Reforma laboral de 2012

Contexto previo

A finales de 2011 España atravesaba una nueva recesión. La Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2011 situó el paro en 5,27 millones de personas (un 22,8 %), y el paro registrado alcanzó en febrero de 2012 los 4,71 millones. El Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011 con mayoría absoluta y Mariano Rajoy Brey fue investido presidente del Gobierno en diciembre.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, ya había aprobado una reforma laboral en 2010 que había motivado la huelga general del 29 de septiembre de ese año. El nuevo Ejecutivo sostenía que el mercado de trabajo español seguía siendo demasiado rígido, con una fuerte dualidad entre fijos y temporales y una negociación colectiva que dificultaba la adaptación de las empresas a la crisis. Las instituciones europeas y los organismos internacionales también reclamaban cambios en ese terreno.

Qué ocurrió

El Consejo de Ministros aprobó el 10 de febrero de 2012 el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Sus medidas principales fueron:

• La indemnización por despido improcedente se redujo de 45 a 33 días por año trabajado, con un tope de 24 mensualidades en lugar de 42, para los contratos nuevos y para el tiempo trabajado desde la reforma.
• Se precisaron las causas económicas del despido objetivo, que mantuvo su indemnización de 20 días por año, y se suprimió la autorización administrativa previa para los despidos colectivos (ERE).
• Se eliminaron los salarios de tramitación en los despidos improcedentes en los que la empresa optara por indemnizar.
• El convenio de empresa pasó a tener prioridad sobre el sectorial en materias como salario o jornada, se facilitó el descuelgue de las condiciones del convenio y se limitó a un año la ultraactividad de los convenios vencidos.
• Se creó el contrato indefinido de apoyo a emprendedores para empresas de menos de 50 trabajadores, con un periodo de prueba de un año.
• Se ampliaron las facultades de la empresa para modificar condiciones de trabajo, la movilidad geográfica y la distribución irregular de la jornada.

Respuesta del Gobierno central

El Gobierno de Mariano Rajoy y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, presentaron la reforma como imprescindible para frenar la destrucción de empleo y permitir que las empresas se ajustaran mediante cambios en salarios y condiciones en lugar de despidos. El Ejecutivo defendió que la flexibilidad interna y la prioridad del convenio de empresa ayudarían a mejorar la competitividad.

El decreto ley fue convalidado por el Congreso y después tramitado como proyecto de ley, que dio lugar a la Ley 3/2012, de 6 de julio, aprobada gracias a la mayoría absoluta del PP.

Posición de los partidos y debate parlamentario

El PSOE, dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba desde febrero de 2012, e Izquierda Unida rechazaron la reforma por considerar que abarataba el despido, debilitaba la negociación colectiva y favorecía la precariedad. Los sindicatos CCOO y UGT convocaron una huelga general el 29 de marzo de 2012 contra la reforma y otra el 14 de noviembre de 2012 contra los recortes. Las organizaciones empresariales, en cambio, valoraron positivamente las medidas, aunque algunas pidieron ir más lejos.

Durante la tramitación parlamentaria la oposición de izquierdas presentó enmiendas a la totalidad y reclamó la retirada del texto, sin éxito. La reforma fue además recurrida ante el Tribunal Constitucional, que avaló sus aspectos centrales en sentencias de 2014 y 2015.

Lo dicho frente a lo hecho

El Gobierno defendió que la reforma serviría para frenar la sangría de empleo y sentar las bases de la recuperación. Sin embargo, en los primeros meses la destrucción de puestos de trabajo continuó. El paro registrado llegó a su máximo en febrero de 2013, con algo más de 5 millones de personas, y la EPA del primer trimestre de 2013 marcó un récord de 6,2 millones de parados y una tasa del 27,2 %.

Los defensores de la reforma atribuyen a la flexibilidad interna y a la moderación salarial parte de la recuperación posterior; sus críticos sostienen que esa recuperación se apoyó en el cambio de ciclo económico y que la temporalidad siguió siendo muy elevada.

Impacto económico y social

El impacto de la reforma laboral de 2012 sigue siendo objeto de debate. A corto plazo, coincidió con la fase más dura de la crisis, con un fuerte aumento de los despidos y descensos salariales en muchos sectores. La caída de la cobertura de los convenios vencidos y la prioridad del convenio de empresa redujeron el poder de negociación de los sindicatos.

A partir de 2014, con el crecimiento de la economía, el empleo empezó a recuperarse: la afiliación a la Seguridad Social pasó de unos 16,1 millones en febrero de 2013 a más de 19 millones en 2019, es decir, más de 2,5 millones de afiliados más. La tasa de temporalidad, en cambio, se mantuvo en torno al 25 % de los asalariados, de las más altas de la Unión Europea.

En diciembre de 2021 el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, con Yolanda Díaz Pérez como ministra de Trabajo, aprobó el Real Decreto-ley 32/2021, fruto de un acuerdo con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. La norma restringió los contratos temporales, recuperó la ultraactividad indefinida de los convenios y devolvió al convenio sectorial la prioridad en materia salarial. Mantuvo, sin embargo, la indemnización de 33 días por despido improcedente y la supresión de la autorización administrativa de los ERE. El Congreso la convalidó el 3 de febrero de 2022 por 175 votos frente a 174, con el voto erróneo del diputado del PP Alberto Casero.

Conclusiones

La reforma laboral de 2012 fue una de las medidas más relevantes del primer Gobierno de Mariano Rajoy. Abarató el despido, descentralizó la negociación colectiva y amplió la flexibilidad de las empresas en plena recesión. Su efecto sobre el empleo sigue siendo discutido: la economía recuperó millones de puestos de trabajo a partir de 2014, pero la temporalidad siguió siendo alta. La reforma de 2021 revirtió una parte de sus contenidos, especialmente en contratación y negociación colectiva, y dejó intacto el coste del despido.

Situación actual (octubre de 2026)

La indemnización de 33 días por año sigue vigente. El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó en 2024 y 2025, a raíz de reclamaciones de UGT y CCOO, que el sistema español de indemnización por despido no cumple la Carta Social Europea; el Tribunal Supremo resolvió el 16 de julio de 2025 que los jueces no pueden fijar indemnizaciones adicionales a la legal. En 2026 el Ministerio de Trabajo anunció su intención de reformar el despido improcedente.

Preguntas frecuentes

¿Qué cambios principales trajo la reforma laboral de 2012? Rebajó el despido improcedente de 45 a 33 días por año y dio prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial.

¿Quiénes eran los principales actores políticos detrás de la reforma laboral de 2012? El presidente Mariano Rajoy Brey y la ministra de Empleo Fátima Báñez; en la oposición destacó el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba.

¿Cómo afectó la reforma laboral a la tasa de empleo? El paro siguió subiendo hasta 2013; entre 2013 y 2019 la afiliación creció en más de 2,5 millones de personas.

¿Qué medidas tomó el Gobierno de Sánchez en respuesta a la reforma de Rajoy? El Real Decreto-ley 32/2021 limitó la temporalidad y reforzó el convenio sectorial, pero mantuvo los 33 días de indemnización.

¿Cuál fue el resultado de la reforma laboral de 2012 en términos de indemnización por despido? El despido improcedente bajó a 33 días por año, con tope de 24 mensualidades; el objetivo procedente siguió en 20 días por año.