Salida de Juan Carlos I de España y residencia en Abu Dabi (2020)

El 3 de agosto de 2020 la Casa del Rey hizo pública una carta en la que Juan Carlos I, rey de España entre 1975 y 2014, comunicaba a su hijo, Felipe VI, su «meditada decisión de trasladarme, en estos momentos, fuera de España», ante «la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada». Desde entonces reside en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos. La salida se produjo mientras la Fiscalía suiza y la española examinaban fondos que el rey emérito había tenido en el extranjero sin declararlos. La Fiscalía del Tribunal Supremo archivó sus diligencias el 2 de marzo de 2022 sin presentar querella: Juan Carlos I nunca fue acusado ni juzgado. El episodio abrió un debate político sobre la Corona y sobre el alcance de la inviolabilidad del jefe del Estado.

Contexto previo

Juan Carlos I abdicó en junio de 2014 mediante la Ley Orgánica 3/2014, de 18 de junio, y un mes después la Ley Orgánica 4/2014, de 11 de julio, lo aforó ante el Tribunal Supremo: desde entonces solo ese tribunal puede instruir una causa penal contra él o juzgarlo.

Las sospechas sobre su patrimonio tomaron forma en 2018. Ese año el fiscal de Ginebra Yves Bertossa abrió una investigación por blanqueo agravado contra la empresaria Corinna Larsen, que había mantenido una relación con el rey, y contra los gestores de la fundación Lucum, una entidad panameña. En España, unas grabaciones de conversaciones de Larsen halladas al excomisario José Manuel Villarejo dieron lugar a una pieza separada en la Audiencia Nacional, archivada provisionalmente ese mismo año, y en diciembre de 2018 la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias sobre la adjudicación, en octubre de 2011, de la segunda fase del AVE Medina-La Meca a un consorcio de doce empresas españolas y dos saudíes.

Según el decreto posterior de la Fiscalía, los hechos centrales eran dos movimientos de dinero. El 8 de agosto de 2008 la cuenta de Lucum en el banco Mirabaud de Ginebra, de la que Juan Carlos I sería el verdadero titular, recibió 100 millones de dólares (64,9 millones de euros) por orden del rey Abdalá de Arabia Saudí. El 5 de junio de 2012 el entonces rey ordenó transferir todos los activos de la fundación, unos 65 millones de euros, a una sociedad de Larsen en Bahamas, comunicando al banco que se trataba de una «donación irrevocable».

El 15 de marzo de 2020, al día siguiente de la declaración del estado de alarma por la pandemia de covid-19, la Casa del Rey difundió un comunicado en el que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre «que personalmente le pudiera corresponder» y a cualquier activo cuyo origen no estuviera en consonancia con la legalidad. El mismo texto anunciaba que Juan Carlos I dejaba de percibir su asignación en los presupuestos de la Casa del Rey, y revelaba que Felipe VI había sabido en marzo de 2019, por la carta de un despacho de abogados, que figuraba como beneficiario de Lucum, y que en abril de ese año había renunciado ante notario a cualquier derecho sobre ella.

En junio de 2020 la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, atribuyó la investigación a la Fiscalía del Supremo por el aforamiento del rey emérito. Ese mismo mes la Mesa del Congreso rechazó, con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, la comisión de investigación que pedían Unidas Podemos, ERC, JxCat y Más País, con el criterio de los letrados de la Cámara sobre su inviolabilidad.

Qué ocurrió

La carta recordaba que un año antes Juan Carlos I había dejado la actividad institucional y presentaba la marcha como el mejor servicio «a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey». Felipe VI le transmitió su «sentido respeto y agradecimiento», destacó la importancia histórica del reinado de su padre y reafirmó los principios democráticos «en el marco de nuestra Constitución». El comunicado no decía adónde se iba.

Tras dos semanas de especulaciones, el 17 de agosto de 2020 la Casa del Rey confirmó que estaba en Emiratos Árabes Unidos desde el mismo día 3. Según fuentes de la Casa, conservaba el título de rey y su condición de miembro de la Familia Real.

Las investigaciones y su archivo

La Fiscalía del Supremo tramitó diligencias de investigación, una fase previa a cualquier proceso judicial. Abarcaron la posible comisión del AVE y los fondos de Lucum, las donaciones del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, los gastos pagados por la fundación Zagatka de su primo Álvaro de Orleans-Borbón y unos fondos en la isla de Jersey.

Mientras duraban, el rey emérito presentó dos declaraciones fiscales sin requerimiento previo de Hacienda. El 9 de diciembre de 2020 declaró en el impuesto de donaciones las recibidas de Sanginés-Krause y pagó 678.393,72 euros. En febrero de 2021 presentó declaraciones complementarias del IRPF de 2014 a 2018 por servicios abonados por Zagatka, entre ellos vuelos privados, por 4.395.901,96 euros según su abogado.

El instructor, el fiscal Juan Ignacio Campos, murió en diciembre de 2021. El decreto de archivo, fechado el 2 de marzo de 2022 y firmado por el fiscal de Sala Alejandro Luzón, concluyó que no podía ejercerse «acción penal alguna» por cuatro razones: «la insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado o la regularización fiscal». En detalle:

• AVE a La Meca: no halló vínculo entre los 100 millones de dólares y la adjudicación del contrato. Calificó el dinero de «regalo» recibido siendo jefe del Estado y concluyó que un eventual delito de cohecho estaría «claramente prescrito».
• Fraude fiscal de 2008 a 2012 por las rentas de las cuentas suizas: las cuotas superaban el umbral penal de 120.000 euros, pero los ejercicios de 2008 a 2011 habían prescrito y el de 2012 quedaba cubierto por la inviolabilidad del artículo 56.3 de la Constitución, vigente hasta su abdicación en junio de 2014.
• Blanqueo: la transferencia de 2012 a Larsen podría encajar en ese delito, no prescrito, pero también la cubría la inviolabilidad.
• Hechos posteriores a 2014: la Fiscalía dio validez a las dos regularizaciones, presentadas sin requerimiento de la Agencia Tributaria, y les atribuyó efecto exonerador de la responsabilidad penal.
• Fondos de Jersey: no encontró indicios que los vincularan con el rey emérito.

La Fiscalía añadió que su actuación había permitido recuperar 5.095.148 euros para Hacienda, con recargos e intereses, y no presentó querella ante la Sala de lo Penal del Supremo, el único órgano que podía investigarlo judicialmente. En Suiza, Bertossa había cerrado en diciembre de 2021 la causa contra Larsen y los gestores de Lucum al no establecer un vínculo suficiente entre el dinero saudí y los contratos del AVE; Juan Carlos I no figuraba como investigado en ella.

Reacciones y posición de los partidos

La marcha dividió al Gobierno de coalición. El presidente, Pedro Sánchez, expresó el 4 de agosto su «absoluto respeto» a la decisión de la Casa del Rey y resumió su postura con la frase «no se juzga a instituciones, se juzga a personas». Ante las peticiones de abrir el debate sobre la república, añadió que su Gobierno consideraba «plenamente vigente el pacto constitucional». Su socio, Unidas Podemos, habló de «huida»: el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, la calificó de «indigna» y dijo que dejaba a la monarquía en una posición «muy comprometida».

El PP expresó su «absoluto respeto» y destacó el papel «determinante y decisivo» del rey emérito en la llegada de la democracia; Ciudadanos mostró su respeto y su «apoyo total» a Felipe VI. El presidente de Vox, Santiago Abascal, consideró la marcha «una decisión personal», negó que hubiera «ningún tipo de exilio ni huida» y acusó a Podemos de abrir el debate sobre la monarquía con el respaldo del PSOE. Gabriel Rufián (ERC) habló de «fuga» y pidió que se le retirara el pasaporte, y el PNV habló de un «gesto insuficiente» que no le eximía de rendir cuentas ante la justicia.

El archivo volvió a separar a los partidos. Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta y candidato a presidir el PP, lo consideró «una buena noticia» y sostuvo que el rey emérito quedaba «libre de toda sospecha». Sánchez, en cambio, insistió días después en que Juan Carlos I debía dar «explicaciones» a los españoles sobre su conducta. Unidas Podemos había advertido meses antes, por boca de Pablo Echenique, que archivar la causa equivaldría a «firmar la impunidad absoluta».

Consecuencias

En una carta a su hijo fechada el 5 de marzo de 2022, que la Casa del Rey difundió el día 7, Juan Carlos I anunció que mantendría su residencia «de forma permanente y estable» en Abu Dabi, aunque viajaría a España, y que organizaría su vida personal en ámbitos privados. La primera visita llegó el 19 de mayo de 2022, cuando aterrizó en Vigo para seguir en Sanxenxo las regatas de su velero Bribón. El 23 de mayo se reunió con Felipe VI en la Zarzuela, almorzó con la familia y regresó a Abu Dabi esa misma tarde. Esa mañana, al salir de Sanxenxo, había respondido a los periodistas: «¿Explicaciones de qué?». La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, dijo ese mismo día que había perdido «una oportunidad» de «dar explicaciones, de pedir perdón». Desde entonces ha vuelto en varias ocasiones, sobre todo a Sanxenxo, sin retomar actividad institucional.

En el plano judicial, la Sala de lo Penal del Supremo inadmitió en abril de 2025 una querella de un grupo de exmagistrados, exfiscales y otros juristas contra sus regularizaciones del IRPF de 2014 a 2018: según el tribunal, no aportaba datos nuevos y los hechos investigados «no son constitutivos de delito, están prescritos o fueron regularizados».

Preguntas frecuentes

¿Por qué se fue Juan Carlos I de España? Lo atribuyó a la repercusión pública de «ciertos acontecimientos pasados» de su vida privada, mientras se investigaban sus finanzas en Suiza y en España.

¿Dónde vive Juan Carlos I? En Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, desde el 3 de agosto de 2020; desde mayo de 2022 visita España periódicamente.

¿Fue juzgado Juan Carlos I? No. La Fiscalía del Supremo archivó sus diligencias en marzo de 2022 sin presentar querella, y nunca fue acusado ante un tribunal.

¿Por qué se archivaron las investigaciones? Según la Fiscalía, por insuficiencia de indicios, prescripción, la inviolabilidad que tuvo como jefe del Estado hasta 2014 y sus regularizaciones fiscales.

¿Cuánto pagó Juan Carlos I a Hacienda? Unos 5,1 millones de euros en dos regularizaciones de 2020 y 2021, incluidos recargos e intereses, según el decreto de archivo.