Seguridad: qué propone cada partido

El PP vinculó su programa de 2019 en la Comunidad de Madrid a una idea central: reforzar la seguridad ciudadana con más apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, mayor presencia policial y coordinación institucional frente a delitos y ocupaciones.

También defendió medidas para combatir la okupación, mejorar la seguridad en barrios y proteger entornos urbanos y comerciales. Su enfoque apelaba a una política más firme, con especial énfasis en el orden público y la prevención del delito.

En la campaña, el PP de Isabel Díaz Ayuso situó la seguridad como un eje de estabilidad para atraer inversión, reforzar la convivencia y dar una respuesta más rápida a problemas cotidianos como robos, incivismo y conflictos vecinales.

El PSOE en la Comunidad de Madrid defendió en 2019 reforzar la seguridad ciudadana con más cooperación entre administraciones, más medios para policías locales y una mejor coordinación con la Delegación del Gobierno. Su enfoque vinculaba la seguridad con la prevención y la convivencia.

En su programa, apostó por aumentar plantillas y recursos en policía y protección civil, además de mejorar la seguridad en barrios y transporte público. También planteó actuaciones contra la violencia de género y la atención a víctimas, integrando seguridad y políticas sociales.

Frente a ello, el discurso del PP y Ciudadanos solía priorizar una respuesta más centrada en orden público y apoyo operativo a las fuerzas de seguridad, una línea que el PSOE contrastó con propuestas más preventivas y de proximidad.

VOX centró su propuesta de Seguridad en la Comunidad de Madrid de 2019 en reforzar la autoridad del Estado, apoyar a Policía y Guardia Civil y combatir con firmeza la delincuencia y la ocupación ilegal de viviendas.

También planteó una política de orden público más dura, con respaldo a los agentes, aumento de medios y rechazo a la permisividad frente a la multirreincidencia, especialmente en barrios y municipios con mayor sensación de inseguridad.

Su discurso vinculó la seguridad con la defensa del derecho a la propiedad y el control de fronteras, insistiendo en que la protección de los madrileños debía priorizarse frente a medidas que, a su juicio, debilitaban la respuesta penal.

UP situó la seguridad dentro de una agenda más amplia de prevención social: más recursos para barrios, juventud y servicios públicos, y menos enfoque en respuestas puramente punitivas. Su programa regional apostaba por reforzar la convivencia y atacar las causas de la delincuencia.

En materia policial, defendía mejor coordinación entre Policía Nacional, autonómica y local, junto con protocolos contra la violencia machista y la protección de colectivos vulnerables. También planteaba reforzar la seguridad comunitaria y la presencia pública en entornos con mayor conflictividad.

Frente a opciones más centradas en mano dura, UP priorizaba la mediación, la intervención social y la transparencia en el uso de recursos de seguridad. Su propuesta buscaba una Comunidad de Madrid más segura desde la igualdad, no solo desde la vigilancia.

Ciudadanos (Cs) situó la seguridad ciudadana como una prioridad en la Comunidad de Madrid, con más coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales, y más apoyo a los municipios para combatir delincuencia y ocupaciones.

Su programa de 2019 defendía reforzar plantillas, mejorar medios materiales y apostar por una respuesta rápida ante robos, violencia y otros delitos, especialmente en zonas urbanas y periurbanas con mayor presión policial.

También planteó endurecer la lucha contra la okupación ilegal y facilitar la intervención policial y judicial, junto con medidas de prevención y protección para vecinos, comerciantes y pequeños negocios.

PACMA centró su programa autonómico de 2019 en la protección animal, no en un bloque amplio de seguridad ciudadana. En materia de orden público, ligó la seguridad al cumplimiento de la normativa sobre animales, inspecciones y sanciones efectivas.

Su enfoque pasó por reforzar la vigilancia frente al maltrato, mejorar el control de núcleos zoológicos, centros de cría y venta, y perseguir con más firmeza el abandono. También reclamó mayor coordinación institucional y recursos para hacer cumplir la ley.

Además, defendió medidas preventivas para evitar situaciones de riesgo en eventos con animales, priorizando la retirada de prácticas que pudieran causar sufrimiento o incidentes. Frente a otras formaciones con propuestas más clásicas de seguridad, PACMA puso el acento en la protección y el control administrativo.