Vivienda: qué propone cada partido

El PP planteó en Canarias una política de vivienda centrada en facilitar el acceso a la compra y al alquiler, combinando más suelo disponible, seguridad jurídica y reducción de trabas administrativas para acelerar promociones.

También defendió impulsar la vivienda protegida y movilizar el parque público y privado vacío, con incentivos para rehabilitación y regeneración urbana, especialmente en áreas tensionadas y en municipios con mayor demanda.

Su enfoque priorizaba colaboración con ayuntamientos y sector privado para aumentar la oferta, con medidas orientadas a jóvenes y familias, buscando bajar precios sin recurrir a fórmulas intervencionistas.

El PSOE canario planteó en 2019 reforzar el parque público de vivienda, ampliar el alquiler social y movilizar casas vacías para aumentar la oferta. Su enfoque priorizaba a jóvenes, familias vulnerables y víctimas de desahucio.

También defendió más coordinación entre Gobierno de Canarias y cabildos para rehabilitar barrios, mejorar la eficiencia energética y acelerar la adjudicación de viviendas protegidas. La propuesta se apoyaba en inversión pública y en medidas de emergencia habitacional.

Frente a la escasez de vivienda asequible en las islas, el programa socialista insistía en el derecho a la vivienda como política social, con más suelo para vivienda protegida y ayudas al alquiler para rentas bajas.

VOX concurrió por primera vez al Parlamento de Canarias en 2019 con un programa muy centrado en bajar la carga regulatoria y fiscal, también en vivienda. Su diagnóstico partía de que el mercado estaba intervenido y eso encarecía el acceso.

En materia de vivienda, apostó por liberalizar suelo, acelerar licencias y reducir trabas administrativas para aumentar la oferta. También defendió rebajar impuestos vinculados a la compra y al alquiler, presentando estas medidas como una vía para facilitar el acceso, especialmente a jóvenes y familias.

El enfoque de VOX combinaba menos intervención pública con más protagonismo del mercado y seguridad jurídica para propietarios. No fue una oferta de gran gasto social, sino de desregulación y estímulos fiscales para dinamizar la construcción y el alquiler.

Unidas Podemos situó la vivienda como un derecho y defendió ampliar el parque público de alquiler en Canarias, con especial atención a jóvenes, familias vulnerables y personas en riesgo de exclusión.

Su programa para 2019 apostaba por movilizar vivienda vacía, frenar la especulación y reforzar la intervención pública en un mercado tensionado, especialmente en islas con fuerte presión turística y subidas de precios.

También planteó ayudas al alquiler y medidas para reducir desahucios, combinando protección social con una mayor gestión pública del suelo y de las promociones de vivienda asequible, una línea más ambiciosa que la de otras derechas.

Ciudadanos (Cs) puso el foco en aumentar la oferta de vivienda y en facilitar el acceso a jóvenes y familias con ingresos medios en Canarias. Su discurso combinó seguridad jurídica, apoyo al alquiler y medidas para movilizar suelo y vivienda vacía.

Entre sus propuestas figuraban reducir trabas administrativas, fomentar la construcción y rehabilitación, y reforzar la colaboración público-privada. Cs defendía también incentivar el alquiler asequible y mejorar la gestión de parque público para responder a la presión residencial en las islas.

El partido vinculó vivienda con empleo, movilidad y oportunidad de arraigo, planteando soluciones orientadas al mercado pero con intervención pública limitada y eficaz. Su enfoque buscaba precios más accesibles sin grandes cambios regulatorios, con una línea claramente liberal.

Coalición Canaria situó la vivienda como una de sus prioridades para 2019, defendiendo más vivienda pública y medidas para facilitar el acceso a la compra y el alquiler, especialmente para jóvenes y familias con menos recursos.

Su programa apostaba por ampliar el parque público, impulsar la rehabilitación de inmuebles y movilizar suelo para promover nueva construcción, con atención a la realidad insular y al encarecimiento de precios en las islas. También planteaba reforzar ayudas al alquiler y combatir la escasez de oferta.

La formación insistió en coordinar políticas con cabildos y ayuntamientos para agilizar licencias, mejorar la eficiencia energética de las viviendas y dar uso a inmuebles vacíos, combinando intervención pública y estímulos al mercado.

PACMA defendió una política de vivienda pública orientada a ampliar el parque de alquiler asequible y a priorizar el uso social de los inmuebles vacíos, con especial atención a hogares vulnerables. Su discurso combinó protección social y rechazo a la especulación.

En Canarias, el partido situó la vivienda como un derecho básico ligado al bienestar y propuso medidas para facilitar el acceso a pisos a precios asumibles, sin detallar grandes planes de promoción privada. Su enfoque fue más de regulación y aprovechamiento del stock existente.

También vinculó la cuestión habitacional con una gestión más sostenible del territorio y con políticas urbanas que evitaran presión turística y expansión desordenada. El mensaje fue compatible con una visión más intervencionista del mercado, aunque sin un programa autonómico ampliamente desarrollado.