley de Vivienda, promete eliminar las zonas tensionadas y sus topes al alquiler y dar seguridad jurídica a los propietarios. Contra la okupación, Feijóo prometió el 18 de octubre en Barcelona una nueva ley para desalojar "en 48 horas" y encargó su redacción a Xavier García Albiol, cabeza de lista por esa provincia. La proposición que el PP logró tramitar en el Congreso en mayo de 2026, con desalojos en 24 horas y sin empadronamiento de los ocupantes, decayó al disolverse las Cortes.

La vivienda es el eje de la campaña socialista desde que el Congreso tumbó el 2 de octubre sus dos decretos; Pedro Sánchez promete que un Gobierno progresista los "reforzará y mantendrá". Sin programa publicado todavía (lo coordina Cristina Narbona), la referencia son esos decretos, reaprobados el 6 de octubre y pendientes de la Diputación Permanente, que los votaría el 12 de noviembre.

El primero suspende hasta 2030 los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, abre una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos que venzan, limita al 2 % la subida del alquiler en los contratos vigentes hasta finales de 2027 y fija un IVA del 10 % para los pisos turísticos. Añade un gravamen del 25 % sobre los beneficios no repartidos de las socimis, bonifica en el IRPF a los inquilinos con rentas de hasta 33.000 euros y a los caseros que bajen la renta, y ofrece préstamos ICO sin intereses de hasta el 20 % del precio (máximo 50.000 euros) para la primera vivienda. El segundo convierte el alquiler en una prórroga casi indefinida: quien no renueve sin causa justificada indemnizará al inquilino con 12 mensualidades.

En oferta, el PSOE reivindica Casa 47, la empresa estatal de vivienda creada en diciembre de 2025 a partir de Sepes, y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 (7.000 millones), que blindan como protegida para siempre la vivienda pagada con dinero público. Su programa de 2023 prometía 183.000 viviendas públicas de alquiler, la mitad para jóvenes.

La vivienda es, junto a las pensiones y la "remigración", uno de los tres ejes con los que Vox abrió la precampaña en Estepona el 11 de octubre. Ese mismo día, su secretario general, Ignacio Garriga, avanzó el paquete que el partido llevará al 29-N: construir vivienda social "masivamente" y adjudicarla con "prioridad nacional", de forma que los españoles sean los primeros en las listas; liberalizar suelo; desregular la construcción y bajar impuestos a quien quiera edificar; ayudas directas a los jóvenes para comprar, y pagar a plazos algunos impuestos de la compra. Garriga no detalló cómo se aplicaría la preferencia por nacionalidad.

En la parte fiscal, Vox mantiene lo que presentó en junio de 2025: IVA cero en la compra de la primera vivienda, recuperar la deducción por vivienda habitual en el IRPF, ventajas fiscales para el alquiler y suprimir los impuestos de Sucesiones, Patrimonio y la plusvalía municipal. Contra la ocupación ilegal propone desalojo policial en 24 horas con solo acreditar la propiedad o el contrato, un nuevo delito en el Código Penal y que el propietario deje de pagar el IBI y los suministros del ocupante.

Su plan de desregulación de 2026 incluye derogar la Ley por el Derecho a la Vivienda de 2023, con sus límites al alquiler. Abascal atribuye buena parte de la escasez a la llegada de inmigrantes, una relación que el resto de partidos no comparte.

La vivienda es el eje del Frente Amplio, la candidatura de Sumar para el 29-N, y fue el detonante del adelanto electoral. El 2 de octubre, PP, Vox, Junts y UPN tumbaron en el Congreso los dos decretos que Sumar había negociado con el PSOE: prórroga de los alquileres que vencen hasta 2028, suspensión de los desahucios de hogares vulnerables hasta 2030, límites a las compras de fondos y grandes tenedores y la renovación automática de los contratos, la medida que más empujó Sumar. El Gobierno los volvió a aprobar el 6 de octubre y la Diputación Permanente prevé votarlos el 12 de noviembre.

Sumar va más allá: en mayo de 2026 defendió en el Congreso prohibir que empresas y fondos compren vivienda y derogar la ley de las socimis (el PSOE lo sustituyó por impuestos a los pisos vacíos y a las compras de no residentes), y ha llegado a pedir la expropiación de viviendas de grandes propietarios en casos de desahucio. Ada Colau, cofundadora de la PAH y alcaldesa de Barcelona entre 2015 y 2023, reclama una "gran alianza" por el derecho a la vivienda.

Su programa de 2023 proponía invertir el 1 % del PIB durante diez años para crear un parque de dos millones de viviendas asequibles en alquiler, alquiler social obligatorio para los grandes tenedores, precios de referencia ligados al 30 % de la renta de los inquilinos y límites al alquiler turístico, de temporada y por habitaciones. Desde Consumo, Pablo Bustinduy obligó en 2025 a Airbnb a retirar más de 65.000 anuncios de pisos turísticos sin licencia.

La vivienda es el eje de la campaña de Irene Montero, que ganó las primarias de Podemos del 14 y el 15 de octubre con el lema «Paz, casa, trabajo». El partido aún no ha publicado su programa para el 29-N: sus propuestas proceden del documento político aprobado en su asamblea de abril de 2025 y de sus iniciativas en el Congreso. La medida estrella es bajar por ley un 40 % todos los alquileres como «medida de choque», que ya exigió en 2024 y 2025 para apoyar los Presupuestos.

Para que los pisos no salgan del alquiler propone prohibir el uso de viviendas como piso turístico, sancionar el fraude del alquiler de temporada, un impuesto a las viviendas vacías, una moratoria a la compra de vivienda que no sea para vivir en ella y un máximo de viviendas por propietario. El parque público, que cifra en el 2,5 %, crecería expropiando el uso del 50 % de las viviendas de los grandes tenedores y con compras masivas en el mercado privado, sin desalojos de familias vulnerables sin alternativa. En 2024 registró una ley con contratos de alquiler de 10 años (12 si el casero es una empresa) y en marzo de 2026 otra para limitar las hipotecas variables al euríbor más 0,1 % durante un año.

Sus cuatro diputados votaron a principios de octubre a favor de los decretos de alquiler del Gobierno, a petición de los sindicatos de inquilinas, aunque Ione Belarra los calificó de «migajas».

Ciudadanos (Cs) ha defendido históricamente una política de vivienda orientada a ampliar la oferta: más suelo disponible, agilización de licencias y menos trabas administrativas para impulsar la construcción y rebajar tensiones de precios. Su enfoque prioriza el funcionamiento del mercado frente a las intervenciones rígidas.

También ha apostado por incentivos al alquiler asequible y por fórmulas que faciliten el acceso de jóvenes y familias a una vivienda digna, combinando colaboración público-privada y apoyo a promotores que aumenten el parque disponible. En su discurso, la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria son claves.

Cs suele mostrarse crítico con controles de precios o medidas que, a su juicio, desincentivan la inversión y reducen la oferta. En una proyección para 2026, mantendría probablemente una línea liberal: más construcción, rehabilitación y ayudas focalizadas para quien realmente lo necesita.

El PNV sostiene que la vivienda es competencia exclusiva de Euskadi y no apoyó la ley estatal de vivienda de 2023. Su programa de ese año defiende fomentar el alquiler y promover vivienda pública suficiente, con atención a las emergencias sociales, y presume de que Euskadi es la comunidad con más vivienda pública de alquiler por habitante. Pide equilibrio entre inquilino y propietario y acuerdos para liberar suelo del Estado, como el de los cuarteles de Loiola en San Sebastián. En 2024 logró que la okupación de viviendas se juzgue por juicio rápido, con una enmienda incorporada a la ley de eficiencia de la justicia.

En la votación del 2 de octubre de 2026 que precedió al adelanto electoral, el PNV apoyó el decreto principal de vivienda y rechazó el de renovación automática de los alquileres. Maribel Vaquero explicó que el primero incluía cambios propuestos por su partido para proteger a la vez a las familias vulnerables y a los pequeños propietarios, y celebró que limite las compras de los fondos y regule el alquiler de temporada, que el PNV llama «la gran fuga de vivienda habitual». El segundo le pareció «contraproducente» y «un ataque al pequeño propietario». El 6 de octubre anunció el mismo voto para los decretos aprobados de nuevo ante la Diputación Permanente.

Vaquero considera el decreto un «parche» y pide medidas para construir más vivienda y dar seguridad jurídica a los propietarios. Atribuye a los huecos de la ley de 2023 que el alquiler de temporada haya subido hasta un 50 % en Euskadi.

La vivienda es el eje de la campaña de EH Bildu para el 29-N, según su dirección. La coalición negoció con el Gobierno la Ley de Vivienda de 2023, que permite limitar los alquileres en zonas tensionadas, y el 2 de octubre de 2026 votó a favor de los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. Oskar Matute los calificó de «avance insuficiente», pero de «punto de partida». El Gobierno los volvió a aprobar el 6 de octubre y está previsto que la Diputación Permanente los vote a mediados de noviembre.

Antes de esa votación, Matute detalló lo que pide EH Bildu: prohibir los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, sea quien sea el propietario; regular los alquileres de temporada, que considera «la vía de escape» para eludir la ley; topar las subidas de las rentas; contratos indefinidos; prohibir la compra especulativa de vivienda, y ayudas ágiles a los pequeños propietarios ante impagos. En Euskadi reclama aplicar a fondo la ley vasca de vivienda de 2015, incluida la expropiación de pisos vacíos en manos de fondos o bancos.

Su compromiso para las generales de 2023 ya pedía la prórroga automática e indefinida de los contratos de alquiler con la misma renta, congelar temporalmente las cuotas de las hipotecas de menos de 250.000 euros, con una subida máxima del 15 % sobre las anteriores al alza de tipos de 2022, y hacer obligatorio para la banca el Código de Buenas Prácticas hipotecario.

Gabriel Rufián ha hecho de la vivienda la prioridad de ERC en el Congreso. En marzo de 2026 el partido pidió al Gobierno prohibir los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler que vencen en 2026 y 2027, congelar al 0 % la subida anual de las rentas (el índice IRAV que sustituyó al IPC) y limitar el encarecimiento de las hipotecas de vivienda habitual ligadas al euríbor.

ERC votó a favor de los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó el 2 de octubre con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, y culpa a Junts de su caída. En septiembre, Rufián defendió subir los impuestos a partir de la tercera vivienda, gravar los pisos vacíos y topar los alquileres, y acusó al PSOE de frenar esas medidas.

Su programa de 2023 pedía que las comunidades con competencias pudieran regular íntegramente los alquileres (precio, duración y prórrogas), acotar el alquiler de temporada, permitir a las administraciones recuperar judicialmente pisos vacíos para darles uso social y recuperar los pisos de la Sareb. En las elecciones catalanas de 2024 prometió al menos 1.000 millones anuales para vivienda. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

Junts per Catalunya votó el 2 de octubre de 2026 en contra de los decretos de vivienda del Gobierno, junto a PP, Vox y UPN, y su derrota precipitó el adelanto electoral. Ese mismo día entregó al Ministerio de Vivienda un decreto alternativo de 59 páginas basado en incentivos fiscales y no en prórrogas obligatorias. Míriam Nogueras sostiene que votar en contra "fue lo correcto". A 18 de octubre, Junts no ha publicado programa para el 29-N.

Ese texto propone una prórroga voluntaria de hasta dos años, si la pactan las partes, para los alquileres de vivienda habitual que venzan antes del 30 de junio de 2028, y una deducción del 15 % en el IRPF por alquiler en 2026 y 2027. Rebaja al 5 % el IVA de determinadas compras de vivienda nueva para residencia habitual y de la vivienda social, y prevé avales del Estado de hasta 2.000 millones para vivienda asequible y 280 millones para construcción industrializada. Añade límites temporales a las compras en bloque de fondos y grandes tenedores y el desalojo cautelar de los ocupantes que no acrediten un título en 48 horas.

Su programa de 2023 pedía elevar el gasto estatal en vivienda al 0,6 % del PIB, la media europea, y transferir esos fondos a la Generalitat. También proponía traspasarle los pisos de la Sareb en Cataluña, recuperar la deducción por alquiler para menores de 30 años y crear avales del ICO para que los menores de 35 compren su primera vivienda.

El 2 de octubre de 2026 el BNG votó a favor de los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, aunque Néstor Rego los calificó de «parches» y criticó que el Gobierno los dividiera. Ana Pontón acusa al Ejecutivo de haber sido tibio ante los desahucios y la especulación, y el partido apoya la huelga general del 11 de noviembre convocada por CCOO y UGT en toda España y por la CIG en Galicia, con la vivienda como reivindicación central.

Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, pide elevar la inversión pública en vivienda hasta 250 euros por habitante, transferir gratis a Galicia las viviendas y suelos de la Sareb para ampliar el parque público, destinar a vivienda los inmuebles vacíos de ADIF, Defensa o Puertos del Estado y ampliar el recargo del IBI a las viviendas vacías. Defiende también contratos de alquiler más largos y estables, una fiscalidad de la vivienda con criterios redistributivos, ayudas a la rehabilitación más accesibles para los hogares vulnerables y adaptar el bono joven a los pisos compartidos.

En el Parlamento gallego, Pontón propuso el 17 de octubre que la Xunta dedique 240 millones de sus presupuestos de 2027 a comprar unas 1.400 viviendas vacías para alquiler social, al considerar que movilizar pisos ya construidos es más rápido que edificar.

En la votación del 2 de octubre de 2026 que precipitó el adelanto electoral, Cristina Valido apoyó el primer decreto de vivienda, que amplía hasta 2030 la protección frente a los desahucios de hogares vulnerables, y rechazó el de renovación automática de los alquileres, porque en Canarias la mayor parte del parque está en manos de pequeños propietarios. Calificó el primero de «punto de partida», pidió tramitarlo como proyecto de ley y advirtió de que, si el Congreso no era capaz de responder al principal problema de la gente, era mejor disolver las Cortes. CC había reclamado distinguir entre grandes tenedores y pequeños propietarios.

Como contrapartida, CC pidió al PSOE una ley que el Gobierno canario envió al Estado el 15 de octubre: exigir diez años de empadronamiento en las islas (quince si no son continuos) para comprar una vivienda, sea el comprador español o extranjero, un máximo de dos viviendas por persona en municipios distintos y que las empresas solo compren para vender o alquilar a particulares. Apela al artículo 349 del Tratado de la UE, aunque choca con la libre circulación de capitales.

La declaración de unidad con Primero Canarias pide financiación estatal para vivienda pública y asequible, ayudas a la compra y al alquiler, apoyo a la emancipación juvenil y una Ley de Residencia para Canarias. En el archipiélago, CC, PP, ASG y AHI aprobaron en noviembre de 2025 la ley del alquiler vacacional, que obliga al planeamiento a reservar al menos el 90 % de las viviendas al uso residencial.

El 2 de octubre de 2026 Alberto Catalán votó, con PP, Vox y Junts, contra los dos decretos de vivienda del Gobierno: el principal, que ampliaba la protección frente a los desahucios, limitaba la compra especulativa, topaba la subida de las rentas y regulaba el alquiler de temporada, cayó por 172 votos a favor y 178 en contra, y el segundo recogía la renovación de los contratos de alquiler. En enero de 2026 UPN ya había votado contra el decreto ómnibus que incluía la prórroga de los alquileres.

Su alternativa es aumentar la oferta y dar seguridad a los propietarios. El programa de 2023 prometía 6.000 viviendas protegidas en una legislatura, reactivar los desarrollos de Donapea (4.500 viviendas) y de los terrenos del tren de alta velocidad en Pamplona (11.000) y abandonar la intervención de precios del alquiler, porque a su juicio retrae la oferta, además de recuperar la reducción del 40 % de los rendimientos del alquiler en el IRPF.

En febrero de 2025, su presidenta, Cristina Ibarrola, propuso eximir del IRPF el 100 % de las rentas de quienes alquilen en torno al índice de precios de referencia, sin necesidad de zona tensionada; eximir del IRPF a los menores de 30 años con ingresos inferiores a 30.000 euros; un plazo de dos meses con silencio positivo para las licencias urbanísticas; un desarrollo de 5.000 viviendas en el Valle de Egüés, la mitad protegidas, y, en el ámbito estatal, más seguridad para los propietarios frente a los impagos y la ocupación ilegal. Recordó entonces que en Navarra había 20.800 familias en lista de espera de vivienda protegida.

PACMA atribuye la crisis de la vivienda al escaso parque social. En su programa de las generales de 2023 recuerda que solo el 2,5 % de las viviendas son sociales, frente al 9,3 % de media europea, y que los alquileres subieron más del 40 % en cinco años por el auge del alquiler turístico. Propone una gran dotación de vivienda social, en compra y en alquiler, y acuerdos con las entidades financieras para destinar sus pisos vacíos a alquiler a precio social.

Fue crítico con la Ley de Vivienda de 2023: sostiene que alargar la suspensión de los desahucios traslada a los propietarios particulares la carga que corresponde a las administraciones y acaba reduciendo la oferta, y que lo que necesitan los inquilinos es una renta asequible. Pide además la rehabilitación energética de los edificios de los centros urbanos para ampliar la oferta de viviendas y frenar la turistificación.

Su programa para las elecciones andaluzas de mayo de 2026 va más lejos: comprar viviendas vacías a grandes tenedores y bancos para alquiler social, declarar zonas tensionadas donde haya que regular los precios, blindar el parque público para que no pueda convertirse en negocio con los años y combatir la discriminación en el alquiler, también la de quienes tienen animales. PACMA pide además que las personas sin hogar y las víctimas de violencia machista puedan entrar con sus animales en albergues, casas de acogida y pisos tutelados.

El enfoque de Se Acabó La Fiesta (SALF) en vivienda es de oferta, no de control de precios. En Vistalegre (octubre de 2025) Alvise Pérez propuso una «democratización del suelo»: que todo el suelo sea edificable salvo que haya razones objetivas en contra, con ventajas fiscales para quien construya. En marzo de 2026 incluyó la vivienda, con silencio administrativo positivo y «cero impuestos», entre las cinco condiciones que puso a PP y Vox para no presentarse en Andalucía.

Sus contratos electorales autonómicos de 2026 lo concretan. El de Castilla y León proponía cero impuestos en la compra de la primera vivienda (transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados), licencias urbanísticas rápidas y telemáticas, colaboración público-privada para vivienda protegida y un programa que ayude con la entrada a jóvenes y familias con hijos. Rechaza los topes al alquiler, que a su juicio reducen la oferta, y prefiere incentivos fiscales para sacar más pisos al mercado.

La otra mitad es la okupación: una ley anti-okupación con desalojo policial en un máximo de 24 horas y ninguna ayuda social para quien ocupe ilegalmente. El programa andaluz (mayo de 2026) añadía una deducción en el IRPF para quien sufra una okupación, retroactiva diez años, y un registro público de okupas e «inquiokupas». En Vistalegre Alvise prometió además prisión inmediata por okupación.

Democracia 21 presenta la vivienda como su «prioridad número 1» y centra sus propuestas en los jóvenes. La principal es eliminar todos los impuestos ligados a la vivienda para los menores de 35 años mientras no se garantice el acceso a alquileres asequibles. Su objetivo es que quien gana 1.300 euros al mes no dedique más de 350 euros a la vivienda.

Propone además un Plan Nacional de Construcción de Barrios, pactado entre partidos para dar seguridad jurídica durante diez años a promotores y administraciones. Para financiarlo, Miriam González ha pedido a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que vayan juntos a Bruselas para que los 10.000 millones de euros de fondos Next Generation sin ejecutar se destinen a un fondo soberano de vivienda protegida y asequible. Su documento España Limpia añade que todo el dinero recuperado al despedir a los cargos de libre designación sin formación ni experiencia para el puesto irá a vivienda.

El director general del partido, el arquitecto Manel Rodríguez, es socio del Grupo SALAS y consejero delegado de ALAS Vivienda Asequible, y el partido le atribuye más de 20.000 viviendas desarrolladas. González ha dicho que quiere ampliar el acceso sin ahondar en el conflicto entre propietarios e inquilinos, pero D21 no se ha pronunciado sobre la ley de vivienda, los topes al alquiler ni el alquiler de temporada, los asuntos de los decretos que el Congreso tumbó antes del adelanto electoral.