Estado y CCAA: qué propone cada partido

El PP, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, ha hecho de la financiación autonómica uno de sus frentes con el Gobierno. Rechaza la financiación singular para Cataluña pactada por el PSC y ERC, que sus presidentes autonómicos llaman "cupo catalán", y presentó una enmienda a la totalidad contra la condonación de parte de la deuda autonómica. Su ponencia política de julio de 2025 propone un nuevo sistema acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con participación de la AIReF y sin acuerdos bilaterales, que deje a cada comunidad fijar su política tributaria y responder de su gasto, sin "privilegios" que rompan la caja común. Alberto Núñez Feijóo ha prometido además una pieza separada para la sanidad dentro de ese modelo.

La ponencia defiende un Estado autonómico regido por "igualdad, cooperación y lealtad", reconoce los regímenes forales y pide reforzar la presencia del Estado en todas las comunidades. Propone dar al Senado derecho de veto en las leyes que afecten especialmente a las autonomías y obligar al presidente del Gobierno a acudir a su sesión de control cada mes.

En lenguas, garantiza el derecho a estudiar en español en todas las etapas, que la Administración atienda en la lengua oficial que elija el ciudadano y el uso del castellano en el Congreso, manteniendo las cooficiales en el Senado. Feijóo propone también acabar con la fragmentación normativa que, dice, impone hasta 17 reglas distintas para una misma actividad, y limitar a una sola prórroga presupuestaria antes de disolver las Cortes.

El PSOE defiende un Estado autonómico de corte federal y llega al 29-N con dos grandes reformas territoriales que la disolución de las Cortes dejó a medias y que promete retomar. La primera es el nuevo modelo de financiación autonómica que presentó María Jesús Montero en enero de 2026 y que el Consejo de Política Fiscal y Financiera respaldó el 4 de septiembre: 20.975 millones más para las comunidades en 2027, la cesión del 55 % del IRPF y el 56,5 % del IVA y adhesión voluntaria. Solo lo apoyaron Cataluña y Canarias; las comunidades del PP pidieron retirarlo. Necesitará mayoría absoluta en el próximo Congreso.

La segunda es la condonación de 83.252 millones de deuda autonómica, con un ahorro estimado de 6.700 millones en intereses. El proyecto superó en julio las enmiendas a la totalidad de PP y Vox, pero decae con la legislatura. El PSOE las presenta como dinero para sanidad, educación y vivienda; PP y Vox, como concesiones a sus socios, igual que la financiación singular para Cataluña pactada en julio de 2025.

El partido defiende también la Ley de Amnistía, avalada por el Tribunal Constitucional en 2025, como herramienta de normalización en Cataluña. Su programa de 2023 proponía una ley de cohesión territorial, reconocer la Conferencia de Presidentes como máximo órgano de cogobernanza, reformar el Senado como cámara territorial y fijar como objetivo que las administraciones inviertan al menos el 7 % del PIB en sanidad y el 5 % en educación.

Vox cuestiona el Estado autonómico en sí y defiende un Estado unitario. Su programa de 2023 proponía la devolución inmediata al Estado de las competencias en educación, sanidad, seguridad y justicia, la supresión progresiva de las policías autonómicas, suspender la autonomía de las comunidades que usen su autogobierno contra la unidad de España, ilegalizar los partidos que persigan romperla y recuperar los delitos de referéndum ilegal y sedición. Presentaba ese desmontaje como fuente de ahorro para sostener las pensiones.

Para 2026 ha añadido una vía más gradual, recogida en el plan de desregulación de junio y recuperada en la precampaña: leyes de armonización al amparo del artículo 150.3 de la Constitución para que rijan "las mismas reglas" en todo el país en lugar de "17 países distintos", y una ley de mercado abierto que permita a una empresa o profesional que opera legalmente en una comunidad trabajar en las demás sin nuevas licencias. Vox atribuye a las comunidades el 76,6 % de las normas aprobadas en los últimos 45 años.

En financiación, Vox presentó en julio de 2026, como el PP, una enmienda a la totalidad contra la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica, que sostiene que premia a las comunidades más endeudadas. También pide derogar la Ley de Amnistía. Al mismo tiempo, desde 2026 forma parte de los gobiernos autonómicos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía junto al PP.

Sumar define España como una realidad plurinacional, "un país de países", y su candidatura para el 29-N lo refleja: el Frente Amplio une a Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y los Comuns de Ada Colau, y comparte listas con fuerzas territoriales como Chunta Aragonesista en Aragón, Ara Més en Baleares o Compromís en la Comunidad Valenciana.

En financiación autonómica, Sumar apoya un nuevo modelo pero exige un suelo fiscal contra el "dumping": Ernest Urtasun pidió en enero de 2026 condicionar los impuestos sobre la riqueza para que los 21.000 millones adicionales del nuevo sistema no sirvan a comunidades que los bajan a los más ricos. Con ese mismo argumento registró con IU, en mayo de 2026, un impuesto estatal sobre las herencias de más de un millón de euros para contrarrestar las bonificaciones de comunidades como Madrid o Andalucía.

Su programa de 2023 proponía un nuevo pacto territorial que reconozca la diversidad nacional, el pleno cumplimiento de los Estatutos y la reforma inmediata del sistema de financiación, caducado desde 2014, con un suelo fiscal para garantizar los servicios públicos; presencia de las comunidades en organismos del Estado y de la UE; una ley de gobiernos locales y financiación local con planes para la España vaciada, y el uso efectivo de las lenguas cooficiales en la Administración del Estado, la justicia y las instituciones europeas. Para Cataluña planteaba mantener la mesa de diálogo entre Gobiernos y que el acuerdo resultante sea votado por la ciudadanía catalana.

Podemos defiende una España plurinacional y republicana. El documento político de su asamblea de abril de 2025 propone una «dirección de Estado» basada en el reconocimiento del derecho a decidir de todos los pueblos del país, un modelo confederal de soberanías compartidas y la República plurinacional como horizonte, frente a lo que llama el proyecto «recentralizador» de PP y Vox. El partido no ha publicado aún un programa para el 29-N con propuestas sobre financiación autonómica.

Esa visión se refleja en sus alianzas. El 12 de octubre de 2026 cerró un pacto con ERC: Podemos no presenta lista propia en Cataluña y dos independientes propuestos por el partido van en los puestos 6 y 10 de la candidatura republicana por Barcelona; Gabriel Rufián e Irene Montero harán campaña juntos. Al vencer el plazo de coaliciones, el 16 de octubre, solo había listas conjuntas con el espacio del Frente Amplio en Canarias, junto a Nueva Canarias-Bloque Canarista, y en la Comunitat Valenciana, donde concurre con Compromís y encabeza la lista de Alicante.

Su programa europeo de 2024 se centraba en la cohesión territorial: incluir la despoblación en el reparto de los fondos estructurales, reconocer una «ultraperiferia demográfica interior» con fiscalidad propia para las zonas casi vacías, un plan de choque contra la brecha territorial y una fiscalidad «justa» para Canarias.

Ciudadanos (Cs) suele defender un Estado autonómico con más coordinación y menos duplicidades, reforzando la igualdad de derechos entre españoles y la unidad institucional. En clave territorial, prioriza la reforma frente a la confrontación.

En sus posiciones públicas, Cs ha abogado por una descentralización ordenada, con competencias mejor delimitadas entre Estado y comunidades, y por un sistema de financiación más transparente y similar para todos. También rechaza privilegios territoriales y tensiones secesionistas.

Sobre Cataluña y otras CCAA, el partido ha insistido en aplicar la Constitución con firmeza, mejorar la presencia del Estado donde sea necesario y reforzar mecanismos de cooperación leal entre administraciones. Su enfoque combina recentralización selectiva y coordinación.

El autogobierno es la razón de ser del PNV en Madrid. Su programa de 2023 se compromete a defender el reconocimiento nacional de Euskadi y una relación bilateral con el Estado «a través de un ejercicio compartido de la soberanía», además del Estatuto de Gernika, el Amejoramiento navarro y el Concierto y el Convenio Económico. Pide culminar las transferencias pendientes, la participación directa de Euskadi en las decisiones de la Unión Europea y que los vecinos de los enclaves de Treviño y Villaverde de Trucíos puedan pronunciarse sobre su incorporación a Euskadi. En 2025 Aitor Esteban fijó tres condiciones para el nuevo estatus: reconocimiento nacional, un sistema de garantías imparcial y presencia exterior.

En 2026 negocia con PSE-EE y EH Bildu una reforma del Estatuto que, según Esteban, proclamaría a Euskadi como nación, ampliaría sus competencias y fijaría mecanismos de bilateralidad. Quería registrarla en el Parlamento Vasco antes de las generales, pero el plazo de diciembre de 2025 pasó sin texto cerrado. Una reforma así necesita mayoría absoluta en la Cámara vasca y una ley orgánica de las Cortes.

Entre los traspasos que reclama al Gobierno central figuran la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, la coparticipación en los puertos de Bilbao y Pasaia y, desde agosto, competencias integrales en inmigración. Esteban cifra en «más de un 75 %» el cumplimiento del pacto de investidura de 2023, un cálculo del propio partido. Maribel Vaquero promete frenar cualquier recorte del autogobierno y no sumarse a ningún bloque que suponga una involución democrática.

EH Bildu es una coalición independentista que defiende la soberanía de Euskal Herria por vías democráticas y graduales. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía un Estado plurinacional que reconozca a Euskal Herria como nación, el carácter político del conflicto con el Estado y el derecho a decidir como vía de solución, y que el Gobierno respete los acuerdos de los parlamentos de Vitoria y Pamplona cuando la ciudadanía los ratifique.

A corto plazo reclama todas las competencias pendientes del Estatuto de Gernika y del Amejoramiento navarro, con prioridad para las sociales y económicas: el régimen económico de la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo, las políticas pasivas de empleo, un salario mínimo propio, la investigación, las becas, Cercanías, la migración, los puertos y los aeropuertos. Quiere además negociar el Concierto Económico vasco y el Convenio navarro «de igual a igual» con el Estado.

En las autonómicas de 2024 propuso un nuevo estatus con una relación confederal y bilateral con el Estado, no subordinada al Tribunal Constitucional, validado por una «consulta habilitante» previa a la negociación, y un marco institucional común con Navarra e Iparralde. Ese estatus lo negocia ahora en el Parlamento Vasco con el PNV y el PSE-EE. El 5 de octubre, su dirigente Gorka Elejabarrieta afirmó que «este país necesita un nuevo estatus, haya o no elecciones en el Estado español», y fijó como objetivo de la próxima legislatura seguir avanzando en la plurinacionalidad. Al Senado concurre en coalición con ERC.

La relación entre Cataluña y el Estado es la razón de ser de Esquerra Republicana, que aspira a la independencia y propone llegar a ella mediante un referéndum de autodeterminación pactado con el Estado y con acompañamiento internacional; desde 2017 rechaza la vía unilateral. En las europeas de 2024 pidió además un marco legal europeo para la autodeterminación de los pueblos de la Unión. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

A corto plazo, su prioridad es la financiación singular: el modelo que Junqueras pactó con Sánchez el 8 de enero de 2026, que según ERC aportaría unos 4.700 millones más al año a la Generalitat, y la condonación de unos 17.000 millones de deuda del FLA. Ninguna de las dos reformas llegó a aprobarse antes de la disolución de las Cortes. También reclama culminar el traspaso de Rodalies a la empresa mixta creada con Renfe, en la que la Generalitat tiene el 49,9 %, y la oficialidad del catalán en la Unión Europea.

Su programa de 2023 proponía suprimir el Senado, las diputaciones y las provincias, permitir a las comunidades convocar consultas sin autorización del Estado y hacer vinculantes los referendos. Defendió la ley de amnistía y reclama su aplicación completa.

El objetivo de Junts per Catalunya es la independencia de Cataluña por la vía de la autodeterminación. Su programa de 2023 avisaba de que no daría "ni un voto a cambio de nada" ni apoyaría a quien negara ese derecho. Tras investir a Pedro Sánchez en 2023, rompió con el PSOE el 27 de octubre de 2025 por incumplimientos en tres asuntos: la amnistía de Carles Puigdemont, el catalán oficial en la UE y la delegación de las competencias de inmigración. A 18 de octubre, Junts no ha publicado programa para el 29-N.

En financiación, Junts quiere que la Generalitat sea titular de todos los impuestos pagados en Cataluña y que la Agencia Tributaria de Cataluña los recaude todos. En abril de 2026, Jordi Turull defendió reclamar un concierto económico. En enero de 2026 rechazó el modelo pactado por Sánchez y Junqueras, con unos 4.700 millones más para Cataluña, porque a su juicio perpetúa el déficit fiscal.

Su programa de 2023 pedía el traspaso de los aeropuertos de El Prat, Girona, Reus y Sabadell, de los puertos de Barcelona y Tarragona, de Rodalies y de la red de carreteras del Estado. También reclamaba el pago de 759 millones de inversiones adeudadas a la Generalitat según el Estatut. Además, proponía derogar la ley de racionalización local de 2013, más conocida como LRSAL, y recuperar las competencias exclusivas en comercio e industria.

El BNG considera a Galicia una nación y defiende su derecho de autodeterminación. Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, fija como horizonte estratégico un proceso constituyente propio hacia una «República da Galiza», aunque en el Congreso prioriza arrancar avances concretos. Pide además referendos vinculantes, hacer de Galicia una sola circunscripción electoral y suprimir las diputaciones provinciales.

Su mayor logro de la legislatura es la ley que transfiere a Galicia la AP-9, aprobada definitivamente el 23 de julio de 2026 con el apoyo de PSOE, Sumar, BNG y UPN y el rechazo de PP y Vox. El traspaso efectivo depende aún de la Comisión Mixta de Transferencias, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lo condiciona a una financiación que cifra en 4.000 millones. El BNG reclama también traspasar la AP-53 y liberar ambas autopistas de peajes.

Quiere un concierto económico con hacienda propia y nuevas transferencias: Seguridad Social y pensiones, relaciones laborales, seguridad pública con una policía gallega, puertos y aeropuertos, costas, la cuenca Miño-Sil, salvamento marítimo, energía y el Ingreso Mínimo Vital. En octubre de 2025 la Comisión de Política Territorial del Congreso rechazó, por 29 votos contra 7, su propuesta de convocar la Comisión Mixta para negociar la inmigración y otras veinte competencias.

El autogobierno es la razón de ser de Coalición Canaria en Madrid, donde negocia su voto «gobierne quien gobierne». La «Agenda Canaria» que pactó con el PSOE en noviembre de 2023 (y, en agosto, con el PP para la investidura fallida de Feijóo) exige el respeto íntegro de los fueros canarios, el Estatuto de Autonomía de 2018 y el REF, y un calendario de traspaso de las competencias que reconoce el Estatuto. Si se reforma la Constitución, pide reconocer en su Disposición Adicional Tercera la ultraperiferia como hecho diferencial de Canarias, al nivel del artículo 349 del Tratado de la UE.

El mismo texto reclamaba en dos años un nuevo modelo de financiación que separase los recursos del REF y tuviera en cuenta la insularidad y la pobreza. En julio de 2026, Clavijo pactó con Hacienda un modelo que da a Canarias 1.337 millones de euros más al año, con el REF fuera del cálculo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera lo aprobó el 4 de septiembre con el voto de Canarias, que emitió la consejera Nieves Lady Barreto porque la de Hacienda, del PP, no acudió. Clavijo ha anunciado el apoyo de CC en el Congreso.

La declaración de unidad con Primero Canarias del 17 de octubre suma el traspaso de costas, puertos y aeropuertos, el reconocimiento de las ocho islas y los 88 municipios y un trato igual pese a la lejanía. Su meta es lograr cinco diputados y grupo propio: según su secretario de Organización, David Toledo, «su bloque es Canarias».

El modelo territorial es la razón de ser de UPN, que se define como foralista: Navarra es una comunidad propia, con su régimen foral dentro de España, y no debe integrarse en Euskadi. El acuerdo de coalición con el PP para el 29-N recoge sus cuatro exigencias: blindar el régimen foral, mantener el Convenio Económico, apoyar el Amejoramiento del Fuero y suprimir la disposición transitoria cuarta de la Constitución, la que prevé el procedimiento para una eventual incorporación de Navarra al País Vasco, en cualquier reforma constitucional futura.

UPN propone además una reforma de la Constitución que incluya en su texto el mapa autonómico, el reparto de competencias y la financiación, suprima las diputaciones provinciales, salvo las forales vascas, y reforme el Senado. En Navarra pide negociar los traspasos pendientes del Amejoramiento, como las becas y la investigación, y en abril de 2026 reclamó la gestión de los permisos de trabajo de los extranjeros, que ya tiene el País Vasco. Apoyó en el Parlamento de Navarra, en mayo de 2024, la reforma del Amejoramiento que blinda la competencia de tráfico, aunque exige que Policía Foral y Guardia Civil vigilen juntas las carreteras.

Su eje de oposición son los acuerdos del PSOE con EH Bildu, que le arrebataron la alcaldía de Pamplona con una moción de censura en diciembre de 2023, y la ley de amnistía, contra la que votó en el Congreso. Quiere una normativa del euskera en la que su conocimiento no sea una obligación ni una barrera para entrar en la Administración navarra.

PACMA no tiene propuestas sobre la financiación autonómica, el modelo territorial o el encaje de Cataluña: su programa de las generales de 2023 no dedica ningún capítulo al Estado autonómico, y el partido se presenta al 29-N «al margen de la polarización» entre bloques. Su posición se deduce de sus demandas sectoriales, que piden igualar al alza en toda España la protección de los animales.

Quiere una ley estatal de bienestar animal sin exclusiones, como la «Ley Cero» que registró en las Cortes en 2017, que obligue a todas las comunidades a aplicar el sacrificio cero en los centros de acogida y el método de captura, esterilización y retorno en las colonias de gatos, que la ley de 2023 solo impone si la norma autonómica no dice otra cosa. A la vez, propone derogar la Ley 18/2013, que declaró la tauromaquia patrimonio cultural, para que las comunidades puedan prohibir las corridas, como quiso Cataluña, o regularlas sin herir ni matar a los animales, como intentó Baleares. Y pide sacar la Dirección General de los animales del Ministerio de Derechos Sociales y llevarla al de Medio Ambiente.

Su otra gran reforma institucional es la ley electoral: circunscripción única sin barrera de entrada y reparto de escaños proporcional a los votos. Calcula que con ese sistema habría logrado cuatro diputados en 2019. Pide además suprimir las firmas que se exigen a los partidos sin representación, subvencionar cada voto aunque no se obtenga escaño y repartir por igual los espacios electorales en los medios públicos.

Se Acabó La Fiesta (SALF) defiende un Estado más centralizado, aunque sin una propuesta formal de reforma constitucional. En febrero de 2026, en Valladolid, Alvise Pérez criticó que España sea un conjunto de «taifas peleando» y que el Gobierno central actúe como mero coordinador de las comunidades, y propuso una central única de compras y un currículo escolar único para todo el país, porque 17 sistemas de sanidad y educación salen más caros. En la misma campaña descartó pactar con EH Bildu, ERC, Junts o el PSOE.

En financiación, su contrato electoral de Castilla y León (marzo de 2026) reclamaba un sistema «justo, solidario y responsable» regido por criterios objetivos, frente a lo que llama acuerdos a medida para contentar a los socios independentistas del Gobierno, y rechazaba las condonaciones de deuda entre administraciones salvo catástrofe. Proponía además reformar el Estatuto para fijar límites a la presión fiscal y al endeudamiento autonómicos, auditar el patrimonio de los altos cargos al principio y al final de cada legislatura y suprimir organismos duplicados y cargos de libre designación.

La reforma electoral es otra de sus demandas: en marzo de 2026 exigió a PP y Vox, como condición para no presentarse en Andalucía, que el voto de un andaluz «valga lo mismo» que el de un catalán y que España deje de depender de EH Bildu o de Carles Puigdemont. Alvise se opuso a la ley de amnistía y criticó al Rey por sancionarla.

Democracia 21 no ha fijado una posición sobre el modelo territorial: no se ha pronunciado sobre la financiación autonómica, la financiación singular para Cataluña, la amnistía ni el reparto de competencias, y su documento España Limpia no trata estos asuntos. La prensa que ha analizado su lanzamiento señala la relación entre el Estado y las comunidades como una de las grandes ausencias de su programa.

Sus propuestas sí afectan a todas las administraciones. Pide que todos los cargos de la Administración y de las empresas públicas se nombren por mérito y capacidad, que se publiquen los nombres, funciones y sueldos de los asesores «en todas las administraciones» y que se revisen en seis meses todos los nombramientos de libre designación. Para evitar influencias, plantea que los casos de corrupción de políticos de una comunidad autónoma los juzgue el tribunal de una comunidad adyacente. Su apartado «Una Administración a tu servicio» promete trámites resueltos desde el móvil.

El partido concurre el 29 de noviembre solo en Madrid y Barcelona, en coalición con Ciudadanos, nacido en Cataluña en 2006 en oposición al nacionalismo, y la Unión de Ciudadanos Independientes, una red de partidos locales. La coalición no ha presentado un programa territorial común, y Miriam González ha dicho que pondrá como condición de cualquier acuerdo el respeto a los principios constitucionales.