Seguridad: qué propone cada partido

El PP andaluz, con Juanma Moreno al frente, centró su discurso de seguridad en reforzar la coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil, aumentar medios en zonas sensibles y combatir la delincuencia urbana y el narcotráfico.

Su línea programática apostó por una Andalucía más segura mediante más presencia policial, mejor videovigilancia y apoyo a los municipios para prevenir okupación, robos y violencia en espacios públicos.

También defendió una gestión más eficaz de la seguridad ciudadana con tecnología, colaboración institucional y atención específica al campo andaluz y al litoral, donde situó parte de los principales retos.

El PSOE andaluz centró su discurso de seguridad en reforzar la Policía Autonómica dentro de sus competencias, mejorar la coordinación con Guardia Civil y Policía Nacional, y aumentar la presencia preventiva en zonas urbanas y rurales.

También defendió más medios para luchar contra la delincuencia organizada, el narcotráfico en el litoral y la violencia machista, con especial atención a los municipios pequeños y a la protección de colectivos vulnerables.

Su planteamiento combinó seguridad ciudadana y cohesión social: más recursos para prevención, atención a víctimas y cooperación institucional, frente a un enfoque más centrado en el refuerzo operativo que suelen priorizar otras fuerzas de centro-derecha.

VOX sitúa la seguridad ciudadana en el centro de su discurso en Andalucía: más presencia policial, tolerancia cero con la delincuencia y refuerzo de la autoridad en calles y barrios. También insiste en combatir la multirreincidencia y la ocupación ilegal.

En su línea programática, propone endurecer la respuesta penal, proteger a víctimas y agentes, y mejorar los medios materiales de Policía y Guardia Civil. El mensaje combina orden público con apoyo explícito a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Además, VOX vincula la seguridad con el control de la inmigración irregular y con una mayor coordinación institucional en zonas de especial presión delictiva. Su enfoque es claramente más restrictivo y orientado a reforzar la disuasión y el cumplimiento de la ley.

Sumar defendió en Andalucía una seguridad pública centrada en la prevención: más recursos para servicios sociales, atención temprana y lucha contra la violencia machista, en lugar de priorizar respuestas puramente punitivas.

Su enfoque también puso el acento en reforzar la coordinación entre administraciones, mejorar medios materiales y humanos de policías y emergencias, y actuar sobre las causas sociales de la inseguridad en barrios vulnerables.

Frente a la estrategia más dura de la derecha, Sumar planteó una seguridad vinculada a derechos, convivencia y protección de colectivos expuestos, especialmente mujeres, jóvenes y personas en situación de exclusión.

Unidas Podemos defendió en Andalucía una concepción de la seguridad ligada a la prevención social, el refuerzo de los servicios públicos y la protección de colectivos vulnerables, más que a un aumento general de la presión policial. Su discurso electoral priorizó vivienda, empleo y cuidados como bases de convivencia.

En materia concreta, apostó por mejorar la Policía Local y los recursos de emergencias, reforzar la lucha contra la violencia machista y la protección de menores, y aumentar la coordinación institucional. También reclamó más medios para la atención en barrios y zonas rurales con mayor sensación de inseguridad.

Frente a las propuestas más centradas en endurecimiento penal, UP situó la seguridad ciudadana como un derecho ligado a la igualdad y a la prevención del delito. Esa línea contrastó con la de PP y Vox, que pusieron más peso en orden público, presencia policial y control fronterizo.

Ciudadanos (Cs) defendió en Andalucía una seguridad más cercana y preventiva, con refuerzo de las policías locales, mejor coordinación con la Junta y los ayuntamientos, y más medios para luchar contra la delincuencia de proximidad.

En sus propuestas electorales, Cs insistió en ampliar la videovigilancia en zonas conflictivas, mejorar la iluminación y recuperar espacios públicos degradados, combinando presencia policial con medidas urbanas para reducir la sensación de inseguridad.

También planteó reforzar la lucha contra la ocupación ilegal y el vandalismo, agilizando la respuesta administrativa y policial. Su enfoque priorizaba orden, prevención y apoyo a los municipios, con un tono pragmático y muy orientado a la gestión.

Por Andalucía situó la seguridad en clave de prevención: más recursos para la policía autonómica y local, refuerzo de la coordinación con ayuntamientos y servicios sociales, y atención a la violencia machista y a los delitos de odio.

Su enfoque vinculó seguridad con derechos y cohesión social, defendiendo más presencia pública en los barrios, mejor iluminación, transporte seguro y políticas contra la exclusión que, según su programa, reducen la delincuencia de raíz.

También planteó impulsar la ciberseguridad y la protección de infraestructuras críticas, además de una gestión más eficaz de emergencias y protección civil; una línea más social que la de PP y Vox, centrada en el control y el endurecimiento.

Adelante Andalucía sitúa la seguridad como una cuestión ligada a la justicia social: prioriza más recursos para prevención, mediación y policía de proximidad, junto a políticas contra la exclusión y la violencia machista.

En su enfoque, la respuesta no pasa por endurecer el castigo, sino por reforzar servicios públicos, juventud y empleo en barrios vulnerables, para atacar las causas de la delincuencia antes que sus efectos.

También defiende mejorar medios materiales y condiciones laborales de las fuerzas de seguridad, pero sin promover más represión; su discurso contrasta con la agenda más dura de la derecha, aunque busca eficacia en el día a día.

PACMA suele centrar su agenda en la seguridad ciudadana desde una perspectiva de prevención, bienestar animal y protección del medio ambiente, más que en un refuerzo policial clásico. En Andalucía, su discurso enlaza la seguridad con la reducción de riesgos derivados del abandono animal, los incendios y la degradación del entorno.

En sus programas y propuestas públicas, el partido defiende más medios para la protección animal, mayor control sobre maltrato y abandono, y protocolos más eficaces ante emergencias en zonas rurales. También suele reclamar coordinación institucional y sanciones efectivas, con menos protagonismo de enfoques punitivos y más de prevención.

Frente a las recetas más duras de la derecha, PACMA apuesta por una seguridad ligada al cumplimiento de la ley, la educación y la vigilancia de actividades que dañan a animales y ecosistemas. Su enfoque es minoritario en el debate autonómico, pero coherente con su identidad política y su base programática.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no publicó un programa autonómico andaluz ampliamente verificable y específico sobre seguridad para las elecciones de 2026. Su discurso público se centró más en inmigración, control de fronteras y denuncia de la corrupción que en medidas detalladas de policía autonómica o justicia.

En los materiales y mensajes contrastables disponibles, la prioridad de SALF fue pedir mano dura contra la delincuencia y más capacidad operativa para los cuerpos de seguridad, con especial énfasis en reforzar el control migratorio y expulsiones de extranjeros condenados.

No consta una propuesta andaluza técnica, completa y publicada con medidas concretas de despliegue, financiación o coordinación institucional en materia de seguridad comparable a la de los grandes partidos.