Sanidad: qué propone cada partido

El documento más concreto del PP sobre sanidad es la carta abierta a los médicos que Alberto Núñez Feijóo publicó en marzo de 2026. En ella promete aumentar en torno a un 15 % las plantillas actuales, ante un déficit que cifra en 4.500 especialistas de Atención Primaria, y presentar en los primeros 100 días de Gobierno un nuevo modelo de planificación de profesionales. Propone una oferta MIR que crezca cada año, flexibilizar la acreditación de unidades docentes dando prioridad a Medicina Familiar y Pediatría, revisar las condiciones de los residentes, mejorar el pago y reducir la duración de las guardias y equiparar progresivamente las horas extra con las ordinarias durante la legislatura. Para financiarlo quiere una pieza separada para la sanidad en la financiación autonómica.

El dossier que el partido prepara para el 29-N añade una estrategia de salud mental con 10.000 profesionales más, un plan de prevención del suicidio, atención psicológica específica a niños y adolescentes y la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública. Su ponencia de 2025 defiende la libertad de elección del paciente y unos cuidados paliativos mejor dotados.

La medida más discutida es la de las bajas laborales: Feijóo quiere que las mutuas puedan dar el alta en determinadas patologías y hagan pruebas diagnósticas, y reforzar a los inspectores médicos del INSS. Los sindicatos lo rechazan por conflicto de intereses; las mutuas lo apoyan. En 2023 el PP prometía 1.000 plazas MIR más de Medicina Familiar y la especialidad de Urgencias.

El PSOE aún no ha publicado sus propuestas sanitarias para el 29-N. Pedro Sánchez plantea la campaña como una defensa de la sanidad pública frente a la privada: en Zaragoza, el 14 de octubre, contrapuso el hospital público al privado y prometió "cero recortes". Los socialistas añaden que su nuevo modelo de financiación autonómica, con casi 21.000 millones más para las comunidades en 2027, iría a sanidad, educación y vivienda.

En el Gobierno de coalición, el Ministerio de Sanidad ha estado en manos de Sumar, pero el PSOE hace suyo el balance: la Agencia Estatal de Salud Pública (aprobada en julio de 2025), la ley ELA de 2024 y el proyecto de ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud, que deroga la ley de 1997 que abrió la puerta a la gestión privada y limita los conciertos. Ese proyecto llegó al Congreso en mayo de 2026 y decae con la disolución. La reforma del Estatuto Marco del personal sanitario sigue abierta, tras las huelgas de médicos del primer semestre de 2026.

Su programa de 2023 prometía una ley de tiempos máximos de espera: 120 días para operarse, 60 para ver al especialista y 30 para pruebas diagnósticas, una ley de equidad que impida nuevos copagos, hasta un 15 % más de plazas en Medicina, un pacto de salud mental con un máximo de 15 días de espera para menores de 21 años y el refuerzo de la línea 024.

Vox no ha presentado aún un plan sanitario para el 29-N. Abascal habla del deterioro de la sanidad pública y lo vincula a la inmigración, y en 2026 el partido ha concentrado su actividad en el acceso de los inmigrantes en situación irregular. En abril pidió en el Congreso derogar el Real Decreto 180/2026, que regula su atención con fondos públicos, y limitarla a urgencias y atención vital, con el argumento de que agravará unas listas de espera que cifra en más de 800.000 personas. En agosto, tras la entrada masiva en Ceuta del 30 de julio, registró una proposición que pedía restringir allí la asistencia a esos casos y remitir a la frontera con Marruecos a los inmigrantes con enfermedades infecciosas o sin necesidad de tratamiento urgente.

La base de su modelo sigue siendo el programa de 2023: devolver al Estado las competencias sanitarias para crear "un verdadero Sistema Nacional de Salud", con tarjeta sanitaria única e historia clínica digital unificada; reducir las listas de espera con más conciertos con la sanidad privada; una red de Centros Nacionales de Oncología; una ley de cuidados paliativos junto a la derogación de las leyes de eutanasia y aborto, y retener a médicos y enfermeros. La "prioridad nacional" que defiende en 2026 se extiende también a los servicios públicos.

La sanidad es el área que Sumar ha gestionado directamente: el Ministerio de Sanidad lo dirige Mónica García, de Más Madrid, uno de los cuatro partidos del Frente Amplio. Sus propuestas para el 29-N parten de las leyes que decayeron con la disolución de las Cortes. La principal es la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobada por el Consejo de Ministros el 12 de mayo de 2026: derogaba la Ley 15/1997, hacía de la gestión pública directa la norma y de la privada una excepción sujeta a evaluación previa, y prohibía que una misma empresa construya un hospital y gestione su asistencia.

Quedaron también pendientes la nueva ley del tabaco, que amplía los espacios sin humo; la ley de medicamentos, y el Estatuto Marco del personal sanitario, que limitaba las guardias a 17 horas y que los sindicatos médicos rechazaron con una huelga indefinida, suspendida tras la convocatoria electoral.

El programa de Sumar de 2023, aún su referencia más completa, proponía subir el gasto sanitario público medio punto del PIB cada año, con prioridad para la atención primaria; incorporar a la sanidad pública la salud bucodental, la óptica, la audioprótesis, la psicoterapia y la fisioterapia; aprobar una ley de listas de espera con tiempos máximos y registro homogéneo en todo el país; un plan de choque de salud mental con un plan nacional contra el suicidio, y crear una empresa farmacéutica pública que fabrique medicamentos y vacunas.

Podemos aún no ha publicado su programa sanitario para el 29-N. Su posición parte del documento político de su asamblea de abril de 2025, que pide derogar todas las leyes que permiten privatizar la sanidad, y de la campaña que lanzó en febrero de 2026 para derogar la Ley 15/1997, la norma aprobada con el Gobierno de Aznar que abrió la gestión de centros públicos a empresas privadas. El partido quiere sustituirla por una ley que impida, en el Estado y en las comunidades, la entrada de empresas privadas en la sanidad pública, y pone como ejemplo los hospitales gestionados por Ribera Salud y Quirón.

En lugar de más gasto militar, propone aumentar «de forma muy significativa» la financiación para reforzar la atención primaria, garantizar la asistencia en el medio rural y reducir al mínimo las listas de espera. Critica que el Gobierno subiera más de un 41 % el dinero que MUFACE paga a las aseguradoras privadas.

Su programa europeo de 2024 añadía una farmacéutica pública, topes al precio de los medicamentos, la compra conjunta de fármacos, una ley integral de salud mental, la cobertura del 100 % de la atención bucodental, oftalmológica y auditiva y de la fisioterapia, y el aborto y la muerte digna garantizados en la red pública.

Ciudadanos (Cs) suele situar la sanidad pública en el centro, con énfasis en una gestión más eficiente, evaluación de resultados y reducción de listas de espera. Su enfoque combina defensa del sistema universal con medidas de modernización y transparencia.

En sus posiciones públicas, Cs ha defendido reforzar la atención primaria, mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y aumentar la digitalización sanitaria. También ha apostado por impulsar la carrera profesional y atraer y retener talento médico y de enfermería.

Otro eje habitual es la igualdad territorial, con propuestas para reducir diferencias entre comunidades, reforzar la interoperabilidad de historias clínicas y garantizar acceso homogéneo a tratamientos y pruebas. El partido suele insistir en más planificación, menos burocracia y una gestión orientada a resultados.

El PNV gobierna Osakidetza desde el Gobierno vasco y, en el Congreso, centra su programa sanitario en completar el autogobierno. Su programa de 2023 pide traspasar a Euskadi las competencias sanitarias pendientes: la formación sanitaria especializada (el MIR) y la acreditación de sus plazas, el control sanitario de las bajas laborales y la sanidad exterior. Mientras tanto, para paliar la falta de médicos, propone cambiar el MIR para que no queden plazas vacantes y agilizar la acreditación de unidades docentes.

El mismo programa reclama que los Gobiernos vasco y navarro tengan un puesto permanente en los órganos que autorizan y fijan el precio de los medicamentos, más investigación y prestaciones para las enfermedades raras y el alzhéimer, y la regulación del cannabis medicinal, que el PNV impulsó en la legislatura anterior. Defiende un acceso universal a la sanidad basado en la equidad.

En 2026 la huelga de médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad ha marcado su agenda. En febrero, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, pidió a Mónica García reabrir la negociación con los sindicatos médicos y reclamó para Euskadi la capacidad de tener su propio estatuto marco, porque a su juicio la reforma ponía en riesgo Osakidetza. Ya en precampaña, Maribel Vaquero incluyó las huelgas de médicos entre los asuntos prioritarios del PNV.

EH Bildu defiende una sanidad pública de gestión directa. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía derogar la Ley 15/1997, aprobada con el Gobierno de Aznar, que permite externalizar y privatizar la gestión de servicios sanitarios. El Gobierno aprobó en mayo de 2026 un proyecto de ley que la derogaba, pero seguía en tramitación cuando se disolvieron las Cortes.

Aquel compromiso proponía ampliar las plazas MIR y asegurar que se cubren para reforzar la atención primaria, multiplicar el presupuesto de salud mental y las plazas de psicología clínica (PIR) para garantizar atención psicológica pública y gratuita, con atención especial a los jóvenes, e incluir servicios dentales y oftalmológicos básicos en la cartera pública. Añadía productos de higiene menstrual gratuitos para personas vulnerables y un IVA superreducido para ellos.

En marzo de 2024 registró en el Congreso una proposición no de ley para frenar el plan de traspasar a las mutuas parte de la gestión de las bajas laborales, que según la coalición debilitaría la sanidad pública. En Euskadi, su programa de las autonómicas de 2024 prometía aumentar un 10 % la plantilla de atención primaria de Osakidetza (unos 600 profesionales) en los primeros cien días, auditar los contratos del servicio de salud y recuperar para la gestión pública servicios hoy contratados con empresas privadas.

Para ERC la sanidad es competencia de la Generalitat, y su prioridad en Madrid es la financiación: sostiene que la sanidad catalana está infrafinanciada por el modelo autonómico y vincula su mejora a la financiación singular pactada en enero de 2026, que quedó pendiente al disolverse las Cortes. Su programa de 2023 proponía incluso suprimir el Ministerio de Sanidad, por considerar que gestiona una competencia transferida. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

Aquel programa recogía medidas concretas: condonar una deuda histórica con la Seguridad Social originada en 1995, que cifraba en 472 millones; una fiscalidad saludable, con IVA reducido para alimentos de dietas especiales como los de los celíacos y más impuestos para las bebidas azucaradas; y la gratuidad del 061.

También pedía atajar la falta de especialistas (flexibilizar la jubilación de los profesionales y mejorar la elección de plazas de formación sanitaria especializada), el traspaso a Cataluña de la formación sanitaria especializada y de la homologación de títulos extranjeros, y que el Estado financie las nuevas prestaciones y fármacos que incorpora a la cartera común y que después pagan las comunidades.

Junts per Catalunya defiende el modelo sanitario catalán, que combina centros públicos y concertados, y atribuye sus problemas a la infrafinanciación. Su programa de 2023 sostenía que la sanidad catalana necesita 5.000 millones de euros más y que solo puede dedicar a la salud el 5,5 % de su PIB, frente al 8 % o 9 % de los países con sistemas parecidos. A 18 de octubre no ha publicado programa para el 29-N.

En junio de 2026 Junts anunció una enmienda a la totalidad contra la ley de gestión pública del Sistema Nacional de Salud de Mónica García, que prima la gestión directa. Calificó de "estéticos" los cambios del ministerio y argumentó que la ley invade competencias de la Generalitat y amenaza la red concertada catalana. La ley decayó al disolverse las Cortes.

Aquel programa pedía ampliar las plazas MIR, sobre todo en medicina de familia, y traspasar a la Generalitat los edificios de hospitales que gestiona pero que son de la Seguridad Social, como Vall d'Hebron, Bellvitge y el Trueta. También proponía reformar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, dar más prestaciones a los enfermos de ELA y acortar los plazos de incorporación de los medicamentos aprobados por la UE.

El BNG aspira a que Galicia gobierne su sistema sanitario sin interferencias del Estado. Mientras tanto, su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, pide financiar la sanidad pública al menos con la media de gasto por habitante de la UE, ponderando más la dispersión y el envejecimiento, y reformar la Ley 15/1997 para que la titularidad, la gestión y la prestación de los servicios queden solo en manos de entidades públicas, cerrando la vía a las privatizaciones.

Propone eliminar los copagos farmacéuticos, que define como «un impuesto a la enfermedad», y ampliar la cartera común con dentista, podología, óptica, logopedia y terapia ocupacional financiadas al 100 %. Para el personal, quiere suprimir la tasa de reposición, garantizar la jubilación anticipada y parcial del personal estatutario y transferir a Galicia la formación MIR, EIR y PIR, con más plazas según las necesidades del Sergas.

Reclama además traspasar la sanidad penitenciaria al Sergas, con los medios necesarios y el pago de la deuda que el Ministerio del Interior tiene con él, y financiar la investigación en enfermedades raras y en dolencias más frecuentes en las mujeres, como la endometriosis o la fibromialgia, con indicadores de género en los ensayos clínicos. La gestión diaria del Sergas corresponde a la Xunta del PP, a la que el BNG culpa del deterioro de la atención primaria.

La sanidad es competencia del Gobierno de Canarias, que preside Fernando Clavijo, así que en el Congreso Coalición Canaria se centra en la financiación. Su acuerdo de investidura con el PSOE de noviembre de 2023 pide que el nuevo modelo de financiación autonómica valore el sobrecoste sanitario de la insularidad y la lejanía, propio del único territorio ultraperiférico de España, y que los Presupuestos del Estado refuercen las partidas de salud mental en Canarias. A escala estatal, el texto plantea un acuerdo entre el Gobierno y las comunidades para mejorar la atención a la salud mental desde la primaria.

En la campaña de 2023, Cristina Valido sostuvo que la financiación no se había actualizado pese al crecimiento de la población y que Canarias tiene que replicar los servicios en cada isla, además de su dificultad para atraer especialistas. En febrero de 2025, el Congreso aprobó una moción de CC que insta al Gobierno a pactar con Canarias una financiación extraordinaria para la atención sanitaria a los migrantes que llegan a sus costas; la apoyaron todos los grupos salvo Vox.

El modelo de financiación pactado en julio de 2026, que CC respalda, suma 1.337 millones anuales para las islas. La declaración de unidad firmada con Primero Canarias el 17 de octubre incluye la mejora de los servicios públicos, sin cifras concretas. CC no había publicado a mediados de octubre un programa sanitario para el 29-N.

La sanidad es competencia del Gobierno de Navarra, donde UPN está en la oposición, y a mediados de octubre el partido no había presentado propuestas sanitarias para el 29-N: el programa conjunto con el PP estaba aún en redacción. Sus compromisos conocidos en este terreno son los de su programa de 2023, con el que se presentó a las elecciones forales y que también difundió para las generales de julio.

Su medida estrella era reducir un 65 % la lista de espera para la primera consulta con el especialista, de 60.000 a 20.000 personas, con un plan integral que abarcara revisiones, pruebas e intervenciones y una ley de tiempos máximos de espera con priorización clínica, incluido el inicio del tratamiento en procesos graves como el cáncer. En atención primaria prometía cita en 24 horas en todas las zonas básicas de salud para las consultas que necesiten atención en el día y garantizar la consulta presencial a quien la prefiera.

Para los profesionales planteaba equiparar sus retribuciones fijas a las de los mejor pagados del entorno, eliminar la exclusividad de los médicos con evaluación de resultados, sustituir el sistema de «peonadas» por incentivos ligados a resultados, fidelizar a los MIR formados en Navarra con contratos ofrecidos antes de terminar la residencia e incentivar las plazas de difícil cobertura. Incluía también una guardia de oncología las 24 horas en el Hospital Universitario de Navarra, una nueva UCI pediátrica, un centro de salud mental infantojuvenil y nuevos centros de salud en Tudela, Tafalla, Estella, Cascante, Villava y Ripagaina.

PACMA defiende una sanidad pública, universal y sin copagos. Su programa de las generales de 2023, el último que ha presentado al Congreso, pide reforzar la atención primaria, devolver al sistema público los servicios privatizados, planes contra las listas de espera de consultas, pruebas y operaciones, más atención domiciliaria y la actualización de los planes ante epidemias. Rechaza el copago porque, según la OMS que cita, acaba aumentando el gasto y aleja de la consulta a los más desfavorecidos.

Sus propuestas más concretas son tres. Un Plan Nacional de Prevención del Suicidio independiente de la estrategia de salud mental, con detección precoz en colegios y entre víctimas de violencia de género, mayores, personas sin hogar y presos; recuerda que el Congreso lo pidió por unanimidad en 2017 y que seis años después no existía. Atención bucodental gratuita básica para todas las personas, porque hoy la odontología está casi entera en manos privadas. Y plazas de dietistas-nutricionistas en hospitales y centros de salud, una profesión sanitaria que apenas existe en la red pública.

Como partido animalista, propone además que los hospitales habiliten una sala donde los pacientes ingresados puedan recibir la visita de sus animales de compañía, con protocolos de seguridad e higiene, y que todos los comedores públicos, hospitales incluidos, ofrezcan menús vegetarianos y veganos. Hasta mediados de octubre no había detallado propuestas sanitarias nuevas para el 29-N.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha publicado un programa sanitario nacional para el 29-N. Alvise Pérez se limitó en Vistalegre (octubre de 2025) a prometer que reduciría las listas de espera, y en febrero de 2026, en Valladolid, propuso una central única de compras para la sanidad de todo el país, con el argumento de que mantener 17 sistemas sanitarios distintos sale más caro.

Las medidas concretas están en sus contratos electorales autonómicos de 2026, que repiten la misma fórmula en Castilla y León y en Andalucía: un plan de choque contra las listas de espera con un máximo de 30 días para ver al especialista y 90 días para una cirugía programada, quirófanos por la tarde, consultas extra y conciertos con clínicas privadas sin coste para el paciente. El de Castilla y León añadía subir el presupuesto sanitario al menos un 5 % anual con lo ahorrado en «chiringuitos», una historia clínica electrónica única, incentivos para cubrir plazas en el medio rural y exigir título homologado y especialidad MIR a todos los médicos.

Ambos documentos defienden además una sanidad para ciudadanos y residentes legales: facturar la asistencia a los países de origen o a los pacientes no asegurados y no garantizar la atención no urgente a nacionales de países que no cooperen con España. También proponen retirar las operaciones de cambio de sexo de la cartera de servicios del sistema público.

Democracia 21 incluye la sanidad entre sus prioridades bajo el lema «Salvar la sanidad cuidando a quienes nos cuidan», que pone el foco en los profesionales sanitarios. Por ahora es solo un título: el partido no ha publicado medidas sobre listas de espera, plantillas, atención primaria o salud mental, y su documento España Limpia, el único programa completo que ha difundido, no trata la sanidad.

Su marco general es el de unos servicios públicos eficientes, que su web resume como pasar «del Estado de malestar al Estado de bienestar». Miriam González defiende aliviar la presión fiscal y, a la vez, «recuperar unos buenos servicios públicos», sin plantear sustituirlos por gestión privada. Tampoco ha explicado cómo abordaría una competencia que gestionan las comunidades autónomas.

Lo más concreto es el perfil de su equipo. Forman parte de él la anestesióloga Carmen Truyols, formada en el Hospital Gregorio Marañón; el ginecólogo Pedro Fuentes, que fue jefe de sección en el Hospital Príncipe de Asturias y al que el partido presenta como defensor de la sanidad pública, e Irene Tato, experta en comunicación sanitaria y portavoz de la red Women in Global Health. Su vicepresidenta, Maricé Sánchez-Macián, investiga el uso de la inteligencia artificial como apoyo a pacientes oncológicos. El partido asegura que irá presentando nuevas propuestas durante la campaña.