Justicia: qué propone cada partido

El PP de Cantabria defendió en 2023 una Justicia más ágil y cercana, con más medios para juzgados, reducción de atasco judicial y refuerzo de la atención a víctimas y profesionales. Su discurso priorizó eficacia y seguridad jurídica.

También planteó impulsar una mejor coordinación con el Gobierno central para mejorar infraestructuras judiciales y dotaciones, especialmente en Santander y en partidos judiciales con más carga de trabajo. La idea era modernizar el servicio sin aumentar burocracia.

En materia de organización, el PP apostó por digitalización, refuerzo de personal y apoyo a la Fiscalía y a los juzgados de violencia sobre la mujer, buscando acelerar procedimientos y mejorar la respuesta institucional.

El PSOE centró sus propuestas de Justicia en Cantabria en reforzar la modernización de los juzgados, mejorar la dotación de personal y agilizar trámites mediante más medios tecnológicos y organizativos. También defendió una justicia más próxima al ciudadano.

En su programa autonómico de 2023, los socialistas plantearon impulsar la digitalización judicial y colaborar con el Gobierno central para mejorar infraestructuras y el funcionamiento de la Administración de Justicia en la comunidad. La prioridad era reducir demoras y reforzar la atención en partidos judiciales.

Frente a esa línea, las formaciones de derechas apostaban más por la rebaja fiscal y la simplificación administrativa, aunque el PSOE mantuvo el foco en la calidad del servicio público y la accesibilidad territorial de la justicia.

VOX centró sus propuestas de Justicia en Cantabria en reforzar la ley y el orden, con apoyo explícito a más medios para jueces, fiscales y fuerzas de seguridad. Su mensaje electoral insistió en una justicia más rápida y menos politizada.

También defendió medidas contra la okupación y la delincuencia reincidente, vinculando la seguridad jurídica con la protección de la propiedad privada y de las víctimas. En su discurso autonómico, la prioridad fue endurecer la respuesta institucional ante los delitos.

Además, VOX planteó una administración más eficiente y cercana, reduciendo trabas burocráticas y defendiendo la coordinación con el Estado en materia judicial. Su enfoque fue claramente conservador y de refuerzo institucional, en línea con su programa nacional de 2023.

Sumar planteó para Justicia en Cantabria una línea centrada en reforzar la justicia gratuita, agilizar los procedimientos y acercar el servicio a la ciudadanía. Su enfoque priorizaba reducir retrasos y mejorar recursos humanos y materiales en juzgados.

También defendía una administración judicial más accesible y moderna, con mayor digitalización y atención a colectivos vulnerables. La idea era aliviar la carga de trabajo de los órganos judiciales y facilitar trámites sin barreras económicas o territoriales.

En materia institucional, su programa apostaba por más medios para la protección de víctimas y por una justicia con perspectiva de derechos, manteniendo un tono más garantista que el de las formaciones conservadoras.

Unidas Podemos defendió en Cantabria una Justicia más cercana y accesible, con medidas para reforzar la atención a la ciudadanía y mejorar los recursos humanos y materiales de juzgados y servicios de apoyo. Su planteamiento se alineó con una agenda de modernización pública y mayor garantía de derechos.

En materia judicial, la coalición puso el foco en la desjudicialización de conflictos, la protección de colectivos vulnerables y el impulso de medios para agilizar procedimientos. Frente a ello, PP y PRC centraron más su discurso en la gestión institucional y la estabilidad, con menos carga de reforma estructural.

Ciudadanos (Cs) centró su programa autonómico en reforzar la seguridad jurídica y agilizar la Administración de Justicia en Cantabria, con medidas para reducir retrasos y mejorar la atención al ciudadano. También defendió una justicia más moderna y accesible.

Entre sus propuestas destacaba impulsar la digitalización de los juzgados y mejorar los medios materiales y humanos para acortar los tiempos de respuesta. Cs insistía en coordinar mejor la justicia con otras administraciones para evitar duplicidades y trámites innecesarios.

La formación naranja planteó además apoyar una justicia más cercana, con especial atención a la víctima y a la lucha contra la ocupación y la multirreincidencia, en una línea de mayor firmeza y eficacia institucional.

El PRC situó la Justicia en clave territorial: reclamó más medios para la administración judicial en Cantabria y defendió mejorar la atención al ciudadano en juzgados y servicios relacionados con el sistema judicial. También insistió en reforzar la cercanía institucional.

Su programa apostó por impulsar la modernización de infraestructuras y la coordinación con el Estado para reducir demoras, especialmente en órganos judiciales con mayor carga de trabajo. La prioridad era ganar agilidad sin grandes cambios competenciales.

Además, el PRC vinculó la Justicia con la cohesión territorial, apoyando la mejora de sedes y recursos en distintas comarcas para evitar desequilibrios entre Santander y el resto de la comunidad. La idea era un servicio más eficiente y próximo.

PACMA centró su programa en una justicia más garantista y accesible, con menos carga económica para la ciudadanía y mayor atención a los derechos de los animales. En Cantabria, su discurso autonómico no detalló una reforma judicial propia amplia, sino prioridades vinculadas a la protección animal y al cumplimiento efectivo de la ley.

En materia judicial, el partido defendió reforzar la respuesta ante el maltrato animal, mejorar la coordinación con Fiscalía y cuerpos de seguridad, y evitar que los procedimientos se eternicen. También vinculó la justicia a la igualdad de trato y a la protección de personas vulnerables, con una visión más social que punitiva.

Su enfoque autonómico fue limitado porque muchas competencias de Justicia dependen del Estado, pero PACMA insistió en dotar de más medios a la administración para que las denuncias por maltrato y abandono no quedaran sin respuesta. El énfasis recayó más en la eficacia judicial que en grandes cambios institucionales.