Estado y CCAA: qué propone cada partido

El PP de Cantabria defendió en 2023 una relación más leal y estable con el Estado, centrada en el cumplimiento de los acuerdos bilaterales y en una financiación autonómica que corrigiera el perjuicio histórico de la región. También reclamó más peso para Cantabria en las decisiones estatales que afectaran a sus competencias.

Su programa apostó por reforzar el autogobierno dentro del marco constitucional, evitando la confrontación institucional y priorizando la cooperación con el Gobierno central. En ese enfoque, la Junta y el Ejecutivo estatal debían coordinarse para acelerar inversiones, infraestructuras y servicios esenciales.

En materia territorial, el PP combinó defensa del Estado autonómico con rechazo a privilegios para unas comunidades frente a otras. Cantabria debía recibir un trato justo en financiación, inversiones y defensa de sus intereses frente a decisiones tomadas desde Madrid sin suficiente atención a la realidad regional.

El PSOE defendió en Cantabria un modelo de Estado autonómico con más cooperación institucional, blindaje de la financiación de los servicios públicos y defensa de la igualdad territorial frente a cualquier recentralización. Su discurso vinculó autogobierno y cohesión social.

En sus propuestas, apostó por reforzar el papel de las CCAA en sanidad, educación y dependencia, con más recursos y coordinación con el Gobierno central. También insistió en la lealtad institucional como vía para mejorar la gestión pública.

Frente a la oferta de PP y PRC, el PSOE priorizó estabilidad, diálogo y cumplimiento de los marcos estatutarios, sin plantear cambios rupturistas en el encaje territorial. Su enfoque fue continuista y más pragmático que identitario.

VOX planteó en Cantabria un giro hacia la recentralización y la reducción del peso de las comunidades autónomas. Su discurso defendía un Estado más compacto, con menos estructuras políticas y más coordinación directa desde Madrid, frente al modelo autonómico actual.

En materia de Estado y CCAA, propuso revisar el reparto competencial, limitar el gasto político y eliminar duplicidades administrativas. También insistió en reforzar la igualdad entre españoles, rechazando privilegios territoriales y cualquier avance hacia modelos federales o confederales.

La formación vinculó estas ideas con su crítica al “sobredimensionamiento” autonómico y al uso partidista de las instituciones. En campaña, su mensaje fue claro: menos autonomía política para las comunidades y más unidad institucional bajo el Estado.

Sumar planteó reforzar un Estado autonómico cooperativo, con más lealtad institucional entre administraciones y menos confrontación competencial. En Cantabria, su discurso priorizó blindar servicios públicos y asegurar financiación suficiente para competencias autonómicas.

Defendió una financiación autonómica más justa y solidaria, revisando el reparto para reducir desigualdades territoriales. También propuso mejorar la coordinación Estado-CCAA en sanidad, educación, vivienda y transición ecológica, con criterios comunes y evaluación pública.

Su enfoque sobre el modelo territorial evitó recentralizar, pero tampoco apostó por nuevas rupturas: buscó más autogobierno útil, cooperación y garantías sociales. Frente a la derecha, el mensaje fue más pragmático que ideológico, con énfasis en gestión y derechos.

Unidas Podemos defendía para Cantabria un modelo de Estado plurinacional y más autogobierno para las comunidades, con cooperación institucional y rechazo a la recentralización. Su enfoque priorizaba blindar competencias sociales y reforzar la financiación autonómica.

En el plano territorial, apostaba por una reforma federal de la Constitución, el reconocimiento de la diversidad nacional y una relación más equilibrada entre Estado y CCAA. Frente a propuestas más centralizadoras de la derecha, UP insistía en ampliar el margen decisorio cántabro.

También vinculaba ese marco a la protección de los servicios públicos: sanidad, educación y dependencia debían gestionarse con más capacidad autonómica y recursos suficientes. La idea era que Cantabria ganara peso político sin romper la solidaridad territorial.

Ciudadanos (Cs) defendía una España autonómica leal, con más coordinación entre administraciones y menos conflicto competencial. En Cantabria, su discurso apostaba por reforzar la cooperación con el Estado para mejorar servicios, financiación y gestión pública.

También planteaba igualdad de oportunidades entre territorios, rechazando privilegios y cesiones bilaterales. Cs situaba la reforma del sistema de financiación autonómica como prioridad para Cantabria, junto a una administración más eficiente y transparente.

Su enfoque sobre Estado y CCAA combinaba defensa de la unidad constitucional con autogobierno útil, evitando el modelo de bloques. En 2023, esa posición buscaba atraer a votantes moderados favorables a una gestión pragmática y reformista.

El PRC defendió un autogobierno fuerte para Cantabria, con más capacidad normativa y financiera dentro del marco constitucional. Reivindicó un trato singular para la comunidad por su condición uniprovincial y su menor peso poblacional.

También insistió en una relación leal pero exigente con el Estado, reclamando más inversiones, mejores servicios públicos y respeto a las competencias autonómicas. Su discurso sobre Estado y CCAA combinó regionalismo práctico y defensa de la igualdad territorial.

PACMA defendía una reforma del Estado orientada a reforzar la protección legal de los animales y a limitar competencias autonómicas cuando estas permitieran excepciones en materia de bienestar animal, caza o espectáculos con animales.

En Cantabria, su enfoque sobre Estado y CCAA se centraba en armonizar normas para evitar desigualdades territoriales, con una ley estatal de protección animal más exigente y aplicación homogénea en todo el país.

También reclamaba cooperación entre administraciones para financiar refugios, inspecciones y campañas de esterilización, priorizando una coordinación pública más estricta frente a la gestión autonómica fragmentada.