Seguridad: qué propone cada partido

La ponencia política que el PP aprobó en su congreso de julio de 2025 afirma que "la primera razón de ser del Estado es la seguridad". Su compromiso más concreto es una ley contra la multirreincidencia que endurezca las penas a quienes acumulan delitos leves y convierta, por ejemplo, el hurto continuado en delito de robo.

Contra el narcotráfico, el dossier de medidas que el partido prepara para el 29-N incluye recuperar el OCON-Sur, la unidad de la Guardia Civil para el Campo de Gibraltar, declarar esa comarca y otras zonas afectadas de especial singularidad operativa, dotar a los agentes de medios no letales contra las narcolanchas, reforzar su protección jurídica, coordinar mejor Policía, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera y estudiar que los casos graves de crimen organizado pasen a la Audiencia Nacional.

Su plan migratorio prevé perseguir el tráfico de personas en aguas internacionales, con penas más altas para las mafias y para quien les suministre embarcaciones o motores. En okupación, Feijóo prometió el 18 de octubre en Barcelona una ley para desalojar en 48 horas, cuya redacción encargó a Xavier García Albiol; en 2023 el PP ya proponía penas de hasta tres años por usurpación y ampliar la prisión permanente revisable al asesinato con ocultación del cadáver.

Tras la crisis de Ceuta, Alberto Núñez Feijóo sostuvo en octubre de 2026 que, si Marruecos no frenaba la presión en la frontera, lo lógico era desplegar el Ejército para garantizar la integridad territorial, como prevé el artículo 8 de la Constitución.

El PSOE no ha presentado propuestas nuevas de seguridad para el 29-N; su oferta es la continuidad de la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. La reforma más reciente es la ley de multirreincidencia (Ley Orgánica 1/2026, en vigor desde el 10 de abril): nacida de una propuesta de Junts y aprobada en el Congreso con los votos de PSOE, PP, Junts y Vox, castiga con cárcel a quien acumule tres condenas por hurto aunque no superen los 400 euros y endurece las penas por el robo de móviles. En la lucha contra el narcotráfico, el Gobierno reivindica el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, en marcha desde 2018 y ampliado a seis provincias andaluzas, con más de 250 millones invertidos según Interior; PP y Vox le reprochan la disolución de la unidad OCON-Sur.

En Ceuta, tras la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio, Marlaska se ha comprometido a desalojar los asentamientos de los montes antes del 1 de noviembre.

Su programa de 2023 prometía seguir aumentando las plantillas de Policía Nacional y Guardia Civil, con presencia en cada comarca, más agentes y medios para la violencia de género y el sistema VioGén, extender a las zonas rurales las especialidades de ciberseguridad, reforzar la seguridad en los pueblos y las explotaciones agrarias y perseguir a las mafias de la ocupación de viviendas. La reforma de la ley de seguridad ciudadana de 2015 sigue sin aprobarse.

Vox vincula la seguridad ciudadana a la inmigración y a la reincidencia, y su propuesta para el 29-N pasa por deportar a los extranjeros que cometan delitos, una de las tres patas de la "remigración" que Santiago Abascal anunció en octubre. En marzo de 2026, durante la tramitación de la ley contra la multirreincidencia, que acabó apoyando, enmendó el texto en el Senado para que la pena de un extranjero reincidente se sustituya en todo caso por la expulsión y el arraigo deje de impedirla, y registró una proposición para reformar el artículo 89 del Código Penal con expulsión directa y retirada de la nacionalidad a los extranjeros condenados.

En marzo de 2025 propuso rebajar de 14 a 12 años la edad de responsabilidad penal de los menores, y en 2026 apoyó la ampliación de la prisión permanente revisable que planteaba el PP, rechazada por 174 votos a 172. En febrero el Congreso tumbó su ley orgánica para prohibir el burka y el niqab en la vía pública, que castigaba con hasta tres años de cárcel a quien impusiera el velo con violencia o coacción.

Su programa de 2023 prometía presencia policial en cada calle y barrio, un nuevo Código Penal y una nueva ley penal del menor con penas más duras para los delitos violentos, prisión permanente para violadores, equiparar salarios y jubilación de Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas y locales, y devolver al Estado las competencias de Interior, Tráfico y prisiones.

El Frente Amplio, la candidatura de Sumar para el 29-N, no ha presentado propuestas de seguridad propias. La iniciativa que más ha defendido Sumar en la legislatura es la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la "ley mordaza", pactada por el Gobierno con sus socios: acotar las sanciones por desobediencia y faltas de respeto a la autoridad que no sean objetivables, prohibir las pelotas de goma y dar garantías de derechos humanos en las devoluciones en frontera. El texto quedó bloqueado en la Comisión de Interior por las discrepancias entre los socios; en julio de 2026 Sumar exigió al PSOE reactivarlo, y la disolución de las Cortes lo ha dejado sin aprobar.

Su programa de 2023 parte de que la mejor respuesta a la inseguridad son las políticas sociales y la prevención. Proponía una ley de prevención y convivencia, una red estatal de mediación de conflictos leves y una comisión parlamentaria para un nuevo modelo policial que reforme la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986. Planteaba desmilitarizar la Guardia Civil, mejorar salarios, pensiones, jornada y salud mental de policías y guardias civiles, y regular por ley el uso de la fuerza con prohibición de las pelotas de goma, cámaras corporales e identificación visible en los uniformes. También prometía prohibir los controles de identidad por perfil racial y limitarlos a la prevención e investigación de delitos, y derogar los artículos de la ley mordaza y del Código Penal que restringen los derechos de reunión y expresión.

Podemos no ha publicado aún su programa para el 29-N. Su enfoque de la seguridad, recogido en el documento político de abril de 2025, pone el acento en el control democrático de las fuerzas de seguridad: pide derogar la Ley Mordaza, acabar con la infiltración policial en movimientos sociales y con estructuras como la llamada «policía patriótica» del Gobierno de Mariano Rajoy, a la que acusa de haber perseguido a adversarios políticos del PP. También reclama la disolución de Desokupa, la empresa de desalojos a la que acusa de hacer negocio mediante la violencia, y que ninguna familia vulnerable sea desalojada sin alternativa.

Su programa europeo de 2024 planteaba unidades policiales especializadas en delitos de odio, la prohibición de grupos neonazis y neofascistas, más cooperación policial y judicial contra el terrorismo, el crimen organizado y el fraude, un cuerpo europeo especializado en corrupción y delitos financieros, y la despenalización y regulación del cannabis, también para uso recreativo.

En defensa, Podemos se opone a cualquier aumento del gasto militar y propone cerrar las bases estadounidenses de Rota y Morón. En abril de 2026 el Congreso rechazó su moción para convocar un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN.

Ciudadanos (Cs) ha defendido una política de seguridad firme basada en más recursos para las fuerzas y cuerpos de seguridad, mejor coordinación institucional y refuerzo de la presencia policial en zonas urbanas y fronterizas. Su discurso suele combinar eficacia operativa con defensa del Estado de derecho.

En su enfoque sobre seguridad pública, Cs ha priorizado la lucha contra la ocupación ilegal, la multirreincidencia y la delincuencia organizada, además de medidas contra el terrorismo y la radicalización. También ha insistido en modernizar medios, plantillas y tecnología policial.

El partido suele vincular la seguridad con la protección de las libertades, el cumplimiento estricto de la ley y una respuesta rápida ante fenómenos como ciberamenazas o violencia en espacios públicos. Su planteamiento encaja con una agenda de orden, prevención y apoyo a los cuerpos de seguridad.

El PNV defiende la Ertzaintza como policía integral del País Vasco y quiere que asuma todas las funciones que permite el artículo 17 del Estatuto. Su programa de 2023 propone que sea la policía judicial en todos los casos dentro de Euskadi. Tras el acuerdo de la Junta de Seguridad de julio de 2024, la Ertzaintza asumió en febrero de 2025 la seguridad de los puertos vascos, con la policía judicial en los recintos portuarios; el Estado se reservó extranjería, fronteras y contrabando, y la fecha para los aeropuertos quedó pendiente.

En el Congreso ha combinado la defensa de las libertades con medidas contra la delincuencia reiterada. Su programa de 2023 pide reformar la ley mordaza, actualizar las leyes del CNI para reforzar su control judicial y político tras el caso Pegasus y aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales con desclasificación automática por plazos. El 12 de febrero de 2026 votó a favor de la ley de multirreincidencia impulsada por Junts, que permite castigar con prisión los hurtos reiterados aunque no superen los 400 euros; su diputado Mikel Legarda sostuvo que la norma vigente «resulta ineficaz». En 2024 había logrado que la okupación se juzgue por juicio rápido.

En la precampaña, Aitor Esteban cita los avances contra la multirreincidencia y la ocupación entre los compromisos cumplidos, y Maribel Vaquero incluye «la tranquilidad de nuestras calles» entre las prioridades del PNV para el 29-N.

EH Bildu quiere que la Ertzaintza y la Policía Foral sean las policías de referencia de sus territorios. Su programa de las autonómicas vascas de 2024 incluía, en un apartado de «desmilitarización», el repliegue de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y un nuevo modelo para la Ertzaintza con unidades especializadas contra la corrupción y los delitos ambientales. En noviembre de 2022, su acuerdo con el Gobierno para apoyar los Presupuestos de 2023 incluyó el traspaso de Tráfico a Navarra, que la Policía Foral asumió en exclusiva en julio de 2023, en coordinación con la Guardia Civil.

Su otra bandera es la «ley mordaza», la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía derogar las sanciones por «faltas de respeto» y «desobediencia» a los agentes, prohibir las pelotas de goma y las devoluciones en caliente y crear un mecanismo externo e independiente que supervise e investigue la actuación policial.

En octubre de 2024 pactó con el Gobierno una reforma de esa ley que preveía sustituir de forma progresiva las pelotas de goma por medios menos lesivos y acotar las sanciones por faltas de respeto a la autoridad. El texto quedó atascado, entre otros motivos por las discrepancias con el PNV sobre el principio de autoridad de los agentes, y no llegó a aprobarse antes de la disolución de las Cortes. En 2023 ya había tumbado, junto a ERC, otra reforma que no recogía esas prohibiciones.

ERC defiende que los Mossos d'Esquadra sean la policía integral de Cataluña y asuman las funciones que aún ejercen los cuerpos estatales. Su programa de 2023 pedía sustituir al Seprona de la Guardia Civil por los Mossos y los agentes rurales en la protección del medio ambiente, el traspaso completo de tráfico (matriculación, permisos de conducir, carné por puntos y límites de velocidad), el del salvamento marítimo y la presencia de los Mossos en los órganos de cooperación policial europeos y en los estatales contra el terrorismo y el crimen organizado. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

En derechos, ERC pide derogar la ley mordaza o, mientras tanto, que no se aplique en las comunidades con policía propia, y vigilar que las nuevas leyes de secretos oficiales y de seguridad nacional no recorten derechos. También reclamaba igualar la jubilación anticipada de los agentes rurales con la de los Mossos.

ERC rechaza el enfoque punitivo de PP y Vox, pero no se opuso a la reforma del Código Penal contra la multirreincidencia impulsada por Junts: en la votación final del 26 de marzo de 2026 se abstuvo, mientras el resto de socios de izquierda del Gobierno votaba en contra. La ley eleva las penas a los reincidentes en hurtos y al robo de móviles.

La principal medida de seguridad de Junts per Catalunya en la legislatura es la ley contra la multirreincidencia, que impulsó y exigió al Gobierno. El Congreso la aprobó el 12 de febrero de 2026 por 302 votos a favor, con el apoyo de PSOE, PP, Vox, PNV y UPN y el rechazo de Sumar. Tras su paso por el Senado, se convirtió en la Ley Orgánica 1/2026, en vigor desde el 10 de abril. Castiga con seis meses a tres años de prisión los hurtos de menos de 400 euros cuando el autor tiene al menos tres condenas previas por delitos de la misma naturaleza. También endurece el castigo del robo de móviles, que puede llegar a tres años. A 18 de octubre, Junts no ha publicado programa para el 29-N.

Su otra gran reclamación es que los Mossos d'Esquadra sean la policía integral de Cataluña y que la Guardia Civil y la Policía Nacional dejen de ejercer allí sus funciones. La ley de delegación de inmigración que pactó con el PSOE, rechazada en septiembre de 2025, preveía que los Mossos asumieran la seguridad de puertos y aeropuertos.

Su programa de 2023 reclamaba al Estado 800 millones comprometidos para los Mossos y no pagados, y pedía su pleno acceso a las bases de datos policiales internacionales. También proponía traspasarles el control de armas y explosivos y derogar la ley mordaza. Además, pedía ceder a la Generalitat la comisaría de Via Laietana y que Mossos y Agentes Rurales asumieran las funciones del Seprona.

La propuesta central del BNG es una Policía Galega propia. Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, pide traspasar a Galicia las competencias de seguridad pública, policía judicial y fiscal y tráfico para desplegar ese cuerpo; su programa autonómico de 2024 plantea que asuma esas funciones de forma progresiva. El BNG niega que quiera «echar» de Galicia a la Guardia Civil, como le atribuyeron sus rivales en la campaña gallega de 2024, y las asociaciones de guardias civiles y policías rechazan la idea.

En libertades, pide la derogación íntegra de la «ley mordaza»: suprimir como infracción grave la desobediencia y la negativa a identificarse, prohibir las pelotas de goma y las devoluciones en caliente y eliminar la presunción de veracidad de las declaraciones de los agentes. También quiere derogar la prisión permanente revisable, que considera una cadena perpetua encubierta, y el delito de desórdenes públicos agravados, además de acercar a Galicia a los presos gallegos que cumplen condena en otras comunidades.

Reclama más transparencia y control público en la Ley de Secretos Oficiales y en la de Seguridad Nacional, y derogar las normas que permiten acceder sin autorización judicial a datos de pasajeros, datos personales e información financiera. En el mar, propone que el cuerpo autonómico de Guardacostas de Galicia concentre las inspecciones pesqueras que hoy hacen cuatro cuerpos distintos.

La principal reivindicación de Coalición Canaria en seguridad es la Policía Canaria, el cuerpo autonómico creado por una ley canaria de 2008. En abril de 2025, la consejera de Presidencia del Gobierno de Clavijo, Nieves Lady Barreto, y la diputada Cristina Valido pidieron al Estado que financie al 100 % la Policía Canaria, como hace con los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza, y que convoque la Junta de Seguridad Canarias-Estado, que no se reunía desde 2019. El cuerpo tenía entonces 282 agentes en la calle, con un coste de unos 21 millones de euros al año, y el Gobierno canario aspira a 600 agentes antes de que acabe la legislatura autonómica. Valido defendió además una reforma legal para que asuma funciones de policía judicial, que a su juicio ya recoge el Estatuto.

Su programa autonómico de 2023 proponía convertir la Policía Canaria en «una institución estable y definitiva» y coordinarla con las policías locales. En el mar, el acuerdo de investidura firmado con el PSOE en 2023 pide que España promueva en la UE más coordinación y apoyo directo para el rescate de personas en la ruta atlántica, «una de las más peligrosas del mundo».

CC rechaza vincular inmigración y delincuencia: en mayo de 2026, Clavijo replicó en el Parlamento canario a Vox que no se fiaba «absolutamente nada» de sus datos ni de sus intenciones. El partido no había publicado propuestas de seguridad específicas para el 29-N.

UPN quiere que Navarra sea «la comunidad más segura de España» con una Policía Foral integral, sin que eso suponga la salida de los cuerpos estatales: su programa de 2023 fija como objetivo la permanencia en Navarra de la Guardia Civil y la Policía Nacional y acuerdos estables de colaboración con ambas. Apoyó la reforma del Amejoramiento que blinda la competencia de tráfico para Navarra, pero exige que Policía Foral y Guardia Civil vigilen juntas las carreteras. En el Congreso, Alberto Catalán sostuvo en septiembre de 2024 que votar esa reforma no significaba que la Guardia Civil dejara de prestar servicio en Navarra.

Para la Policía Foral, el programa propone elevar la plantilla a 1.500 agentes y rejuvenecerla, equiparar sus sueldos a los de otros cuerpos que actúan en Navarra y a los de otras policías autonómicas, una nueva comisaría central y comisarías en San Adrián e Irurzun, la incorporación de pistolas eléctricas Taser y su presencia en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). Pide también negociar con el Ministerio del Interior competencias de medio ambiente y orden público.

Plantea un plan de seguridad pública contra las bandas juveniles, los robos con violencia, las agresiones sexuales y el aumento de las armas blancas, con patrullas coordinadas bajo el liderazgo de la Policía Foral, un observatorio de la seguridad y planes de protección de infraestructuras críticas. En 2026 Cristina Ibarrola ha situado la seguridad ciudadana entre las prioridades del partido. Para el 29-N, el programa conjunto con el PP no se había publicado a mediados de octubre.

PACMA no tiene un programa de seguridad ciudadana en sentido amplio: su programa de las generales de 2023 no habla de plantillas policiales, delincuencia, ocupación de viviendas ni terrorismo. Sus propuestas de seguridad se centran en la protección de los animales, del medio natural y de las víctimas de violencia machista.

La principal es crear unidades especializadas en protección animal en la Policía Nacional y la Guardia Civil, con agentes formados en el manejo de animales y equipadas con armas anestésicas y dardos tranquilizantes. Se encargarían de vigilar, inspeccionar, denunciar y levantar actas por incumplimientos de la ley de bienestar animal y de adoptar medidas urgentes. Para los agentes medioambientales pide más plantilla por oferta pública de empleo, trabajo siempre en parejas por seguridad y medios como embarcaciones, vehículos y drones.

En emergencias quiere que la ley obligue a tener protocolos de evacuación y rescate de animales en granjas, cotos vallados, protectoras y residencias de animales ante incendios, inundaciones u olas de calor, y protocolos de ayuda a la fauna silvestre en episodios climáticos extremos. Propone prohibir la pirotecnia y los farolillos voladores por el riesgo de incendio. Contra la violencia machista, pide unidades policiales especializadas disponibles las 24 horas todos los días del año y más unidades de valoración forense. En el ámbito europeo, su programa de 2024 incluye la lucha contra el tráfico de animales.

La seguridad es una de las señas de identidad de Se Acabó La Fiesta (SALF) desde las europeas de 2024, cuando Alvise Pérez prometió construir «la mayor cárcel de Europa» a las afueras de Madrid. Tras visitar en diciembre de 2024 la megaprisión CECOT de El Salvador, la presentó como modelo, y en Vistalegre (octubre de 2025), al lanzar su candidatura a las generales, anunció una macrocárcel de máxima seguridad para multirreincidentes al estilo de las de Nayib Bukele, sin comodidades, con trabajo obligatorio para reducir condena y fin de los permisos penitenciarios.

Para la okupación prometió prisión inmediata y desalojos sin demora. Sus contratos electorales autonómicos de 2026 piden al Estado más agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en los puntos con más delincuencia, más medios (vehículos, tecnología y drones) y más vigilancia en parques, transporte y alrededores de colegios. El programa andaluz (mayo de 2026) incluía 10.000 chalecos antibala y anticorte para policías y guardias civiles y subir sus dietas a 84,38 euros por alojamiento y 48,66 por manutención, frente a los 48,92 y 28,21 vigentes.

SALF une seguridad e inmigración: su programa de Castilla y León sostiene que una parte importante de la delincuencia procede de la inmigración irregular y propone expulsar a quien esté en situación irregular. En Vistalegre Alvise anunció también que donaría 50.000 euros de su sueldo acumulado de eurodiputado a los huérfanos de la Guardia Civil.

En seguridad, Democracia 21 anuncia en su web un apartado titulado «Seguridad y apoyo contra el crimen organizado», todavía sin desarrollar. El partido no ha concretado medidas sobre plantillas policiales, narcotráfico, ocupación de viviendas, multirreincidencia ni reformas generales del Código Penal.

Donde sí propone cambios penales es en la corrupción, el eje de su documento España Limpia. Plantea tipificar un delito de enchufismo ampliando el artículo 405 del Código Penal; castigar penalmente al cargo público que conozca un caso de corrupción o de manipulación de un contrato y no lo denuncie; que estos delitos no prescriban, y que cualquier condenado en firme por corrupción, malversación o tráfico de influencias quede inhabilitado de por vida. Propone también doblar los recursos de la Fiscalía Anticorrupción, con equipos de urbanistas, auditores forenses y analistas de datos, y un sistema de control de toda la contratación pública con inteligencia artificial, incluidos los contratos menores.

A ello suma la eliminación de los aforamientos, que su documento cifra en más de 250.000 cargos. Sobre inmigración, que otros partidos ligan a la seguridad, defiende reglas claras de entrada y salida y rechaza los discursos xenófobos.