Caso Nóos: Urdangarin, la infanta Cristina y el Supremo (2010-2018)

El caso Nóos fue la investigación judicial sobre el Instituto Nóos, la entidad sin ánimo de lucro que dirigían Iñaki Urdangarin, yerno del rey Juan Carlos I, y su socio Diego Torres, y que entre 2004 y 2007 cobró unos 5,8 millones de euros de los gobiernos de Baleares y de la Comunitat Valenciana por organizar foros sobre turismo y deporte. La abrió en julio de 2010 el juez de Palma José Castro como pieza del caso Palma Arena, y llevó a la primera imputación de un miembro de la familia del Rey: la infanta Cristina, que fue juzgada y absuelta. El Tribunal Supremo cerró el proceso en junio de 2018 con la condena firme de Urdangarin a 5 años y 10 meses de prisión. El caso coincidió con la etapa de mayor desgaste de la Corona, anterior a la abdicación de Juan Carlos I.

Contexto previo

El Instituto Nóos tenía su sede en Barcelona. Lo presidía Urdangarin, exjugador de balonmano y marido de la infanta Cristina, a quien el Rey había concedido en 1997 el título de duquesa de Palma de Mallorca; Torres era su vicepresidente. Entre 2004 y 2006 el instituto organizó, mediante convenios, foros para dos administraciones gobernadas por el PP: el Govern balear de Jaume Matas, a través de la Fundación Illesport y del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), para los foros Illes Balears Forum de 2005 y 2006 en Palma; y la Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia, para el Valencia Summit, celebrado entre 2004 y 2006. Según la instrucción, el instituto recibió por esos contratos, entre 2004 y 2007, 5.804.533,90 euros: unos 3,5 millones de la parte valenciana y unos 2,3 millones del Govern balear.

La Casa del Rey ya había mostrado reservas. Según declaró en la instrucción el conde de Fontao, asesor de la Casa, él mismo había pedido a Urdangarin que no hiciera negocios valiéndose de su condición.

La causa nació del caso Palma Arena, abierto en Palma por los sobrecostes del velódromo del mismo nombre. Dentro de esas diligencias, el 22 de julio de 2010 el juez Castro, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, abrió una pieza separada, la número 25, sobre los convenios de 2005 y 2006 con Illesport e Ibatur.

Qué ocurrió

Diego Torres declaró como imputado el 11 de julio de 2011. En noviembre de 2011 los investigadores registraron la sede del instituto en Barcelona y otras sociedades vinculadas. El 12 de diciembre, el jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, anunció que Urdangarin dejaba de participar en los actos oficiales por un comportamiento que calificó de no ejemplar, y pidió respetar su presunción de inocencia. El 29 de diciembre de 2011 Castro lo imputó por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración y fiscales. En su mensaje de Navidad de ese año, el Rey afirmó que «la Justicia es igual para todos».

Urdangarin declaró en febrero de 2012 durante dos días: negó haber cometido delito alguno y atribuyó la gestión del instituto a Torres. En enero de 2013 el juez impuso a los dos socios una fianza de 8,1 millones de euros. Torres aportó en sucesivas tandas correos electrónicos con los que sostenía que la Casa del Rey y la infanta estaban al tanto de las actividades de Nóos; Urdangarin declaró que la Casa Real no había autorizado sus actividades.

El 3 de abril de 2013 Castro imputó por primera vez a la infanta Cristina. La Audiencia de Palma dejó sin efecto esa imputación en mayo. El 7 de enero de 2014 el juez volvió a imputarla, esta vez por presuntos delitos fiscales y de blanqueo de capitales, a petición de la acusación popular que ejercía el sindicato Manos Limpias: ni el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, ni la Abogacía del Estado la acusaban. La infanta declaró el 8 de febrero de 2014 durante casi siete horas. En noviembre la Audiencia mantuvo su imputación por delito fiscal y retiró la de blanqueo, y el 22 de diciembre de 2014 Castro abrió juicio oral contra 17 personas.

El proceso judicial

El juicio empezó el 11 de enero de 2016 en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública, en Palma, ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial, formada por las magistradas Samantha Romero, que lo presidía, Eleonor Moyà y Rocío Martín. La defensa de la infanta, encabezada por Miquel Roca, y el propio fiscal pidieron aplicarle la doctrina Botín, según la cual la acusación popular no basta por sí sola para llevar a juicio a alguien cuando el fiscal y el perjudicado no lo acusan. El 29 de enero el tribunal la rechazó y la infanta siguió en el banquillo. La vista terminó el 22 de junio de 2016.

La sentencia se conoció el 17 de febrero de 2017. Condenó a siete de los 17 acusados y absolvió a los otros diez:

• Iñaki Urdangarin: 6 años y 3 meses de prisión por prevaricación, falsedad, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales. La Fiscalía había pedido 19 años y medio.
• Diego Torres: 8 años y 6 meses de prisión.
• Jaume Matas, expresidente balear: 3 años y 8 meses de prisión y 7 de inhabilitación.
• Los exaltos cargos baleares José Luis Ballester y Gonzalo Bernal (15 meses y 2 días) y Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet (1 año y 2 días), con penas sustituidas por multas.

La infanta fue absuelta como cooperadora necesaria de los delitos fiscales de su marido de 2007 y 2008, pero el tribunal la declaró partícipe a título lucrativo y le impuso el pago de 265.088 euros, una responsabilidad civil por haberse beneficiado de los hechos sin haber participado en ellos. Su defensa recordó que en la instrucción había consignado 587.413 euros. También fueron absueltos los antiguos responsables valencianos acusados. Urdangarin quedó en libertad a la espera del recurso.

El Tribunal Supremo celebró la vista de casación el 21 de marzo de 2018. Su sentencia 277/2018, de 8 de junio, de la que fue ponente Antonio del Moral en una sala presidida por Manuel Marchena, se hizo pública el 12 de junio y se adoptó por unanimidad. Rebajó a 5 años y 10 meses la pena de Urdangarin y a 5 años y 8 meses la de Torres, a quien absolvió de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad, y mantuvo la de Matas. Rechazó el recurso de la Fiscalía, que pedía 10 años para Urdangarin, porque «no es posible revisar en contra del reo la valoración probatoria realizada por la Sala de Instancia». Y redujo la cantidad que debía pagar la infanta a 136.950 euros, al considerar que no debía responder por los delitos fiscales de su marido, sino solo por los de malversación y fraude.

Urdangarin ingresó el 18 de junio de 2018 en la prisión de Brieva (Ávila), y Torres, ese mismo día, en la de Brians 2 (Barcelona). Matas había entrado voluntariamente en la de Aranjuez el 13 de junio.

Reacciones y posición de los partidos

Tras la sentencia de 2017, la Casa del Rey expresó su «respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial», la misma fórmula que repitió en 2018. El portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, dijo que el Ejecutivo «no comenta las sentencias judiciales, las acata» y que el fallo «demuestra que no hay nadie por encima de la ley y que el Estado de Derecho funciona». Por el PSOE, el exministro Ramón Jáuregui mostró su «respeto más absoluto» y calificó de «ejemplar» el proceso. Albert Rivera (Ciudadanos) evitó valorar el trabajo de los jueces y resumió: «Quien la hace, la paga». La diputada de Podemos Gloria Elizo consideró la sentencia «políticamente» insuficiente y vio en ella una forma de «salvar una situación jurídica compleja para la Casa Real».

En Baleares, la portavoz del Govern, Pilar Costa, afirmó que el fallo transmitía «que la justicia funciona para todos igual». El PSIB pidió al PP que se disculpara, y el portavoz de MÉS per Mallorca, David Abril, sostuvo que «la Casa Real y el PP deberían ser responsables subsidiarios». Miquel Roca afirmó que la sentencia demostraba que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. El juez Castro se mostró sorprendido por el número de absoluciones.

Consecuencias

El caso afectó a la imagen de la monarquía. En enero de 2013 la Casa del Rey retiró de su web las referencias a Urdangarin, y en el barómetro del CIS de abril de ese año la institución obtuvo un 3,68 sobre 10, la peor nota de la serie, y apareció por primera vez entre los problemas que citaban los encuestados. Juan Carlos I anunció su abdicación el 2 de junio de 2014, con la instrucción todavía abierta. Un año después, Felipe VI firmó el Real Decreto 470/2015, de 11 de junio, que revocó a su hermana la facultad de usar el título de duquesa de Palma de Mallorca, concedido en 1997.

Urdangarin fue el primer familiar del Rey con una condena firme de prisión. Durante su estancia en Brieva salía varios días a la semana para hacer voluntariado en el Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón. El 20 de enero de 2021 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Castilla y León le concedió el tercer grado, que Instituciones Penitenciarias le había denegado el 30 de diciembre, y pasó a dormir en el centro de inserción social de Alcalá de Henares. En marzo de 2022 un juzgado de vigilancia penitenciaria de Bilbao le otorgó la libertad condicional al cumplir dos tercios de la condena, y en abril de 2024 quedó extinguida.

Preguntas frecuentes

¿Qué fue el caso Nóos? La investigación judicial sobre el Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y Diego Torres por el cobro irregular de fondos públicos de Baleares y Valencia.

¿A cuánto fue condenado Urdangarin? El Tribunal Supremo le impuso en junio de 2018 una condena firme de 5 años y 10 meses de prisión.

¿Fue condenada la infanta Cristina? No: fue absuelta de los delitos fiscales, pero tuvo que pagar 136.950 euros como partícipe a título lucrativo.

¿Qué significa ser partícipe a título lucrativo? Es una responsabilidad civil, no penal: obliga a devolver lo obtenido de un delito ajeno en el que no se participó.

¿Cuándo salió Urdangarin de prisión? Ingresó en Brieva en junio de 2018, obtuvo el tercer grado en enero de 2021 y la libertad condicional en marzo de 2022.