Propuestas electorales
de los partidos venezolanos

Descubre a fondo el panorama de la Política Electoral en Venezuela

Política Electoral Venezuela analiza la situación política del país en un contexto de controversia electoral internacional. Cubrimos los procesos electorales bajo el régimen de Nicolás Maduro y el PSUV, las primarias opositoras de 2023 que llevaron a María Corina Machado como candidata, y la disputada presidencial de 2024 con Edmundo González Urrutia.

Documentamos las posiciones de la Plataforma Unitaria Democrática, los partidos opositores (Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Vente Venezuela), la Asamblea Nacional, la AN-2015, el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional Electoral. Con un enfoque neutral basado en fuentes públicas, somos referencia para comprender los principales debates del chavismo, la oposición y la comunidad internacional.

Sistema político · Venezuela

Venezuela es formalmente una república federal presidencialista según la Constitución bolivariana de 1999 impulsada por Hugo Chávez. En la práctica, el régimen ha derivado hacia un sistema autoritario tras 2017.

El Presidente de la República es jefe de Estado y de gobierno, electo por mayoría relativa para un mandato de seis años con reelección indefinida desde la enmienda de 2009. Tras la elección de 2024, controvertida internacionalmente, Nicolás Maduro mantiene el cargo.

La Asamblea Nacional es unicameral con 277 diputados. La oposición boicoteó las elecciones de 2020, contestadas internacionalmente, y la opositora Asamblea Nacional electa en 2015 mantuvo legitimidad simbólica para una parte de la comunidad internacional hasta 2023.

Las instituciones (Tribunal Supremo, Consejo Nacional Electoral) son cuestionadas por su falta de independencia. La oposición venezolana opera fragmentada entre exilio, primarias paralelas y estrategias electorales o de presión externa. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es la cúspide judicial. Desde 2017 ha funcionado en gran medida como instrumento del Ejecutivo, lo que comunidades internacionales han denunciado como ruptura del Estado de derecho. La Fiscalía General y la Sala Constitucional del TSJ han emitido sentencias polémicas sobre competencias parlamentarias y procesos electorales.

En lo económico, el Banco Central de Venezuela (BCV) sufrió un colapso institucional con la hiperinflación 2017-2021. La economía está dolarizada de facto. PDVSA, la petrolera estatal, ha sido el centro fiscal del país y también el foco de las sanciones internacionales. La crisis humanitaria y migratoria (más de 7 millones de venezolanos fuera del país) marca el escenario.