El 23 de enero y el Pacto de Puntofijo (1958-1964)
El 31 de octubre de 1958, en la quinta Punto Fijo, residencia de Rafael Caldera en Caracas, Acción Democrática, COPEI y URD firmaron el Pacto de Puntofijo. Se comprometían a defender el resultado electoral fuera cual fuera el ganador, a formar un gobierno de unidad nacional sin hegemonía de ningún partido en el gabinete y a presentar un programa mínimo común. El historiador Manuel Caballero, en el Diccionario de Historia de Venezuela, subraya que lo singular del pacto no fue su letra sino que sus firmantes lo respetaron en lo esencial: la defensa del gobierno constitucional frente a los alzamientos militares de derecha y frente a la insurrección de la extrema izquierda. El Partido Comunista, que había sido parte de la Junta Patriótica, quedó fuera.
Rómulo Betancourt ganó las elecciones del 7 de diciembre de 1958 con 1.284.092 votos y gobernó entre 1959 y 1964. Fue, según Caballero, el primer presidente del siglo XX elegido por sufragio universal que logró terminar su mandato. Su Gobierno aprobó la Ley de Reforma Agraria de 1960, que repartió tierras entre familias campesinas, extendió la escuela y la sanidad públicas y propuso a otros productores la creación de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), fundada en Bagdad en 1960 por iniciativa de su ministro de Minas, Juan Pablo Pérez Alfonzo, y del saudí Abdullah Tariki. La Constitución de 1961, sancionada el 23 de enero de ese año, fue la de mayor vigencia del siglo XX: rigió hasta 1999.
La doctrina Betancourt y la lucha armada
Betancourt sufrió el 24 de junio de 1960 un atentado con explosivos en la avenida Los Próceres de Caracas, en el que resultó herido. En política exterior aplicó la llamada doctrina Betancourt: no reconocer a gobiernos surgidos de golpes de Estado, lo que lo enfrentó tanto a la dictadura dominicana como a la Cuba de Fidel Castro. Inspirados en la revolución cubana, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), escindido de AD, y el Partido Comunista optaron por la lucha armada. Tras los alzamientos militares fallidos de Carúpano (4 de mayo de 1962) y Puerto Cabello (2 de junio de 1962), formaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) y abrieron frentes guerrilleros rurales y urbanos. El ataque a un tren de paseo en el estado Miranda, el 28 de septiembre de 1963, llevó al Gobierno a detener a los parlamentarios del PCV y del MIR y a ilegalizar ambos partidos.
Guerrillas, pacificación y alternancia (1964-1973)
La guerrilla llamó a la abstención en las elecciones del 1 de diciembre de 1963, pero la participación fue masiva y Raúl Leoni, de AD, ganó con 957.574 votos, el 32 % de los válidos. La Fundación Polar considera esos comicios una derrota política crucial para la lucha armada, que nunca prendió en un campesinado que había recibido tierras de la reforma agraria. Leoni gobernó entre 1964 y 1969 con una coalición de «Amplia Base» con URD y el Frente Nacional Democrático.
En diciembre de 1968 se produjo la primera alternancia pacífica entre un partido de gobierno y uno de oposición. Rafael Caldera, de COPEI, ganó a Gonzalo Barrios, de AD, por unos 30.000 votos: 1.082.712 frente a 1.051.806. Ante la tentación de impugnar un resultado tan estrecho, Barrios habría dicho, según la Fundación Polar, «prefiero una derrota dudosa a una victoria sospechosa». Caldera culminó la política de pacificación: legalizó de nuevo al Partido Comunista y ofreció a los guerrilleros reincorporarse a la vida política, algo que hicieron muchos de sus dirigentes, como Teodoro Petkoff, que fundó en 1971 el Movimiento al Socialismo (MAS). En 1970 firmó con Guyana el Protocolo de Puerto España, que congeló durante doce años la reclamación del Esequibo.
El bipartidismo adeco-copeyano
Desde entonces y hasta finales de los años ochenta, AD y COPEI —los partidos de los «adecos» y los «copeyanos»— se alternaron en Miraflores y concentraron la gran mayoría de los votos. Eran partidos de masas que controlaban los sindicatos de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), los gremios y las asociaciones campesinas. Sus defensores ven en ese sistema la etapa democrática más estable de la historia venezolana; sus críticos, desde la izquierda y desde el chavismo posterior, lo describen como una «partidocracia» clientelar que excluía a quien no estuviera en ella.
La Venezuela saudita y la nacionalización del petróleo (1974-1983)
Carlos Andrés Pérez, de AD, ganó las elecciones del 9 de diciembre de 1973 con 2.130.743 votos. Su primer gobierno (1974-1979) coincidió con el embargo petrolero árabe y la multiplicación de los precios del crudo, que llenaron el Estado de dólares. Pérez nacionalizó el hierro el 1 de enero de 1975 y, el 1 de enero de 1976, promulgó en Cabimas la ley que reservó al Estado la industria petrolera: nacía PDVSA, Petróleos de Venezuela, que sustituyó a las concesionarias extranjeras con indemnización y conservó buena parte de sus técnicos y de su organización. El Gobierno creó el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho y grandes empresas públicas en Guayana.
Fue la Venezuela saudita: bolívar fuerte, consumo importado e ilusión de desarrollo rápido, pero también más deuda externa, más corrupción y más dependencia del petróleo. En diciembre de 1978 la oposición volvió a ganar: Luis Herrera Campins, de COPEI, obtuvo el 46,7 % frente al 43,3 % de Luis Piñerúa, de AD, según el escrutinio del Consejo Supremo Electoral que recoge la Fundación Polar.
Una sociedad transformada por la renta
Entre 1958 y 1983 la democracia extendió la escuela, la universidad y los hospitales públicos a la mayoría de la población, la esperanza de vida aumentó y el analfabetismo retrocedió. Las mujeres, que votaban desde 1946, entraron en masa en la universidad y en el empleo público. Caracas se llenó también de barrios de ranchos en los cerros, levantados por emigrantes del campo y de Colombia, que la renta petrolera no alcanzó a integrar. Esa desigualdad sería el combustible de la crisis posterior.