Inmigración: qué propone cada partido

El PP andaluz, alineado con la dirección nacional, defendió en 2026 una inmigración ordenada, legal y vinculada al empleo, con más control fronterizo y prioridad para quienes llegan a trabajar y cotizar. También rechazó los discursos “de fronteras abiertas”.

En campaña, el partido insistió en reforzar la cooperación con el Gobierno central y la UE para agilizar expulsiones de irregulares, combatir mafias y mejorar la coordinación policial. En paralelo, pidió más recursos para acogida y atención humanitaria en los municipios andaluces.

Además, el PP vinculó inmigración e integración a exigencias de idioma, respeto a las normas y acceso al mercado laboral, defendiendo que la política migratoria debe ser útil para Andalucía y compatible con la seguridad y los servicios públicos.

El PSOE defendió en Andalucía una política de inmigración centrada en la integración, la convivencia y la protección de derechos, alineada con el marco estatal y europeo. Su mensaje evitó enfoques de choque y priorizó la gestión ordenada y la inclusión social.

Entre sus ejes habituales destacaron el refuerzo de servicios públicos en zonas con alta presencia migrante, el apoyo a la regularización laboral y la lucha contra la explotación. También vinculó inmigración con empleo, cohesión territorial y atención humanitaria.

Frente al discurso más restrictivo de la derecha, el PSOE apostó por una visión más pragmática: control de flujos, cooperación con municipios y rechazo a la criminalización. En Andalucía, ese enfoque se presentó como compatible con la seguridad y la integración.

VOX centró su discurso en una inmigración legal, ordenada y adaptada al mercado laboral andaluz, rechazando cualquier política de “efecto llamada” y vinculando el control migratorio con la seguridad y los servicios públicos.

En campaña, defendió reforzar fronteras, aumentar expulsiones de irregulares y priorizar el acceso a ayudas para los españoles y para quienes hayan entrado legalmente. También insistió en combatir las mafias y en limitar el reparto de menores migrantes no acompañados entre comunidades.

Su planteamiento en Andalucía combinó endurecimiento del control con preferencia por la inmigración regulada y útil para sectores con demanda de empleo, una línea coherente con su programa nacional y con sus posiciones públicas en 2026.

Sumar planteó en Andalucía una política de acogida e integración basada en el respeto a los derechos humanos, el empadronamiento y el acceso efectivo a servicios públicos como sanidad, educación y vivienda para la población migrante.

También defendió reforzar los servicios sociales, combatir la explotación laboral y mejorar la coordinación institucional para atender a menores no acompañados y personas en situación administrativa irregular, con enfoque social y no punitivo.

Su posición en inmigración fue claramente contraria a los discursos de mano dura y priorizó la inclusión, la convivencia y la lucha contra la discriminación, frente a una gestión más restrictiva que suelen reivindicar PP y Vox.

Unidas Podemos defendió en Andalucía una política de acogida e integración basada en los derechos humanos, el empadronamiento y el acceso efectivo a sanidad, educación y servicios sociales para las personas migrantes.

Su discurso vinculó la inmigración con la protección laboral y la lucha contra la explotación, reclamando más inspección y regularización para evitar la economía sumergida. Frente al enfoque más restrictivo de PP y Vox, priorizó la inclusión frente al control.

También planteó reforzar la atención a menores no acompañados y el apoyo a entidades sociales, insistiendo en una Andalucía diversa y sin discriminación por origen, con recursos públicos suficientes y coordinación institucional.

Ciudadanos (Cs) no concurrió con un programa propio relevante para las autonómicas andaluzas de 2026; el partido quedó fuera de la competencia institucional en Andalucía tras su desplome electoral y su práctica desaparición orgánica.

En su etapa de presencia parlamentaria, Cs defendió una inmigración ordenada, con control de fronteras, lucha contra las mafias y coordinación con el Estado y la UE, combinando firmeza y gestión administrativa.

Sus posiciones públicas insistían en integración, aprendizaje del idioma, acceso al empleo y rechazo a la inmigración irregular, con un enfoque liberal y de seguridad más cercano a la centroderecha que a la izquierda.

Por Andalucía situó la inmigración en un marco de derechos humanos e integración, rechazando discursos de criminalización. Su enfoque pasó por reforzar la acogida, el acceso a servicios públicos y la mediación intercultural, con especial atención a menores y mujeres migrantes.

La coalición defendió combatir la explotación laboral y el racismo institucional, especialmente en el campo andaluz y en empleos precarios. También apostó por vías legales y seguras, empadronamiento sin trabas y políticas autonómicas coordinadas con ayuntamientos y entidades sociales.

Frente a las propuestas más duras del bloque conservador, PA priorizó la inclusión sobre el control punitivo, vinculando la inmigración a vivienda, educación y sanidad. Su mensaje fue social y garantista, con más protección administrativa y menos enfoque securitario.

Adelante Andalucía sitúa la inmigración en un marco de derechos humanos y denuncia el uso partidista del miedo. En su discurso electoral prioriza la integración, el acceso a servicios públicos y la igualdad de trato, frente a mensajes de cierre o securitización.

La formación defiende una política migratoria con acogida digna, empadronamiento sin trabas y protección de menores y personas vulnerables. También vincula la gestión migratoria con el mercado laboral andaluz, reclamando combatir la explotación y reforzar inspección y derechos.

AA rechaza la criminalización de la población migrante y pide cooperación institucional para garantizar vivienda, sanidad y educación. Su enfoque contrasta con la línea más dura que suelen marcar PP y Vox, aunque en inmigración la derecha ofrece mayor claridad sobre control y orden.

PACMA no suele centrar su programa en inmigración; en sus propuestas autonómicas para Andalucía prioriza el bienestar animal, el medio ambiente y la sanidad pública, con un enfoque social y de derechos más que de control migratorio.

No presenta medidas específicas y destacadas sobre fronteras, cupos o expulsiones, ni un desarrollo propio sobre integración, empleo o vivienda vinculado a la inmigración en su oferta electoral andaluza.

SALF no presentó un programa autonómico andaluz propio y verificable sobre inmigración en las elecciones de 2026, porque su implantación territorial fue muy limitada y su oferta pública se concentró en mensajes nacionales de seguridad y control fronterizo.

En lo que sí fijó posición, la formación de Alvise Pérez defendió endurecer el control migratorio, priorizar expulsiones de irregulars con antecedentes y vincular la política de inmigración a la delincuencia, sin detallar medidas específicas para Andalucía.

No hay constancia de propuestas autonómicas desarrolladas para integración, acogida o gestión de menores migrantes en Andalucía; su discurso, contrastable en intervenciones públicas, fue más bien restrictivo y de carácter general.