Justicia: qué propone cada partido

Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que la primera tarea de su Gobierno serían unas "normas de regeneración democrática". Las líneas conocidas proceden de la ponencia política de julio de 2025 y de sus entrevistas de octubre de 2026. En el Consejo General del Poder Judicial, quiere que los jueces elijan a los jueces. Nadie podría entrar en el CGPJ o el Tribunal Constitucional sin llevar cinco años fuera de cualquier cargo público, y los jueces y fiscales que hayan sido políticos no podrían volver a juzgar en dos años.

También promete reformar las leyes para que el Constitucional no actúe como tribunal de casación del Supremo y para que el fiscal general cese automáticamente si es procesado. En el Contrato con España que firmó el 19 de octubre se compromete a que los organismos reguladores, el Constitucional y la Fiscalía General estén dirigidos por personas independientes, a presentar presupuestos cada año y a convocar elecciones si se acumula más de una prórroga, y a que los cargos políticos respondan por la corrupción de sus subordinados. El indulto se prohibiría para terrorismo, corrupción, delitos contra la integridad territorial o el orden constitucional y delitos contra menores, y el de un cargo político exigiría el voto de dos tercios del Congreso. Defiende mantener la acusación popular.

Su secretario general, Miguel Tellado, ha anunciado la derogación de la Ley de Amnistía, aunque admitió que no podrá deshacer todos sus efectos, y la vuelta atrás de la reforma de la sedición y la malversación. El programa de 2023 ya prometía recuperar la sedición y castigar los referendos ilegales. La ponencia añade derogar la Ley de Memoria Democrática, impedir que condenados por delitos de sangre vayan en listas electorales y exigir a los condenados por terrorismo que pidan perdón para obtener el tercer grado.

El PSOE no ha publicado propuestas nuevas de justicia; aspira a recuperar tres reformas del ministro Félix Bolaños que la disolución deja sin aprobar. La nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal daría la instrucción de las causas penales a los fiscales, con un juez de garantías que autorice registros, escuchas o prisiones provisionales. La reforma del acceso a las carreras judicial y fiscal cambiaría las oposiciones y estabilizaría a los jueces sustitutos; la mayoría de asociaciones de jueces y fiscales fue a la huelga contra ella en julio de 2025. Y la Ley Orgánica de Integridad Pública, aprobada como proyecto en julio de 2026, crearía una agencia independiente contra la corrupción y revisiones aleatorias del patrimonio de los altos cargos.

Como balance, el PSOE reivindica la ley de eficiencia de la justicia de 2025, que crea los tribunales de instancia, obliga a intentar un acuerdo antes de pleitear y lleva a juicio rápido la ocupación de viviendas; la renovación del Consejo General del Poder Judicial pactada con el PP en 2024, tras cinco años de bloqueo, y la Ley de Amnistía. Llega a la campaña tras la condena del Supremo al exministro José Luis Ábalos (junio de 2026) y al fiscal general Álvaro García Ortiz (2025), y con causas abiertas en su entorno en las que rige la presunción de inocencia.

Su programa de 2023 prometía más jueces y fiscales para acercarse a la media europea, reforzar la justicia gratuita y desalojar a los ocupas ilegales en un máximo de 48 horas.

Vox no ha presentado medidas nuevas de justicia para el 29-N; su referencia es el programa de 2023, que agrupaba sus propuestas bajo la idea de "despolitizar la justicia". La principal es que los jueces elijan a todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial, mediante ley orgánica, algo que volvió a llevar al Congreso en 2024. Propone además integrar el Tribunal Constitucional como una Sala Sexta del Tribunal Supremo, con tres meses de plazo para resolver los recursos; prohibir los indultos por corrupción política o por delitos contra la forma del Estado y la integridad territorial; recuperar el delito de sedición y agravar la malversación, y rechazar que la instrucción penal pase a los fiscales.

El mismo programa plantea que la Policía Judicial dependa de jueces y tribunales, suprimir las fiscalías de Memoria Democrática y de Delitos de Odio y reforzar la Anticorrupción, y un sistema de gestión procesal único para toda España. Vox mantiene el compromiso de derogar la Ley de Amnistía y la Ley de Memoria Democrática.

Vox también ha llevado a los tribunales decisiones del Gobierno. En 2026 recurrió ante el Supremo la regularización extraordinaria de inmigrantes, que siguió adelante al rechazarse la suspensión cautelar, y fue una de las partes que pidió mantener la suspensión del voto de los nacionalizados por la "ley de nietos", que el Supremo confirmó el 12 de octubre: no podrán votar el 29-N.

El Frente Amplio, la candidatura de Sumar para el 29-N, no ha presentado un programa de justicia, por lo que su referencia sigue siendo el programa de 2023, que dedica a la materia una veintena de medidas.

Sobre el gobierno de los jueces, proponía cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar bloqueos como el que vivió hasta su renovación en 2024: mantener la elección parlamentaria de los vocales judiciales, pero respetando a los candidatos avalados por jueces y asociaciones en al menos diez de los veinte puestos; cese automático de vocales y presidente al caducar su mandato, y paridad en el CGPJ, el Tribunal Constitucional y el Supremo. Para el Constitucional planteaba reformar su ley orgánica de modo que los retrasos en los nombramientos no acorten mandatos.

En el acceso a la carrera judicial y fiscal, defendía un centro público de altos estudios y pruebas que primen la capacidad de razonar sobre la memorización, becas públicas para que nadie quede fuera por motivos económicos y vías especiales de acceso para otros juristas por el tercer y cuarto turno.

Otras propuestas: dar la instrucción penal a los fiscales con un juez de garantías, una nueva ley de indultos que refuerce la exigencia de interés público, suprimir la justicia militar e integrarla en la ordinaria, recuperar la justicia universal para crímenes contra los derechos humanos, recuperar los juzgados de violencia de género, un plan de choque contra el colapso de los juzgados y reforzar la justicia gratuita y el turno de oficio.

Podemos sitúa la justicia en el centro de su discurso sobre el «lawfare», el uso de causas judiciales con fines políticos que el partido denuncia haber sufrido: su documento político de abril de 2025 cita a los jueces Manuel García-Castellón y Juan José Escalonilla y subraya que varias causas abiertas contra la formación terminaron archivadas. Aún no ha publicado su programa para el 29-N.

Su propuesta central es la «democratización del poder judicial», sin un texto articulado conocido. El partido criticó con dureza el acuerdo de PSOE y PP de junio de 2024 para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que describe como «entregar el Poder Judicial a la derecha», y defiende cambiar el acceso a la carrera judicial para superar la oposición memorística, a la que atribuye un sesgo económico. Pide además formar a jueces y fiscales en igualdad y desterrar de los juzgados el «síndrome de alienación parental».

En medios de comunicación, registró en mayo de 2024 una proposición de ley que obliga a los accionistas con más del 10 % de un medio, a sus directivos de contenidos y a los presentadores de informativos a declarar sus bienes e intereses, y propuso limitar al 10 % la participación de bancos, fondos y eléctricas en los medios. Su programa europeo de 2024 añadía el acceso gratuito a la justicia, la regulación del cannabis y la eutanasia en toda la UE.

Ciudadanos (Cs) ha defendido históricamente una Justicia independiente, con menos interferencia política en el nombramiento de jueces y en los órganos de gobierno judicial. Su enfoque suele priorizar la despolitización del sistema y el refuerzo de la separación de poderes.

También ha propuesto modernizar la administración de justicia con más agilidad procesal, digitalización y reducción de la lentitud judicial. En su discurso público, Cs ha insistido en una Justicia más accesible, eficiente y con mayor seguridad jurídica para ciudadanos y empresas.

En materia penal y de lucha contra la corrupción, Cs ha respaldado una respuesta más firme frente a los delitos de corrupción y medidas para mejorar la transparencia institucional. Su línea general combina reformas de eficiencia con una defensa bastante nítida del Estado de derecho.

El PNV quiere que la organización judicial se adapte a un Estado descentralizado. Su programa de 2023 propone que los procesos terminen en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, incluidos los recursos de casación, salvo los que correspondan al Tribunal Supremo; que el gobierno de los jueces en Euskadi lo ejerza un Consejo Vasco de Justicia, y que la Ertzaintza sea siempre la policía judicial. Euskadi ya gestiona sus prisiones desde el traspaso de 2021, que el PNV negoció.

En derecho penal combina garantías y firmeza. Rechaza la prisión permanente revisable, que considera una cadena perpetua de hecho, y pide reformar el Código Penal para revisar los delitos contra la Corona, las instituciones y los símbolos del Estado que, a su juicio, limitan la libertad de expresión y han valido a España condenas en Estrasburgo. Propone suprimir todos los aforamientos y la inviolabilidad del Rey en sus actos no institucionales, recuperar la jurisdicción universal, una ley integral contra la trata y la plena aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Votó a favor de la ley de amnistía de 2024.

En la última legislatura logró con una enmienda que la okupación y el allanamiento de morada se juzguen por juicio rápido, medida incluida en la ley de eficiencia de la justicia publicada en enero de 2025, y en febrero de 2026 apoyó la ley de multirreincidencia de Junts, que endurece las penas por hurtos reiterados. Ambas figuran entre los compromisos cumplidos que Aitor Esteban destaca en la precampaña del 29-N.

La propuesta de EH Bildu en justicia gira en torno a la memoria y a las libertades. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía ampliar la Ley de Memoria Democrática para dar reconocimiento, justicia y reparación a víctimas que considera aún sin reconocer: las del franquismo, las de la tortura y las de lo que llama terrorismo de Estado y de los grupos ultraderechistas. En 2022 pactó con el Gobierno una enmienda a esa ley para crear una comisión que estudie las vulneraciones de derechos humanos cometidas hasta finales de 1983.

También reclamaba sustituir la Ley de Secretos Oficiales de 1968 por una norma de transparencia que permita esclarecer casos como la muerte de Mikel Zabalza en 1985, la de Germán Rodríguez en los Sanfermines de 1978 o la actuación policial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, en la que murieron cinco trabajadores.

En la legislatura que termina votó a favor de la ley de amnistía de 2024. Arnaldo Otegi presentó como un logro de la coalición la reforma legal de 2024, impulsada por una enmienda de Sumar, que permite computar las penas cumplidas en otros países de la UE y beneficia a presos de ETA condenados en Francia; el PP y Vox, que la votaron en el Congreso, calificaron después su voto de «fallo». La política penitenciaria en Euskadi la gestiona desde octubre de 2021 el Gobierno vasco. En las autonómicas de 2024 propuso una oficina y una fiscalía anticorrupción vascas.

La ley de amnistía, que ERC arrancó a Pedro Sánchez a cambio de investirle en 2023, sigue siendo su prioridad en justicia. El Tribunal Supremo se negó a aplicarla a la malversación de los dirigentes del procés; el 6 de octubre de 2026 el Tribunal Constitucional, en el recurso de amparo de Dolors Bassa, avaló amnistiar ese delito. El amparo de Oriol Junqueras, inhabilitado hasta 2031, sigue pendiente, y ERC reclama la aplicación completa de la ley. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

ERC habla de persecución judicial del independentismo, y su programa de 2023 pedía reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para democratizar el acceso a la carrera judicial y fiscal y reabrir una comisión de investigación sobre las cloacas del Estado. También proponía derogar la prisión permanente revisable, impulsar una reforma del Código Penal que despenalice las injurias a la Corona y proteja la libertad de expresión, y derogar las leyes franquistas que sigan vigentes.

En el funcionamiento de los juzgados, aquel programa pedía que el catalán sea requisito para las plazas de la Administración de Justicia en Cataluña, Valencia y Baleares, más mediación y justicia restaurativa, asistencia jurídica gratuita para las víctimas de violencia machista desde el primer momento, aunque no hayan denunciado, y una ley que dignifique el turno de oficio.

En justicia, la exigencia central de Junts per Catalunya es la aplicación plena de la Ley de Amnistía a todos los encausados por el procés, incluido Carles Puigdemont. El Supremo se la negó por la malversación. El 6 de octubre de 2026, el Tribunal Constitucional concluyó, en el recurso de amparo de Dolors Bassa, que la amnistía también cubre ese delito. Ese mismo día, el juez Pablo Llarena dejó sin efecto de forma provisional las órdenes de detención contra Puigdemont, aunque aclaró que eso no supone aplicarle la amnistía. Junts denuncia desde hace años lo que llama "lawfare" o represión judicial. A 18 de octubre no ha publicado programa para el 29-N.

Su programa de 2023 pedía reformar los delitos de malversación y desórdenes públicos, y también las leyes de secretos oficiales, del Consejo General del Poder Judicial y de seguridad ciudadana, la llamada ley mordaza. Proponía que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña fuera la última instancia en todos los órdenes y crear el Consell de Justícia de Catalunya previsto en el Estatut. También quería traspasar a la Generalitat todo el personal y los medios de la justicia y exigir a jueces y fiscales que conozcan el catalán.

Aquel programa rechazaba la prisión permanente revisable porque vulnera el principio de reinserción y pedía mantener los juzgados de paz. En el ámbito penal, ya pedía reformar el Código Penal contra la multirreincidencia en los hurtos, una reforma que Junts sacó adelante en 2026.

La prioridad del BNG en justicia es el gallego en los juzgados. Néstor Rego denunció en 2025 que apenas el 3,5 % de las actuaciones judiciales en Galicia se hacen en gallego y pidió que la aplicación de gestión procesal Atenea funcione en todas las lenguas oficiales. En noviembre de 2025 el BNG firmó con otros grupos nacionalistas una ley de garantía del plurilingüismo que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para que un proceso se tramite en la lengua propia del territorio si lo pide una de las partes. Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, quiere el gallego como lengua de uso preferente en las resoluciones.

Reclama juzgados exclusivos de violencia machista, que incluyan los delitos sexuales, en Santiago, Ourense, Lugo, Ferrol y Pontevedra; en 2025 se crearon los de Santiago y Ourense y siguen pendientes los otros tres. Pide derogar la Ley de Amnistía de 1977 para poder juzgar los crímenes del franquismo y declarar imprescriptibles el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, y recuperar los bienes de la familia Franco tras la devolución del Pazo de Meirás, como la Casa Cornide.

Contra la corrupción propone inhabilitar directamente a los cargos públicos que cometan fraude fiscal u operen en paraísos fiscales y endurecer las incompatibilidades y las puertas giratorias. En 2024 votó a favor de la ley de amnistía del procés.

El voto más visible de Coalición Canaria en justicia fue su rechazo a la ley de amnistía. Su acuerdo de investidura con el PSOE de noviembre de 2023 dejaba fuera de forma expresa cualquier texto sobre la amnistía, y Cristina Valido votó en contra tanto en la aprobación inicial del Congreso, en marzo de 2024, como en la definitiva del 30 de mayo, que salió adelante por 177 votos a 172. CC fue el único partido que había apoyado la investidura de Pedro Sánchez y votó con PP, Vox y UPN contra la norma.

En la tramitación de la ley de eficiencia del servicio público de Justicia, en noviembre de 2024, CC presentó enmiendas para obligar al Gobierno a regular la carrera profesional de los médicos forenses, que la Cámara rechazó. Valido también reclama que la Policía Canaria asuma funciones de policía judicial, que según ella ya recoge el Estatuto y que en 2025 solo ejercía en un juzgado de menores de Las Palmas de Gran Canaria.

La Administración de Justicia en las islas la gestiona el Gobierno de Canarias. El programa autonómico de CC de 2023 pedía al Estado que no invada esas competencias, garantizar la justicia gratuita, mantener los juzgados de paz y prestar especial atención a los menores y a las víctimas, con un compromiso con la justicia restaurativa. El 13 de octubre de 2026, el Gobierno central aprobó crear 33 plazas de jueces y 13 de fiscales en Canarias. CC no había publicado propuestas de justicia nuevas para el 29-N.

La ley de amnistía marcó la posición de UPN en la legislatura. Alberto Catalán votó en contra de su toma en consideración en diciembre de 2023 y de su aprobación definitiva en mayo de 2024, que salió adelante por 177 votos frente a 172. La llamó una «compra de votos» para la investidura de Pedro Sánchez y sostuvo que una amnistía es ilegal e inconstitucional en España; en el debate de investidura de noviembre de 2023 expresó su «desacuerdo radical» con que fuera la moneda de cambio.

En su propuesta de reforma constitucional, UPN pide que el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, una autoridad fiscal y los organismos reguladores sean independientes del Gobierno y de los partidos. Su programa de 2023 proponía una ley foral para que todas las plazas de magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Navarra las elijan los propios jueces, suprimiendo las que hoy designa el Parlamento, y reducir los tiempos de resolución con la nueva oficina judicial, más mediación y más medios.

Defiende también que los crímenes de ETA y del 11-M no prescriban y una reforma de la ley foral de víctimas para obligar a los ayuntamientos a retirar las pintadas y pancartas que apoyan el terrorismo. En una entrevista en junio de 2026, Catalán rechazó que haya jueces «buenos y malos» según su ideología y pidió que la justicia y los cuerpos policiales actúen en las investigaciones que afectan al entorno del PSOE. A mediados de octubre no había propuestas judiciales nuevas para el 29-N.

La propuesta de justicia más característica de PACMA es endurecer el delito de maltrato animal. Su programa de las generales de 2023 acusa a la reforma del Código Penal de ese año de haber rebajado el castigo al permitir la multa como alternativa a la cárcel, y pide suprimirla, elevar por encima de cinco años de prisión el tipo agravado y ampliar al máximo la inhabilitación para tener animales o trabajar con ellos. Quiere además una unidad especializada en protección animal en la Fiscalía General del Estado que unifique criterios y rinda cuentas cada año.

Pide también que la ley de bienestar animal proteja a todos los animales, sin las excepciones de la Ley 7/2023. El 18 de octubre de 2026, en San Sebastián, su candidato, Asier Esparza, exigió que los perros de caza vuelvan a la ley y al real decreto de núcleos zoológicos: según él, el PSOE «se rindió» ante el lobby cinegético y con el Gobierno de coalición los animales han retrocedido más de diez años.

En regeneración democrática, propone eliminar los aforamientos, una ley de transparencia que obligue a publicar las agendas de los cargos públicos, más control de la contratación pública y de los sobrecostes, limitar los cargos de libre designación, que los partidos publiquen sus cuentas electorales en los tres meses siguientes a cada elección y una reforma de la iniciativa legislativa popular con menos firmas, más plazo y sin materias excluidas. Para la violencia machista, pide formación especializada de jueces, fiscales y forenses.

Más que una reforma del Poder Judicial, Se Acabó La Fiesta (SALF) propone endurecer el castigo a la corrupción, su razón de ser desde las europeas de 2024. En Vistalegre (octubre de 2025) Alvise Pérez planteó reformar el Código Penal para que los delitos de corrupción no prescriban, que el condenado que no devuelva lo robado no pueda acceder al tercer grado y que las penas alcancen también a familiares o amigos que se beneficien del dinero ilícito.

Sus contratos electorales autonómicos de 2026 añaden un canal de denuncia anónima con un premio del 10 %, libre de impuestos, de lo recuperado para quien aporte las pruebas, la personación de la administración como acusación particular para exigir la devolución íntegra, auditorías de bienes de los altos cargos y un control horario público para ellos. En Andalucía propuso limitar la carrera política: nadie podría ocupar un cargo más años de los que haya cotizado antes, con un máximo absoluto de ocho.

El partido llega a la campaña con su líder investigado. El Tribunal Supremo mantiene abiertas seis causas contra Alvise Pérez, entre ellas una por presunta financiación ilegal tras admitir en 2024 que recibió 100.000 euros sin factura de un empresario, y el Parlamento Europeo ha levantado su inmunidad en dos de ellas. No ha sido condenado en ninguna y él las atribuye a una persecución política. Su cabeza de lista en Castilla y León llegó a decir que la justicia «está rota» por funcionar a dos velocidades.

La justicia y el control del poder son el núcleo del programa de Democracia 21, detallado en su documento España Limpia. Propone que los vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial los elijan directamente los jueces, sin intervención de las asociaciones judiciales, y que los no judiciales comparezcan en el Congreso antes de ser votados. Para el fiscal general, el Congreso elegiría por mayoría de tres quintos una terna y el Gobierno escogería entre ella, con un mandato que no coincida con la legislatura.

En los organismos independientes, los nombramientos bloqueados más de tres meses se decidirían por sorteo entre los candidatos elegibles; nadie con carrera política en los diez años anteriores podría ocuparlos, y los jueces y fiscales no podrían haber tenido cargos políticos en los últimos veinte. Los miembros del CGPJ, el Constitucional, el Supremo y el fiscal general no podrían haber tenido nunca un cargo político.

Contra la corrupción plantea juzgados especializados según el modelo de los de violencia de género, reglas procesales para evitar dilaciones y anulaciones, que los casos de una comunidad los juzgue el tribunal de una comunidad adyacente y que estos delitos no prescriban. Suprimiría los aforamientos no previstos en la Constitución reformando la ley del Poder Judicial y, con una reforma constitucional, los de diputados y senadores; el de los miembros del Gobierno quedaría limitado a los actos propios del cargo.