Inmigración: qué propone cada partido

La base de la propuesta migratoria del PP es el Plan Nacional para una Inmigración Legal, Ordenada y Mutuamente Beneficiosa, presentado en octubre de 2025. Su eje es un visado por puntos que valora formación, experiencia, idioma e integración, con dos vías: contrato en origen o visado temporal para buscar empleo en sectores con falta de mano de obra; pertenecer a la Hispanidad puntúa a favor. Añade cuotas anuales por países y sectores, solo para los países que colaboren en las repatriaciones, migración circular con retorno garantizado para campañas agrícolas y la construcción, y una autoridad única que sustituya a los cinco ministerios que hoy intervienen.

El plan pone fin a las regularizaciones generalizadas, como la extraordinaria que el Gobierno anunció en enero de 2026, y las sustituye por un régimen transitorio individual y por puntos. El arraigo y la reagrupación familiar volverían a ser excepcionales, las ayudas no urgentes exigirían residencia legal y no solo empadronamiento, y el Ingreso Mínimo Vital se ligaría a buscar empleo. La expulsión sería la regla tras una condena por delitos especialmente graves o por reincidencia; se ampliaría la estancia en los CIE y la nacionalidad exigiría un nivel B2 de español y un examen reforzado.

Tras la entrada masiva en Ceuta de finales de julio, Feijóo prometió en la ciudad el 7 de octubre de 2026 que las 15.000 personas en situación irregular que calcula allí deben abandonar España y anunció una nueva Ley de Extranjería para devolver de inmediato a quien entre de forma irregular. En el Contrato con España que firmó el 19 de octubre se comprometió además a prohibir por ley las regularizaciones colectivas, a que la entrada o la estancia ilegal no den acceso a la residencia, a endurecer los requisitos de la nacionalidad y a que quien venga a delinquir «tendrá que marcharse».

El PSOE no ha presentado todavía propuestas migratorias específicas para el 29-N; su posición es la del Gobierno: combinar control de fronteras con vías de migración regular e integración, y defender la inmigración como motor del empleo y de las pensiones. Su medida de bandera es la regularización extraordinaria, pactada con Podemos en enero de 2026 y aprobada por real decreto en abril: dio un permiso de residencia y trabajo de un año a quienes llevaran en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025 y no tuvieran antecedentes penales. El plazo cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes. En su mitin de Zaragoza, Pedro Sánchez afirmó que "casi medio millón" de esas personas ya trabaja y cotiza.

La legislatura dejó también la reforma del reglamento de extranjería (en vigor desde mayo de 2025), que acorta el arraigo a dos años y facilita trabajar a los estudiantes, y el decreto que obliga a repartir entre comunidades a los menores migrantes no acompañados cuando Canarias, Ceuta o Melilla están desbordadas. Tras la entrada masiva en Ceuta del 30 y 31 de julio, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha comprometido a desalojar los montes de la ciudad antes del 1 de noviembre.

Del programa de 2023 siguen en pie reducir las llegadas irregulares y salvar vidas, desmantelar las mafias en los países de origen, ampliar los convenios de migración circular, agilizar las oficinas de extranjería y aprobar una nueva ley de nacionalidad.

La inmigración es el centro de la campaña de Vox. Tras la convocatoria del 5 de octubre, Santiago Abascal situó en este terreno dos de los tres ejes que exigirá en cualquier acuerdo de Gobierno: la "prioridad nacional", preferencia de los españoles en ayudas, vivienda pública y servicios, y la "remigración". En Ceuta, el 12 de octubre, la concretó en tres medidas: repatriar a todo el que entre ilegalmente, deportar a los extranjeros que cometan delitos y abrir un "proceso de remigración" para quienes vivan de ayudas sin trabajar ni cotizar. El 18 de octubre, en una entrevista en La Razón, añadió convenios para que los extranjeros condenados cumplan la pena en su país, una auditoría de las nacionalidades concedidas y un despliegue militar permanente en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla. Admitió que varias medidas exigen reformar leyes españolas, normas europeas y tratados.

El partido ya ha llevado parte de esa agenda a los pactos de 2026 con el PP en Extremadura y Andalucía: prioridad en ayudas y vivienda protegida por "arraigo real, duradero y verificable", rechazo a acoger menores no acompañados y prohibición del burka y el niqab. En las Cortes pidió que los extranjeros reincidentes sean expulsados en lugar de cumplir pena y recurrió ante el Supremo la regularización extraordinaria de 2026, sin lograr su suspensión cautelar.

Su programa de 2023 añadía el bloqueo naval, la repatriación de menores no acompañados, suprimir el arraigo y el empadronamiento de los irregulares y revisar la nacionalidad por nacimiento.

Sumar llega al 29-N, dentro del Frente Amplio, como defensor de la regularización extraordinaria de inmigrantes. Apoyó en el Congreso la iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas y, con su tramitación bloqueada, el Gobierno aprobó la regularización por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril: podían pedir papeles quienes estuvieran en España antes del 1 de enero de 2026, llevaran al menos cinco meses y no tuvieran antecedentes penales, con un plazo de solicitud del 16 de abril al 30 de junio.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU) gestionó el reparto entre comunidades de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla, tras declarar la contingencia migratoria en agosto de 2025.

El programa de Sumar de 2023, su referencia más completa, proponía reformar la Ley de Extranjería con un procedimiento de regularización permanente y trámites más simples; una ley integral contra el racismo; poder pedir asilo en embajadas y consulados; cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE); tipificar como delito las devoluciones sumarias en frontera y suprimir la disposición de la ley que las ampara, con supervisión independiente en la Frontera Sur; sanidad universal también para las personas en situación irregular, y facilitar la participación política de los migrantes. En la Unión Europea, abogaba por un pacto de migración con corredores humanitarios y un reasentamiento obligatorio y más generoso.

La migración es uno de los asuntos en los que Podemos marca más distancia con el resto de partidos. Su principal logro reciente es la regularización extraordinaria que Irene Montero anunció el 26 de enero de 2026 tras pactarla con el Gobierno: el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, permitió pedir papeles a quienes estuvieran en España antes de 2026, acreditaran cinco meses de residencia y no tuvieran antecedentes penales. El plazo se cerró el 30 de junio con 1.174.978 solicitudes, según el Ministerio de Inclusión.

Sin programa publicado aún para el 29-N, su documento político de abril de 2025 va más allá: sostiene que «migrar es un derecho humano» y que «ninguna persona es ilegal», y pide regularizar de inmediato a todas las personas que viven y trabajan en España y concederles la nacionalidad por carta de naturaleza mediante un procedimiento exprés del Consejo de Ministros, con derecho al voto. Propone derogar la Ley de Extranjería, cerrar los CIE, acabar con lo que llama «redadas racistas» y garantizar que denunciar un delito de odio no suponga la expulsión.

En Europa quiere derogar el Pacto de Migración y Asilo, sustituir Frontex por una agencia pública de salvamento marítimo, abrir vías legales y seguras, permitir pedir asilo en embajadas y consulados y no firmar acuerdos migratorios con países que no respeten los derechos humanos, según su programa europeo de 2024.

Cs ha defendido una política de inmigración ordenada y legal, con control de fronteras, expulsión de quienes entren o permanezcan irregularmente y prioridad para quienes se integren y respeten las normas.

También ha apostado por ligar la inmigración a las necesidades del mercado laboral, reforzando vías de entrada reguladas, la cooperación con países de origen y una gestión más eficaz de asilo y retorno.

En su enfoque habitual, Cs combina firmeza y pragmatismo: más medios para fronteras, trámites ágiles y exigencia de integración lingüística, laboral y cívica para acceder plenamente a derechos y oportunidades.

El PNV defiende una inmigración legal, segura y ordenada, ligada al mercado de trabajo y al futuro de las pensiones, gestionada desde Euskadi. Su programa de 2023 pide la transferencia de las políticas migratorias al País Vasco y la defensa de su modelo de acogida, un reparto equitativo de los menores no acompañados y de los solicitantes de asilo entre comunidades y municipios, y que los inmigrantes con contrato de trabajo no tengan que pasar por el arraigo. Propone también reconocer las cualificaciones de los trabajadores extranjeros, mejorar la contratación en origen y la migración circular, garantizar la trazabilidad de los rechazos en frontera y buscar alternativas al internamiento en los CIE.

En su programa europeo de 2024 apoyó el Pacto de Migración y Asilo con mecanismos de solidaridad obligatoria entre Estados, que regiones y ciudades participen en las decisiones migratorias y que no se criminalice a las ONG de rescate en el mar.

En febrero de 2026 el Gobierno vasco presentó alegaciones a la regularización extraordinaria del Gobierno para reforzar la inserción sociolaboral, y el lehendakari Imanol Pradales pidió que se hiciera de forma segura y ordenada. El 28 de agosto, en plena crisis migratoria en Ceuta, Aitor Esteban reclamó «competencias integrales» en inmigración para Euskadi, en paralelo a la demanda de Junts para Cataluña, y acusó al Gobierno de ser incapaz de tener un sistema de acogida ordenado. Pradales y Maribel Vaquero han respaldado esa exigencia.

EH Bildu defiende una política migratoria centrada en los derechos de las personas migrantes. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía derogar la Ley de Extranjería y sustituirla por una ley que garantice sus derechos humanos y civiles y su acceso a los servicios públicos básicos, además de una ley integral contra el racismo y todas las formas de discriminación.

En la frontera, reclamaba corredores y vías seguras, empezando por reabrir los pasos entre Irun y Hendaia, en el Bidasoa, donde han muerto varias personas migrantes al intentar cruzar a Francia, y acabar con las devoluciones en caliente, por tierra y por mar, que considera contrarias al derecho internacional. El pacto que firmó con el Gobierno en octubre de 2024 para reformar la «ley mordaza» incluía añadir a la Ley de Extranjería garantías de acceso al asilo antes de cualquier expulsión, pero la reforma no se aprobó antes del fin de la legislatura.

En abril de 2024 votó a favor de tramitar la iniciativa legislativa popular para regularizar a cerca de medio millón de inmigrantes en situación irregular, que salió adelante con el apoyo de todos los grupos salvo Vox. El Gobierno aprobó en abril de 2026 una regularización extraordinaria por real decreto. EH Bildu reclama además que la competencia en migración se traspase a las instituciones vascas y navarras, una de las transferencias que figuran en su lista de prioridades.

ERC defiende la acogida y una integración basada en el catalán y el empleo, y se enfrenta al discurso de Vox y de Aliança Catalana. En 2026 participó en la negociación del real decreto de regularización extraordinaria de inmigrantes, con solicitudes del 16 de abril al 30 de junio, y, según el propio partido, logró que el conocimiento del catalán cuente para acreditar el arraigo cuando se revise el permiso. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

Reclama además competencias en inmigración para la Generalitat. El 23 de septiembre de 2025 votó a favor de la ley pactada por PSOE y Junts para delegarlas, que el Congreso rechazó por 173 votos a 177 con el voto en contra de PP, Vox, Podemos y UPN. Rufián defendió entonces que esas competencias eran para Cataluña y no para Junts, al que acusó de alimentar, por miedo a Aliança Catalana, un discurso que acabaría favoreciéndola.

Su programa de 2023 proponía derogar la ley de extranjería y sustituirla por una ley de movilidad humana, conceder la nacionalidad por residencia en un máximo de cinco años, reconocer el derecho de voto a los residentes empadronados, cerrar los CIE, acabar con las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla y con los acuerdos de externalización de fronteras.

La gran reclamación de Junts per Catalunya en inmigración es que Cataluña tenga la competencia plena. La proposición de ley orgánica que pactó con el PSOE delegaba en la Generalitat la concesión y renovación de los permisos de residencia y trabajo, la resolución de expulsiones, la gestión de los centros de internamiento de extranjeros y la seguridad de puertos y aeropuertos a cargo de los Mossos. El Congreso la rechazó el 23 de septiembre de 2025 por 173 votos a favor y 177 en contra, con el no de PP, Vox, Podemos y parte de Sumar. Ese rechazo fue uno de los motivos de su ruptura con el Gobierno. A 18 de octubre, Junts no ha publicado programa para el 29-N.

En 2026 ha endurecido su discurso, en competencia con Aliança Catalana, que no se presenta a estas generales. Criticó que la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno no exigiera el catalán. Propone pedir un nivel A2 de catalán para renovar esos permisos y un B1 para acreditar arraigo en el futuro. En marzo anunció su apoyo a una enmienda del PP para exigir certificado de antecedentes penales en todos los permisos de residencia, que el Gobierno vetó en la Mesa del Congreso. En agosto, Míriam Nogueras exigió que Cataluña quedara fuera del reparto de menores llegados a Ceuta. Junts también plantea elevar de tres a diez años el empadronamiento exigido para optar a vivienda protegida.

Su programa de 2023 era más abierto: pedía vías legales y seguras de migración y suprimir las devoluciones en caliente.

El capítulo migratorio del programa del BNG de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, se titula «Ninguna persona es ilegal». Propone reformas legales que garanticen a los migrantes el acceso a la vivienda, el trabajo, la sanidad y la educación y que faciliten su regularización administrativa, más personal y medios en las oficinas de extranjería y la erradicación de cualquier trato discriminatorio o racista en las administraciones.

Pide además el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el fin de las deportaciones, el respeto estricto del derecho internacional de asilo y refugio y, en la Unión Europea, una política migratoria que respete el asilo y renegociar los acuerdos de Schengen. Vincula las migraciones masivas a las guerras y a las políticas neocoloniales en África y Oriente Medio. En el Congreso registró enmiendas en 2024 a la iniciativa legislativa popular para una regularización extraordinaria, cuya toma en consideración solo rechazó Vox.

En lo competencial, quiere que la inmigración pase a Galicia junto a otras materias. En octubre de 2025 la Comisión de Política Territorial del Congreso rechazó por 29 votos contra 7 su propuesta de convocar la Comisión Mixta Estado-Xunta para negociar ese traspaso y otras veinte competencias, entre ellas la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

La llegada de cayucos por la ruta atlántica y la acogida de los menores migrantes no acompañados han marcado la legislatura de Coalición Canaria. Su acuerdo de investidura con el PSOE de noviembre de 2023 exigía cambiar la ley para que esos menores no sean responsabilidad exclusiva de la comunidad a la que llegan. Tras fracasar en 2024 una proposición de ley de CC, PSOE y Sumar, el Gobierno reformó la Ley de Extranjería por decreto ley, pactado con Junts, que el Congreso convalidó el 10 de abril de 2025 con el voto de CC y en contra de PP y Vox. En agosto de 2025 se declaró la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, lo que permite trasladar menores a otras comunidades.

En junio de 2026 el Gobierno central planteó darla por terminada y el Gobierno canario se opuso, porque los menores acogidos en las islas siguen triplicando su capacidad. En el Congreso, Valido logró en febrero de 2025 el apoyo de todos los grupos salvo Vox a una moción para financiar la atención sanitaria a los migrantes, y calificó entonces de «inhumano» el bloqueo del reparto de los menores.

La declaración de unidad del 17 de octubre de 2026 pide activar de forma efectiva el cupo de solidaridad, con atención humanitaria y responsabilidad compartida entre comunidades. CC también reclama más implicación de la UE y voz propia en las negociaciones migratorias con Marruecos, y rechaza la «prioridad nacional» de Vox, que a juicio de Clavijo convertiría Canarias en un «almacén» de inmigrantes.

UPN presentó su propuesta migratoria más detallada el 22 de abril de 2026, en la jornada «Acción Inmigración» que clausuró su presidenta, Cristina Ibarrola. Su eje es vincular la inmigración al empleo: traspasar a Navarra la gestión de los permisos de trabajo de los extranjeros, como ya ocurre en el País Vasco, ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para contratar en origen y exigir que quien sea contratado en el extranjero permanezca al menos 12 meses en la empresa que lo contrata. Pide también agilizar los trámites para entrar y residir de forma regular y ayudas fiscales a los emprendedores inmigrantes.

Al mismo tiempo reclama agilizar las expulsiones: Ibarrola criticó que en 2025 solo se ejecutara el 8 % de las órdenes de expulsión. Propone una comisión de seguimiento de la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno en 2026, que mida cuántos regularizados obtienen un contrato estable, cuántos pasan a cobrar la renta garantizada y su efecto sobre los servicios públicos, y una financiación estable para los ayuntamientos con más población inmigrante.

Sobre los menores migrantes no acompañados, UPN dice no oponerse a su acogida, pero prioriza el retorno con sus familias, exige que no se supere la capacidad de Navarra y critica la falta de criterios equitativos entre comunidades en el reparto, como repitió en septiembre de 2026 tras las llegadas a Ceuta. Su programa de 2023 incluía una ley foral contra el racismo y la xenofobia, el aprendizaje del idioma y la mediación intercultural en los colegios.

La inmigración ocupa un apartado breve en los programas de PACMA, que la aborda desde la acogida y los derechos. Su programa de las generales de 2023 propone el acceso de las personas migrantes a todos los derechos, como la educación, la sanidad y el alojamiento, para una inclusión efectiva; programas de acogida que garanticen condiciones dignas y la autonomía de los refugiados; equipos técnicos multidisciplinares en los centros de acogida, coordinados con equipos jurídicos y de inclusión; asesoramiento sobre inmigración, refugio y retorno voluntario, y campañas contra la xenofobia y el racismo. Como nota propia, incluye informar a quien llega sobre la protección animal y sobre cómo traer legalmente un animal desde otro país.

En su programa para las europeas de 2024 pide una política común de asilo en la UE basada en la solidaridad y el reparto equitativo de responsabilidades entre Estados, que dé protección internacional a quien la necesite y respete el principio de no devolución. Recuerda que España se comprometió en 2015 a acoger a 19.449 refugiados en dos años y solo recibió unos 2.500, y que el Tribunal Supremo declaró vinculante ese compromiso. Propone revisar la directiva europea contra la trata de seres humanos y perseguir a las redes de traficantes, no a sus víctimas.

Sus programas no se pronuncian sobre la regularización extraordinaria de inmigrantes ni sobre el reparto de los menores migrantes entre comunidades autónomas.

La inmigración es, junto a la corrupción, el eje central de Se Acabó La Fiesta (SALF). Alvise Pérez lanzó su candidatura a las generales en Vistalegre, el 12 de octubre de 2025, con la promesa del «mayor plan de deportación masiva de inmigrantes ilegales de la historia reciente de España», financiado con la ayuda de cooperación internacional —empezando por la que recibe Marruecos— y con el uso de buques para expulsar y frenar las entradas irregulares. Lo justificó con una tasa de delincuencia de los extranjeros que, según dijo, triplica la media, una cifra que no detalló.

Sus contratos electorales autonómicos de 2026 reproducen el plan: identificar a los inmigrantes en situación irregular y poner los medios policiales y administrativos para su expulsión rápida, aunque admiten que la competencia es del Estado. Añaden la prioridad para españoles y residentes legales en ayudas sociales, vivienda protegida, beneficios fiscales y plazas de guardería, y cortar subvenciones y convenios de cooperación con países o entidades que «favorezcan» la inmigración ilegal; el de Castilla y León citaba a la UNRWA. En sanidad, plantean facturar la atención a los países de origen y no garantizar la no urgente a nacionales de países que no colaboren.

SALF rechaza la inmigración como respuesta al envejecimiento: su programa castellanoleonés dice que el futuro pasa por «tener hijos», no por «traer millones de inmigrantes», y por eso liga su rebaja del IRPF por hijo a la natalidad.

Democracia 21 considera la inmigración un activo y una ventaja competitiva para España y propone «desterrar los discursos xenófobos», en un debate en el que otras formaciones han endurecido sus posiciones. Su web la incluye entre sus prioridades bajo el título «Una política migratoria responsable».

Al mismo tiempo, Miriam González defiende una política con reglas claras: que el Estado decida quién entra, cómo, cuándo y cuándo debe salir del país. Su planteamiento combina la llegada regulada de trabajadores con el cumplimiento de esas normas, aunque el partido no ha explicado qué instrumentos usaría.

D21 no ha concretado medidas sobre regularizaciones, el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades, el control de las fronteras de Ceuta y Melilla, los centros de internamiento ni el pacto europeo de migración y asilo, y su documento programático España Limpia no trata la inmigración. En su equipo figura Andrés Cuella, que ha trabajado para ACNUR y para la Agencia de Asilo de la UE y copresidió el grupo de trabajo sobre asilo del Consejo de la UE, un perfil centrado en la protección internacional. El partido dice que irá presentando nuevas propuestas, y su coalición con Ciudadanos y UCIN no ha publicado un programa común.