Consulta del 9-N en Cataluña (9 de noviembre de 2014)

La consulta del 9-N fue la votación sobre el futuro político de Cataluña que la Generalitat presidida por Artur Mas organizó el 9 de noviembre de 2014 como un «proceso de participación ciudadana», sin censo ni administración electoral y con más de 40.000 voluntarios. Sustituyó a la consulta que Mas había convocado por decreto en septiembre, suspendida por el Tribunal Constitucional, y se celebró aunque el tribunal suspendió también esa alternativa cinco días antes. Según la Generalitat, participaron más de 2,3 millones de personas y el 80,76 % apoyó un Estado independiente; el Gobierno de Mariano Rajoy negó cualquier validez a la votación. La jornada abrió una causa penal que acabó con la condena por desobediencia de Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega, de la exconsejera Irene Rigau y del exconsejero Francesc Homs, y fue el antecedente directo del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Contexto previo

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, en 2010, dio impulso a las reivindicaciones soberanistas en Cataluña. El 12 de diciembre de 2013 Mas anunció, junto a los dirigentes de CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP, entre ellos el presidente de ERC, Oriol Junqueras, una consulta para el 9 de noviembre de 2014 con una pregunta doble: «¿Quiere que Cataluña se convierta en un Estado?» y, en caso afirmativo, «¿Quiere que este Estado sea independiente?». Rajoy respondió que la consulta no se celebraría.

El Parlament pidió entonces al Congreso que delegara en la Generalitat, mediante una ley orgánica, la competencia para autorizar, convocar y celebrar un referéndum. El 8 de abril de 2014, tras siete horas de debate, el Congreso rechazó la iniciativa por 299 votos en contra, 47 a favor y una abstención, con el voto contrario de PP y PSOE.

La Generalitat buscó entonces una vía propia. El 19 de septiembre de 2014 el Parlament aprobó la Ley 10/2014, de consultas populares no referendarias, por 106 votos a favor y 28 en contra, los de PP y Ciutadans. El PSC la apoyó, aunque advirtió de que no daba cobertura a la consulta que preparaba Mas. El 27 de septiembre Mas firmó el Decreto 129/2014, que convocaba la votación. El 29 de septiembre el Gobierno recurrió la ley y el decreto, y el pleno del Constitucional admitió los recursos por unanimidad ese mismo día, lo que dejó en suspenso ambas normas, como prevé el artículo 161.2 de la Constitución cuando el recurrente es el Gobierno.

Qué ocurrió

Tras reunirse con los partidos favorables a la consulta, Mas anunció el 14 de octubre que la convocatoria formal no era viable y la sustituyó por un «proceso participativo» con locales, urnas y papeletas, organizado con voluntarios y sin censo. ERC, ICV-EUiA y la CUP rechazaron al principio esa alternativa y se sumaron después, cuando se ampliaron los puntos de votación.

El 31 de octubre el Consejo de Ministros acordó impugnar también este proceso, tras recibir un dictamen favorable del Consejo de Estado. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría lo describió como una votación «sin censo, sin administración electoral y pilotado por quienes defienden un resultado concreto». El 4 de noviembre el Constitucional admitió la impugnación por unanimidad y suspendió las actuaciones de la Generalitat. El Govern alegó que no se podía prohibir lo que no se estaba haciendo y mantuvo la convocatoria; su portavoz, Homs, afirmó: «Todo está en marcha. A todos los efectos».

La votación se celebró el domingo 9 de noviembre en 1.317 puntos de participación de Cataluña, con 6.695 mesas atendidas por voluntarios, y en 19 puntos en el extranjero. Estaba dirigida, en los términos que recogió después el Constitucional, a «los catalanes, las catalanas y las personas residentes en Cataluña» mayores de 16 años, un universo que la prensa situó en más de 5,4 millones de personas. Los participantes se inscribían en el propio local con su documento de identidad.

Esa noche la Generalitat comunicó una participación de 2.305.290 personas. Según sus datos, el 80,76 % (1.861.753) respondió sí a las dos preguntas; el 10,07 % (232.182), sí a la primera y no a la segunda; el 0,97 %, sí y en blanco, y el 4,54 % (104.772), no. El resto fueron votos en blanco u otras respuestas. El 1 de diciembre, tras sumar el voto exterior y el de las dos semanas en que aún se pudo participar, Ortega presentó el recuento final: 2.344.828 participantes, con un 80,91 % de sí-sí. Sin censo ni junta electoral, ningún órgano independiente verificó esas cifras.

Reacciones y posición de los partidos

Mas calificó la jornada de «éxito total» y reclamó al Estado una votación con efectos: «Nos merecemos un referéndum legal y vinculante», según recogió la agencia AFP. ERC, ICV-EUiA y la CUP la presentaron como una prueba del apoyo al derecho a decidir, y la respaldaron las entidades del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, entre ellas la ANC, Òmnium Cultural y la Asociación de Municipios por la Independencia.

El Gobierno respondió esa noche con un comunicado del ministro de Justicia, Rafael Catalá, leído sin preguntas, que calificó el proceso de «un simulacro inútil y estéril», «carente de cualquier tipo de validez democrática» y celebrado «al margen de cualquier marco jurídico». Ese mismo día, según Libertad Digital, la Fiscalía recababa datos sobre posibles responsabilidades penales. Rajoy sostuvo el 12 de noviembre que «dos de cada tres catalanes ni siquiera se han molestado en participar» y que había «más catalanes que independentistas». PP y Ciutadans, que habían votado contra la ley de consultas, se opusieron al proceso desde el principio.

Los socialistas catalanes se situaron entre ambos bloques. El PSC había votado a favor de la ley de consultas, pero no se sumó al proceso alternativo: su primer secretario, Miquel Iceta, advirtió el 14 de octubre de que un «sucedáneo» del referéndum «no funcionará».

La causa penal y el Tribunal de Cuentas

El 21 de noviembre de 2014 la Fiscalía presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) una querella contra Mas, Ortega y Rigau por desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones. La interpuso el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, por orden del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce. El TSJC la admitió en diciembre y Mas declaró como investigado en octubre de 2015. La Fiscalía dejó después fuera la malversación y pidió diez años de inhabilitación para el expresidente.

En el juicio, celebrado en febrero de 2017, Mas asumió la responsabilidad política de la consulta y defendió que «no fue un capricho individual, una salida de tono, una ocurrencia», sino «la consecuencia de amplios acuerdos parlamentarios». El 13 de marzo de 2017 el TSJC condenó a Mas a dos años de inhabilitación especial y 36.500 euros de multa por desobediencia grave; a Ortega, a un año y nueve meses y 30.000 euros, y a Rigau, a un año y seis meses y 24.000 euros, como cooperadoras necesarias. Los absolvió de prevaricación. El tribunal concluyó que habían desobedecido al Constitucional de forma consciente y deliberada al mantener el proceso tras su suspensión.

El 17 de diciembre de 2018 el Tribunal Supremo confirmó la condena, pero rebajó la inhabilitación: un año y un mes para Mas, nueve meses para Ortega y seis meses para Rigau, y mantuvo las multas. Mas estuvo inhabilitado hasta febrero de 2020. El Constitucional rechazó por unanimidad su recurso de amparo en octubre de 2021, y en mayo de 2024 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos archivó su demanda sin examinar el fondo, porque su defensa no respondió a las observaciones del Gobierno.

Homs, que en 2014 era consejero de la Presidencia y portavoz del Govern, fue juzgado por el Supremo porque era diputado en el Congreso. El 22 de marzo de 2017 el tribunal lo condenó por unanimidad a un año y un mes de inhabilitación y 30.000 euros de multa por desobediencia grave, y lo absolvió de prevaricación. La condena le hizo perder el escaño.

En paralelo, el Tribunal de Cuentas condenó en noviembre de 2018 a Mas, Ortega, Rigau, Homs y otros seis antiguos altos cargos a reintegrar 4.946.788 euros de fondos públicos empleados en el 9-N, con Mas como responsable del total. Tras el recurso ante el propio tribunal, la cantidad subió a 5,8 millones con intereses, y el Supremo inadmitió los recursos de casación el 1 de julio de 2021. El importe se cubrió con donaciones canalizadas por la Caixa de Solidaritat.

Consecuencias

El Constitucional resolvió el fondo en 2015. El 25 de febrero anuló los preceptos de la Ley 10/2014 sobre consultas generales (STC 31/2015) y el decreto de convocatoria (STC 32/2015), al considerar que la Generalitat había convocado un referéndum sin la autorización estatal que exige el artículo 149.1.32 de la Constitución. El 11 de junio declaró inconstitucionales las actuaciones del proceso participativo y «cualquier otra actuación no formalizada jurídicamente» vinculada a la consulta (STC 138/2015).

En el plano político, el 9-N no cerró la cuestión. En las autonómicas del 27 de septiembre de 2015, la candidatura independentista Junts pel Sí obtuvo 62 escaños y la CUP, 10, una mayoría absoluta en el Parlament. La CUP se negó a investir a Mas, que dio «un paso al lado» el 9 de enero de 2016; al día siguiente fue investido Carles Puigdemont, cuyo Gobierno convocó el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017.

Una década después, la Fiscalía entendió que la Ley de Amnistía de 2024 alcanzaba la desobediencia del 9-N y pidió aplicarla a Mas, Ortega y Rigau, que ya habían cumplido sus penas. El TSJC lo rechazó en julio de 2024 porque, según The Objective, no quedaban antecedentes penales que cancelar. La amnistía tampoco alcanza la responsabilidad contable del 9-N, que ya era firme, según el mismo diario.

Preguntas frecuentes

¿Fue el 9-N un referéndum oficial? No: el Constitucional suspendió la consulta convocada por decreto y la Generalitat la sustituyó por un proceso participativo sin censo ni junta electoral.

¿Cuántas personas votaron el 9-N? Según la Generalitat, 2.305.290 en la jornada y 2.344.828 tras sumar el voto exterior y la prórroga; ningún órgano independiente verificó las cifras.

¿Por qué fue condenado Artur Mas? Por desobediencia grave al Constitucional al mantener el 9-N tras su suspensión; el Supremo fijó la inhabilitación en un año y un mes.

¿Quién pagó el coste del 9-N? El Tribunal de Cuentas condenó a Mas y otros nueve excargos a reintegrar 4,9 millones, que cubrieron donaciones canalizadas por la Caixa de Solidaritat.

¿Qué relación tiene el 9-N con el 1-O? Fue su precedente: tras las elecciones de 2015, el Gobierno de Puigdemont convocó en 2017 un referéndum unilateral de autodeterminación.