Economía: qué propone cada partido

El PP centró su oferta económica en bajar impuestos, simplificar trámites y dar más seguridad a empresas y autónomos. Defendió un marco fiscal más competitivo para atraer inversión y favorecer el crecimiento.

También propuso reducir la presión sobre las rentas medias y sobre el tejido productivo, con especial atención a pymes y sectores afectados por costes energéticos y regulatorios. Su mensaje buscó reforzar la actividad económica con menos carga burocrática.

En Cataluña, el PP vinculó estas medidas a una administración más ágil y a la captación de talento e inversión, apostando por estabilidad, menos intervencionismo y mayor apoyo a la iniciativa privada.

El PSC-PSOE centró su propuesta económica para Cataluña en estabilidad institucional, atracción de inversión y apoyo al tejido productivo. Defendió reforzar la colaboración con empresas, autónomos y pymes para acelerar el crecimiento y mejorar la competitividad.

También puso el foco en vivienda, infraestructuras y simplificación administrativa como palancas económicas, además de impulsar la transición energética y la innovación. Su discurso priorizó una economía más abierta y con más seguridad jurídica, un enfoque que suele resultar bien valorado por el votante moderado.

VOX planteó en Cataluña una agenda económica de bajada de impuestos, recorte del gasto político y eliminación de trabas administrativas. Su mensaje fue claro: menos presión fiscal para familias, autónomos y empresas, y más libertad para invertir y contratar.

Entre sus propuestas destacó la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones, la rebaja de tributos autonómicos y una revisión del gasto de la Generalitat. También defendió simplificar licencias, reducir burocracia y facilitar la actividad de pymes y autónomos.

En materia de competitividad, VOX vinculó su programa a la defensa de un marco económico más estable, con apoyo a la iniciativa privada y rechazo a políticas que, a su juicio, penalizan a quienes producen y crean empleo en Cataluña.

Sumar defendió en Cataluña una economía de intervención pública para frenar el encarecimiento de la vida: más inversión en vivienda, energía y transporte, junto con políticas para subir salarios y reforzar la negociación colectiva.

Su programa apostó por una reforma fiscal progresiva para que paguen más las grandes rentas y patrimonios, y por combatir el fraude para financiar servicios públicos y reducir desigualdades.

También planteó impulsar la reindustrialización verde, apoyar a pymes y autónomos, y orientar los fondos europeos hacia empleo estable, innovación y transición ecológica, con especial atención a la economía social y cooperativa.

Unidas Podemos defendió en las autonómicas catalanas de 2024 una fiscalidad más progresiva, con subida de impuestos a grandes patrimonios y rentas altas para financiar servicios públicos y reducir desigualdades. También apostó por reforzar el gasto social y frenar la precariedad.

En economía, su programa priorizó la intervención pública frente a la desregulación: más vivienda asequible, protección del empleo y apoyo a pymes y autónomos mediante crédito y contratación pública. Frente a ello, las derechas ofrecían mayor rebaja fiscal y menos intervención.

La coalición vinculó su propuesta a la transición ecológica y a la reindustrialización, con inversión pública en energía, transporte y sectores estratégicos. El objetivo era crecer con más salarios, más derechos laborales y menos dependencia de la especulación.

Ciudadanos (Cs) defendió en las autonómicas catalanas de 2024 una agenda económica centrada en bajar impuestos, simplificar trámites y reforzar el apoyo a autónomos y pymes. Su discurso insistió en una Generalitat menos intervencionista y más orientada a la actividad empresarial.

Entre sus ejes figuraban la reducción de la presión fiscal y la eliminación de cargas administrativas para incentivar inversión, empleo y competitividad. Cs también vinculó su propuesta a la mejora de la educación y la formación como palanca para aumentar la productividad y atraer talento.

El programa económico naranja apostó por una gestión más eficiente del gasto público y por priorizar políticas que favorezcan el crecimiento del tejido productivo catalán. En línea con su perfil liberal, defendió más seguridad jurídica y menos obstáculos para emprender.

ERC situó la financiación singular de Cataluña y el refuerzo del autogobierno fiscal en el centro de su programa económico para 2024. También defendió más recursos para industria, vivienda y transición ecológica, con foco en pymes y empleo de calidad.

La formación propuso reducir la dependencia de Madrid mediante una agencia tributaria catalana más fuerte y capacidad para gestionar mejor los ingresos. Además, planteó impulsar inversiones públicas y privadas en sectores estratégicos, con apoyo a la innovación y a la economía verde.

En empleo y tejido productivo, ERC apostó por subir salarios y mejorar condiciones laborales sin perder competitividad, con incentivos a la digitalización y la internacionalización. Su discurso económico combinó soberanía fiscal, protección social y modernización productiva, con una orientación claramente intervencionista.

Junts per Catalunya centró su programa económico en rebajar la presión fiscal, simplificar trámites y dar más peso a la competitividad empresarial. Defendió una administración más ágil para autónomos, pymes y sectores exportadores, con menos burocracia y más seguridad jurídica.

También planteó reforzar la financiación propia de Catalunya y reclamar más capacidad de decisión sobre los recursos recaudados. En paralelo, apostó por impulsar la innovación, la industria y la captación de inversión para elevar productividad, empleo y salarios.

En el ámbito social y territorial, Junts vinculó economía y bienestar con medidas para facilitar vivienda, apoyar el relevo generacional en el campo y proteger el tejido productivo local. Su enfoque combinó liberalización, apoyo a la empresa y mayor autogobierno económico.

La CUP defendió para las autonómicas de 2024 una economía de ruptura con el modelo actual, centrada en más intervención pública, control democrático de sectores estratégicos y reducción del peso de los grandes intereses empresariales. Su discurso económico combinó redistribución, vivienda, servicios públicos y transición ecológica.

Entre sus medidas figuraron subir la fiscalidad progresiva sobre rentas altas, patrimonio y beneficios extraordinarios, reforzar el gasto social y frenar la especulación inmobiliaria y financiera. También planteó impulsar banca pública y apoyar cooperativas, pymes y economía social frente a grandes corporaciones.

En el programa, la CUP vinculó la economía a la soberanía y a la descarbonización: más inversión en energías renovables públicas, planificación industrial y laboral, y protección del empleo con reducción de jornada. Su enfoque prioriza el control público frente a recetas más liberales de la derecha.

Aliança Catalana (AC) centró su discurso económico en la bajada de impuestos, la reducción de la presión fiscal sobre familias y autónomos y la crítica al gasto público que considera improductivo. Su mensaje conectó con un votante favorable a la disciplina presupuestaria y a un enfoque más favorable a la actividad privada.

También defendió priorizar a los catalanes en el acceso a ayudas y recursos, vinculando la política económica con la inmigración y el control del gasto social. En su programa y campaña, AC insistió en una administración más austera, menos burocracia y más incentivos para la iniciativa empresarial y el comercio local.

La formación planteó medidas de reindustrialización, apoyo a autónomos y pymes, y rechazo a lo que considera imposiciones regulatorias de la Generalitat y del Estado. Su propuesta económica se alineó con un discurso soberanista y conservador, con énfasis en eficiencia, orden fiscal y protección del tejido productivo.

PACMA centró su discurso económico en Cataluña en una transición ecológica que reoriente el gasto público hacia sectores sostenibles, con apoyo a la agroecología, el comercio local y la economía social. Su enfoque prioriza reducir impactos ambientales antes que impulsar grandes proyectos de crecimiento intensivo.

En sus propuestas también defendió revisar subvenciones y contratos públicos para eliminar ayudas a actividades vinculadas al maltrato animal o a modelos productivos contaminantes, y redirigir esos recursos a empleo verde, bienestar animal y protección del medio ambiente. La idea encaja más con una lógica de gasto responsable que con una política económica expansiva.

PACMA vinculó además la economía con la fiscalidad verde y la contratación pública ética, apostando por incentivos a empresas sostenibles y por una administración que premie prácticas respetuosas con los animales y el entorno. Frente a ello, los partidos de derecha suelen subrayar más la rebaja fiscal y la actividad empresarial.

Se Acabó La Fiesta (SALF) no presentó un programa económico autonómico amplio y detallado para Cataluña en las elecciones de 2024. Su oferta pública se centró más en discurso antiestablishment, crítica al gasto político y rechazo a la burocracia que en medidas sectoriales concretas.

En materia económica, sus mensajes accesibles durante la campaña defendían bajar impuestos, simplificar trámites y combatir el despilfarro institucional. También insistían en priorizar el dinero de los ciudadanos frente a lo que consideran una administración autonómica sobredimensionada.

A diferencia de otras candidaturas, SALF no articuló una agenda económica específica para Cataluña con propuestas verificables sobre industria, vivienda o financiación autonómica. Su perfil fue más bien el de una fuerza fiscalmente austera y muy crítica con el sistema político.