Pensiones: qué propone cada partido

Las pensiones han entrado en la precampaña del 29-N por la puerta de la polémica. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó que el sistema "va a colapsar" por la demografía y que el modelo actual hay que cambiarlo, y el PSOE acusó al PP de querer recortarlo. Alberto Núñez Feijóo respondió el 13 de octubre de 2026, en una entrevista en esRadio y en un mitin en Huesca, con dos compromisos: revalorizar las pensiones con el IPC y crear un sistema público "viable" que garantice la pensión de los jóvenes. "No habrá que elegir. Doy mi palabra de que haremos las dos cosas", dijo, y añadió que "en ningún caso" cuestionará el sistema público. No ha explicado cómo sería ese nuevo sistema ni cómo se financiaría, más allá de crecer por productividad y recortar gasto superfluo.

En el Congreso, el PP votó a favor de las subidas de 2025 y 2026 cuando se presentaron en decretos propios y en contra de los que las mezclaban con otras medidas. En noviembre de 2025 anunció una proposición de ley para garantizar la actualización de las pensiones aunque no haya presupuestos. Votó contra la reforma de 2023 del ministro Escrivá y rechaza el mecanismo de equidad intergeneracional, que considera un impuesto al trabajo; sí apoyó la mejora de la jubilación activa de 2024.

Su programa de 2023 prometía garantizar la revalorización "en el marco del Pacto de Toledo", reforzar la contributividad y que cada trabajador pudiera consultar una estimación de su pensión futura.

El PSOE no ha publicado aún su programa para el 29-N, pero Pedro Sánchez ya ha fijado su compromiso central: en el mitin de Zaragoza del 14 de octubre prometió "cuatro años más de revalorización de las pensiones conforme al IPC" y terminar la legislatura con 20.000 millones en el Fondo de Reserva, la hucha de las pensiones. Al día siguiente, en Bruselas, aseguró que la subida de 2027 se aprobará antes de que acabe el año: el Gobierno, ya en funciones, la llevará a un decreto ley en diciembre, cuando se conozca el IPC definitivo (Funcas estima en torno a un 3,6 %).

Su programa defiende el modelo de la reforma pactada con los agentes sociales en 2021 y 2023: revalorización automática con el IPC, el mecanismo de equidad intergeneracional (una cotización adicional que alimenta la hucha) y el aumento progresivo de las bases máximas. En 2026 las pensiones contributivas subieron un 2,7 %, las mínimas algo más de un 7 % y las no contributivas un 11,4 %, mediante un decreto separado después de que PP, Vox y Junts tumbaran en enero el decreto ómnibus.

Del programa de 2023 siguen vigentes como propuesta blindar en la Constitución la revalorización con el IPC, seguir subiendo las pensiones mínimas y no contributivas por encima de las demás, aumentar un 10 % adicional en 2026-2027 el complemento contra la brecha de género, reconocer un año de cotización por cada hijo a cada progenitor y mejorar las pensiones de viudedad y orfandad.

Las pensiones son uno de los tres asuntos con los que Vox abrió la precampaña del 29-N. En el mitin de Estepona del 11 de octubre, Santiago Abascal negó "de forma categórica" que su partido quiera privatizar el sistema público y prometió que las pensiones de quienes han trabajado toda su vida "se van a pagar al precio que sea y como sea", aunque añadió: "nos da igual el modelo y la fórmula". No detalló cómo se financiaría ese compromiso.

Lo que sí ha concretado el partido es un cambio de modelo. El diputado José María Figaredo propuso en julio de 2025, al explicar el programa económico de Vox, pasar a un sistema mixto que combine el reparto con la capitalización individual, con ahorro del trabajador a lo largo de su vida laboral, y citó a Chile, Suiza o Japón como ejemplos. Lo repitió en octubre de 2026, al describir el sistema actual como "un zombi". El portavoz andaluz, Javier Cortés, respondió que Vox "nunca" privatizará las pensiones y que esa medida no está en el programa electoral, que aún no se ha publicado.

El programa de 2023 planteaba eximir del IRPF las pensiones contributivas, sostener el sistema con el ahorro de suprimir el Estado autonómico y reducir ministerios y cargos, y señalaba el aumento de la natalidad como "la solución estructural a largo plazo".

El Frente Amplio, la candidatura de Sumar para el 29-N, no ha publicado propuestas específicas sobre pensiones. Como socio del Gobierno de coalición, Sumar respaldó la revalorización de 2026, aprobada por el Real Decreto-ley 3/2026 y convalidada el 26 de febrero: subida del 2,7 % de las pensiones contributivas, más del 7 % de las mínimas y un 11,4 % de las no contributivas, que llegan a 8.803,20 euros anuales.

Su programa de 2023, la referencia más completa, prometía mantener por ley la revalorización con el IPC y subir por encima de la inflación las pensiones mínimas y no contributivas hasta que alcancen, al menos, el umbral de la pobreza. Proponía una reforma constitucional que blinde la Seguridad Social como función del Estado, sin ánimo de lucro privado, con sistema de reparto y caja única, y garantizar sus ingresos con más cotizantes, bases de cotización más altas y nuevas fuentes de financiación, para no buscar el equilibrio recortando prestaciones.

Sobre la brecha de género, planteaba reforzar el complemento que compensa a las mujeres por la carrera laboral perdida y elevar las pensiones de viudedad. En dependencia, proponía que el Estado financie hasta el 50 % del sistema de atención a la dependencia, frente a cerca del 30 % entonces, y rediseñar los copagos con criterios redistributivos. También defendía la protección de la Seguridad Social para los trabajadores en situación irregular. Sumar vincula la sostenibilidad del sistema a su política laboral: más empleo, salario mínimo más alto y más cotizaciones.

Podemos todavía no ha publicado su programa para el 29-N y en pensiones parte de su programa europeo de 2024 y del documento político de su asamblea de abril de 2025. Su compromiso principal es que ninguna pensión sea inferior al salario mínimo: propone subir de forma específica las pensiones contributivas más bajas y las no contributivas hasta ese nivel y reducir la brecha de género en las pensiones, fruto de décadas de discriminación laboral de las mujeres. El partido, que reclama además un salario mínimo de 1.800 euros, no ha cuantificado el coste de ese suelo.

Defiende blindar el carácter público del sistema e impedir la entrada de la banca y los fondos de inversión, y reivindica como logros propios del Gobierno de coalición la derogación del factor de sostenibilidad y la revalorización de las pensiones por ley con el IPC. En enero de 2024 sus diputados votaron contra el decreto de subsidios por desempleo del Gobierno, que no se convalidó, por rebajar la cotización para la jubilación de los parados mayores de 52 años. También critica los incentivos aprobados para retrasar el retiro, que según el partido empujarán a seguir trabajando hasta los 72 años a quienes tienen carreras laborales más precarias.

Pide además subir el ingreso mínimo vital y simplificar su tramitación, como primer paso hacia una renta básica incondicional.

Ciudadanos ha defendido tradicionalmente una sostenibilidad del sistema basada en el empleo, la lucha contra el fraude y una gestión más eficiente. Su enfoque suele priorizar reformas graduales antes que recortes bruscos, buscando proteger el poder adquisitivo de los jubilados.

En pensiones, Cs ha insistido en separar fuentes de financiación, de modo que los gastos impropios no carguen sobre la Seguridad Social. También ha mostrado apoyo a medidas para reforzar la equidad entre generaciones y premiar carreras laborales más largas, con incentivos a retrasar la jubilación.

De cara a 2026, su posición previsible pasaría por blindar la actualización de las pensiones con el IPC, impulsar empleo estable y ampliar la base de cotizantes. El partido suele combinar protección social con reformas de corte liberal y responsabilidad fiscal.

El PNV defiende un sistema público de pensiones de reparto y su reivindicación central es que el Estado cumpla el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika y traspase a Euskadi la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, pendiente desde 1979, «dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad», es decir, sin romper la caja única. Su programa de 2023 pide además revalorizar las pensiones con el IPC de forma irreversible, que las cotizaciones financien solo prestaciones contributivas, llevar los gastos impropios de la Seguridad Social a los Presupuestos, recuperar el tope del 3 % para disponer del Fondo de Reserva y medidas estructurales contra la brecha de género en las pensiones.

Apoya un segundo pilar de planes de empresa pactados en la negociación colectiva, siempre como complemento del sistema público, y que se reconozca el modelo de previsión de las cooperativas, como Lagun Aro.

En 2026 el traspaso sigue abierto. En julio el Gobierno vasco aparcó de momento el pago de las pensiones, cerca de 13.000 millones de euros al año, para facilitar el acuerdo sobre el resto del régimen económico; el PSE-EE, su socio, cifra en 4.300 millones el déficit anual de la Seguridad Social en Euskadi, y el secretario de Estado Borja Suárez se ha opuesto. En enero de 2026 el decreto ómnibus que subía las pensiones un 2,7 % cayó con los votos en contra de PP, Vox y Junts; el PNV no estuvo entre ellos.

EH Bildu centra su propuesta en las pensiones mínimas y en gestionar la Seguridad Social desde Euskadi y Navarra. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía subir de inmediato las pensiones mínimas hasta los 1.080 euros al mes y poder complementarlas con fondos propios según los criterios de la Carta Social Europea. Ya en 2020 el Congreso había rechazado una enmienda suya con esa cifra.

Aquel compromiso reclamaba también una nueva subida de las pensiones de viudedad y no contributivas, tras el aumento del 15 % que la coalición dice haber pactado con el Gobierno, y expresaba su rechazo a retrasar la edad de jubilación o a ampliar el periodo de cálculo de la pensión. Su gran reivindicación competencial es el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a las instituciones vascas y navarras; en las autonómicas de 2024 lo presentó como el primer paso hacia un sistema de pensiones propio.

La coalición se alinea con el movimiento de pensionistas vasco, que se manifiesta cada lunes desde 2018. En 2025 apoyó su iniciativa legislativa popular, avalada por más de 145.000 firmas, para que ningún pensionista mayor de 60 años residente en Euskadi cobrara menos que el salario mínimo (1.184 euros en 14 pagas en 2025) mediante un complemento vasco. El Parlamento Vasco la rechazó con los votos del PNV, el PSE-EE y Vox, una decisión que EH Bildu calificó de «grave error».

ERC apoya la revalorización de las pensiones. Cuando PP, Vox, Junts y UPN tumbaron el 27 de enero de 2026 el decreto ómnibus que incluía la subida de este año, Gabriel Rufián abrió negociaciones con el Gobierno para aprobarla en un decreto separado. El nuevo texto, convalidado el 26 de febrero con el único voto en contra de Vox, subió las pensiones contributivas un 2,7 % y las mínimas más de un 7 %. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

Su programa de 2023 iba más allá: rebajar la edad ordinaria de jubilación a 65 años sin exigir un mínimo de cotización, permitir elegir los 15 mejores años de la vida laboral para calcular la pensión y ligar la subida de las mínimas al salario mínimo interprofesional, como pide la Carta Social Europea. Proponía también rebajar la edad de jubilación en los trabajos más penosos y resolver en un máximo de tres meses las solicitudes de jubilación anticipada.

Contra la brecha de género en las pensiones, pedía aumentar el complemento que la compensa, cubrir hasta 84 meses de lagunas de cotización y cotizar al 100 % de la jornada durante las reducciones por cuidado de hijos. Reclamaba además una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social para cuantificar los gastos impropios cargados a la caja de las pensiones y su devolución.

Junts per Catalunya defiende revalorizar las pensiones según el IPC, pero sin que su subida se vote junto a otras medidas. El 27 de enero de 2026 votó con PP, Vox y UPN contra el decreto ómnibus, que incluía la subida del 2,7 %, el escudo social y la congelación de las cuotas de autónomos. Lo justificó como un "chantaje" del PSOE a los pensionistas y registró una proposición de ley solo con la revalorización. El 26 de febrero votó a favor del nuevo decreto, ya solo de pensiones: subida del 2,7 % y de más del 7 % en las mínimas. A 18 de octubre no ha publicado programa para el 29-N.

Su programa de 2023 pedía mantener el poder adquisitivo y mejorar de forma gradual las pensiones mínimas, de orfandad y de viudedad. Proponía hacer converger la pensión mínima contributiva con el salario mínimo e introducir el coste de la vida de cada territorio en el cálculo de las prestaciones. Para asegurar el sistema, planteaba separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social y un factor de sostenibilidad que vincule la edad de jubilación a la esperanza de vida.

Aquel programa también defendía pensiones complementarias de capitalización pactadas en convenio, también para pymes y autónomos, y facilitar compatibilizar pensión y trabajo. Además, pedía frenar las jubilaciones forzosas por convenio y el traspaso de las competencias de la Seguridad Social a Cataluña.

Galicia tiene las segundas pensiones más bajas de España, según el BNG, y su objetivo es subir las pensiones mínimas hasta el 60 % del salario medio, la referencia de la Carta Social Europea que Néstor Rego reprocha al Gobierno no haber cumplido. Su acuerdo de investidura con el PSOE de 2023 incluía subir las mínimas y las no contributivas por encima de las contributivas hasta la media europea. En enero de 2025 apoyó la revalorización, con un alza de en torno al 9 % en las mínimas que atribuye a ese pacto, y anunció su rechazo a la reforma que la acompañaba; en 2026 las mínimas subieron cerca de un 7 % y las no contributivas, un 11,4 %.

Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, pide revalorizar cada año todas las pensiones con el IPC real, recuperar la jubilación ordinaria a los 65 años y la parcial a los 61, calcular la pensión con los 10 años que elija el trabajador y financiar el sistema también con los presupuestos y con impuestos a la riqueza. Quiere coeficientes reductores de la edad de jubilación para el naval y ampliarlos en la pesca y el marisqueo, y una cotización de los autónomos más ligada a sus ingresos reales.

A largo plazo reclama traspasar a Galicia la Seguridad Social. En dependencia exige que el Estado pague el 50 % del coste que fija la ley de 2006 y salde una deuda con Galicia que cifra en más de 2.000 millones.

Coalición Canaria no ha presentado un plan de pensiones propio para el 29-N. Su acuerdo de investidura con el PSOE de noviembre de 2023 se compromete a devolver al Pacto de Toledo su papel de espacio de consenso, con el objetivo de garantizar pensiones dignas y actualizadas según el coste de la vida, la sostenibilidad del sistema y la reducción de la brecha de género, financiada si hace falta con los Presupuestos del Estado. El texto recuerda que hacia 2047 habrá unos 15 millones de pensionistas. Pide también revisar la Ley de Dependencia y que el Estado cumpla su parte de la financiación de prestaciones, plazas e inversiones en Canarias.

Su batalla concreta ha sido la de las pensiones no contributivas, que cobran unas 43.000 personas en las islas. Las normas estatales impedían compatibilizarlas con el complemento autonómico: Valido llegó a denunciar que muchos pensionistas viven «con apenas 500 euros al mes». El Congreso aprobó el 23 de abril de 2024 una moción de CC que insta al Gobierno a resolver esa incompatibilidad. Tras la amenaza estatal de recurrir la ayuda de 400 euros incluida en los presupuestos canarios, ambos gobiernos acordaron en mayo de 2026 modificar la ley presupuestaria autonómica para que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo.

El acuerdo de 2023 incluía además mejorar el acceso al Ingreso Mínimo Vital y un plan contra la exclusión social centrado en las comunidades con más pobreza.

UPN no ha publicado un modelo propio de pensiones, que son competencia del Estado, y su posición se conoce sobre todo por sus votos. En enero de 2025 se abstuvo en el primer decreto ómnibus, que incluía la revalorización de las pensiones y cayó por el voto en contra de PP, Vox y Junts; defendió esa abstención como «sensata y razonable» porque el texto mezclaba asuntos distintos. El 27 de enero de 2026 votó en contra, junto a PP, Vox y Junts, del decreto que incluía la subida del 2,7 % de las pensiones para 2026 y la prórroga de los alquileres. El Gobierno aprobó después la revalorización en un decreto separado, y un centenar de pensionistas se concentró en Pamplona ante las sedes del PP y de UPN para protestar por aquel voto.

Sus propuestas para los mayores están en el programa de 2023 para Navarra: una estrategia para los mayores de 65 años con presupuesto propio, programas para que puedan seguir viviendo en su casa acercando servicios a los pueblos, un plan contra la soledad no deseada, viviendas colaborativas entre mayores o entre mayores y jóvenes, y rebajar el copago de las personas dependientes en residencias y centros de día. Incluye también un derecho al descanso de las cuidadoras, con plazas de respiro de hasta 15 días en residencias y ayudas para pagarlas.

En lo fiscal, proponía eximir del IRPF las pensiones de incapacidad permanente total de los mayores de 55 años, como ya lo están la absoluta y la gran invalidez. A mediados de octubre no había presentado propuestas sobre pensiones para el 29-N.

PACMA no tiene una propuesta sobre el sistema de pensiones. Su programa de las generales de 2023 no se pronuncia sobre la revalorización con el IPC, la edad de jubilación, las pensiones mínimas ni la sostenibilidad de la Seguridad Social, y a mediados de octubre de 2026 el partido no había publicado programa para el 29-N. Lo que sí incluye es un capítulo sobre las personas mayores, centrado en los cuidados y la soledad.

En él recuerda que la pandemia expuso las carencias de las residencias y que en España apenas hay un millar de geriatras para cerca de nueve millones de mayores. Propone ampliar las plazas en residencias públicas para mayores y enfermos crónicos, reforzar su supervisión pública y sus plantillas, más centros de día y actividades, más recursos para el tratamiento domiciliario, sistemas de monitorización, mejores urgencias y transporte sanitario y programas de acompañamiento contra la soledad y la exclusión, en colaboración con el voluntariado.

Como partido animalista, pide regular el acceso de los animales de compañía a las residencias, para que entrar en una no obligue a separarse de ellos, y centros de atención y cuidado de animales como parte de los recursos para las familias. Para la conciliación propone permisos retribuidos por enfermedad grave o fallecimiento de familiares, incluidos los animales. En el plano fiscal y laboral, sus propuestas se limitan a la lucha contra el fraude, el empleo estable y la formación.

Las pensiones son el capítulo menos desarrollado de Se Acabó La Fiesta (SALF). En Vistalegre (octubre de 2025) Alvise Pérez prometió reformar un sistema que describió como una «estafa piramidal», insostenible y pagado con deuda, y a la vez rechazó una «guerra entre jóvenes y abuelos». No ha concretado cómo: no hay propuesta publicada sobre la revalorización con el IPC, la edad de jubilación, las cotizaciones o los planes privados.

Lo que sí alcanza a los pensionistas son sus rebajas fiscales. La exención del IRPF para quien ingrese menos de 35.000 euros al año, anunciada en Vistalegre, cubriría a la gran mayoría de las pensiones. Su contrato electoral de Castilla y León (marzo de 2026) la aplicaba al tramo autonómico con ese mismo argumento, que «la gran mayoría de trabajadores y pensionistas» dejarían de pagarlo, y prometía ampliar las deducciones por cuidado de ascendientes y dependientes y reforzar las ayudas para atender en casa a mayores y personas dependientes.

Para la sostenibilidad del sistema, SALF descarta la inmigración y apuesta por la natalidad: el mismo programa proponía cinco puntos menos de IRPF por hijo, recuperar el cheque bebé (2.500 euros por nacimiento, 3.500 desde el tercero) y la gratuidad de la educación de 0 a 3 años.

Democracia 21 no ha presentado propuestas sobre pensiones. Ni su web, ni su documento programático España Limpia, ni las intervenciones de Miriam González desde la presentación del partido, el 10 de octubre de 2026, abordan la revalorización con el IPC, la edad de jubilación, el mecanismo de equidad intergeneracional o la sostenibilidad del sistema. Entre los apartados que anuncia en su web tampoco figura uno dedicado a los pensionistas.

Lo que sí ha marcado es el foco generacional de su discurso. González considera que recuperar la movilidad social es «la prioridad número uno» del país y dirige buena parte de sus propuestas a los jóvenes, como la eliminación de los impuestos sobre la vivienda para los menores de 35 años o el destino de los fondos europeos sin ejecutar a un fondo de vivienda asequible. El apartado más cercano de su web, «Servicios públicos eficientes: del Estado de malestar al Estado de bienestar», habla de un «Estado de bienestar sostenible» sin detallar medidas.

Su planteamiento fiscal, aliviar impuestos sin recortar los servicios públicos y ligar las subidas salariales a la productividad, tampoco se ha traducido en un modelo para financiar las pensiones. El partido asegura que irá anunciando nuevas propuestas durante la campaña.