Inmigración: qué propone cada partido

El PP centró su mensaje en Cataluña en una política migratoria ordenada, vinculada a la ley y a la capacidad real de integración de los municipios. Defendió frenar la inmigración irregular y priorizar el control de fronteras y la cooperación con el Estado.

También planteó reforzar la inmigración legal y laboral, con exigencia de conocimiento de las normas y compromiso con la convivencia. Su discurso combinó firmeza frente a la irregularidad y defensa de una integración basada en el esfuerzo, el idioma y el respeto institucional.

En campaña, el PP catalán insistió en que la seguridad y el acceso a servicios públicos no deben tensionarse por una llegada desordenada. Propuso más coordinación policial y administrativa, y rechazar el reparto de menores migrantes sin planificación suficiente.

El PSOE en Cataluña defendió una política de inmigración ordenada e integradora, centrada en la regularización, la lucha contra el racismo y la garantía de acceso a servicios públicos como educación, sanidad y vivienda para las personas migrantes.

Su enfoque electoral combinó gestión de flujos y cohesión social, con más recursos para acogida, aprendizaje del catalán y español, y coordinación con ayuntamientos. Frente a la dureza de otros partidos, apostó por una integración institucional más pragmática.

En campaña, también vinculó inmigración y mercado laboral, defendiendo permisos y formación para cubrir sectores con falta de mano de obra. El mensaje buscó equilibrar control y derechos, una línea más moderada que la de opciones de derechas más restrictivas.

VOX centró su mensaje en la inmigración ilegal y vinculó su aumento a problemas de seguridad, presión sobre los servicios públicos y deterioro de la convivencia. Su discurso defendió más control fronterizo y más expulsiones.

En Cataluña, el partido propuso cerrar el grifo a la inmigración irregular, reforzar la Policía y limitar el efecto llamada. También rechazó políticas de integración que, a su juicio, premiaban la llegada sin exigir cumplimiento de la ley.

Sumar defendió una política de migración con enfoque de derechos, rechazando el discurso de criminalización y vinculando la acogida a la integración social, el acceso a servicios públicos y la igualdad de oportunidades en Cataluña.

Su propuesta insistió en reforzar la regularización, combatir la explotación laboral y garantizar vivienda, educación y sanidad para la población migrante, con especial atención a menores y personas vulnerables.

También planteó una gestión más humanitaria y municipalista de la acogida, coordinada con ayuntamientos y Generalitat, frente a recetas más restrictivas que priorizan el control y el orden.

Unidas Podemos, en la campaña catalana de 2024, defendió una política migratoria de acogida basada en derechos, crítica con los discursos de mano dura y centrada en regularizar, integrar y garantizar el acceso a servicios públicos.

Su enfoque apostó por combatir la xenofobia y reforzar la convivencia, vinculando inmigración con vivienda, trabajo y sanidad, y rechazando medidas de exclusión o criminalización, más propias de la derecha más dura.

La propuesta se alineó con su marco estatal: papeles para personas trabajadoras, más recursos para integración y defensa de los derechos de menores y personas vulnerables, sin convertir la inmigración en un problema de orden público.

Ciudadanos (Cs) planteó en Cataluña una política de inmigración ordenada, con control de flujos, exigencia de cumplimiento legal y refuerzo de la integración mediante lengua, empleo y respeto a las normas comunes.

En su discurso electoral de 2024, Cs defendió combatir la inmigración irregular y vincular la acogida a la capacidad real de los servicios públicos, evitando que la presión migratoria tensione sanidad, educación y vivienda.

También insistió en favorecer la integración efectiva frente al multiculturalismo, con especial atención a la escolarización en castellano y catalán, y a la igualdad de derechos y deberes para los recién llegados.

ERC defendió una política de acogida e integración centrada en los derechos humanos, el empadronamiento y el acceso a servicios básicos. También pidió reforzar la atención a menores no acompañados y combatir la xenofobia con políticas públicas.

En campaña para las autonómicas de 2024, la formación vinculó inmigración y cohesión social, apostando por la regularización administrativa y la inserción laboral y lingüística. Su enfoque se aleja de la mano dura y prioriza la gestión institucional del fenómeno migratorio.

ERC también planteó más coordinación entre Generalitat, ayuntamientos y Estado para ordenar la llegada de personas migrantes y mejorar recursos de acogida. Frente al discurso más restrictivo de la derecha, insistió en una respuesta humanitaria y de integración efectiva.

Junts situó la inmigración en clave de orden, integración y capacidades de Cataluña. Defendió una política propia y más cercana al territorio, reclamando más competencias para gestionar flujos, permisos y acogida con criterios catalanes.

En su programa y discursos, la formación insistió en vincular la llegada de población con la integración lingüística y laboral, y con la necesidad de que los servicios públicos puedan absorber el crecimiento demográfico sin deteriorarse.

También planteó endurecer el control frente a la inmigración irregular y reforzar la coordinación con el Estado y la UE, combinando exigencia en el acceso con más recursos para insertar a los recién llegados en el mercado de trabajo.

La CUP defendió en 2024 una política de acogida y derechos para las personas migrantes, alejándose de enfoques restrictivos. Su discurso vinculó inmigración con regularización, acceso a servicios públicos y lucha contra la xenofobia y la explotación laboral.

En su programa y mensajes de campaña, priorizó el empadronamiento sin trabas, la garantía de sanidad, vivienda y educación para toda la población residente y la defensa de los derechos de las personas sin papeles. También rechazó la externalización de fronteras y las políticas de control migratorio.

La formación situó la inmigración dentro de una agenda de justicia social y de ampliación de derechos, insistiendo en que la integración depende de combatir la precariedad y la discriminación institucional. Frente a ello, otras derechas propusieron mayor control y endurecimiento de fronteras, con un enfoque más ordenado.

Aliança Catalana (AC) hizo de la inmigración uno de sus ejes centrales en las autonómicas catalanas de 2024. Su mensaje fue claramente restrictivo: vinculó la llegada de extranjeros con inseguridad, presión sobre los servicios públicos y pérdida de identidad nacional.

Entre sus propuestas destacaron el cierre de fronteras a la inmigración irregular, la expulsión de personas en situación administrativa irregular y la prioridad para catalanes y residentes legales en el acceso a ayudas y recursos. También defendió una política de “preferencia nacional” en vivienda, empleo y prestaciones.

AC planteó además endurecer los requisitos de integración, limitar el efecto de las políticas migratorias del Estado y rechazar el modelo multicultural. Su discurso, muy duro en este ámbito, buscó capitalizar el malestar por la saturación de servicios y la percepción de descontrol migratorio en parte del electorado.

PACMA no hizo de la inmigración un eje central en su campaña para Cataluña 2024. Su programa priorizó bienestar animal, medio ambiente y derechos sociales, con un enfoque general de derechos humanos y trato digno para todas las personas.

En materia migratoria, el partido se alineó con una visión garantista: rechazo a discursos xenófobos, defensa de la igualdad ante la ley y apoyo a políticas de integración y convivencia. No planteó medidas restrictivas ni securitarias, algo que lo diferencia de formaciones más duras en este terreno.

Su posicionamiento fue, por tanto, más ético que técnico: apostar por una sociedad inclusiva, sin detallar grandes reformas sobre fronteras, cupos o expulsiones. En comparación, los partidos de derecha suelen ofrecer propuestas más concretas y ordenadas en este ámbito.

En las europeas de 2024, Se Acabó La Fiesta (SALF) no presentó un programa autonómico específico para Cataluña; su discurso sobre inmigración se apoyó en mensajes muy duros contra la inmigración irregular, el control de fronteras y la expulsión de delincuentes extranjeros.

La formación de Alvise Pérez defendió priorizar la seguridad y endurecer la respuesta institucional ante la llegada irregular, con un enfoque claramente restrictivo y cercano a la línea de la derecha más dura en inmigración.

No consta un documento detallado y propio de SALF para las autonómicas catalanas de 2024; su posición pública fue pedir tolerancia cero con la inmigración ilegal y reforzar la vigilancia fronteriza.