La Tercera República: de la Comuna a las leyes constitucionales de 1875
La República proclamada el 4 de septiembre de 1870 nació en plena guerra. París resistió un asedio de cuatro meses, y las elecciones de febrero de 1871 dieron una mayoría monárquica, partidaria de la paz, a la nueva Asamblea reunida en Burdeos. Esta nombró a Adolphe Thiers jefe del poder ejecutivo el 17 de febrero de 1871, y Thiers firmó con el nuevo Imperio alemán una paz que costó a Francia Alsacia y parte de Lorena.
París, republicano y obrero, se negó a aceptar la paz y a entregar los cañones de su Guardia Nacional. El 18 de marzo de 1871 estalló la Comuna de París, un gobierno insurreccional que proclamó la separación de la Iglesia y el Estado y medidas sociales como la prohibición del trabajo nocturno en las panaderías. El ejército del Gobierno, instalado en Versalles, la aplastó durante la Semana Sangrienta, del 21 al 28 de mayo de 1871. Las bajas de los versalleses se estiman entre 500 y 800 muertos, según el Ayuntamiento de París.
El número de comuneros muertos es uno de los grandes debates de la historiografía francesa. La cifra tradicional, que repite la página del Ayuntamiento de París, habla de unos 20.000 fusilados y de 3.000 a 5.000 muertos en combate. En 2012 el historiador británico Robert Tombs propuso en The Historical Journal unos 6.500 muertos, a partir de los registros de inhumaciones, y sostuvo que el balance se había exagerado desde el principio. Jacques Rougerie, a partir de la caída de 180.000 habitantes entre 1870 y 1872, consideró razonable una cifra de hasta 30.000. Quentin Deluermoz concluye que lo más prudente es una horquilla amplia, de 6.500 a 20.000 muertos. Miles de comuneros fueron deportados, sobre todo a Nueva Caledonia, hasta la amnistía de 1880.
Thiers tomó el título de presidente de la República el 31 de agosto de 1871, pero la mayoría monárquica lo derribó en mayo de 1873 y lo sustituyó por el mariscal Patrice de Mac Mahon, a la espera de una restauración que nunca llegó por la división entre legitimistas y orleanistas. En 1875 la Asamblea aprobó tres leyes constitucionales. La República entró en ellas casi por la puerta de atrás: la enmienda Wallon, que establecía que el presidente de la República sería elegido por las dos cámaras reunidas para siete años, se aprobó por 354 votos contra 353, según recuerda la Asamblea Nacional.
Una República parlamentaria
La crisis del 16 de mayo de 1877, cuando Mac Mahon disolvió la Cámara para imponer un Gobierno conservador y los republicanos volvieron a ganar las elecciones, fijó la regla no escrita del régimen: el presidente no gobierna y no disuelve. Mac Mahon dimitió en 1879, y la República se dotó de sus símbolos: La Marsellesa como himno y el 14 de julio como fiesta nacional en 1880. El poder pasó a la Cámara de Diputados y al Senado, y los gobiernos caían con frecuencia, aunque los mismos hombres volvían a ellos.
Escuela, laicidad y la ley de 1905
Los republicanos de la década de 1880, con Jules Ferry, vieron en la escuela el instrumento para formar ciudadanos y arrancar a los niños de la influencia de la Iglesia. Las leyes Ferry hicieron la enseñanza primaria gratuita en 1881 y obligatoria y laica en 1882; los maestros, los «húsares negros de la República» según la expresión de Charles Péguy, enseñaron en francés en un país donde muchos niños hablaban bretón, occitano, alsaciano o vasco en casa. Siguieron la gran ley municipal de 1884, la ley de ese mismo año que legalizó los sindicatos y la ley de asociaciones de 1901.
El choque con la Iglesia católica fue frontal. Las medidas de los gobiernos de Pierre Waldeck-Rousseau y de Émile Combes contra las congregaciones religiosas en 1901 y 1904, que les prohibieron enseñar y confiscaron sus bienes, hicieron inevitable la separación, según la enciclopedia Larousse. El socialista Aristide Briand fue el ponente de la ley de separación de las Iglesias y del Estado, que la Cámara de Diputados aprobó el 3 de julio de 1905 por 341 votos contra 233, el Senado el 6 de diciembre y que se promulgó el 9 de diciembre de 1905, según las actas del coloquio que el Senado dedicó a su 120.º aniversario.
La ley rompió con el Concordato de 1801. Su artículo 1 garantiza la libertad de conciencia y el libre ejercicio de los cultos, y su artículo 2 establece que la República «no reconoce, no paga ni subvenciona ningún culto». El papa Pío X la condenó en 1906 y los inventarios de los bienes de las iglesias provocaron enfrentamientos en varias regiones. La ley no se aplica en todo el territorio: en Alsacia y Mosela, alemanas en 1905, sigue vigente el régimen del Concordato, y en la Guayana una ordenanza de 1828. El principio de laicidad que nació de esta ley sigue en el centro del debate francés.