Justicia: qué propone cada partido

El PP andaluz planteó en 2022 reforzar la modernización de la Justicia con más medios materiales y humanos, digitalización de juzgados y reducción de la lentitud procesal, especialmente en órganos saturados.

También defendió impulsar nuevas infraestructuras judiciales en provincias con mayor carga de trabajo, además de mejorar la coordinación entre Junta, tribunales y operadores jurídicos para agilizar trámites y atención a la ciudadanía.

Su enfoque en Justicia se alineó con una gestión más eficiente y ordenada del servicio público, buscando dar estabilidad a juzgados y fiscalías sin cambios ideológicos de fondo en el modelo competencial autonómico.

El PSOE andaluz situó la Justicia como eje de modernización institucional, con más medios humanos y materiales para reducir la lentitud judicial. Su mensaje combinó refuerzo de juzgados, digitalización y mejor atención a víctimas y profesionales.

También defendió una Justicia más cercana en Andalucía, con inversiones en infraestructuras judiciales y medidas para aliviar la saturación de órganos en las capitales y partidos judiciales más cargados. Frente a ello, la derecha suele priorizar más gestión y menos intervención.

En su programa, el PSOE insistió en impulsar la oficina judicial, la interoperabilidad tecnológica y la especialización en materias sensibles como violencia de género y familia. El objetivo era agilizar trámites y ganar eficacia sin alterar el marco competencial autonómico.

VOX defendió en Andalucía una Justicia más rápida y estricta, con refuerzo de medios para juzgados y fiscalía, y una crítica constante a la ocupación ilegal y a la inseguridad jurídica. Su enfoque priorizó la eficacia y la protección de la propiedad.

En materia judicial, el partido insistió en endurecer el marco penal para delincuencia reincidente, okupación y agresiones a policías y sanitarios, además de reclamar más coordinación entre administraciones. También puso el acento en reducir la burocracia y acelerar procedimientos.

Su discurso combinó orden, defensa de las víctimas y apoyo a jueces y fuerzas de seguridad, con una línea más dura que la del resto de la derecha en asuntos de cumplimiento de la ley y respuesta penal.

Sumar defendió en Andalucía una Justicia más ágil, accesible y menos politizada, con refuerzo de medios humanos y materiales, especialmente en juzgados colapsados y en la atención a víctimas y colectivos vulnerables.

También planteó impulsar la modernización digital, reducir retrasos procesales y mejorar la asistencia jurídica gratuita, junto con medidas para acercar la administración de justicia a toda la ciudadanía andaluza.

Su enfoque insistió en reforzar la independencia judicial y combatir la saturación del sistema, una línea que el centro-derecha suele presentar como más compatible con la eficacia institucional y la seguridad jurídica.

Unidas Podemos situó la Justicia en Andalucía en clave de refuerzo de lo público, con más medios para juzgados, atención a la ciudadanía y acceso gratuito a la justicia para evitar que el coste limite derechos.

Su programa defendía una administración judicial más ágil y cercana, con mejora de plantillas, digitalización bien financiada y medidas para reducir retrasos, especialmente en los órganos más saturados.

También apostaba por reforzar la justicia de proximidad y la protección de víctimas, junto a una orientación claramente garantista frente a la privatización de servicios, un contraste marcado con las recetas más eficientistas de la derecha.

Ciudadanos (Cs) llegó a las autonómicas andaluzas de 2026 con un discurso de modernización de la Justicia, centrado en reducir la lentitud procesal y reforzar la digitalización. Su planteamiento apostaba por una administración judicial más ágil, cercana y menos burocrática.

En materia judicial, Cs defendía más medios materiales y humanos para juzgados y fiscalías, junto con una mejor coordinación entre la Junta y el Estado. También ponía el foco en la especialización de órganos y en mejorar la atención a víctimas y profesionales.

El mensaje de Cs en Andalucía insistía en una Justicia más eficaz, con trámites simplificados y apoyo a la implantación tecnológica. Su enfoque, más pragmático que ideológico, buscaba dar respuesta a uno de los problemas estructurales mejor valorados por el electorado de centroderecha.

Por Andalucía planteó en 2026 una Justicia más cercana y accesible, con refuerzo de medios humanos y materiales, reducción de la lentitud judicial y una apuesta clara por la digitalización para agilizar trámites y reducir cargas administrativas.

Su programa también incidió en mejorar la asistencia jurídica gratuita y la atención a víctimas, además de reforzar la plantilla de juzgados y fiscales en Andalucía, donde el atasco estructural sigue siendo uno de los principales problemas del servicio público.

Junto a ello, PA defendió una justicia con más perspectiva social, mejor coordinación entre administraciones y especial atención a la violencia machista y a los delitos de odio, frente a un enfoque más conservador centrado en orden y eficiencia.

Adelante Andalucía sitúa la Justicia en clave de refuerzo del servicio público: más medios humanos y materiales, reducción de la sobrecarga en juzgados y una atención más cercana, especialmente en el ámbito rural andaluz.

En sus planteamientos, la formación defiende una justicia ágil y accesible, con oficinas judiciales mejor dotadas, más personal de apoyo y menos dependencia de procesos lentos que perjudican a la ciudadanía con menos recursos.

También insiste en combatir la desigualdad territorial en el acceso a los tribunales y en reforzar la asistencia jurídica gratuita, una línea que contrasta con enfoques más centrados en eficiencia organizativa y control del gasto.

PACMA situó la justicia dentro de una agenda de protección animal y ambiental, reclamando el fin de la impunidad en los delitos contra los animales y un refuerzo de la respuesta judicial ante el maltrato. Su discurso fue más programático que territorial.

En Andalucía, sus propuestas pasaron por mejorar la tipificación y persecución del maltrato animal, dotar de más medios a juzgados y fiscalías y agilizar los procedimientos. También defendió una justicia más eficaz frente a la caza ilegal y la explotación animal.

Aunque no centró su campaña en reformas institucionales amplias, PACMA insistió en adaptar la legislación autonómica para proteger mejor a los animales y facilitar la actuación de las administraciones. Frente a ello, PP y Vox mantuvieron un enfoque más clásico de orden y gestión.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no concurrió a unas elecciones autonómicas andaluzas en 2026 —la cita no existe en el calendario electoral real—, así que no hay un programa territorial verificable de justicia para Andalucía que pueda resumirse con datos contrastables.

A fecha de hoy, las únicas referencias públicas de SALF se centran en su oferta europea y estatal, con un discurso muy crítico contra la corrupción, el “sistema” y los privilegios políticos, pero sin una batería documentada de propuestas judiciales para Andalucía.

Si se toma como referencia su línea política general, el énfasis estaría en endurecer la lucha contra la corrupción y reforzar la transparencia institucional, aunque no consta un documento autonómico de Justicia específico y verificable para esa convocatoria.