Maduro: colapso económico, éxodo y represión (2013-2023)
El 14 de abril de 2013 Maduro ganó las elecciones anticipadas con el 50,61 % frente al 49,12 % de Capriles, una diferencia de menos de 225.000 votos según el CNE, con una participación del 79,69 %, según el CIDOB. Su mandato coincidió con el desplome del petróleo desde 2014. En febrero de ese año estallaron protestas en las que murieron al menos 28 personas, según la Voz de América, y el dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, acusado de instigarlas, fue encarcelado.
En diciembre de 2015 la MUD ganó dos tercios de la Asamblea Nacional, el primer gran triunfo opositor en dieciséis años. El Tribunal Supremo de Justicia, renovado por la Asamblea saliente, forzó la salida de tres diputados opositores y declaró después a la cámara en «desacato», anulando en la práctica sus decisiones. En 2017 una ola de protestas que a mediados de julio había costado ya más de 90 vidas, según la Voz de América, no impidió que el Gobierno eligiera el 30 de julio una Asamblea Nacional Constituyente sin participación opositora, que asumió funciones del Parlamento. En agosto de 2017 Estados Unidos impuso sanciones financieras que impedían al Estado y a PDVSA emitir nueva deuda, y en noviembre comenzó el impago de la deuda externa.
Hiperinflación y éxodo
La economía entró en una de las mayores contracciones registradas en tiempos de paz. La hiperinflación, entre noviembre de 2017 y diciembre de 2021, llevó la inflación oficial de 2018 al 130.060 %, según el Banco Central de Venezuela; el PIB se redujo un 47,6 % entre 2013 y el tercer trimestre de 2018 según el propio BCV, y el economista Francisco Rodríguez estima una caída total del 74,3 % entre 2013 y 2020. La encuesta ENCOVI de la Universidad Católica Andrés Bello situó en 2021 la pobreza de ingresos en el 94,5 % de los hogares y la extrema en el 76,6 %.
Las causas dividen a los analistas: el Gobierno culpó a la «guerra económica» y a las sanciones; Francisco Rodríguez atribuye a las sanciones parte de la caída petrolera, mientras que investigadores de la Brookings Institution sostienen que el país ya estaba aislado antes de 2017 y señalan los controles, la gestión de PDVSA y la corrupción. El 28 de enero de 2019 Washington sancionó a la propia PDVSA, y en agosto de ese año bloqueó los bienes del Gobierno venezolano en Estados Unidos, según la OFAC.
La consecuencia social más visible fue el éxodo. La plataforma R4V, que coordinan ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones, contaba en agosto de 2026 6.978.009 refugiados y migrantes venezolanos solo en América Latina y el Caribe, y en 2024 superaba los 7,7 millones en todo el mundo. Las remesas de la diáspora pasaron a sostener a muchas familias que se quedaron.
Elecciones disputadas y represión documentada
El 20 de mayo de 2018 Maduro fue reelegido en unos comicios boicoteados por buena parte de la oposición, con una participación que cayó al 46 %, y numerosos gobiernos no reconocieron el resultado. El 23 de enero de 2019 el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado alegando que la reelección había sido fraudulenta, y lo reconocieron alrededor de cincuenta países; su «gobierno interino» nunca controló el territorio y se disolvió en 2023.
Los organismos internacionales documentaron violaciones graves de derechos humanos. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU presentó el 16 de septiembre de 2020, tras investigar 223 casos, un informe que encontró «motivos razonables para creer» que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas habían cometido desde 2014 graves violaciones, algunas constitutivas de crímenes de lesa humanidad, según recogió AFP; Maduro lo calificó de «bodrio». La Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que había recibido en 2018 la remisión de seis Estados americanos, abrió una investigación el 3 de noviembre de 2021, la primera en América Latina.