Pensiones: qué propone cada partido

El PP defendió en Cataluña una línea de estabilidad para las pensiones, vinculándolas al mantenimiento del sistema público y a la sostenibilidad financiera, sin plantear cambios rupturistas respecto a la revalorización.

Su discurso priorizó garantizar el pago puntual y la seguridad jurídica de los pensionistas, con especial énfasis en frenar el deterioro de la clase media y proteger el poder adquisitivo de los mayores.

En campaña, el PP evitó promesas autonómicas muy concretas sobre pensiones, porque esta materia depende sobre todo del Estado; su planteamiento se centró más en apoyar una gestión económica que asegure el sistema a largo plazo.

El PSC-PSOE defendió en Cataluña la revalorización de las pensiones conforme al IPC y la protección del poder adquisitivo de los jubilados, alineándose con la reforma estatal ya en vigor. También insistió en blindar el sistema público frente a recortes.

Su discurso electoral evitó propuestas autonómicas muy específicas en pensiones, porque la competencia principal es del Estado. Aun así, apostó por reforzar los servicios públicos y la atención a mayores, con una gestión más estable que la ofrecida por la derecha.

La propuesta socialista se apoyó en mantener la sostenibilidad del sistema mediante más empleo, cotizaciones y lucha contra el fraude, sin abrir la puerta a privatizaciones. Frente a ello, otras opciones conservadoras plantearon más margen fiscal, aunque con menos énfasis en el blindaje social.

VOX no presentó en Cataluña un programa autonómico centrado en reformar el sistema público de pensiones; su mensaje electoral se apoyó más en la defensa de los jubilados, la bajada de impuestos y la protección del poder adquisitivo frente a la inflación.

En su discurso para las autonómicas de 2024, la formación insistió en que las pensiones deben sostenerse con una economía más fuerte, menos gasto político y más empleo estable, evitando recortes y priorizando a los mayores españoles frente a otras partidas.

La propuesta se enmarca en una línea habitual de VOX: blindar las prestaciones, rechazar subidas de cotizaciones que dañen a autónomos y empresas, y ligar la sostenibilidad del sistema a políticas de crecimiento y natalidad.

Sumar defendió en Cataluña una pensión pública suficiente y el refuerzo del sistema público de bienestar, alineando su discurso con la revalorización de las prestaciones y la protección del poder adquisitivo frente a la inflación.

Su mensaje insistió en blindar las pensiones como derecho social, oponiéndose a cualquier recorte o privatización y priorizando ingresos estables para sostener el sistema, una línea menos ambiciosa en gasto que la de formaciones de izquierda más radical.

También vinculó las pensiones con mejores servicios públicos y con medidas para reducir la precariedad laboral, especialmente entre mujeres y jóvenes, para asegurar más cotizaciones y una jubilación digna a medio plazo.

Unidas Podemos defendió unas pensiones dignas, públicas y suficientes, con revalorización para no perder poder adquisitivo y rechazo a cualquier recorte o privatización del sistema. Su enfoque priorizó la protección de jubilados y personas con carreras laborales más precarias.

También puso el acento en reducir la brecha de género en las pensiones y en blindar el carácter público de la Seguridad Social, vinculando su financiación a impuestos suficientes y a una mayor aportación de las rentas altas y beneficios empresariales.

La formación defendió que la pensión mínima permitiera vivir con dignidad y que las reformas futuras no penalizaran a quienes han cotizado menos por trabajos discontinuos, especialmente mujeres, jóvenes y sectores con empleo más inestable.

Ciudadanos (Cs) centró su discurso en proteger el poder adquisitivo de los pensionistas y en blindar unas pensiones sostenibles. En Cataluña, su planteamiento para 2024 se alineó con su línea nacional: rechazar el uso partidista del sistema y defender reglas claras.

La formación propuso reforzar la actualización de las pensiones conforme al coste de la vida y evitar recortes que castiguen a los jubilados. También insistió en impulsar empleo estable y salarios más altos, como vía para mejorar la financiación futura del sistema.

Cs defendió además combatir el fraude y reducir el gasto improductivo antes que cargar más costes sobre trabajadores y pensionistas. Su enfoque buscaba compatibilizar justicia social y equilibrio presupuestario, con un tono más fiscalmente prudente que el de la izquierda.

ERC defendió en las autonómicas catalanas de 2024 pensiones dignas y blindadas, vinculando su programa al mantenimiento del poder adquisitivo y a la defensa del sistema público. Su mensaje se centró en reforzar derechos sociales desde Cataluña, sin plantear una transferencia completa de la competencia estatal.

La formación republicana puso el acento en complementar las pensiones más bajas con políticas de vivienda, cuidados y fiscalidad social, especialmente para mayores con rentas reducidas. También insistió en mejorar la atención a la dependencia y en reducir desigualdades territoriales que afectan a los pensionistas.

En línea con su agenda social, ERC apoyó medidas para impulsar el empleo estable y los salarios como vía indirecta para sostener futuras cotizaciones. Su planteamiento sobre pensiones fue más protector que reformista, con prioridad en mantener el poder adquisitivo y proteger a los colectivos más vulnerables.

Junts situó las pensiones dentro de su discurso de autogobierno y defensa de las competencias catalanas, reclamando más capacidad de gestión para adaptar las políticas sociales a la realidad demográfica y económica de Cataluña.

En su programa y mensajes de campaña, la formación evitó grandes promesas de subida general y puso el foco en la sostenibilidad del sistema, el poder adquisitivo de los jubilados y el impacto de la inflación sobre las rentas más bajas.

También defendió reforzar servicios y atención a las personas mayores desde Cataluña, vinculando las pensiones a un modelo de país con más recursos propios, mejor financiación y menos dependencia de decisiones tomadas en Madrid.

La CUP defendió en 2024 una pensión pública digna y suficiente, con rechazo frontal a la privatización y a los planes complementarios. Su discurso vinculó las pensiones al derecho social y a la garantía de ingresos para vivir con autonomía.

También situó la mejora de las pensiones dentro de un paquete más amplio: subida salarial, reducción de la precariedad y fortalecimiento de lo público. La formación insistió en blindar el sistema frente a recortes y en financiarlo con una fiscalidad más progresiva.

En campaña, la CUP conectó la cuestión de las pensiones con la defensa de los servicios públicos y la justicia social, frente a la gestión más ordenada y previsora que suelen exhibir otras fuerzas de corte conservador.

Aliança Catalana no presentó en 2024 un programa de pensiones especialmente desarrollado ni una propuesta técnica propia para Cataluña; su discurso se centró más en identidad, inmigración y defensa del bienestar para los residentes.

En materia pensionista, AC vinculó la protección de las pensiones al control del gasto público, la prioridad a los catalanes y la crítica a la presión fiscal y al “despilfarro” institucional, pero sin detallar cambios concretos en el sistema autonómico.

Por tanto, su posición fue más política que normativa: defender el poder adquisitivo de los pensionistas y endurecer el acceso a prestaciones sociales, sin plantear medidas específicas como complementos autonómicos, edad de jubilación o reformas de cálculo.

PACMA centró su programa de 2024 en Cataluña en una idea básica: mantener y reforzar el sistema público de pensiones, rechazando cualquier avance hacia la privatización. Su propuesta enlazaba la protección de las pensiones con una mejora de los servicios públicos y de la financiación social.

En materia de jubilación, defendía garantizar pensiones dignas y suficientes para evitar situaciones de pobreza en la vejez. También apoyaba medidas de equidad intergeneracional, vinculando el empleo estable y los salarios dignos con la sostenibilidad futura del sistema.

El enfoque del partido fue más social que técnico: no detalló grandes reformas paramétricas, pero sí insistió en blindar el carácter público, universal y solidario de las pensiones. Frente a otras fuerzas más orientadas al ajuste, PACMA priorizó la protección de los mayores y del bienestar social.

SALF no publicó en Cataluña un programa autonómico detallado sobre pensiones para las elecciones de 2024. Su oferta política en esa campaña fue muy limitada y centrada sobre todo en seguridad, inmigración y combate a la corrupción.

No consta una propuesta específica registrada y contrastable para subidas, complementos o gestión autonómica de pensiones, porque esta materia depende casi por completo del Estado. Por ello, SALF no articuló una alternativa propia comparable a la de otros partidos.

Su posición pública general se acercó a defender un marco de bajas cargas fiscales y más poder adquisitivo para los mayores, pero sin desarrollar medidas concretas para pensionistas en Cataluña. Eso dejó su mensaje sobre pensiones en un plano muy secundario.