Medio Ambiente: qué propone cada partido

El PP de Andalucía defendió en 2026 una política ambiental centrada en compatibilizar protección del territorio y actividad económica, con especial atención al agua, la gestión forestal y la lucha contra la sequía. Su discurso priorizó soluciones prácticas frente a una regulación más restrictiva.

Entre sus compromisos más visibles estuvieron el refuerzo de las infraestructuras hidráulicas, la modernización de regadíos y la defensa de una planificación del agua para usos agrícolas, urbanos e industriales. También insistió en acelerar la limpieza y prevención de incendios en montes y espacios naturales.

En materia energética y climática, el PP apostó por impulsar las renovables y la eficiencia, pero pidiendo agilidad administrativa y seguridad jurídica para atraer inversión. En paralelo, mantuvo un enfoque de conservación de la biodiversidad ligado al desarrollo rural y al aprovechamiento sostenible del medio natural.

El PSOE andaluz situó el medio ambiente como eje de transición ecológica: más energías renovables, ahorro y eficiencia energética, y una gestión del agua orientada a mitigar la sequía. También defendió reforzar la protección de espacios naturales y la prevención de incendios.

Su programa vinculó la agenda verde con empleo y competitividad, apoyando una economía descarbonizada y la modernización de industrias y municipios. En paralelo, planteó impulsar movilidad sostenible, rehabilitación energética y adaptación climática, con mayor inversión pública y coordinación institucional.

Frente a un enfoque más prudente de PP y Vox, el PSOE apostó por regulación y gasto público para acelerar la transición. Sus propuestas buscaban combinar protección ambiental, ordenación territorial y seguridad hídrica en una comunidad especialmente expuesta al calor y la escasez de agua.

VOX en Andalucía ha defendido un enfoque de medio ambiente centrado en la gestión activa del territorio, la limpieza de montes y cauces, y la prevención de incendios mediante un uso más intensivo de medios humanos y materiales.

Su discurso rechaza el ecologismo ideológico y prioriza compatibilizar conservación y actividad económica, especialmente en el campo, la ganadería y la agricultura, con menos trabas burocráticas y más apoyo a los propietarios y gestores locales.

También ha insistido en revisar políticas sobre agua, energía y ordenación forestal, apostando por infraestructuras hidráulicas, aprovechamiento sostenible de recursos y medidas contra la despoblación rural como parte de la protección ambiental.

Sumar situó el medio ambiente en Andalucía como una política de adaptación climática, protección de la biodiversidad y defensa del territorio frente a la especulación. Su discurso electoral insistió en frenar la expansión urbanística y reforzar la gestión pública del agua.

También propuso acelerar la transición energética con más renovables, autoconsumo y comunidades energéticas, priorizando el ahorro y la eficiencia. En paralelo, defendió empleo verde, rehabilitación de viviendas y una movilidad menos dependiente del coche privado.

En una comunidad golpeada por la sequía y los incendios, Sumar vinculó la agenda ambiental con la justicia social: más inversión en prevención, restauración de ecosistemas y apoyo al campo sostenible. Frente a la derecha, planteó más control público y menos desregulación.

Unidas Podemos defendió en Andalucía una transición ecológica con fuerte inversión pública, orientada a frenar la crisis climática, proteger la biodiversidad y reforzar la gestión sostenible del agua. Su planteamiento priorizó la intervención de la Junta frente a la inercia de mercado.

Entre sus propuestas destacaron el impulso a las energías renovables, la rehabilitación energética de viviendas, el transporte público y la protección de espacios naturales frente a la especulación. También planteó medidas contra la desertificación y para mejorar la resiliencia del campo andaluz.

En materia hídrica, UP vinculó el problema del agua a una planificación más estricta, con control de pozos ilegales, modernización de regadíos y defensa de cuencas y acuíferos. Frente a la agenda más continuista de la derecha, apostó por una regulación más exigente del uso del territorio.

Ciudadanos (Cs) llegó a las autonómicas andaluzas de 2026 con un discurso centrado en la gestión eficiente del territorio, la protección de los espacios naturales y el impulso de una economía verde compatible con la actividad productiva. Su planteamiento ambiental combinó liberalismo económico y conservación.

En materia de agua, Cs defendió más inversión en infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos y reutilización, una línea muy presente en el centro-derecha andaluz por la sequía. También apostó por simplificar trámites para proyectos energéticos y ambientales con menos burocracia.

La formación insistió en reforzar la prevención de incendios, el mantenimiento forestal y la economía circular, además de apoyar las renovables y la movilidad sostenible sin elevar la carga fiscal. Su enfoque priorizó compatibilizar protección ambiental y crecimiento.

Por Andalucía situó el medio ambiente como eje de transición ecológica: defendió reforzar la lucha contra el cambio climático, impulsar energías renovables con control público y proteger la biodiversidad frente a la especulación urbanística y los incendios.

También planteó una gestión más estricta del agua, con prioridad para el ahorro, la modernización de regadíos y la protección de acuíferos y humedales, especialmente en espacios sensibles como Doñana, donde reclamó frenar presiones agrícolas e industriales.

Su enfoque combinó empleo verde y justicia territorial: rehabilitación energética, transporte público y apoyo a la economía circular, con una visión más planificada que la de otras derechas, aunque con menos peso presupuestario y menos detalle ejecutivo.

Adelante Andalucía sitúa el medio ambiente en el eje de una transición ecológica ligada a empleo local, vivienda y defensa del territorio. Su discurso prioriza frenar la especulación urbanística y proteger recursos como el agua, frente a un modelo de crecimiento intensivo.

Entre sus propuestas destacan el rechazo a nuevos proyectos que agraven la presión sobre ecosistemas y la exigencia de una planificación más dura sobre energías renovables, minería y agroindustria. También insiste en reforzar la protección forestal y la prevención de incendios con más medios públicos.

AA vincula la crisis climática con la desigualdad y propone políticas de adaptación en zonas vulnerables, además de una gestión pública del agua más estricta. Su enfoque es más intervencionista que el de la derecha, con prioridad para la soberanía ambiental y el control territorial.

PACMA centró su programa andaluz en una protección estricta del medio ambiente, con rechazo a proyectos que degradaran ecosistemas, más vigilancia sobre vertidos y contaminación, y defensa de un modelo territorial menos agresivo con el suelo y el agua.

También vinculó la política ambiental a la protección animal, pidiendo frenar actividades que dañaran la biodiversidad, reforzar la lucha contra incendios y mejorar la gestión de residuos, con más control público y sanciones efectivas.

Su planteamiento, muy ecologista y de fuerte carga ética, apostó por transición energética, conservación de espacios naturales y reducción del impacto de la ganadería intensiva; frente a ello, la derecha suele priorizar más flexibilidad regulatoria y desarrollo económico.

SALF no presentó en Andalucía un programa autonómico detallado y verificable sobre medio ambiente comparable al de los partidos con representación, por lo que no constan medidas específicas contrastables para estas elecciones. Su discurso público ha priorizado la crítica a la política tradicional, la reducción del gasto y el foco en seguridad e inmigración, más que una agenda verde propia.

En la campaña andaluza de 2026, no hubo un documento programático de SALF con propuestas concretas sobre agua, energía, residuos, biodiversidad o transición ecológica. Tampoco se identificaron compromisos medibles para la Junta de Andalucía, lo que deja su posición ambiental sin una oferta autónoma clara y verificable.