Política Exterior: qué propone cada partido

Alberto Núñez Feijóo se define como "proatlantista y proeuropeísta", y su ponencia política de julio de 2025 pide un papel central de España en la UE. En defensa, el PP se compromete a cumplir los compromisos de inversión de la OTAN "con el aval del Congreso", a reforzar el pilar europeo de la Alianza y la industria de defensa europea, y a ampliar los efectivos militares. No ha fijado un porcentaje del PIB: en 2025 pidió ir más allá del 2 %, pero evitó comprometerse con el 5 % acordado en la OTAN.

Marruecos domina su precampaña tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio de 2026. Feijóo dice querer buena vecindad, pero sostuvo que si Rabat no frenaba la presión lo lógico era desplegar el Ejército en la frontera, y exige al Gobierno que informe a las Cortes de sus compromisos con Marruecos, Venezuela y China. La ponencia defiende la españolidad de Ceuta y Melilla, una relación "equilibrada" con Marruecos y Argelia y el respeto a las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental.

Sobre Gibraltar, reivindica la soberanía española y que cualquier acuerdo con Londres pase por las Cortes. Promete más presencia en Hispanoamérica frente a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, que califica de dictaduras; define a China como "socio, competidor y rival sistémico", apoya el acuerdo UE-Mercosur y un tratado de libre comercio con Estados Unidos. En Oriente Próximo, acepta la solución de dos Estados tras una negociación real y sin Hamás.

El PSOE no ha publicado un programa exterior nuevo para el 29-N; su posición es la que Pedro Sánchez ha sostenido en el Gobierno: europeísmo, multilateralismo y defensa del derecho internacional, también frente a aliados. En 2024 España reconoció al Estado de Palestina y en 2025 aprobó por decreto ley un embargo de armas a Israel; Sánchez sigue pidiendo a la UE que suspenda el acuerdo de asociación con Israel y le reprocha un "doble rasero" que, a su juicio, debilita la defensa de Ucrania, a la que España apoya política y militarmente.

En defensa, España alcanzó en 2025 el 2 % del PIB, según la OTAN, pero fue el único aliado que no asumió el objetivo del 5 % fijado en La Haya: el Gobierno sostiene que un 2,1 % basta para cumplir las capacidades exigidas y que más gasto recortaría el Estado del bienestar. Ese pulso, agravado por su negativa a respaldar la operación de Estados Unidos e Israel contra Irán y a ceder las bases en España, le ha valido duras críticas de Donald Trump.

Su programa de 2023 prometía seguir apoyando a Ucrania y su ingreso en la UE, impulsar la autonomía estratégica europea, defender la solución de los dos Estados para Israel y Palestina, situar a América Latina en el centro de la acción exterior, apoyar al enviado de la ONU para el Sáhara Occidental y elevar la ayuda al desarrollo hacia el 0,7 % de la renta nacional en 2030.

Marruecos y Ceuta dominan la política exterior de Vox en esta campaña, tras la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta del 30 de julio de 2026. Santiago Abascal ha dicho que "lo más urgente es recuperar Ceuta" y que la amistad con Marruecos "no es posible ahora"; pide una presencia permanente del Ejército en la ciudad si los medios actuales no bastan, y pasó allí el 12 de octubre con Jordan Bardella. En septiembre llevó al Congreso una iniciativa que exige a Rabat una declaración "pública, expresa e inequívoca" de respeto a la soberanía española sobre Ceuta, Melilla y los demás enclaves norteafricanos; si no llega, suspender el Tratado de Amistad de 1991. Pide también expulsar al embajador marroquí si continúan las entradas, obligar a Marruecos a aceptar los retornos de sus nacionales regir toda cooperación por la reciprocidad y negar visados a los marroquíes hasta esa declaración.

En Europa, Abascal preside desde 2024 el partido Patriots.eu. Vox defiende un nuevo tratado que devuelva poder a los Estados y la primacía de la Constitución sobre el Derecho europeo en asuntos de interés nacional, y su plan de desregulación de 2026 propone revertir los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur y Marruecos.

En defensa, el programa de 2023 prometía aumentar la inversión, pedir a la OTAN que cubra expresamente Ceuta y Melilla, un mando integrado de fronteras y presionar para recuperar Gibraltar. En 2025 Abascal condicionó el aumento del gasto militar a proteger fronteras e intereses nacionales.

El Frente Amplio, la candidatura de Sumar para el 29-N, no ha publicado propuestas de política exterior, pero Sumar ha marcado perfil propio dentro del Gobierno. Su principal bandera fue el embargo de armas a Israel: tras meses de presión, el Gobierno lo aprobó por el Real Decreto-ley 10/2025 y el Congreso lo convalidó el 8 de octubre de 2025; Sumar logró que se tramitara también como proyecto de ley para eliminar las excepciones que permiten al Consejo de Ministros autorizar operaciones puntuales.

Sumar rechaza el aumento del gasto militar: se opuso al plan de 2025 para llegar al 2 % del PIB y al objetivo del 5 % fijado por la OTAN, y Ernest Urtasun calificó de "métrica absurda" medir la defensa en porcentaje del PIB y prometió que no se recortaría gasto social para financiarla.

Su programa de 2023 proponía revertir el giro de 2022 sobre el Sáhara Occidental y apoyar la autodeterminación del pueblo saharaui; reconocer el Estado palestino (España lo hizo en mayo de 2024) y exigir el fin de la ocupación; una autonomía estratégica europea que desplace progresivamente las garantías de seguridad de la OTAN hacia un espacio europeo bajo control democrático; suprimir la unanimidad en la política exterior de la UE; impulsar el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares; prohibir la venta de armas a países que vulneren los derechos humanos; apoyar a Ucrania con una reconstrucción basada en ayudas y destinar el 0,7 % de la renta a cooperación en 2030.

La paz es uno de los tres ejes del lema de Irene Montero, «Paz, casa, trabajo», y es el terreno en el que Podemos más se diferencia del resto de partidos de ámbito estatal. Su documento político de abril de 2025 propone abandonar la OTAN «a la mayor brevedad», no aumentar el gasto militar que reclama Donald Trump y romper con el «seguidismo» de Estados Unidos. En marzo de 2025 anunció una iniciativa en el Congreso para salir de la Alianza y cerrar las bases de Rota y Morón, y en abril de 2026 el Pleno rechazó su moción para convocar un referéndum sobre la permanencia en la OTAN y poner fin al convenio de defensa con Estados Unidos.

Sobre Oriente Próximo exige romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, cuya actuación en Gaza califica de genocidio, y un embargo total de armas. En octubre de 2025 votó a favor del decreto de embargo del Gobierno, aunque lo tachó de «coladero» por no cerrar del todo la compraventa y el tránsito de material militar. Se opuso al envío de armas a Ucrania y defiende una salida negociada a la guerra.

Propone priorizar las alianzas con América Latina, en especial con los gobiernos progresistas, y relaciones «de igual a igual» con África. Su programa europeo de 2024 pedía que cualquier operación de la OTAN con medios españoles pasara por el Parlamento, suspender el programa europeo de munición (ASAP) y firmar el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares.

Ciudadanos suele defender una política exterior proeuropea, con apoyo firme a la UE, mayor coordinación entre socios y una posición clara frente a regímenes autoritarios. En sus planteamientos públicos, prioriza la credibilidad internacional de España y la defensa de intereses nacionales dentro del marco europeo.

También ha apostado por reforzar la OTAN, aumentar la cooperación en seguridad y situar a España como socio fiable en defensa, energía y comercio. Cs suele enfatizar la diplomacia económica, la apertura exterior y una relación estrecha con democracias liberales y aliados estratégicos.

En un escenario de 2026, su línea probable combinaría atlantismo, europeísmo y defensa de los derechos humanos, con especial atención al Mediterráneo, Iberoamérica y la política hacia Rusia y China. Su enfoque tendería a ser pragmático, institucional y favorable a una España más influyente en Europa.

El PNV es europeísta y en el Parlamento Europeo se sienta en el grupo liberal Renew Europe. Su programa europeo de 2024, con la coalición CEUS y 160 propuestas, pide una Unión más integrada y federal que sea contundente contra las violaciones del derecho internacional «como las que protagonizan Rusia en Ucrania e Israel en Gaza», con sanciones y la suspensión de acuerdos de asociación. Propone mantener el apoyo militar a Ucrania, acabar con la unanimidad en política exterior y de seguridad, una defensa europea común y destinar al menos el 20 % del presupuesto europeo de defensa al sector naval. En octubre de 2025 votó a favor del decreto de embargo de armas a Israel.

Su seña propia es la presencia de Euskadi en Europa: su programa de 2023 reclama la participación directa de Euskadi en el Consejo de la UE, sobre todo en el Ecofin y en Justicia e Interior, la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en las instituciones europeas, circunscripciones que reflejen a las naciones sin Estado y la creación de una macrorregión atlántica. Pide también completar la unión bancaria con un fondo europeo de garantía de depósitos.

En lo demás, el programa de 2023 rechaza el giro del Gobierno de 2022 a favor del plan de autonomía marroquí y defiende la autodeterminación del pueblo saharaui. Reclama un plan de derechos humanos con objetivos y plazos, más presupuesto para cooperación al desarrollo y apoyo a la internacionalización de las empresas vascas.

EH Bildu es contraria a la OTAN y al aumento del gasto militar. Sin programa publicado para el 29-N, su posición se conoce por sus votos y declaraciones en el Congreso. En marzo de 2025, su portavoz Mertxe Aizpurua afirmó que «el rearme no es una opción» y que no apoyaría ningún aumento del gasto en defensa. En junio de ese año calificó de «acertada» la negativa de Pedro Sánchez a asumir en la cumbre de la OTAN el objetivo del 5 % del PIB, y Oskar Matute pidió demostrar «con hechos» que España no participaría en el rearme.

En marzo de 2026, en el debate sobre la guerra contra Irán, Aizpurua pidió a Sánchez que fuera el primero en plantear en la Unión Europea el debate sobre salir de la OTAN, a la que llamó «alianza bélica», y calificó esa guerra de «ilegal». La coalición recuerda que Euskadi y Navarra votaron no a la permanencia en la OTAN en el referéndum de 1986.

Sobre Palestina, la coalición califica de genocidio la ofensiva israelí en Gaza. En octubre de 2025 votó a favor del decreto que hizo permanente el embargo total de armas a Israel y prohibió importar productos de los asentamientos. En Europa concurre con ERC, el BNG y Ara Més en la coalición Ahora Repúblicas, que defiende el derecho de autodeterminación y el reconocimiento de las lenguas minorizadas; su eurodiputado, Pernando Barrena, está en el grupo de La Izquierda.

ERC es europeísta y defiende una Europa federal en la que Cataluña tenga voz propia, empezando por la oficialidad del catalán en la Unión Europea. En las europeas de 2024, con Diana Riba al frente de la coalición Ahora Repúblicas, pidió un marco legal europeo que garantice la autodeterminación de los pueblos de la Unión. En el Parlamento Europeo se sienta con los Verdes/ALE. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

Sobre Gaza, ERC registró en agosto de 2025 una proposición no de ley para exigir un embargo total de armas a Israel. En octubre votó a favor de convalidar el decreto de embargo del Gobierno, aunque Rufián lo calificó de "insuficiente y cobarde" y pidió eliminar sus excepciones. Su programa de 2023 ya pedía suspender la venta de armas a países que vulneran los derechos humanos, entre ellos Arabia Saudí, Israel y Turquía.

En defensa, Rufián sostiene que hay que gastar mejor y no más y que, si se compra armamento, sea a la industria europea; ERC criticó que el Gobierno aumentara el gasto militar sin votarlo en el Congreso. El programa de 2023 proponía reducir a la mitad el presupuesto de los programas de armamento y llegar al 0,7 % de ayuda al desarrollo. También pedía rectificar el apoyo del Gobierno al plan de autonomía de Marruecos y defender la autodeterminación del Sáhara Occidental.

Junts per Catalunya es europeísta y defiende una "Europa de los pueblos" que avance hacia un modelo federal. Su prioridad exterior es la oficialidad del catalán en la Unión Europea, una de las condiciones de su acuerdo de 2023 con el PSOE. El 22 de septiembre de 2026, la propuesta volvió al Consejo de Asuntos Generales sin votación ni acuerdo. La presidencia irlandesa citó a los servicios jurídicos del Consejo, para los que reconocer el catalán, el euskera y el gallego exigiría reformar los tratados. El incumplimiento de este compromiso fue uno de los motivos de la ruptura de Junts con el Gobierno. A 18 de octubre, Junts no ha publicado programa para el 29-N.

Su programa de 2023 pedía que la UE reconozca el derecho de autodeterminación como vía para resolver conflictos territoriales. En esa línea, apoyaba los procesos de Escocia y la reunificación de Irlanda, el cumplimiento de las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental y el reconocimiento de Kosovo. También defendía la libre circulación de Schengen, una política exterior y de seguridad común de la UE y reforzar la Unión por el Mediterráneo, con sede en Barcelona. Además, pedía una comisión de investigación sobre el espionaje con Pegasus y reducir a la mitad el gasto inmobiliario del cuerpo diplomático.

En el Parlamento Europeo, Junts obtuvo un escaño en 2024, pero la Junta Electoral Central lo declaró vacante porque Toni Comín no acató la Constitución en persona.

El BNG se define como pacifista y antiimperialista y defiende la salida de España de la OTAN y la disolución de la alianza. En junio de 2026 llevó al Congreso una moción para abandonarla, revertir el aumento del gasto militar y cerrar las bases de Estados Unidos; esos puntos solo los apoyaron Sumar, ERC y EH Bildu y fueron rechazados, aunque salieron adelante los que pedían rechazar el recorte de la PAC para financiar el rearme europeo y oponerse a las guerras. «Cada céntimo que va a armamento es un céntimo que se detrae a la protección de los servicios públicos», dijo Néstor Rego.

Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, pedía neutralidad activa en la guerra de Ucrania y dejar de enviar armas, el reconocimiento del Estado palestino, que España aprobó en mayo de 2024, y la condena de la ocupación israelí, un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental y el rechazo a la política de Estados Unidos hacia Venezuela y Cuba. En octubre de 2025 votó a favor del decreto de embargo de armas a Israel, que calificó de paso insuficiente por sus excepciones; su senadora, Carme da Silva, pidió un embargo total.

Quiere una relación privilegiada con Portugal y la lusofonía, con la recepción recíproca de las televisiones públicas portuguesa y gallega. En Europa concurre con ERC, EH Bildu y Ara Més en Ahora Repúblicas, y su eurodiputada, Ana Miranda, se sienta en el grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea.

La política exterior que interesa a Coalición Canaria es la que afecta al archipiélago: la Unión Europea y Marruecos. Su acuerdo de investidura con el PSOE de noviembre de 2023 pide reforzar la alianza con Portugal y Francia para consolidar los derechos de las regiones ultraperiféricas (RUP) y que Canarias tenga representación propia en las negociaciones del Estado con Marruecos sobre la delimitación de los espacios marítimos, el control de los flujos migratorios y la explotación de recursos naturales.

Desde 2025, Clavijo encabeza la oposición de las RUP a la propuesta de la Comisión Europea para el presupuesto 2028-2034, que, según el Gobierno canario, eliminaría fondos específicos como el POSEI, el FEDER-RUP o las ayudas a los costes adicionales de la pesca, y haría depender el reparto de planes nacionales. Canarias recibió como RUP algo más de 4.600 millones en el periodo 2021-2027. La declaración de unidad del 17 de octubre de 2026 pide garantías financieras para las RUP en 2028-2034 y que las instituciones canarias tengan papel en la política exterior que afecte a las islas.

Sobre el Sáhara Occidental, CC criticó en 2022 el giro de Pedro Sánchez en favor del plan de autonomía marroquí. En octubre de 2024, en Rabat, Clavijo afirmó que el Gobierno canario asumía la posición del Gobierno de España; Nueva Canarias lo calificó de traición al pueblo saharaui y fuentes de CC alegaron que un presidente autonómico carece de competencias en política exterior.

UPN es un partido europeísta. Su programa de 2023 presenta la Unión Europea como marco de paz, progreso y desarrollo democrático, pide una UE más cercana, menos burocrática y con una política exterior común, y exige respeto a la foralidad y a la autonomía fiscal de Navarra. En su propuesta de reforma constitucional quiere reconocer en la Constitución la condición de España como Estado miembro de la UE y la primacía del derecho europeo.

Hacia fuera, Navarra mira sobre todo a Francia: el programa propone reforzar la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi-Navarra invitando a La Rioja, Aragón y Cantabria, sumar a Navarra a la Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, apostar por los polos económicos de Burdeos y Toulouse y crear una red de navarros residentes en Europa. Se comprometía a recuperar en 2026 el 0,7 % del presupuesto foral para la cooperación al desarrollo y a mantener los compromisos con los aliados internacionales en el polígono de tiro de las Bardenas.

En el Congreso, Alberto Catalán apoyó en septiembre de 2024 la proposición del PP que instaba al Gobierno a reconocer a Edmundo González como ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela, aprobada por 177 votos. Sobre Israel, votó en mayo de 2025 contra la toma en consideración de la ley de Sumar para prohibir la venta de armas y en octubre de 2025 se abstuvo en la convalidación del decreto ley de embargo de armas, que salió adelante por 178 votos frente a 169. Para el 29-N no había publicado propuestas exteriores.

PACMA no se ha pronunciado en sus programas sobre la OTAN, el gasto en defensa, Ucrania, Gaza o la relación con Marruecos. Su política exterior es sobre todo europea y está en el programa para las europeas de 2024, cuando presentó como cabeza de lista a Cristina García, vicepresidenta del partido, y obtuvo el 0,77 % de los votos, sin escaño.

Su propuesta central es reformar el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la UE para eliminar la excepción que ampara las tradiciones crueles con los animales, como la tauromaquia, y aprobar un reglamento europeo de bienestar animal con una dirección general propia en la Comisión. Pide acabar con las ayudas de la PAC a las ganaderías de toros de lidia, eliminar las jaulas en la ganadería, como reclamó la iniciativa ciudadana europea «End the Cage Age» que el partido promovió en España, eliminar los viajes largos de animales y prohibir la exportación de animales vivos fuera de la UE.

En comercio se declara contraria a los tratados de libre comercio, que a su juicio benefician a las élites empresariales a costa de los derechos sociales, laborales y ambientales. En lo institucional, propone más control democrático y auditorías del Banco Central Europeo, regular los lobbies, fiscalizar los gastos de los eurodiputados y reducir el Parlamento Europeo a una sola sede. Defiende una política común de asilo basada en la solidaridad entre Estados.

La política exterior de Se Acabó La Fiesta (SALF) gira en torno a la soberanía frente a Bruselas. Alvise Pérez ya planteó en la campaña europea de 2024 un referéndum sobre la permanencia de España en la UE si no se renegocia la relación, y lo repitió al lanzar su candidatura a las generales en Vistalegre (octubre de 2025): «que decida el pueblo español». Critica que las políticas comunitarias perjudican la productividad y al campo y, si Europa da la espalda a España, propone estrechar lazos con Hispanoamérica.

En defensa, Alvise votó en el Parlamento Europeo, en marzo de 2025, contra el plan de rearme europeo y contra una resolución de apoyo a Ucrania: sostiene que el rearme es «criminal» y que, si hace falta, debe decidirlo cada Gobierno nacional. Su consigna en Vistalegre fue «ni una gota de sangre española» para defender intereses de la UE, y en marzo de 2026 puso el fin de «las guerras que paga el currante» entre sus condiciones a PP y Vox. Esa línea le enfrentó con sus dos compañeros de lista, Nora Junco y Diego Solier, que votaron distinto y dejaron el partido en 2025. Alvise se sienta entre los no inscritos de la Eurocámara.

La acción exterior queda ligada a la inmigración: propone destinar la ayuda de cooperación a financiar las deportaciones, empezando por la que recibe Marruecos, y cortar fondos a países y entidades que «favorezcan» la inmigración irregular. En comercio, su programa de Castilla y León se oponía al acuerdo UE-Mercosur.

Democracia 21 se define como europeísta: uno de los apartados de su web se titula «Construir la Unión Europea del siglo 21», aunque por ahora sin medidas. Su propuesta europea más concreta es que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo viajen juntos a Bruselas para que los 10.000 millones de fondos Next Generation sin ejecutar no se pierdan y se destinen a un fondo de vivienda asequible. Su documento España Limpia invoca además los estándares del Consejo de Europa y de la OCDE para reformar el CGPJ y la ley de conflictos de interés.

La política exterior es el terreno profesional de su equipo. Miriam González es abogada especializada en derecho europeo y comercio internacional, y trabajó en Bruselas como negociadora y asesora de la Unión Europea en comercio y relaciones con Oriente Próximo. Su vicepresidente, Juan González-Barba, fue secretario de Estado para la Unión Europea entre 2020 y 2021, director general para el Magreb, el Mediterráneo y Oriente Próximo y embajador en Turquía, Croacia y Sudán, y es autor del ensayo Europa: la otra patria.

El partido no se ha pronunciado sobre la guerra de Ucrania, Gaza, la relación con Estados Unidos, el gasto en defensa y los compromisos con la OTAN, ni sobre Marruecos y el Sáhara Occidental, un asunto por el que algunos medios han cuestionado el antiguo trabajo de su fundadora para la empresa estatal marroquí de fosfatos OCP.