Economía: qué propone cada partido

El PP todavía no ha publicado su programa para el 29-N. Sus propuestas económicas salen del decálogo de reformas que presentó a finales de septiembre de 2026 y de lo anunciado por Alberto Núñez Feijóo en precampaña. El núcleo es fiscal: IVA del 0 % para los alimentos básicos (carne, pescado, leche, quesos, aceite, huevos, frutas, verduras y conservas), bajar el IVA de la luz y el gas del 21 % al 10 %, deflactar la tarifa estatal del IRPF y duplicar el mínimo por descendientes (de 2.400 a 4.800 euros por el primer hijo y de 2.700 a 5.400 por el segundo).

Para los autónomos plantea eximir del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros, una tarifa cero para los nuevos, pasar de cuatro declaraciones trimestrales a una o dos y no cotizar durante un año al contratar al primer empleado. Feijóo no ha cifrado el alcance total de la rebaja: promete una auditoría de las cuentas públicas para saber "hasta cuánto" se pueden bajar los impuestos y crecer por productividad, no por gasto público. En el Contrato con España que firmó el 19 de octubre se comprometió a revisar una a una las más de cien subidas de impuestos de los últimos años para bajarlos, a subir el salario medio con la productividad como motor y a que trabajar compense más que cobrar un subsidio, sin cifrar ninguno de esos objetivos.

Completan el paquete derogar tres normas por cada una nueva, un plan nacional de competitividad, suprimir el impuesto a la generación eléctrica, 300.000 millones en infraestructuras mediante colaboración público-privada y medidas contra el absentismo, entre ellas que las mutuas puedan dar el alta en determinadas bajas. Su programa de 2023 ya incluía deflactar el IRPF, suprimir el impuesto a las grandes fortunas y reconocer el "derecho al error" del contribuyente.

El programa económico del PSOE para el 29-N, que coordina Cristina Narbona, todavía no se ha publicado. Sus líneas salen del 41.º Congreso Federal (Sevilla, noviembre de 2024), que aprobó reducir la jornada laboral hasta una media de 36 horas semanales en 2030 y garantizar en la Constitución un salario mínimo de al menos el 60 % del salario medio; su ponencia planteaba además obligar por ley a las grandes empresas a repartir beneficios con sus plantillas y un tipo del 50 % en el IRPF para las rentas de más de 300.000 euros.

Como balance, Pedro Sánchez reivindica la reforma laboral y el salario mínimo, que en 2026 quedó en 1.221 euros en 14 pagas (un 3,1 % más), con una deducción en el IRPF para que quienes lo cobran no tributen por la subida. En su mitin de Zaragoza del 14 de octubre defendió que el Gobierno puede volver a subirlo. En impuestos, la legislatura dejó un impuesto permanente a la banca y la tributación mínima del 15 % para las grandes multinacionales. El proyecto de jornada de 37,5 horas, impulsado por Sumar desde Trabajo, cayó en el Congreso en septiembre de 2025, y el Gobierno llega a las urnas sin presupuestos nuevos desde 2023.

Del programa de 2023 siguen pendientes una reforma fiscal con más incentivos por hijo y por dependencia en el IRPF, un pacto de Estado contra el fraude fiscal y más fiscalidad verde con compensaciones para las rentas medias y bajas.

Vox no ha publicado todavía su programa para el 29-N, pero ha rescatado para la campaña el programa de economía y vivienda que presentó en su Asamblea General de junio de 2025. Su pieza central es un IRPF de dos tipos: los primeros 22.000 euros exentos, un 15 % hasta 70.000 euros y un 25 % por encima, con cuatro puntos menos por cada hijo. Añade 0 % para los primeros 6.000 euros de rentas del ahorro, IVA general del 18 % y reducido del 8 %, IVA del 4 % para la luz y el gas y Sociedades al 15 %.

Su responsable económico, José María Figaredo, cifró el 7 de octubre en unos 46.000 millones la merma del IRPF, que compensaría en parte suprimiendo las subvenciones de más de 100.000 euros anuales. El ministro de Hacienda, Arcadi España, eleva a 85.000 millones el coste del IRPF y señaló que quien cobra el salario mínimo no ahorraría nada. Para los autónomos, Vox propone cuota cero por debajo del SMI y derogar el sistema de cotización por ingresos reales.

El otro eje que Santiago Abascal anunció tras la convocatoria del 5 de octubre es la desregulación. El plan que presentó en junio de 2026 plantea derogar tres normas por cada una nueva, eliminar la reforma laboral de 2021, el registro horario obligatorio y los planes de igualdad obligatorios en las empresas, y suprimir la cita previa en la Administración. Vox calcula en 90.000 millones anuales el coste de la "hiperregulación".

Sumar concurre al 29-N dentro del Frente Amplio, la coalición con IU, Más Madrid y los Comuns que encabeza Ada Colau, y a mediados de octubre aún no había publicado un programa económico. Sus propuestas salen de la gestión de Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. La principal es la reducción de la jornada máxima de 40 a 37,5 horas semanales sin rebaja de sueldo, que el Congreso tumbó el 10 de septiembre de 2025 con los votos de PP, Vox y Junts y que Sumar quiere recuperar, junto con un registro horario digital obligatorio contra las horas extra no pagadas.

Reivindica el salario mínimo de 1.221 euros en 14 pagas de 2026, frente a 736 en 2018. Para 2027, Díaz ha pedido a la comisión de expertos una propuesta antes de noviembre con dos condiciones: que el salario mínimo alcance al menos el 60 % del salario medio y que no pierda poder adquisitivo frente a la inflación.

En fiscalidad, Sumar e IU registraron en mayo de 2026 una proposición de ley para crear un impuesto estatal sobre herencias y donaciones de más de un millón de euros, complementario al autonómico, contra el "dumping fiscal" de comunidades como Madrid. Su programa de 2023 proponía además un impuesto permanente a las grandes fortunas, más tramos del IRPF por encima de 120.000 euros, mantener los gravámenes a la banca y a las energéticas y una "herencia universal" de 20.000 euros para cada joven al cumplir 23 años.

Podemos no ha presentado todavía su programa económico para el 29-N. Irene Montero avanzó en septiembre de 2026 los ejes de su candidatura y el resto procede del documento político aprobado en abril de 2025 y de su programa europeo de 2024. En salarios, reclama subir el salario mínimo a 1.800 euros al mes, cifra que Ione Belarra exigió en el Congreso en febrero de 2026, y reducir la jornada sin pérdida de sueldo; el programa europeo fijaba la meta en 30 horas semanales y proponía que el sueldo más alto de una empresa no superase en 20 veces el más bajo.

Su reforma fiscal recae en «los de arriba»: un impuesto a los grandes patrimonios, un tipo mínimo efectivo en Sociedades, un gravamen del 50 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas del IBEX, impuestos extra a la banca y las energéticas, igualar en el IRPF las rentas del capital con las del trabajo e impuestos al lujo (aviones privados, yates, coches de alta cilindrada), además de más personal en la Agencia Tributaria. Descarta subir impuestos a trabajadores, autónomos y pymes.

Para bajar el coste de la vida quiere intervenir los márgenes de la alimentación de las grandes cadenas, acabar con el precio marginalista de la electricidad, crear una empresa pública de energía y mantener los descuentos al transporte. También pide subir el ingreso mínimo vital como paso hacia una renta básica.

Ciudadanos (Cs) suele defender una agenda económica de corte liberal: menos trabas burocráticas, simplificación fiscal y mayor seguridad jurídica para empresas y autónomos. En clave nacional, prioriza la competitividad, la atracción de inversión y un mercado laboral más flexible.

También insiste en reducir el gasto ineficiente y orientar las cuentas públicas a sostener servicios esenciales sin subir la presión fiscal. Su discurso económico combina rebajas y simplificación de impuestos con incentivos al emprendimiento, la innovación y la digitalización.

En una proyección para 2026, Cs probablemente mantendría su apuesta por reformas promercado y por un entorno favorable a pymes y clases medias. Su enfoque tiende a situarse cerca de las posiciones económicas de centro-derecha moderado, con énfasis en crecimiento y eficiencia.

El PNV no había publicado a mediados de octubre su programa para el 29-N; su referencia es «Con voz propia», el programa de 2023. Su eje es el Concierto Económico: cualquier impuesto nuevo del Estado debe concertarse para que lo recauden las haciendas forales. Por eso exige que los gravámenes temporales a la banca y a las energéticas se conviertan en impuestos ordinarios, y en diciembre de 2024 y enero de 2025 votó contra prorrogar el de las energéticas, que según Aitor Esteban esquivaba el Concierto. Pide además revisar los tipos y la lista de productos del IVA, que considera el impuesto más regresivo, con capacidad normativa vasca sobre él.

En política fiscal defiende una consolidación gradual que no frene el crecimiento y reformar la Ley de Estabilidad para fijar sendas de déficit diferenciadas para cada comunidad, negociadas de forma bilateral. En lo productivo, quiere una política industrial de colaboración público-privada (la industria pesa el 25 % del PIB vasco), PERTE regionales para canalizar los fondos europeos, menos trámites para pymes y autónomos y que los cooperativistas coticen solo por sus rendimientos del trabajo.

En 2026 condicionó su apoyo a que Sánchez presentara los Presupuestos de 2027 y pidió elecciones si no lo hacía. En esa negociación reclamaba partidas para el tren de alta velocidad, los traspasos pendientes y la actualización del Cupo, cuya ley quinquenal vence a finales de 2026. Para la campaña, Maribel Vaquero prioriza una industria sostenible, el empleo, los autónomos y los sectores ganadero y pesquero.

A 18 de octubre, EH Bildu no había publicado su programa para el 29-N; su referencia es el «Compromiso de Euskal Herria Bildu» de 2023. En fiscalidad pedía convertir en permanentes los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, recaudados por las haciendas forales, crear un impuesto especial sobre los beneficios de las grandes distribuidoras de alimentación y derogar la reforma del artículo 135 de la Constitución, que a su juicio antepone el pago de la deuda a la inversión social.

En lo laboral reclamaba recuperar la indemnización por despido de 45 días y los salarios de tramitación, una jornada de 32 horas semanales sin reducción salarial y subir el salario mínimo a 1.200 euros, con capacidad para fijar un SMI propio en Euskadi y Navarra según la Carta Social Europea (el 60 % del salario medio). En las autonómicas vascas de 2024 elevó esa cifra a 1.400 euros. Pide además la prioridad de los convenios vascos y navarros sobre los estatales y el traspaso de la Inspección de Trabajo y de las políticas pasivas de empleo.

Aquel programa proponía también una nueva Ley de Industria centrada en las pymes, la innovación y la digitalización, un PERTE de economía social y cooperativa y la devolución obligatoria de las ayudas públicas por las empresas que deslocalicen su producción. En la legislatura que termina apoyó la reducción de la jornada a 37,5 horas, que el Congreso rechazó en septiembre de 2025 con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.

La propuesta económica central de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) es la financiación singular: que la Agencia Tributaria de Cataluña recaude todos los impuestos que se pagan en Cataluña. El 8 de enero de 2026, Oriol Junqueras y Pedro Sánchez pactaron un nuevo modelo que, según ERC, daría a la Generalitat unos 4.700 millones de euros más al año y respetaría la ordinalidad. Ese modelo y la condonación de unos 17.000 millones de deuda del FLA quedaron sin aprobar al disolverse las Cortes. A 18 de octubre, ERC no ha publicado su programa para el 29-N.

Su programa de 2023 proponía subir los tipos sobre las rentas del capital y crear tramos adicionales del IRPF para las rentas más altas. También pedía hacer permanentes los impuestos a la banca y a las energéticas, con la mitad de lo recaudado para las comunidades, un tipo mínimo del 15 % en Sociedades para las grandes empresas y revisar el IVA de yates y jets privados.

En lo laboral, aquel programa pedía derogar las reformas laborales de 2010 y 2012, recuperar los 45 días de indemnización por despido improcedente, permitir a la Generalitat fijar un salario mínimo propio superior al estatal y traspasarle la Inspección de Trabajo.

Junts per Catalunya defiende una economía de impuestos más bajos para clases medias, autónomos y pymes y que la Generalitat sea titular de todos los impuestos que se pagan en Cataluña. Cifra el déficit fiscal catalán en unos 22.000 millones de euros (Jordi Turull, abril de 2026). En enero de 2026 rechazó el nuevo modelo de financiación pactado por Sánchez y Junqueras, que daba unos 4.700 millones más a Cataluña, porque, según su portavoz Josep Rius, perpetuaba el déficit fiscal y dejaba en Madrid la llave de la caja. A 18 de octubre no ha publicado programa para el 29-N.

En 2026 Turull reclamó deflactar el IRPF, suprimir el impuesto de sucesiones en línea directa y bajar el IVA de los productos básicos y de la energía. En el Congreso, Junts exigió aplicar el IVA franquiciado, que exime del impuesto a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros al año. En octubre de 2025 se negó a subir las cuotas de autónomos.

Su programa de 2023 proponía bajar el impuesto de sociedades de las pymes del 25 % al 20 %, deflactar todos los impuestos según la inflación, ampliar la deducción por maternidad hasta los 18 años del hijo y crear una tasa digital a las grandes tecnológicas. También pedía bajar al 4 % el IVA de la cultura y rebajar el de los servicios funerarios y las peluquerías. Además, quería que la Generalitat pudiera fijar un salario mínimo propio, de 1.319 euros.

El BNG no había publicado a 18 de octubre su programa para el 29-N; su referencia es el de 2023, «Que Galiza conte! Con máis forza!». Su eje económico es un concierto económico para Galicia, como el vasco y el navarro, con una hacienda gallega que recaude todos los impuestos. En enero de 2026 rechazó la propuesta de financiación del Gobierno, que Ana Pontón llamó «refrito», porque según sus cálculos a Galicia le tocaba solo el 2,8 % de los 21.000 millones adicionales.

En fiscalidad, el programa de 2023 pide un IRPF más progresivo que grave más las rentas del capital que las del trabajo, que las empresas que operan en Galicia tributen allí por el impuesto de sociedades aunque tengan la sede en otro lugar, hacer permanentes los impuestos a la banca, las energéticas y las grandes fortunas y rebajar el IVA de los alimentos básicos, los productos del mar y los suministros. Reclama además una tarifa eléctrica gallega más barata, porque Galicia produce más electricidad de la que consume.

En industria defiende el naval de Vigo y Ferrol, convertir Navantia-Ferrol en un complejo que construya también buques civiles, la continuidad de Alcoa en San Cibrao y una Ley de la Cadena Alimentaria que impida pagar la leche por debajo de su coste. Presenta como logros la exención del IRPF para quienes cobran el salario mínimo y la condonación de 4.010 millones de deuda gallega, recogida en un proyecto de ley que seguía en el Congreso al disolverse las Cortes.

La política económica de Coalición Canaria en Madrid gira en torno al Régimen Económico y Fiscal (REF). La «Agenda Canaria» que firmó con el PSOE en noviembre de 2023 exige respetar el REF y el artículo 349 del Tratado de la UE y rechaza cualquier reforma unilateral del REF sin acuerdo previo con el Gobierno y el Parlamento de Canarias. Pide además consolidar el descuento del 75 % en el transporte aéreo y marítimo de los residentes, actualizar las ayudas al transporte de mercancías para abaratar la cesta de la compra y garantizar el 100 % de la aportación estatal al POSEI, el programa europeo de apoyo al campo canario.

En empleo, el mismo texto mantiene el Plan Integral de Empleo de Canarias mientras la tasa de paro no converja con la estatal, un plan para los menores de 35 años evaluado por la AIReF y un grupo de trabajo para bonificar cotizaciones a las empresas que suban salarios por encima de los convenios.

En julio de 2026, el Gobierno de Fernando Clavijo pactó con el ministro de Hacienda, Arcadi España, el nuevo modelo de financiación autonómica: 1.337 millones de euros más al año para Canarias (611 del sistema y 726 de un Fondo de Dinamismo Económico), con los recursos del REF fuera del cálculo. Clavijo anunció el voto favorable de CC en el Congreso. La declaración de unidad firmada el 17 de octubre con Primero Canarias añade la creación de empleo para jóvenes, mujeres y zonas rurales.

UPN concurre al 29-N en coalición con el PP, y a mediados de octubre la comisión conjunta que redacta el programa no lo había publicado. El acuerdo que su Consejo Político aprobó el 13 de octubre de 2026 fija como primer compromiso blindar el régimen foral y mantener el Convenio Económico, el sistema por el que Navarra recauda sus propios impuestos y paga al Estado una aportación por las competencias que este conserva. Añade la exigencia de inversión estatal en la segunda fase del Canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y la red eléctrica navarra.

Su programa de 2023 proponía bajar el IRPF y crear más tramos en la parte baja de la tarifa, para que Navarra deje de ser la comunidad en la que más impuestos se pagan, y deflactar la tarifa y los mínimos familiares. Planteaba también bonificar al 100 % el impuesto de patrimonio, recuperar el 0,8 % en las herencias y donaciones entre padres e hijos y rebajar el impuesto de sociedades al 24 %, y al 22 % para las pequeñas empresas, con un tipo del 10 % en los primeros años de actividad. Defiende además la deflactación automática del IRPF cuando el IPC supere el 2 %.

En el Congreso, Alberto Catalán votó en septiembre de 2025 con PP, Vox y Junts las enmiendas que devolvieron al Gobierno la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas (178 votos frente a 170). En el Parlamento de Navarra, UPN pidió en 2025 que la condonación de deuda a las comunidades de régimen común no perjudicara a Navarra y que el Estado asumiera el 26,2 % de la deuda navarra.

A 18 de octubre PACMA no había publicado su programa para el 29-N, así que su propuesta económica es la de su programa de las generales de 2023. La medida más conocida es bajar el IVA de los servicios veterinarios del 21 % al 4 %, el tipo superreducido, y no al 10 % que habían prometido los partidos del Gobierno.

Para la ganadería pide el fin de las subvenciones a las macrogranjas y un impuesto climático a las explotaciones ganaderas y avícolas, calculado según sus emisiones, cuya recaudación se dedicaría a compensar el daño climático. Quiere desplazar las ayudas públicas de la ganadería y la pesca hacia la agricultura local y ecológica, retirar todo el dinero público que reciben los festejos taurinos y acabar con los beneficios fiscales a la caza. En su programa europeo de 2024 cifra en unos 200 millones de euros, con datos del propio sector, lo que dejarían de cobrar las ganaderías de toros de lidia si se les retiraran las ayudas de la PAC.

Para financiar el gasto apuesta por la lucha contra el fraude fiscal, que estima en el 6 % del PIB, unos 60.000 millones al año, con controles más rigurosos, tecnología para detectar operaciones sospechosas y cooperación entre países. A pymes y autónomos les ofrece un fondo de crédito a interés cero para proyectos que creen empleo estable, reduzcan su impacto ambiental o mejoren el bienestar animal, además de bonificaciones fiscales a las empresas de nueva creación. Propone reconvertir la construcción hacia la rehabilitación energética de edificios.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no había presentado a mediados de octubre un programa propio para el 29-N, pero Alvise Pérez fijó su eje económico en el acto de Vistalegre del 12 de octubre de 2025, con el que lanzó su candidatura a las generales y al que llamó «revolución fiscal»: IRPF del 0 % para quien gane menos de 35.000 euros al año y una rebaja adicional por cada hijo, presentada como alternativa a la inmigración para sostener la natalidad.

Sus contratos electorales autonómicos de 2026 concretan la idea. El de Castilla y León (marzo) proponía un tramo autonómico del IRPF al 0 % por debajo de 35.000 euros, cinco puntos menos de IRPF por cada hijo a cargo, bonificar al 99 % el impuesto de sucesiones y donaciones, suprimir el de patrimonio, cuota cero para los nuevos autónomos durante tres años y pagar a los proveedores de la Administración en menos de 30 días. El de Andalucía (mayo) planteaba ya la supresión total de sucesiones y donaciones.

La otra pata es el recorte del gasto político: acabar con las subvenciones a partidos, sindicatos y patronales, eliminar la publicidad institucional y reducir al menos un 70 % los asesores y altos cargos. En Andalucía cifró el ahorro en 17 millones anuales por las subvenciones, 45 millones por la publicidad institucional y 163 millones por privatizar Canal Sur, dando preferencia a compradores que mantengan la plantilla.

Democracia 21 no ha publicado todavía un programa económico completo. Su web agrupa estas propuestas en un bloque de modernización del país con apartados como «Revolución pyme», «Autónomos, estamos con vosotros» y «Subir salarios hasta que lo note tu bolsillo», por ahora solo enunciados. Lo que Miriam González ha concretado en público es aliviar la presión fiscal sin dejar de «recuperar unos buenos servicios públicos», eliminar trabas al emprendimiento y una política de subidas salariales sostenibles. No ha cifrado rebajas de impuestos concretas.

Su único documento programático publicado, España Limpia (octubre de 2026), liga la economía a la lucha contra la corrupción, que según el FMI, cita el partido, cuesta a España el 4,5 % del PIB, unos 60.000 millones de euros al año. Propone dar a la Intervención General del Estado los mismos medios de cruce de datos e inteligencia artificial que la Agencia Tributaria, con un interventor general nombrado por seis años, y someter todos los programas de gasto a una evaluación pública de eficacia y coste para decidir si continúan o se eliminan. Si el Gobierno no presenta los Presupuestos, se suspendería el sueldo de sus miembros, y tras un año sin ellos, el Gobierno cesaría.

En su equipo figuran Javier Torres, presidente de la Sareb entre 2022 y 2025, y José Miguel Moreno, exdirector de asuntos fiscales de Dragados y del Grupo ACS. El partido dice que irá anunciando nuevas propuestas durante la campaña.