Igualdad: qué propone cada partido

El PP no ha presentado todavía un plan específico de igualdad para el 29-N. Su posición está en la ponencia política de julio de 2025, titulada "Ni trabas ni culpas: igualdad real", que defiende la igualdad entre hombres y mujeres "sin enfrentar a los ciudadanos con ideologías". Frente a la violencia machista y contra los niños promete endurecer las penas y aplicar la prisión permanente revisable a los reincidentes, "sin criminalizar a los hombres por el mero hecho de serlo", y ser "implacables con las denuncias falsas". Quiere reformar los delitos sexuales tras la ley del "solo sí es sí", reforzar la lucha contra la trata y aprobar una ley contra la violencia vicaria. Su programa de 2023 se comprometía a cumplir el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En conciliación y natalidad plantea la escuela de 0 a 3 años gratuita, ayudas para cuidar a los hijos en casa o contratar apoyo familiar, facilitar la congelación de óvulos a mujeres jóvenes y, desde 2023, bonificar las cotizaciones durante los permisos por nacimiento para reducir la brecha salarial por maternidad.

La ponencia sostiene que la autodeterminación de género "profundiza en el borrado de las mujeres", pide que el sexo biológico ordene las competiciones femeninas y que se retrasen al máximo los tratamientos de cambio de sexo en menores; Miguel Tellado ha anunciado la derogación de la Ley Trans. El texto también rechaza el burka y el niqab y se compromete a combatir la LGTBIfobia y los delitos de odio.

El PSOE, que dirige el Ministerio de Igualdad con Ana Redondo, presenta los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI como señas de sus gobiernos, como recordó Pedro Sánchez en Zaragoza el 14 de octubre. Sin programa publicado aún para el 29-N, sus compromisos son las reformas que la disolución deja pendientes. La principal, incluir el aborto en la Constitución: el Gobierno propone añadir al artículo 43 que los poderes públicos garantizarán el ejercicio de ese derecho en condiciones de igualdad. Superó en abril las enmiendas de totalidad de PP y Vox, pero necesita tres quintos de cada cámara y decae con la legislatura.

La segunda es la ley orgánica de violencia vicaria, aprobada como proyecto el 14 de julio de 2026: la convierte en agravante de género en el Código Penal, amplía quiénes son víctimas, endurece la retirada de custodias y visitas al maltratador y obliga a escuchar a los hijos antes de decidir. El PSOE reivindica además la ley de paridad de 2024, que exige listas y consejos de administración equilibrados, la ampliación del permiso por nacimiento a 19 semanas en 2025 y la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en febrero de 2025.

Su programa de 2023, de corte abolicionista, prometía una ley para abolir la prostitución que castigue el proxenetismo en todas sus formas, incluida la tercería locativa, una ley integral contra la trata y el rechazo a los vientres de alquiler.

Vox rechaza el enfoque de género de las políticas de igualdad y propone sustituirlas por políticas de familia. Su programa de 2023, el último completo, plantea derogar la Ley Integral de Violencia de Género de 2004 y sustituirla por una ley que proteja a todas las víctimas de la violencia en el ámbito familiar, con la supresión de los juzgados específicos de violencia sobre la mujer; suprimir el Ministerio de Igualdad y crear un Ministerio de Familia; acabar con las cuotas de género, y derogar la ley trans, la ley del "solo sí es sí", la del aborto y la de eutanasia. Pide también la custodia compartida como regla general y bajar el IVA de los productos para la primera infancia.

En 2026 esa línea se ha trasladado a los pactos con el PP en Extremadura y Andalucía, que no mencionan la violencia de género y se centran en la natalidad, una nueva ley de familia y, en Andalucía, un plan de apoyo a la mujer embarazada. Su plan de desregulación de junio elimina los planes de igualdad y LGTBI obligatorios en las empresas.

En el Congreso, Vox presentó en abril una enmienda a la totalidad contra la reforma del Gobierno para incluir el aborto en la Constitución, que fue rechazada por 177 votos a 171, y en febrero defendió sin éxito su ley para prohibir el burka y el niqab en la vía pública, que presentó como protección de la dignidad de las mujeres.

Sumar se presenta al 29-N dentro del Frente Amplio, con Ada Colau como candidata, y su medida de igualdad más visible de la legislatura salió del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz: el Real Decreto-ley 9/2025, aprobado en julio de 2025 y convalidado en septiembre, amplió el permiso por nacimiento a 17 semanas más 2 semanas retribuidas de cuidado hasta que el menor cumpla ocho años, 19 en total por progenitor y 32 en las familias monoparentales, pagadas al 100 %.

Su gran propuesta pendiente es la prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta los 18 años, sin requisito de renta, que Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, quiso incluir en los presupuestos de 2026 y que no llegó a aprobarse. Ya figuraba en su programa de 2023.

Aquel programa proponía crear una Vicepresidencia de Feminismos y Economía de los Cuidados; reducir la brecha salarial con controles algorítmicos y la de las pensiones; ampliar los permisos retribuidos y avanzar en la reducción de jornada para repartir los cuidados; garantizar el acceso efectivo al aborto en la sanidad pública de todo el territorio; financiar la reproducción asistida pública hasta los 45 años, sin discriminar a lesbianas y mujeres solas; aprobar una ley integral contra la trata; incluir en VioGén otras formas de violencia machista y crear indemnizaciones para las víctimas. En derechos LGTBI+, prometía desarrollar la ley trans de 2023, planes de inserción laboral para mujeres trans y una red de acogida para víctimas de LGTBIfobia.

El feminismo es, según el propio partido, la «brújula» de su programa, y su candidata, Irene Montero, fue ministra de Igualdad entre 2020 y 2023, cuando se aprobaron la ley del «solo sí es sí», la reforma de la ley del aborto y la ley trans. Sin programa publicado aún para el 29-N, sus propuestas proceden del documento político de abril de 2025 y del programa europeo de 2024.

Pide aplicar íntegramente la ley del «solo sí es sí», cuyas medidas acusa al PSOE de mantener «congeladas», desplegar todos los recursos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y contabilizar todos los feminicidios. Quiere que toda la legislación asuma que «ningún maltratador puede ser un buen padre», desterrar el síndrome de alienación parental de los juzgados, reconocer la violencia vicaria y combatir la violencia obstétrica. Defiende garantizar el aborto en la sanidad pública, combatir la pobreza menstrual, perseguir los vientres de alquiler y avanzar hacia la abolición de la prostitución prohibiendo el lucro de terceros y regularizando a las personas migrantes para que nadie se vea obligada a ejercerla.

En derechos LGTBI defiende la libre determinación de género, el reconocimiento de las personas no binarias y la prohibición de las terapias de conversión; en Europa, incluir el aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y blindar el 5 % del presupuesto comunitario contra la violencia machista.

Ciudadanos (Cs) suele defender una política de igualdad centrada en la igualdad real de oportunidades, con más peso en la educación, el empleo y la conciliación que en los enfoques puramente identitarios. Su discurso ha sido favorable a reforzar medidas contra la discriminación sin caer en el sectarismo.

En materia de violencia de género e igualdad entre mujeres y hombres, Cs ha apoyado mantener la protección específica, mejorar la coordinación institucional y dotar mejor a los recursos de atención. También ha insistido en combinar esa protección con políticas de prevención, educación y apoyo a las víctimas.

En una proyección para 2026, es previsible que siga defendiendo una igualdad basada en mérito, libertad y oportunidades, con medidas de conciliación, corresponsabilidad y apoyo a familias. Su enfoque probablemente priorice la eficacia de las políticas públicas y el consenso frente a la polarización.

El PNV dice haber apoyado todas las leyes que han ampliado los derechos de las mujeres y defiende la perspectiva de género en todas las políticas públicas. Su programa de 2023 propone reformar la Ley de Igualdad de 2007 para garantizar una presencia equilibrada de mujeres y hombres, cumplir las medidas contra la brecha salarial y la de las pensiones, y extender a toda la Administración del Estado las cláusulas de igualdad en la contratación pública que ya aplican las instituciones vascas. Apuesta por la corresponsabilidad y la racionalización de horarios.

Contra la violencia machista pide recursos suficientes y cumplir íntegro el Pacto de Estado. Defiende que el consentimiento determine el delito sexual («si no hay consentimiento hay agresión») y propone un procedimiento común para acreditar a las víctimas de violencia sexual, asistencia jurídica gratuita para ellas, fiscales y jueces especializados y equipos de acompañamiento en los juzgados. Reclama una ley integral contra la trata con perspectiva de género, medidas frente al acceso temprano de los menores a la pornografía y se compromete a vigilar el cumplimiento de las leyes de derechos LGTBI.

En política social, quiere erradicar la pobreza infantil con la garantía infantil europea, que la ley no discrimine a ningún niño por el tipo de familia (monoparentales, monomarentales o numerosas) y afrontar el reto demográfico con políticas de familia y conciliación. En la precampaña de 2026, Maribel Vaquero ha añadido la garantía de derechos para los cuidadores familiares y las personas dependientes.

EH Bildu se define como una fuerza feminista y presenta la igualdad como un eje transversal de su programa. Su compromiso para las generales de 2023, su referencia mientras no publique el programa del 29-N, se comprometía a defender los avances feministas ya logrados, reforzar la lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos y reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su sexualidad.

En lo económico pedía acabar con la discriminación de las mujeres en el acceso al empleo, en los salarios, en la protección social y en las pensiones, y medidas específicas contra la brecha salarial y la precariedad, la temporalidad y la parcialidad que afectan sobre todo a mujeres y jóvenes. Señalaba además los cuidados como un ámbito «invisibilizado y precarizado» que recae sobre ellas. Proponía también productos de higiene menstrual gratuitos para personas vulnerables y un IVA superreducido para ellos.

Sobre las personas LGTBIQ+, defendía mantener todos los derechos conquistados frente a lo que llama la «ola reaccionaria», combatir los discursos y delitos de odio con medidas de protección y de educación, acabar con su discriminación en el trabajo y abrir espacios de representación institucional a sus asociaciones. En la legislatura que termina apoyó, como todos los grupos salvo Vox, que se abstuvo, el decreto que en septiembre de 2025 amplió el permiso por nacimiento a 17 semanas, más dos semanas retribuidas para el cuidado del menor.

ERC se define como un partido feminista y se presenta como dique frente a la derecha y Vox en los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI. Su programa de 2023 proponía ampliar la ley integral contra la violencia de género de 2004 para que cubra todas las violencias machistas, siguiendo el Convenio de Estambul, incluir en la ley la violencia económica y la digital, y convertir los juzgados de violencia sobre la mujer en juzgados de violencias machistas. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

En conciliación y cuidados, aquel programa pedía ampliar el permiso de maternidad a seis meses, crear una prestación universal por crianza, un permiso retribuido por duelo gestacional desde la sexta semana de embarazo e integrar a las trabajadoras del hogar en el régimen general de la Seguridad Social. Incluía también un IVA del 4 % para los productos menstruales reutilizables y medidas contra la brecha salarial, con transparencia retributiva en las empresas.

En derechos LGTBI, ERC pedía mejorar la ley trans de 2023: castigar penalmente las terapias de conversión, reconocer legalmente a las personas no binarias, permitir la rectificación registral a los menores trans de menos de 12 años e incluir los tratamientos de transición en la cartera común del Sistema Nacional de Salud.

Junts per Catalunya apoya las políticas contra la violencia machista y por la igualdad salarial, aunque defiende que Cataluña tiene la competencia exclusiva en igualdad y su propia normativa. Desde un perfil de centroderecha, pone el acento en la conciliación y en el apoyo a las familias. A 18 de octubre no ha publicado programa para el 29-N, así que sus propuestas más concretas son las de 2023.

Contra la violencia machista, aquel programa proponía que la declaración de las mujeres y de los menores fuera prueba preconstituida para evitar la revictimización. También pedía formar a los operadores jurídicos y crear un consejo asesor en políticas feministas del Gobierno. En igualdad laboral planteaba una ley de igualdad retributiva con transparencia salarial y una ley de corresponsabilidad y conciliación, con flexibilidad horaria y reducciones de jornada intransferibles para cada progenitor.

Para las familias proponía bonificar un 50 % las cotizaciones de las empresas cuyos trabajadores se acojan a la guarda legal y equiparar las familias monoparentales a las numerosas. También pedía ampliar la prestación por hijo a cargo y la deducción por maternidad, y dar productos de higiene menstrual y anticonceptivos gratuitos. Además, planteaba una ley que limite el acceso de los menores a la pornografía y otorgue esa supervisión al Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Defendía los derechos del colectivo LGTBI y estudiar la regulación de la gestación subrogada.

El feminismo es una de las señas del BNG. Su programa de 2023, la referencia vigente porque a 18 de octubre no había publicado el del 29-N, propone incluir el término feminicidio en el Código Penal con un Estatuto de la Víctima de Feminicidio, revisar el sistema VioGén, extender la geolocalización del agresor a los casos de riesgo medio y crear juzgados exclusivos de violencia machista en Lugo, Ourense, Santiago, Ferrol y Pontevedra. En 2025 se crearon los de Santiago y Ourense. Pide también repartir los fondos del Pacto de Estado teniendo en cuenta la dispersión y el envejecimiento de Galicia.

Es abolicionista de la prostitución: quiere castigar al proxeneta y al cliente, no a las mujeres, y ofrecerles ingresos, vivienda, empleo y regularización para salir de ella. Se opone a cualquier legalización de los vientres de alquiler y pide impedirlos también a través de terceros países.

En conciliación, reclama el reconocimiento legal de las familias monoparentales, compensar económicamente las reducciones de jornada, garantizar ingresos durante las excedencias y que el Estado cofinancie la gratuidad de las escuelas infantiles. Néstor Rego destaca la ampliación de los permisos por nacimiento de 16 a 19 semanas, por debajo de las 20 que recogía su acuerdo de investidura. En derechos LGTBI, propone retirar las ayudas públicas a las organizaciones que nieguen esos derechos y proteger la identidad de las personas trans migrantes.

Coalición Canaria se define como un partido nacionalista de centro y «progresista», y su programa autonómico de 2023 trataba la igualdad como una política horizontal, presente en todas las áreas de gobierno, junto con la protección y el bienestar de los animales.

Sus compromisos estatales están en el acuerdo de investidura que firmó con el PSOE en noviembre de 2023. En él, ambos partidos se comprometen a que la violencia de género vuelva «al corazón de las políticas de igualdad», a «no dar ni un paso atrás» en la lucha contra la violencia machista en todas sus formas y a asegurar la plena aplicación del Convenio de Estambul. Proponen reforzar el Pacto de Estado contra la violencia de género con nuevos objetivos y su dotación en los Presupuestos de cada año, y medir con expertos el impacto de cada servicio de atención a las víctimas. El texto incluye también la defensa de los derechos de las personas LGTBI y el seguimiento de las leyes que los garantizan, con el objetivo de erradicar la LGTBIfobia, y la reducción de la brecha de género en las pensiones.

La declaración de unidad firmada con Primero Canarias el 17 de octubre de 2026 incluye la creación de empleo con atención especial a jóvenes, mujeres y zonas rurales, sin más detalle. CC gobierna Canarias con el PP desde 2023 y no había publicado a mediados de octubre propuestas de igualdad específicas para el 29-N.

La política de igualdad de UPN pivota sobre la familia y la conciliación. Su programa de 2023 proponía una ley foral de apoyo a las familias y una deducción en el IRPF que se cobra por adelantado como ayuda directa: 1.200 euros al año por cada hijo menor de 3 años, 1.800 si trabaja uno de los progenitores y 2.400 si trabajan los dos o la familia es monoparental, más 1.200 euros anuales por los hijos de 3 a 7 años a partir del tercero. Añadía una ayuda de 1.000 euros por nacimiento, la exención de las prestaciones de maternidad y paternidad, deducciones para familias numerosas, ayudas a las excedencias y reducciones de jornada para que los padres también cuiden, y una deducción de hasta el 15 % en el impuesto de sociedades para las empresas que faciliten la conciliación.

En igualdad entre mujeres y hombres planteaba ayudas a las empresas con procesos de selección transparentes para reducir la brecha salarial, un Estatuto de las mujeres rurales, medidas contra la violencia de género en el medio rural y entre las mujeres con discapacidad, programas de inserción laboral para las víctimas, campañas para que la prostitución deje de estar aceptada socialmente y apoyo a quienes la abandonan.

Critica las políticas de igualdad impulsadas por Podemos y respaldadas por el PSN, a las que acusa de «imponer un pensamiento monolítico». Por eso propone una estrategia de educación en igualdad que «evite el adoctrinamiento», revisar la eficacia de las políticas aplicadas y evitar «la criminalización de los hombres por el hecho de serlo». Incluye también medidas contra la homofobia y la transfobia, con atención especial al medio rural. Para el 29-N no había publicado propuestas propias.

PACMA incluye el feminismo entre sus principios y recuerda que el animalismo es un movimiento impulsado y sostenido mayoritariamente por mujeres, como el propio partido. De ahí sale su propuesta más singular: sustituir la ley de paridad por una ley de mayor representación de mujeres que exija que sean al menos el 50 % de las listas electorales, sin tope. Su programa de las generales de 2023 explica que las listas equilibradas (con un mínimo del 40 % de cada sexo) o las listas cremallera le obligan a incluir menos mujeres de las que presentaría.

Contra la violencia machista propone programas de prevención desde primaria hasta la universidad, protocolos de detección en la sanidad, unidades policiales especializadas las 24 horas, formación de jueces, fiscales y forenses, más casas de acogida y pisos tutelados, ayudas económicas a las víctimas que no dependan solo de la renta activa de inserción y asistencia letrada propia para sus hijos. Pide que las mujeres puedan entrar en esos recursos con sus animales.

En el empleo, reclama un pacto contra la brecha salarial y por la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, y medidas de conciliación como flexibilidad horaria, teletrabajo y guarderías en los centros de trabajo. Respalda las demandas del colectivo LGTBI, con educación en diversidad, prevención del acoso, reconocimiento de las familias LGTBI y que la sanidad pública asuma la transición médica de las personas trans, y las propuestas del CERMI sobre discapacidad.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no tiene un programa de igualdad para el 29-N, y lo que ha publicado parte de la familia y la natalidad, no de las políticas de género. Sus programas critican el dinero público destinado a lo que llama «chiringuitos ideológicos».

Su contrato electoral de Castilla y León (marzo de 2026) es el documento más detallado: cinco puntos menos de IRPF por cada hijo, recuperar el cheque bebé (2.500 euros por nacimiento o adopción, 3.500 desde el tercero), educación gratuita de 0 a 3 años, un bono anual por hijo para las familias numerosas desde el tercero, flexibilidad horaria para padres con hijos pequeños y la custodia compartida como opción preferente en los divorcios. Incluye ayudas a madres jóvenes o con dificultades para que ninguna embarazada se vea abocada al aborto «por motivos económicos».

Tanto ese programa como el andaluz (mayo de 2026) proponían eliminar las operaciones y tratamientos de cambio de sexo de la cartera de la sanidad pública; el andaluz, sustituirlas por protocolos reforzados de prevención del suicidio y las autolesiones. Ambos defienden la prioridad de españoles y residentes legales en ayudas sociales, vivienda protegida y plazas de guardería, y suprimir las subvenciones a partidos, sindicatos, patronales y ONG afines.

Democracia 21 no ha publicado propuestas específicas de igualdad: no se ha pronunciado sobre violencia de género, brecha salarial, aborto, gestación subrogada ni derechos LGTBI, y su documento España Limpia no trata estos asuntos. Su web incluye un apartado de apoyo a las familias, «Todo a favor para ti y tu familia», todavía sin medidas concretas.

El enfoque que más ha desarrollado Miriam González es la igualdad de oportunidades: presenta la recuperación de la movilidad social como la primera prioridad del país y sostiene que los jóvenes deben saber que con su esfuerzo pueden prosperar. La igualdad entre mujeres y hombres forma parte de su trayectoria más que del programa: fundó y preside Inspiring Girls, una organización presente en más de una decena de países que pone en contacto a niñas con mujeres profesionales para ampliar sus aspiraciones.

Varios miembros de su equipo tienen trayectoria en este terreno. El ginecólogo Pedro Fuentes fue presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, que defiende a las familias homoparentales y las formadas por gestación subrogada, e integra la junta de GALEHI; Irene Tato es portavoz de Women in Global Health, y María Teresa Goya preside la Asociación de Mujeres Empresarias de Pozuelo. El partido no ha convertido esas trayectorias en posiciones programáticas.