Medio Ambiente: qué propone cada partido

El PP aborda el cambio climático "desde un diagnóstico exclusivamente científico, no ideológico", según su ponencia política de julio de 2025, y pide una transición "ordenada, realista y justa" cuyos plazos no encarezcan la vida de los ciudadanos. Su apuesta energética más clara es la prórroga de las centrales nucleares: el decálogo de septiembre de 2026 propone derogar el calendario de cierre, aprobar medidas fiscales que garanticen su rentabilidad y suprimir el impuesto sobre la generación eléctrica, junto a un plan de choque para desbloquear los accesos a la red y un plan de eficiencia energética. Presenta la nuclear como complemento de las renovables, no como alternativa.

En agua, propone un Plan Nacional del Agua pactado con todas las comunidades autónomas, que evite inundaciones y garantice el suministro, y un programa "renove" de presas con una auditoría técnica de los grandes embalses. La inversión llegaría a 100.000 millones de euros hasta 2035, con entre 400 y 500 millones para emergencias y un programa extraordinario de 4.000 millones para las cuencas mediterráneas. El dossier electoral incluye además un plan de gestión forestal.

Para el campo, el partido sostiene que la sobrerregulación y las "políticas verdes" perjudican a agricultores, ganaderos y pescadores: propone declarar estratégico el sector agroalimentario, reducir trámites y elevar las ayudas al gasóleo y los fertilizantes hasta el límite que permita Bruselas. En 2023 ya proponía extender la vida de las nucleares con el aval del Consejo de Seguridad Nuclear y agilizar los permisos de las renovables.

El PSOE no ha publicado propuestas medioambientales nuevas para el 29-N y su referencia sigue siendo la hoja de ruta del Ministerio para la Transición Ecológica, en manos socialistas: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, que fija como objetivo que el 81 % de la electricidad sea renovable en 2030 y recortar las emisiones un 32 % respecto a 1990. Pedro Sánchez insiste en un pacto de Estado frente a la emergencia climática, que propuso tras los incendios del verano de 2025 y volvió a reclamar en julio de 2026, con 130.000 hectáreas ya quemadas este año según sus datos.

En energía nuclear, el Gobierno mantiene el calendario de cierre, pero en agosto de 2026 autorizó que Almaraz siga operando hasta junio de 2030, en lugar de cerrar en 2027 y 2028, tras el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear; Sumar lo considera un incumplimiento del acuerdo de coalición. En movilidad, el PSOE reivindica el abono único de transporte estatal de 60 euros al mes (30 para menores de 26 años), lanzado en enero de 2026 para Cercanías, Media Distancia y autobuses estatales.

Su programa de 2023 prometía una ley para fijar con comunidades y ayuntamientos las zonas idóneas para instalar renovables con beneficios para los vecinos, impulsar el autoconsumo colectivo, el almacenamiento y el hidrógeno verde, aprobar las leyes básicas de bomberos forestales y agentes forestales, renovar la flota aérea contra incendios e invertir en desalación y reutilización del agua.

Vox plantea la política ambiental como una carga regulatoria que hay que reducir. Su plan de desregulación, presentado en junio de 2026 y que Abascal ha convertido en eje de campaña, incluye derogar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021, la Ley de Movilidad Sostenible, la ley de residuos y suelos contaminados y las normas del comercio de derechos de emisión; revisar la ley de evaluación ambiental; y, en Bruselas, frenar las medidas del Pacto Verde Europeo, la prohibición de vender coches de combustión en 2035 y la condicionalidad climática de la PAC, además de revertir el acuerdo comercial con Mercosur.

En energía defiende alargar la vida de las centrales nucleares, con Almaraz como bandera, e instalar pequeños reactores modulares en los emplazamientos de centrales cerradas, según su programa de 2023, que también pedía suprimir los impuestos de la factura de la luz. Su propuesta fiscal actual fija un IVA del 4 % para la luz y el gas. En agua, reclama un Plan Hidrológico Nacional con interconexión de cuencas, defiende el trasvase Tajo-Segura y se opone a demoler presas.

Esa línea ya figura en los pactos de 2026 con el PP: Andalucía, Extremadura y Castilla y León se comprometen a "blindar" al campo frente a la Agenda 2030 y el Pacto Verde, y el acuerdo andaluz suprime tres impuestos ambientales autonómicos.

El Frente Amplio, la candidatura con la que Sumar se presenta el 29-N, no ha publicado aún su programa ambiental. Su posición más reciente es el rechazo a la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030, que el Gobierno aprobó en agosto de 2026: el ministro Ernest Urtasun la calificó de "error estratégico que rompe el calendario de cierre acordado", acusó al PSOE de incumplir el acuerdo de coalición y advirtió de que frena el despliegue de las renovables. Sumar defiende mantener el calendario de cierre de todo el parque nuclear, que termina en 2035, con una moratoria a cualquier nueva iniciativa nuclear.

Su programa de 2023, la referencia más completa, pedía reformar la Ley de Cambio Climático para reducir las emisiones un 55 % en 2030, lograr un 90 % de electricidad renovable en 2030 y alcanzar las emisiones netas nulas en 2040, diez años antes que el objetivo europeo, camino de un sistema eléctrico 100 % renovable. Incluía también rehabilitar 500.000 viviendas al año, que en 2040 no circulen vehículos de combustión, limitar los vuelos en trayectos que puedan hacerse en tren y recuperar el tren nocturno, y sacar la nuclear y otras tecnologías del precio marginal de la electricidad para acabar con los "beneficios caídos del cielo".

En agua y biodiversidad, proponía aplicar la Directiva Marco del Agua en un pacto de Estado contra la desertificación y proteger el 30 % de la superficie terrestre y marina en 2030.

Podemos no ha presentado aún su programa para el 29-N y su propuesta ecológica sigue el documento político de abril de 2025, que liga la transición a la justicia social: «quienes más contaminan son quienes más tienen». Plantea pagar cada megavatio hora según su coste de producción, acabando con el sistema marginalista y los «beneficios caídos del cielo», una factura de la luz progresiva según el consumo, más impuestos a las eléctricas y una empresa pública de energía que gestione la transición. Propone impuestos a los aviones privados, yates, campos de golf y coches de alta cilindrada, ayudas para que las familias con menos recursos compren un coche eléctrico al precio de uno de gasolina, más zonas de bajas emisiones y mantener los descuentos al transporte público.

En el campo quiere frenar la compra de tierras por fondos de inversión, retirar a los fondos especulativos los derechos de riego que acaparan y avanzar hacia un modelo agroecológico; también ampliar la protección animal a los perros de caza.

Su programa europeo de 2024 fijaba reducir a la mitad la producción energética fósil en 2030 y llegar al 100 % renovable en 2040, una hoja de ruta para abandonar la energía nuclear, prohibir el fracking, sacar el gas y la nuclear de la taxonomía verde europea y mantener la protección del lobo.

Ciudadanos (Cs) suele situar el medio ambiente dentro de una agenda liberal y de modernización: defensa de políticas climáticas compatibles con la actividad económica, impulso a la innovación y apoyo a una transición energética ordenada, sin penalizar a empresas y familias.

En sus posiciones públicas, Cs ha apostado por reforzar la economía circular, mejorar la gestión de residuos y promover el ahorro y la eficiencia energética. También ha defendido más inversión en tecnología limpia y en soluciones que reduzcan emisiones sin recurrir a medidas intervencionistas excesivas.

En materia de agua, ha mantenido una línea de apoyo a la planificación hidrológica, la interconexión y las infraestructuras necesarias para combatir sequías, con una visión pragmática. Su enfoque combina protección ambiental con seguridad de suministro y competitividad territorial.

El PNV plantea la transición energética como una política industrial: descarbonizar sin deslocalizar la industria vasca. Su programa de 2023 propone acelerar las renovables agilizando su tramitación, electrificar el consumo y dar prioridad de acceso a la red a las comunidades energéticas frente a los grandes proyectos. Apuesta por un hidrógeno verde producido aquí y con tecnología propia, para no depender de importarlo, por la eólica marina flotante con subastas específicas y por los combustibles sintéticos para la aviación y el transporte marítimo.

Para la industria pide revisar el estatuto de consumidores electrointensivos, para que entren más empresas, compensar el 100 % de los costes indirectos del CO₂, mejorar la retribución de la cogeneración y contratos eléctricos a largo plazo (PPA) con garantía del Estado. Para los hogares, mantener los bonos sociales eléctrico y térmico, rediseñar las ayudas MOVES al coche eléctrico y un plan renove para sustituir vehículos de quince años o más. Quiere que el abastecimiento de agua siga en manos públicas.

En transporte, reclama culminar cuanto antes la Y vasca de alta velocidad con llegada soterrada a Bilbao y Vitoria, conectarla con Navarra y Aquitania, pasar mercancías de la carretera al tren por el corredor atlántico (por Irun-Biriatou cruzan unos 7.500 camiones al día) y el traspaso de las cercanías. En su programa europeo de 2024 defiende una transición justa basada en la neutralidad tecnológica, y en la precampaña de 2026 Maribel Vaquero sitúa entre sus prioridades una transición energética adecuada, una industria sostenible y el mantenimiento del empleo.

EH Bildu enmarca el medio ambiente en la emergencia climática y en un modelo energético con más control público. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía revisar la Ley de Cambio Climático para endurecer los objetivos de 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2040, diez años antes de lo que fija la ley vigente.

En energía proponía más inversión en renovables con una planificación respetuosa con cada territorio, cambiar el sistema marginalista con el que se fija el precio de la electricidad en Europa para que cada tecnología cobre según su coste real, y facilitar por ley la creación de comercializadoras eléctricas públicas en todos los niveles de la administración, para restar poder de mercado a las grandes eléctricas. También pedía prorrogar el tope al precio del gas mientras los precios no volvieran a los niveles previos a la crisis energética.

Ante la sequía, planteaba una nueva política de regulación y ahorro del agua que garantice el suministro a la población y al campo, y endurecer las sanciones a las eléctricas que usen los embalses para manipular precios. En el Parlamento Vasco, la coalición impulsó en 2023 una ley, aprobada con el apoyo de todos los grupos salvo Vox, que permite instalar placas solares y puntos de recarga en edificios con una comunicación previa al ayuntamiento, sin licencia de obra. La defendió Mikel Otero, hoy cabeza de lista al Congreso por Álava.

ERC se presenta como un partido ecologista que quiere plantar cara a los oligopolios energéticos. Su programa de 2023 proponía elevar el objetivo de reducción de emisiones de la ley de cambio climático hasta el 55 % en 2030 respecto a 1990, en línea con la Unión Europea, y aplicar un impuesto sobre el carbono. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

En energía, aquel programa pedía separar la producción de la distribución eléctrica, que las redes de distribución sean de titularidad pública, revisar el sistema marginalista de fijación de precios y traspasar a la Generalitat la gestión de las centrales hidroeléctricas. También proponía ampliar el autoconsumo compartido a instalaciones de hasta 5 MW y a una distancia de 5 kilómetros (20 en zonas rurales). Sobre las nucleares, ERC se abstuvo en febrero de 2025 en la proposición del PP que pedía alargar la vida de los siete reactores, entre ellos los de Ascó y Vandellòs.

En movilidad, defiende priorizar el tren frente al avión, con límites a los vuelos cuando haya alternativa ferroviaria y un impuesto progresivo al transporte aéreo. En agua, pedía modificar el Plan Hidrológico del Ebro para garantizar los caudales ecológicos y traspasar a Cataluña la gestión del Delta del Ebro.

Junts per Catalunya apoya la transición energética y los objetivos del Acuerdo de París, pero su prioridad en este ámbito es que la Generalitat tenga más competencias sobre el agua, la energía y el territorio. A 18 de octubre no ha publicado programa para el 29-N, así que sus propuestas más detalladas son las de 2023.

En la energía nuclear, clave para Tarragona por las centrales de Ascó y Vandellòs, Junts no se ha alineado con ningún bloque. En junio de 2025 se abstuvo y permitió que saliera adelante la proposición de ley del PP para alargar el calendario de cierre de las nucleares. En noviembre de 2025 volvió a abstenerse, y la enmienda del PP para suprimir la fecha de cierre de Almaraz, Ascó I y Cofrentes cayó por 171 votos a favor y 172 en contra.

Su programa de 2023 pedía que la Generalitat gestionara de forma integral todas las cuencas catalanas, incluido el tramo catalán del Ebro, y que se modificara el caudal ecológico del plan hidrológico del Ebro. Proponía aumentar la producción renovable, promover la eficiencia energética y una fiscalidad verde que no suba la presión fiscal global, con la recuperación de la deducción del 8 % en Sociedades por inversiones ambientales. También planteaba implantar sistemas de depósito y retorno de envases, tras evaluar su viabilidad. Además, pedía derogar las leyes estatales que, a su juicio, recentralizaron competencias ambientales, como las de parques nacionales, montes y costas.

El BNG encabezó en las instituciones la oposición a la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei, cuyo expediente archivó la Xunta en julio de 2026 por considerarlo inviable al faltarle la subestación eléctrica. El partido lo celebró como «un importante triunfo de la ciudadanía» y sostiene que contribuyó a que el Estado negara financiación pública al proyecto.

Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, pide retirar los planes de ordenación del espacio marítimo (POEM) y declarar la costa gallega no apta para la eólica marina, por su choque con la pesca y el marisqueo. En tierra quiere recuperar la evaluación de impacto ambiental y la participación vecinal en los parques eólicos que el decreto ley 20/2022 permitió agilizar, y revisar los ya aprobados para frenar los más lesivos. Defiende una generación eléctrica distribuida y de proximidad, recuperar las concesiones de los embalses para crear una empresa pública gallega de energía y mantener la prohibición del fracking.

Propone además declarar el eucalipto especie exótica invasora para limitar su cultivo y prevenir incendios, proteger el 30 % del territorio y del mar en 2030, sanear y regenerar las rías, recuperar suelos contaminados por lindano y transferir a Galicia las competencias de costas, cuencas hidrográficas y salvamento marítimo.

Para Coalición Canaria, la política ambiental del Estado en las islas pasa por compensar su condición de sistemas aislados. Su acuerdo de investidura con el PSOE de noviembre de 2023 pide un sistema de compensación con partidas anuales en los Presupuestos del Estado que modere el precio del agua desalada, regenerada o reutilizada hasta equipararlo al de la Península, y revisar la regulación de las nuevas centrales y de la renovación de las obsoletas tras los apagones totales («ceros energéticos») sufridos en algunas islas. Propone también consolidar Canarias como laboratorio natural para ensayar y certificar tecnología marina y sostenible, y dotar los convenios de obras hidráulicas y costas.

Su programa autonómico de 2023 fijaba el objetivo de pasar del 20 % al 45 % de energías renovables en cuatro años y reivindicaba la ley canaria de cambio climático y transición energética, que CC apoyó desde la oposición. En el Gobierno de Canarias, CC y PP sacaron adelante en noviembre de 2025 la ley del alquiler vacacional, que ordena el uso turístico de las viviendas. Clavijo ha rechazado una tasa turística general para todo el archipiélago: en septiembre de 2025 argumentó que agravaría el desequilibrio entre las islas.

La declaración de unidad firmada con Primero Canarias el 17 de octubre de 2026 no incluye un apartado ambiental específico, más allá de la defensa de las singularidades de las islas, y CC no había publicado propuestas nuevas para el 29-N.

El acuerdo de coalición con el PP para el 29-N compromete a ambos partidos a impulsar desde el Gobierno la segunda fase del Canal de Navarra y el refuerzo de la red eléctrica navarra. El canal, que toma el agua del embalse de Itoiz, es la gran reivindicación hídrica de UPN: según el partido, mejorará el abastecimiento del 70 % de la población, permitirá regar 59.000 hectáreas y ayudará a controlar las avenidas del río Irati. Su programa de 2023 pedía acelerar la obra para que la Ribera tenga agua de boca del canal y que el Estado la financie.

En energía, aquel programa planteaba planes para alcanzar una producción eléctrica 100 % renovable, repotenciar los parques eólicos existentes, apoyar el hidrógeno verde, la biomasa, el autoconsumo y el consumo compartido, la calefacción urbana de distrito y las ayudas para comprar coches híbridos y eléctricos, además de un programa para medir la huella de carbono de la comunidad e incentivos a las empresas que la reduzcan.

En residuos proponía suprimir el impuesto al vertido y el Fondo de Residuos de la ley foral y sustituirlos por bonificaciones a quienes reciclen, y limitar la entrada de residuos orgánicos de territorios vecinos. Incluía también un plan contra las inundaciones, prevención de incendios forestales con zonas de alto riesgo y apoyo a los cazadores para controlar la fauna salvaje. Para el 29-N no había publicado propuestas ambientales propias a mediados de octubre.

El medio ambiente es, con los animales, el eje de PACMA, que en noviembre de 2022 lo incorporó a su nombre. Su programa de las generales de 2023 dedica un bloque entero a frenar las macrogranjas: limitar el tamaño y el número de animales de todas las explotaciones, revisar las autorizaciones con evaluaciones de impacto ambiental acumulado, regular los purines, multiplicar las inspecciones, suprimir las subvenciones y crear un impuesto climático según las emisiones de cada granja. Pide reducir el consumo de alimentos de origen animal y prohibir las campañas institucionales que lo promocionan.

También propone prohibir el glifosato y otros herbicidas y plaguicidas peligrosos, ampliar las áreas protegidas terrestres y marinas del 18 % al 30 % del territorio en 2030, devolver a manos públicas la gestión del agua, oponerse a nuevas piscifactorías intensivas y prohibir la munición de plomo. Considera insostenible un modelo energético basado en combustibles fósiles y nuclear y apuesta por las renovables y el tren eléctrico de mercancías. Contra los incendios, quiere ampliar el periodo de máximo riesgo del 1 de junio al 31 de octubre, con prohibición de quemas, barbacoas en zonas forestales, pirotecnia y farolillos.

En la fauna, pide catalogar al lobo ibérico como especie en peligro de extinción, y en su programa europeo de 2024 se opuso a la granja de pulpos que Nueva Pescanova planeaba en Gran Canaria y al fracking. Su candidato, Asier Esparza, defiende que las políticas para los animales, las personas y el medio ambiente no pueden hacerse por separado.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha publicado propuestas medioambientales para las generales. Su posición de fondo la expresó Alvise Pérez en Vistalegre (octubre de 2025), donde criticó que las políticas de la Unión Europea dañan la productividad y a los agricultores. Lo más concreto está en su contrato electoral de Castilla y León (marzo de 2026), que habla de un «ecologismo racional» y avisa de que la Agenda 2030 «no impondrá sus dogmas».

En energía, ese programa pedía al Gobierno paralizar el calendario de cierre de las centrales nucleares, que la comunidad optase a los nuevos reactores modulares pequeños (SMR), impulsar la hidroeléctrica y no cerrar centrales térmicas ni embalses sin alternativa viable. Acepta las renovables, pero con orden: las macroplantas eólicas y solares, en zonas degradadas, polígonos y cubiertas industriales, no en suelo agrario productivo, y un canon para quien ocupe suelo rústico que deje infraestructuras y empleo en el territorio.

Para el campo proponía oponerse al acuerdo comercial con Mercosur y exigir cláusulas espejo, ejecutar las obras hidráulicas pendientes y modernizar regadíos, una ventanilla única agraria con plazos tasados y silencio positivo, eliminar la obligatoriedad del cuaderno digital de explotación, planes de control de fauna salvaje (jabalíes, conejos, lobos y buitres) con indemnizaciones en plazo y bonificar el gasóleo profesional agrario.

Democracia 21 incluye el medio ambiente en su lista de prioridades con un apartado titulado «Anticipación climática y futuro verde». Su web habla de dar «respuestas reales» para la adaptación al cambio climático, un enfoque centrado en prepararse para sus efectos más que en nuevas metas de reducción de emisiones. El partido no lo ha desarrollado: a 18 de octubre no ha publicado ninguna medida ambiental concreta.

Ni el documento España Limpia, su único programa completo, ni la presentación de Miriam González del 10 de octubre de 2026 abordan la transición energética, la energía nuclear y el cierre de Almaraz, las renovables, la gestión del agua o la agricultura, asuntos en los que los grandes partidos tienen posiciones definidas. Tampoco ha aclarado su postura sobre los objetivos climáticos de la Unión Europea, pese al perfil europeísta de su fundadora y de su vicepresidente, el diplomático Juan González-Barba.

Lo más cercano a una política ambiental es su discurso de modernización: un Estado que pase de «obstaculizador» a «facilitador», con menos trámites y procedimientos más rápidos, sin precisar cómo se aplicaría a los permisos de proyectos energéticos o industriales. El partido asegura que irá anunciando nuevas propuestas durante la campaña, y su coalición con Ciudadanos y UCIN no ha presentado un programa común.