Reforma laboral de 2021 y su convalidación por un voto (2022)

La reforma laboral de 2021 es el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, aprobado por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez a propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y del ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, después de un acuerdo cerrado el 23 de diciembre de 2021 con las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. Su objetivo central era reducir la temporalidad: suprimió el contrato por obra o servicio, acotó los contratos de duración determinada y devolvió peso al convenio sectorial. El Congreso la convalidó el 3 de febrero de 2022 por 175 votos a favor y 174 en contra, gracias al voto telemático equivocado del diputado del PP Alberto Casero y pese al no de los dos diputados de UPN, que se apartaron de lo pactado por su partido. El Tribunal Constitucional rechazó en 2024 los recursos de amparo contra aquella votación.

Contexto previo

La norma que se pretendía corregir era la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Mariano Rajoy, que había dado prioridad al convenio de empresa y abaratado el despido. El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos llevó su sustitución a la mesa de diálogo social, y en la clausura del 40.º Congreso del PSOE, en octubre de 2021, Sánchez prometió avanzar «poniendo fin a leyes como la ley mordaza, como la reforma laboral del PP», según Maldita.

El paro y la temporalidad pesaban en el diagnóstico. En el cuarto trimestre de 2021, la tasa de temporalidad de los asalariados era del 25,38 % y la de paro del 13,33 %, según la EPA del INE. El preámbulo del decreto describe un nivel de rotación muy elevado entre el desempleo y el trabajo temporal, sobre todo entre los jóvenes, y vincula la reforma al Plan de Recuperación, aprobado por las instituciones europeas en julio de 2021, cuyo componente 23 incluía un paquete de reformas laborales en el marco del diálogo social.

Qué ocurrió

Tras meses de negociación, el comité ejecutivo de la CEOE dio su visto bueno el 23 de diciembre a las líneas generales del último texto del Gobierno, y las ejecutivas de CCOO y UGT lo aprobaron ese mismo día, según El Independiente. Presidían entonces la CEOE y Cepyme Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y dirigían los sindicatos Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT). «Hoy es un día histórico para los trabajadores de este país», dijo Díaz. El Consejo de Ministros aprobó el decreto el 28 de diciembre, el BOE lo publicó el 30 y entró en vigor al día siguiente, salvo los cambios en los contratos, que se aplicaron a los tres meses, el 30 de marzo de 2022.

Los cambios principales:

• Contratos temporales. Desaparece el contrato por obra o servicio. Solo caben dos contratos de duración determinada: el de circunstancias de la producción, de hasta seis meses (ampliables a un año por convenio sectorial) o de hasta 90 días al año para situaciones ocasionales y previsibles, y el de sustitución de un trabajador.
• Encadenamiento. Quien acumule más de 18 meses en un periodo de 24 con dos o más contratos por circunstancias de la producción pasa a ser fijo.
• Fijos discontinuos. El contrato se amplía a trabajos de temporada o intermitentes y a las contratas, y los convenios pueden regular los llamamientos.
• Convenios. El convenio de empresa deja de tener prioridad sobre el sectorial en el salario, y el convenio vencido sigue vigente mientras se negocia el nuevo si no hay pacto en contrario (ultraactividad). A las contratas se les aplica el convenio del sector de su actividad, salvo que tengan convenio propio.
• ERTE y mecanismo RED. Se reforman los expedientes temporales y se crea un mecanismo de flexibilidad que el Consejo de Ministros puede activar en crisis generales o sectoriales.
• Sanciones. El fraude en la contratación temporal cuenta como una infracción por cada trabajador afectado, con multas de 1.000 a 10.000 euros.

La reforma no tocó la indemnización por despido fijada en 2012. Garamendi advirtió de que, si los grupos cambiaban «una coma» del texto pactado, la patronal podría dejar de sentarse a la mesa, según The Objective. ERC, EH Bildu y el PNV reclamaban cambios, que solo habrían sido posibles tramitando el decreto como proyecto de ley, y el Ejecutivo buscó en su lugar el apoyo de Ciudadanos, el PDeCAT y UPN.

En la votación del 3 de febrero, Casero, que estaba enfermo y había pedido votar a distancia, emitió un sí telemático. Los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero votaron no, contra el compromiso de su partido. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anunció primero que el decreto quedaba derogado y enseguida corrigió el resultado: 175 votos a favor (166 presenciales y 9 telemáticos) y 174 en contra (169 y 5), sin abstenciones.

Votaron a favor PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, PDeCAT, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, PRC y Teruel Existe, además de Casero. Votaron en contra PP, Vox, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, CUP, BNG, Foro y los dos diputados de UPN.

Reacciones y posición de los partidos

El preámbulo del decreto la presenta como la «primera reforma laboral de gran calado de la Democracia que cuenta con el respaldo del diálogo social». Ciudadanos y el PDeCAT apoyaron el texto sin cambios. El PP la rechazó y denunció la votación: Pablo Casado habló de «fraude democrático» por computar el voto de Casero contra lo que, según el diputado, había querido votar, y la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, acusó a Díaz de haber «traicionado a los suyos», según El Salto. Al terminar la votación, Gamarra pidió la palabra para denunciar un «error informático» que el grupo había comunicado a la Mesa, y Batet se la negó por tratarse de una cuestión técnica de la Mesa, según el Diario de Sesiones.

Por la izquierda, Gabriel Rufián (ERC) reprochó que no se recuperara «la indemnización justa frente a despidos injustos», y Oskar Matute (EH Bildu) lamentó que el Gobierno rechazara todas sus propuestas. El PNV votó no porque el texto no reconocía la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales; su portavoz, Aitor Esteban, sostuvo que «los consensos no se imponen», y el partido calificó de «chantaje intolerable» la actitud de la patronal.

En UPN, la dirección de Javier Esparza acusó a Sayas y a García Adanero de haber engañado al partido. El comité de garantías los suspendió de militancia durante dos años y medio el 1 de marzo de 2022; los dos conservaron el escaño.

El recorrido judicial de la votación

El 15 de febrero de 2022 la Mesa del Congreso respaldó por mayoría las decisiones de Batet. Un informe de la Secretaría General concluyó que «no se produjo incidencia técnica alguna» con el voto de Casero, y un juzgado de Madrid archivó una denuncia penal sobre el caso, según Maldita. En un documental sonoro de julio de 2023, Casero reconoció que se había equivocado.

El Tribunal Constitucional resolvió cuatro recursos de amparo. La STC 114/2024, de 11 de septiembre, rechazó por unanimidad el de Casero, según Artículo 14: entendió que un voto telemático emitido es válido salvo error técnico y que el diputado no pidió a tiempo votar en persona. Con esa doctrina, las SSTC 129/2024, de 22 de octubre, y 138/2024, de 6 de noviembre, desestimaron los del Grupo Popular, y la STC 137/2024, de la misma fecha, el de Santiago Abascal y otros 51 diputados de Vox.

Consecuencias

Según la EPA del tercer trimestre de 2026, publicada por el INE el 27 de octubre, España tenía 22.852.600 ocupados, frente a 20.184.900 a finales de 2021, y una tasa de paro del 10,18 %. La temporalidad se situaba en el 15,4 % de los asalariados, con un 12,6 % en el sector privado y un 27,3 % en el público, según el análisis de BBVA Research sobre esos datos. La afiliación media a la Seguridad Social pasó de 19.824.911 personas en diciembre de 2021, según el Ministerio de Inclusión, a un récord de 22.508.065 en julio de 2026, con unos 4,8 millones más de afiliados indefinidos y más de dos millones menos de temporales que en julio de 2021, según los datos del ministerio recogidos por El Debate.

Cuánto de esa evolución se debe a la reforma sigue en discusión. En su Informe Anual de 2023, el Banco de España observó que la temporalidad bajó del 25,4 % en 2021 al 16,5 % a finales de 2023 y que el peso de los fijos discontinuos en la afiliación subió del 2,4 % al 5,7 %. También detectó un «leve aumento» de la inestabilidad en los nuevos contratos indefinidos y advirtió de que su análisis «no constituye una valoración causal» de la reforma.

Los fijos discontinuos sin actividad que se inscriben como demandantes de empleo no figuran como parados registrados, ni antes ni después de la reforma, según elDiario.es. Su media mensual pasó de 325.128 en 2022 a 687.884 en 2024, según la estadística del Ministerio de Trabajo citada por El Independiente. En junio de 2022, Alberto Núñez Feijóo afirmó que los datos estaban «maquillados» y Díaz lo calificó de «una aberración». En 2026 el ministerio retiró esa cifra de su anuario de 2025, una decisión que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, atribuyó a un «criterio exclusivamente técnico».

Preguntas frecuentes

¿Qué cambió la reforma laboral de 2021? Suprimió el contrato por obra o servicio, limitó los temporales a dos tipos, impulsó los fijos discontinuos y devolvió al convenio sectorial la prioridad salarial.

¿Abarató o encareció el despido? Ninguna de las dos cosas: mantuvo la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado fijada en la reforma de 2012.

¿Por qué se aprobó por un solo voto? El diputado del PP Alberto Casero votó sí por error y los dos diputados de UPN votaron no, contra lo pactado por su partido.

¿Qué dijo el Constitucional sobre la votación? En 2024 desestimó los amparos de Casero, del PP y de Vox: el voto telemático emitido era válido y no cabía repetir la votación.

¿Ha bajado la temporalidad desde la reforma? Sí: del 25,4 % de los asalariados a finales de 2021 al 15,4 % en el tercer trimestre de 2026, según datos de la EPA.