Educación: qué propone cada partido

Tras los resultados de PISA 2025, que calificó de "rotundo suspenso" de la LOMLOE, Alberto Núñez Feijóo reunió en septiembre de 2026 a los consejeros de Educación del PP y fijó sus prioridades: retirar los dispositivos y pantallas individuales de las aulas al menos hasta Secundaria, recuperar la evaluación, el esfuerzo y el mérito, reforzar lectura, escritura y cálculo, devolver la autoridad al profesorado y mantener las aulas al margen de las consignas ideológicas. El vicesecretario de Educación, Jaime de los Santos, ha planteado derogar de inmediato los currículos vigentes y sustituir la LOMLOE por una ley nueva pactada; Miguel Tellado ha ofrecido un pacto de Estado para que la ley sobreviva a los cambios de Gobierno.

La ponencia política de julio de 2025 se fija como objetivo cerrar en diez años la brecha con la OCDE en matemáticas y comprensión lectora, con contenidos esenciales comunes en toda España y una prueba de acceso a la universidad común en exigencia y criterios de calificación, que ya figuraba en el programa de 2023. Promete proteger la enseñanza concertada, la especial y la privada junto a la pública, el derecho a estudiar en español en todas las etapas, una FP dual hecha con las empresas y la escuela de 0 a 3 años gratuita. Rechaza ampliar la enseñanza obligatoria hasta los 18 años. El Contrato con España que Feijóo firmó el 19 de octubre añade que las Reales Academias participarán en la elaboración de los currículos, con la evidencia de los países con mejores resultados, y promete garantizar el castellano en toda España y las lenguas cooficiales en sus territorios, acabar con el adoctrinamiento en las aulas y proteger a los menores de las redes sociales y de la violencia. Su dossier electoral añade que los alumnos de educación especial puedan seguir en sus centros hasta los 21 años.

El PSOE no ha presentado todavía propuestas educativas propias para el 29-N, así que su oferta parte de lo que deja en marcha el Ministerio de Educación, que dirige la socialista Milagros Tolón. La medida estrella es la ley de ratios y jornada docente: máximo de 22 alumnos por aula en Primaria y 25 en la ESO (hoy 25 y 30) en los centros sostenidos con fondos públicos, y un tope de 23 horas lectivas semanales para el profesorado de Infantil y Primaria y 18 en el resto de enseñanzas, con aplicación gradual entre los cursos 2027-2028 y 2031-2032. El proyecto superó en junio las enmiendas a la totalidad, con votos favorables de PP y Vox, pero decae con la disolución y tendría que volver a presentarse.

En becas, el Gobierno destinó 2.559 millones al curso 2026-2027, la novena subida consecutiva desde 2018, para unos 752.000 estudiantes en la convocatoria general. El PSOE reivindica también la ley de Formación Profesional de 2022 y la ley de universidades (LOSU) de 2023.

Su programa de 2023 prometía matrícula gratuita en la universidad y la FP superior para quien apruebe a la primera (cada crédito aprobado sería gratis al curso siguiente), plazas públicas gratuitas de 0 a 3 años de forma gradual, una garantía formativa entre los 16 y los 18 años para reducir el abandono escolar, más becas y la gratuidad de los libros de texto en colaboración con las comunidades.

Vox no ha publicado medidas educativas nuevas para el 29-N; su referencia sigue siendo el programa de 2023, que se resumía en una enseñanza "gratuita, exigente y de calidad" bajo control del Estado. La primera medida es devolver al Estado las competencias en educación y aprobar una Ley Nacional de Educación con contenidos comunes en toda España, además de una prueba única de acceso a la universidad. Propone garantizar el derecho a estudiar en español en todo el territorio, también en las comunidades con lengua cooficial.

Para las familias, plantea el cheque escolar, con el que el dinero sigue al alumno y los padres eligen centro público, concertado o privado, y el consentimiento previo de los padres para los contenidos afectivo-sexuales, lo que el partido ha llamado "pin parental". En exigencia académica, quiere que no se pueda pasar de curso ni titular con asignaturas suspensas. Sus grupos autonómicos defienden también reválidas al final de cada etapa y reforzar la autoridad del profesorado, como propuso en Cataluña en 2025.

En los pactos autonómicos firmados con el PP en 2026, Vox ha incluido la supresión del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios de Andalucía y Extremadura; el acuerdo andaluz sostiene que ese programa busca "diluir nuestra identidad".

Sumar no dirige el Ministerio de Educación y el Frente Amplio, su candidatura para el 29-N, no ha presentado todavía propuestas educativas propias. Su iniciativa más concreta en esta legislatura fue la Proposición de Ley Orgánica de mejora de las ratios, admitida a trámite en diciembre de 2025 y decaída con la disolución de las Cortes: fijaba un máximo de 20 alumnos por aula en Primaria, ESO y segundo ciclo de Infantil; en la escuela de 0 a 3 años, 5 bebés por unidad de 0 a 1 año, 8 de 1 a 2 y 12 de 2 a 3; 20 alumnos en FP de grado medio y superior, y que el alumnado con necesidades específicas de apoyo o en situación vulnerable contara doble a efectos de ratio.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia, Sira Rego (IU) impulsó la ley de protección de los menores en entornos digitales, que incluía limitar el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales y que tampoco llegó a aprobarse.

El programa de Sumar de 2023 completa el cuadro: elevar el gasto educativo al 5 % del PIB de inmediato y avanzar hacia el 7 %, garantizado por una ley de financiación; gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, de la FP y de los comedores escolares públicos; una red pública de centros de FP; rebaja progresiva de las tasas universitarias hasta la gratuidad, empezando por el primer curso y eliminando el recargo de las segundas matrículas, y más becas según la renta.

Podemos no ha publicado aún su programa educativo para el 29-N. Su documento político de abril de 2025 pide derogar las leyes que permiten privatizar la educación en todos sus niveles y destinar a escuelas y universidades el dinero que el Gobierno dedica a defensa. Entre sus objetivos concretos figuran bajar las ratios en colegios e institutos, una educación infantil de 0 a 3 años pública, universal y gratuita y que la universidad «no sea un privilegio de unos pocos». Defiende también una escuela pública laica, el fin del Concordato con la Santa Sede y de los privilegios fiscales de la Iglesia, y la memoria democrática como contenido transversal en las aulas.

Su programa europeo de 2024 concretaba más: gratuidad real de 0 a 18 años, incluidos libros, material escolar, comedor y transporte; una inversión educativa mínima del 5 % en todos los países de la UE; regular la concertada para evitar la segregación del alumnado; matrícula gratuita en la universidad pública, también en los másteres obligatorios para ejercer una profesión; una red pública que cubra el 90 % de la demanda en una década; becas Erasmus suficientes para que nadie renuncie por dinero, y la educación sexual integral como derecho de la infancia.

Ciudadanos (Cs) ha defendido una educación común, con más exigencia académica, evaluación rigurosa y refuerzo de materias troncales. Su enfoque suele priorizar la igualdad de oportunidades y la mejora de resultados frente al debate identitario.

En sus posiciones públicas, Cs ha apoyado una mayor libertad de elección de centro, la reducción del abandono escolar y una apuesta por la Formación Profesional conectada con el empleo. También ha reclamado un sistema menos burocrático y más centrado en el rendimiento del alumnado.

El partido ha insistido en la enseñanza del castellano como lengua vehicular en toda España y en blindar contenidos comunes básicos. En materia educativa, su perfil combina reformismo liberal, apoyo a la meritocracia y defensa de una escuela pública de calidad con más autonomía y evaluación.

Para el PNV la educación es una competencia vasca, recogida en el artículo 16 del Estatuto de Gernika, y su prioridad en Madrid es que el Estado no la recentralice. En Euskadi aprobó en diciembre de 2023 la Ley de Educación vasca, que integra la red pública y la concertada en un servicio público común con el euskera como eje. En el Congreso negoció la LOMLOE para incorporar rasgos del sistema vasco y su programa de 2023 pide que cada comunidad pueda adaptar el perfil de salida del alumnado y que se respete el modelo vasco de prueba de acceso a la universidad.

En formación profesional propone extender la FP dual a todos los niveles, reconocer la formación dual universitaria y crear un marco vasco de cualificaciones profesionales ligado a las necesidades de la industria. También reclama el traspaso de la homologación de títulos universitarios extranjeros, para atraer profesionales, y más capacidad de Euskadi en el gobierno de sus universidades y en las alianzas universitarias europeas.

El euskera recorre todo el apartado: quiere que sea eje del sistema universitario y científico, plena movilidad del alumnado en la eurorregión con Nueva Aquitania y Navarra, que los alumnos de Iparralde puedan estudiar la carrera en euskera en Euskadi y Navarra, y que el euskera, el catalán y el gallego entren en las plataformas educativas europeas como Europass. En la precampaña de 2026, Maribel Vaquero ha situado la defensa de la cultura vasca y del euskera entre sus prioridades.

En el Congreso, la prioridad educativa de EH Bildu es la competencia propia y el euskera. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, pedía blindar los modelos educativos vasco y navarro y sus características lingüísticas frente a cualquier cambio impuesto desde el Estado, el traspaso de las becas y más presencia del euskera en el ámbito digital y audiovisual.

En diciembre de 2025 firmó con ERC, el PNV, el BNG y Compromís, entre otros, una proposición de ley que extendía el uso de las lenguas cooficiales a toda la Administración del Estado y reformaba la ley educativa para que, al acabar la enseñanza básica, el alumnado tenga un dominio pleno y equivalente del castellano y de la lengua cooficial. En el debate de la ley vasca de educación, en 2022, defendió que el euskera fuera la lengua vehicular general de la escuela.

Su programa de las autonómicas vascas de 2024 proponía un Servicio Educativo Vasco que agrupe a todos los centros sostenidos con fondos públicos y un plan estratégico para la escuela pública: acabar con la interinidad del profesorado, planificar contra la segregación escolar y un plan de infraestructuras para 2024-2027. No planteaba recortar la concertada, que escolariza a cerca de la mitad del alumnado vasco: su candidato, Pello Otxandiano, propuso reconocer carácter social a parte de ella a cambio de financiación pública. También impulsa un distrito universitario de Euskal Herria.

En educación, ERC defiende ante todo el modelo de escuela catalana con inmersión lingüística en catalán y rechaza las sentencias y leyes estatales que, a su juicio, invaden las competencias de la Generalitat. En su programa de 2023 pedía competencias exclusivas para fijar los currículos de las etapas obligatorias y postobligatorias, y proponía suprimir el Ministerio de Educación, por tratarse de una competencia transferida. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

En financiación, aquel programa reclamaba al Estado las transferencias necesarias para universalizar la etapa de 0 a 3 años, un Fondo de Compensación Educativa contra la segregación escolar y recursos para acoger al alumnado recién llegado. Pedía también traspasar a Cataluña la gestión de las becas, como prevé el Estatut, y destinar al catalán el 30 % de los recursos públicos que el Estado dedica a promocionar el castellano.

Para la universidad, ERC proponía que el Estado transfiera el equivalente al 2 % del PIB para financiarla, revertir los recortes, aprobar un Estatuto del Becario con prácticas remuneradas, agilizar la homologación de títulos y reforzar el uso del catalán en la docencia y la investigación.

La prioridad educativa de Junts per Catalunya es la escuela catalana con inmersión lingüística en catalán y el rechazo a las sentencias que obligan a dar al menos un 25 % de clases en castellano. El 8 de octubre de 2026 el Parlament aprobó dos mociones, de Junts y de la CUP. Los puntos de Junts piden reforzar la inmersión obligatoria en catalán en la enseñanza pública y hacer cumplir la legislación lingüística vigente. Junts también votó el punto de la CUP que pide una estrategia para que el catalán sea la única lengua vehicular. A 18 de octubre, Junts no ha publicado programa para el 29-N.

Su programa de 2023 defendía las dos redes, pública y concertada, y pedía más presupuesto para ambas: más recursos para la escuela pública y actualizar los módulos de la concertada a su coste real. Proponía financiación estatal para la etapa de 0 a 3 años, la gratuidad de los 16 a los 18 años y un "MIR docente", un periodo de prácticas acreditadas para acceder a la profesión.

Para la universidad reclamaba el traspaso de las becas y de sus fondos, para avanzar hacia becas salario, y subir la inversión universitaria del 0,40 % al 0,60 % del PIB en cinco años. También pedía suprimir la tasa de reposición del profesorado, impulsar la FP dual y garantizar el uso del catalán en universidades y centros de investigación.

El BNG quiere que Galicia ordene todo su sistema educativo con leyes propias: una Lei galega de educación hasta el bachillerato, otra de Formación Profesional, otra de enseñanzas artísticas y otra del sistema universitario. Por eso pide superar los artículos 3 y 27 de la Constitución y transferir todas las competencias pendientes, incluidos los planes de estudio, la gestión del profesorado y las becas. Así figura en su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N.

Defiende una única red, la pública, gratuita de 0 a 18 años, con libros, material y actividades extraescolares gratuitos; suprimir los conciertos, empezando por las etapas no obligatorias y por los centros que separan por sexo; y sacar la Religión del currículo, renegociando el Concordato. Pide elevar el gasto educativo al 7 % del PIB y el de las universidades públicas al 1,5 %, además de que el Estado cofinancie la gratuidad de las escuelas infantiles gallegas de 0 a 3 años.

Quiere transferir a Galicia la UNED, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y los centros del CSIC, poder hacer los exámenes de la UNED en gallego y eliminar la tasa de reposición del profesorado. En noviembre de 2025 firmó con ERC, EH Bildu, PNV, Compromís y Més per Mallorca una proposición de ley orgánica de garantía del plurilingüismo, cuya toma en consideración aprobó el Congreso en diciembre.

Las propuestas educativas de Coalición Canaria para el Estado están en el acuerdo de investidura que firmó con el PSOE en noviembre de 2023. Pide una reforma legal que reconozca la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) y obligue a las administraciones a garantizar plazas suficientes en centros públicos, y un gran Pacto Social por la Educación que mejore las competencias básicas, las lenguas extranjeras y las tecnologías y compense las desigualdades. También propone un Pacto de Estado por la juventud, con las comunidades autónomas, para ampliar las oportunidades en educación, empleo y vivienda.

La Formación Profesional ocupa un lugar central: el texto prevé un proyecto con especial atención a la FP dual, con patronal y sindicatos, para acercar la formación a los empleos que quedan sin cubrir, y mantener el programa especial de FP para los servicios avanzados en Canarias. Reclama además dotar los convenios de infraestructuras educativas con el Estado e impulsar la investigación en astrofísica, ciencias marinas y biotecnología con las universidades canarias.

Su programa autonómico de 2023, con el que Clavijo llegó al Gobierno de Canarias, hacía de la FP, el inglés y la digitalización la base de su reforma educativa, con prioridad para la escuela pública. La declaración de unidad del 17 de octubre de 2026 no incluye un apartado educativo propio, y CC no había publicado propuestas nuevas para el 29-N.

La educación es competencia de Navarra, y UPN no había publicado a mediados de octubre propuestas educativas para el 29-N. Su programa de 2023 defiende la libertad de elección de centro: una oferta «justa, equilibrada y complementaria» de colegios públicos y concertados, la demanda de las familias como criterio para renovar los conciertos y el mantenimiento de los convenios con los centros de educación diferenciada por sexo.

En lenguas propone convertir el PAI (Programa de Aprendizaje en Inglés) en un modelo lingüístico más, aumentar las horas en inglés para que todo el alumnado termine con al menos un nivel B1, y garantizar que todos los estudiantes acaben la ESO y el Bachillerato con las mismas competencias en castellano, sea cual sea su modelo. Defiende la enseñanza en lengua materna, castellano o euskera, según la demanda de las familias y «sin otorgar ventajas adicionales» a quienes eligen el modelo D, íntegramente en euskera.

Otras medidas son la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años, con prioridad para las familias en las que trabajan los dos progenitores y las monoparentales, reducir la ratio de alumnos por aula, becas que premien el esfuerzo según la renta familiar, un plan contra el abandono escolar, apoyo a la escuela rural y a la FP dual, y un control de los libros de texto que respete la realidad institucional de Navarra. Incluye acciones en todas las etapas sobre la memoria de las víctimas del terrorismo y rechaza que la escuela transmita valores «que no tengan el adecuado consenso social».

El programa de PACMA para las generales de 2023, que el partido no había sustituido a mediados de octubre de 2026, reclama un Pacto de Estado por la Educación que acabe con las leyes aprobadas sin consenso; recuerda que la LOMLOE, la octava en 40 años, salió con 177 votos de 350. Sus medidas: más becas en todas las etapas, plazas públicas suficientes de 0 a 3 años, libros de texto gratuitos elaborados entre comunidades autónomas con licencia libre, transporte y comedor gratuitos para familias vulnerables, menos alumnos por profesor y una escuela pública «realmente laica».

Pide ampliar la orientación en los institutos públicos con plazas de psicología y pedagogía, equipos para detectar el acoso escolar y el maltrato infantil, programas contra el absentismo y atención temprana a menores con discapacidad de 0 a 6 años.

Su sello propio es la educación en valores: incluir el respeto y la empatía hacia los animales como objetivo transversal de toda la enseñanza obligatoria, promover las visitas a refugios y santuarios en lugar de a granjas escuela, invitar a las protectoras a dar charlas y ofrecer menús vegetarianos y veganos en todos los comedores escolares. Critica que, según el partido, los gobiernos central y autonómicos quieran llevar la caza a los colegios como herramienta de gestión del medio natural. Pide también una asignatura de educación ambiental, educación afectivo-sexual y sobre diversidad familiar, y más mujeres referentes en los libros de texto.

En educación, Se Acabó La Fiesta (SALF) no ha detallado medidas para el 29-N. Su propuesta nacional más clara la hizo Alvise Pérez en febrero de 2026 en Valladolid: un currículo escolar único para toda España, junto a una central de compras común, porque considera que 17 sistemas educativos y sanitarios tienen peor relación coste-beneficio. Encaja con su crítica a unas comunidades autónomas que describe como «taifas».

El desarrollo está en su contrato electoral de Castilla y León (marzo de 2026), el documento más completo del partido en la materia. Proponía un currículo exigente centrado en conocimientos (matemáticas, lengua, inglés, ciencias, historia y filosofía) frente a la evaluación por competencias, reválidas externas al final de Primaria y de Secundaria, el PIN parental para que las familias supervisen las actividades extraescolares con posible sesgo ideológico y una ley de autoridad docente que reconozca al profesor como autoridad pública.

En libertad de elección, defendía ampliar los conciertos educativos a los centros que lo pidan, incluidos los de educación diferenciada, y calificaba el bilingüismo de «fracaso pedagógico». Incluía también la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, más plazas de FP dual remunerada y de educación especial y, en la universidad, menos burocracia y el fin del gasto en lo que llama «pseudoinvestigaciones ideológicas».

En educación, Democracia 21 anuncia en su web un apartado titulado «Educación del siglo 21 para desatar nuestro talento», todavía sin desarrollar. La única medida que ha concretado Miriam González es una reforma universitaria con grados más flexibles y más prácticas en empresas e instituciones, para acercar la formación al empleo.

La fundadora vincula la educación a la movilidad social, que considera «la prioridad número uno» del país, y a la igualdad de oportunidades de las niñas, el objetivo de la organización Inspiring Girls, que fundó y preside. El partido no se ha pronunciado sobre la enseñanza obligatoria, la concertada, las becas, la formación profesional, la financiación del sistema ni las lenguas vehiculares, y su documento programático España Limpia no trata la educación.

Su equipo sí tiene un marcado perfil universitario: Joaquín Espallargás, consejero delegado del grupo de la Universidad Nebrija entre 2013 y 2020 y al frente del grupo CEF.-UDIMA desde 2023; Samuel Martín-Barbero, que ha sido rector de la Universidad Camilo José Cela y de la Franklin University Switzerland; Óscar García Oltra, que presidió La Facultad Invisible, la asociación de los premios nacionales fin de carrera, y el catedrático de la Complutense Javier Sierra. El partido dice que irá anunciando nuevas propuestas durante la campaña.